Comercial

En esta obra se habla del contrato de arrendamiento de locales comerciales. Igualmente, de la resolución de las diferencias entre arrendador y arrendatario de dