Director: ANDRÉS ORIÓN ÁLVAREZ P. EDITORIAL Andrés Orión Álvarez Pérez ¿CUÁL ES EL PERJUICIO INDEMNIZABLE EN LOS DELITOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN, IMPORTACIÓN O COMERCIALIZACIÓN DE LICOR? Alejandro Gaviria Cardona
SOBRE LA DISTINCIÓN DE LOS REGÍMENES CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL:ANÁLISIS CONCEPTUAL Y CONSIDERACIONES DESDE EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y LA JUSTICIA CORRECTIVA. Pablo Felipe Salazar Guzmán
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD: ¿CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA O CONCURRENCIA DE CULPAS?. Julián Hincapié Restrepo
LÍMITES PRINCIPIALES A LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. José Ramírez Cortés
EL NACIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL EN COLOMBIA. Hugo Andrés Arenas Mendoza
LA APLICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA ESTATAL ¿UN ASUNTO DE DAÑO O DE IMPUTACIÓN?. Guillermo León Ospina Zuleta
ATENTADO TERRORISTA AL CLUB EL NOGAL: UN MISMO HECHO Y DOS SENTENCIAS, UNA ABSOLUTORIA Y OTRA CONDENATORIA. (ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LAS DOS SENTENCIAS). Saúl Uribe García
Jurisprudencia de la sección tercera del consejo de estado, año 2013. -Responsabilidad contractual. -Responsabilidad extracontractual -Aspectos procesales -Acciones populares. Contiene las providencias completas.Jurisprudencia de la sección tercera del consejo de estado, año 2013. -Responsabilidad contractual. -Responsabilidad extracontractual -Aspectos procesales -Acciones populares. Contiene las providencias completas.
La presente investigación estudia el conflicto armado como hecho sociológico que ha causado la reacción del dispositivo jurídico de dos maneras; estas son: la creación de normas jurídicas que humanicen la guerra y que busquen la atención integral a las víctimas, y la configuración de un régimen jurisprudencial por parte del Consejo de Estado colombiano que determina los criterios para que la administración sea responsable patrimonialmente por actos terroristas. Por tanto, el trabajo realizado tiene un enfoque de sociología jurídica y de derecho público, pues estas dos disciplinas tienen los elementos epistemológicos para explicar la guerra en Colombia como un fenómeno social que ha tenido implicaciones jurídicas tan trascendentes que ha llevado a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a condenar al Estado en virtud de los diferentes criterios de imputación, falla en el servicio, daño especial y riesgo excepcional.Sin embargo, el estudio del tema no solamente se limita a determinar que la conclusión de la jurisprudencia contencioso-administrativa en este tópico ha sido que el juez deberá valorar de acuerdo a las circunstancias el criterio aplicable, sino que se ha ahondado en las nociones de la sociología y del derecho para optimizar la comprensión del conflicto armado colombiano, planteándose interrogantes como: ¿De llegarse a un acuerdo final para la terminación del conflicto con los grupos al margen de la ley en Colombia, y de repetirse hechos violentos, cuál sería la noción sociológica que daría lugar a la responsabilidad estatal por actos terroristas si se supone que institucionalmente el conflicto fue terminado mediante un acuerdo de paz?
La obra que reposa en sus manos contiene la parte sustantiva de la Responsabilidad Fiscal en Colombia, en la cual se plasma su evolución histórica, desde la época de la Colonia hasta la fecha. Luego se exponen con sencillez, pero con rigor intelectual los fundamentos constitucionales y legales que regulan la materia. Igualmente, se precisa el objeto, las características y los principios que orientan la vigilancia, gestión, control y acción fiscal. Así mismo, se trae a colación el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro Urrego Vs Colombia.
Finalmente, se hace énfasis sobre los elementos de este tipo de responsabilidad, temáticas que se abordan con base en la normativa que regula la materia, en concordancia con diversos conceptos emitidos por parte de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República y múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, los cuales orientan el ejercicio de la gestión y la responsabilidad fiscal.
Este libro está dirigido a los funcionarios de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales; servidores públicos o particulares que administren recursos del Estado; sujetos de control fiscal; estudiantes de los programas académicos de las facultades de Derecho y Administración Pública, en los cuales se incluya la materia o electiva de control y responsabilidad fiscal; a los países miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEF), y a todo aquel que se encuentre interesados en ampliar sus conocimientos en el área de la responsabilidad fiscal.
Esta obra ofrece a los lectores la posibilidad de tener un manual sobre la parte procedimental de la responsabilidad fiscal; aquí se incluyen acápites relacionados con institutos jurídicos procesales, tales como, el procedimiento ordinario y verbal, los recursos, medidas cautelares, instancias, nulidad, caducidad, prescripción, intervención judicial, cesación de la acción fiscal, sucesión procesal, expedición de copias, suspensión de términos, unidad procesal, garantía de defensa, defensor de oficio, grado de consulta, la participación de los terceros civilmente responsables, etc. De igual forma, el libro hace énfasis en el régimen probatorio, las diligencias de notificación, los impedimentos y las recusaciones. Finalmente, se exponen los efectos del fallo con responsabilidad fiscal y el control judicial en materia fiscal.
Las diferentes temáticas son abordadas con base en la normativa vigente, en concordancia con la abundante jurisprudencia de las Altas Cortes y los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República.
Este libro es útil y práctico para todos los funcionarios de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales; servidores públicos o particulares que administren recursos del Estado; sujetos de control fiscal; estudiantes de los programas académicos de las facultades de Derecho y Administración Pública, en los cuales se incluya la materia o electiva de control y responsabilidad fiscal; a los países miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEF), y a todo aquel que se encuentre interesados en ampliar sus conocimientos en el área de la responsabilidad fiscal.
Se trata de exponer alguinos conceptos relacionados con el procedimiento judcial de Restablecimiento de Derechos que corresponde aplicar al juez de familia, como consecuencia de presendetes actuaciones del defensor y del comisario de familia y de los jueces de familia competentes y que atañen a los derechos de los menores, tratando por supuesto de hacer enfasis en los aspectos mas problematicos, y que en definitivaes lo que ocupa nuestra atencion, desde luego con la pretension de encontrar en ustedes el eco para la mejoy y mayor claridad. No olvidemos, que no es meramente una disposicion, (interes superior del menor) la que nos debe ocupar; las demas que la complementan (Disposiciones legales aplicables)es necesario tenerlas en cuenta en el desarrollo de nuestra función, razon suficiente para que siempre esas disposiciones esten integradas al estudio.
Mientras se desarrolla un software inteligente por el Consejo Superior de la Judicatura en procura primordialmente de la unificación de procedimientos y criterios en la ardua tarea que cumplen las relatorías de todos los órganos judiciales del país y que logre integrarlas, estamos comprometidos en nuestra corporación a mejorar los niveles de producción de providencias judiciales y los tiempos en las labores minuciosas de relatoría y de publicación de las más relevantes y emblemáticas, sobre todo de las que vayan trazando el camino dialéctico y cambiante del desarrollo de las líneas jurisprudenciales, utilizando para ello todas las alternativas disponibles de publicidad y difusión de nuestras providencias judiciales, como lo es, la edición y lanzamiento de la primera Revista Jurisprudencial de la Corporación auspiciada por la Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S. (Lijursánchez).
En esta fausta oportunidad, la revista de marras contiene 30 providencias judiciales con sus respectivas fichas de relatoría, a saber: 15 de la Sala laboral, 11 de la Sala Civil y 4 de la Sala de Familia, la cual, sin lugar a duda, se convertirá también en una buena fuente de consulta de la comunidad jurídica en general y judicial del país.
Gracias a la gran acogida que se le ha dispensado a la REVISTA
JURISPRUDENCIAL, la Librería Jurídica Sánchez, pone a disposición
de sus asiduos lectores, la correspondiente al primer semestre del año
2018, con los más novedosos e interesantes pronunciamientos de la
Sala Penal del H. Tribunal Superior de Medellín, el cual sigue siendo
referente doctrinal para todos los estudiosos del derecho penal.
En esta oportunidad se destacan dos secciones en la REVISTA, una
primera dedicada a resaltar fallo atinentes al sistema penal acusatorio;
y, una segunda, destaca providencias pertinentes sobre temas de
derecho penal sustantivo y procedimental. La REVISTA trata de
abarcar, en lo posible, la mayor variedad de temas, con fines de tipo
didáctico e informativo. Veamos una muestra:
DELITOS SEXUALES.- Pruebas pertinentes y útiles - Libre apreciación
razonada o de valoración racional - Discrecionalidad para fijar la edad
de las víctimas de delitos sexuales - Manifestaciones que sobre los
hechos realizan las víctimas de manera personal y directa al perito -
Pautas que deben cumplirse para llegar a la certeza de la ocurrencia
de los hechos en este tipo de delitos sexuales.
JUZGAMIENTO DE DELITOS DE CARÁCTER PERMANENTE. La
Corte ha fijado la regla según la cual, en aquellos eventos en que se
juzgue un delito de carácter permanente, en el cual durante su
ejecución hayan transitado los dos regímenes procesales, será la ley
adjetiva que gobernó la primera actuación la que se continuará
aplicando.
COMENTARIO AL MARGEN SOBRE COSTUMBRE EN EL ESCRITO
DE ACUSACIÓN COMO LASTRE DEL SISTEMA INQUISITIVO. Hoy
en día, es procedente variar la calificación jurídica de la conducta
imputada por la Fiscalía, así no corresponda al mismo título, capítulo y
bien jurídico tutelado, siempre que se mantenga el núcleo fáctico de la
imputación, se trate de un delito de menor entidad, y se respeten los
derechos de las partes.
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE. La prescripción de la
acción civil frente a los terceros civilmente responsables no opera a los
(30) días de ejecutoriada la sentencia de condena, que es el lapso
previsto para la caducidad, sino, como lo estima esta Sala, pasados 3
años contados desde que queda en firme el fallo condenatorio.
PORTE DE ESTUPEFACIENTES. Las últimas providencias dictadas
con relación a este delito, en su verbo alternativo portar, SP3605-2017,
MP. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER; y la más reciente, SP9916-
2017, van en la última dirección en comento, esto es, se itera, que le
corresponde a la Fiscalía demostrar que la finalidad del agente era la
distribución relacionada con el narcotráfico o el suministro a cualquier
título.
Editorial Jurídica Sánchez, entrega al público, un nuevo número de su REVISTA JURISPRUDENCIAL, correspondiente al primer semestre de 2023: Una PRIMERA PARTE está dedicada a destacar valiosos pronunciamientos de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, en los cuales se produjeron salvamentos de voto que nos permiten conocer las distintas posiciones jurisprudenciales existentes en la Corporación, sobre la interpretación jurídica de las normas penales.Una SEGUNDA PARTE se ocupa de TEMAS DE DERECHO PENAL GENERAL Y ESPECIAL: Comiso; Circunstancia de agravación punitiva: Indefensión; Delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años; Delito de acoso sexual; Delito de estafa; Delito de falsedad documental; Delito de omisión del agente retenedor o recaudador; Delito de tráfico de estupefacientes; Delito de, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; Delito de violencia intrafamiliar, etc.La TERCERA PARTE abarca el estudio de temas específicos del SISTEMA PENAL ACUSATORIO: Audiencias de imputación y de acusación; Causal de impedimento: Opinión o concepto anticipado; Causal de nulidad; Causales de preclusión: Legítima defensa; Prescripción; Conflicto de jurisdicciones; Control formal a un acto de parte, en este caso, a la formulación acusación, a partir de las modificaciones expuestas por la fiscalía; Incidente de reparación integral; Juez de control de garantías; Derecho a la no incriminación; Presupuestos para una sentencia de condena, incluso la dictada por vía del Preacuerdo; Testimonios contenidos en audios; Recuperación de información por otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes; Oportunidad para el descubrimiento probatorio; Ilicitud de la prueba; Elementos de prueba que obran en otros procesos; Testimonios de menores víctimas de delitos sexuales; Prueba en común; Pertinencia, conducencia y utilidad; Exclusión de medios de prueba, Evidencias extraídas de computador, concretamente de las redes de whatsapp y facebook; Documento como testimonio adjunto en desarrollo de la práctica probatoria; Delitos sexuales y corroboración periférica; Prueba de referencia; Testimonio de menores; Prueba sobreviniente; Recursos en tema de admisión de prueba o admisión de evidencia; Reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto; Variaciones que pueden producirse entre la formulación de la imputación y la acusación; Variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible; Participación de las víctimas en materia de preacuerdos.
Una vez más, la LIBRERÍA JURÍDICA SÁNCHEZ LTDA., dada la amplia aceptación que ha recibido la Revista, presenta a consideración de los estudiosos y amantes de la jurisprudencia, este nuevo número de la REVISTA JURISPRUDENCIAL con todas las novedades y actualizaciones interpretativas de las normas penales de nuestros Códigos Penal y de Procedimiento, hechas por las Salas Penales del Tribunal Superior de Medellín y CSJ.
En esta oportunidad, la REVISTA JURISPRUDENCIAL correspondiente al primer semestre del año 2017, está dividida en cinco secciones.
En la primera sección, se analizan los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal en los temas referentes al derecho sustantivo, procedimental y sistema penal acusatorio. Allí entre muchos, se destacan temas de candente actualidad y vigencia como: La amnistía e indulto para los miembros de las FARC, según las normas sobre Jurisdicción Especial para la Paz.
La segunda sección, está dedicada a destacar algunas novedades jurisprudenciales de la Sala Penal de la CSJ, donde se destacan temas sobre: Las declaraciones extraprocesales falsas rendidas ante un notario, no tipifican falsedad en documento privado ni falso testimonio. Podrían configurar fraude procesal.
La Tercera sección, trae algunos pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de algunos artículos del nuevo Código Nacional de Policía, que regulan las facultades para penetrar en los domicilios con o sin mandamiento escrito.
La Cuarta sección analiza algunos pronunciamientos recientes de la Sala Penal de la CSJ, sobre la Jurisdicción Especial para la paz (JEP): Destinatarios de la libertad condicionada: Para los postulados a la ley de justicia y paz por delitos cometidos por causa, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, ocurridos con antelación al 1º de diciembre de 2016.
La quinta y última sección, está dedicada al estudio doctrinario de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Reproducimos algunos escritos del Dr. Hernando Aníbal García Dueñas publicados en la página web Prospectiva en Justicia y Desarrollo. Allí se hace un estudio pormenorizado de las decisiones más relevantes en materia penal y su impacto en el sistema jurídico colombiano.
Las providencias que se publican en la REVISTA sobre el DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR deben leerse teniendo en cuenta el contenido de la Ley 1959 de 2019. El pasado 20 de junio, se sancionó la Ley 1959, por medio de la cual se modifican y adicionan varios artículos del CP y del CPP en relación con el delito de violencia intrafamiliar. A través de esta norma, se reformó el contenido del artículo 229 del CP, ampliando los sujetos que pueden considerarse víctimas de esta conducta. La disposición establecía que quien maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. Con la modificación prevista en la Ley 1959, se prevé que en dicha pena quedará sometido quien sin ser parte del núcleo familiar realice las conductas descritas contra: Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren separado o divorciado. El padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta. Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Del mismo modo, se agrega un parágrafo para aclarar que en esta misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas anteriormente señaladas. Se adicionó el núm 3º y el par 3º del artículo 284 del CPP. En tal sentido, durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral se pueden practicar pruebas, cumpliendo con algunos requisitos, entre ellos: “3.- que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, o que se trate de investigaciones que se adelanten por el delito de violencia intrafamiliar”. Por su parte, el parágrafo establece que el juez, cuando sea necesaria, ordenará la repetición de una prueba en el desarrollo del juicio oral, salvo que se trate de investigaciones por el delito de violencia intrafamiliar, pues en este caso se abstendrá de repetir la prueba anticipada cuando exista evidencia sumaria de: (i).- Revictimización. (ii).- Riesgo de violencia o manipulación. (iii).- Afectación emocional del testigo. (iv).- Dependencia económica con el agresor. Es importante precisar que el delito de violencia intrafamiliar se incluirá dentro del ámbito de aplicación del procedimiento penal abreviado, adicionando esta conducta al artículo 534 del CPP.
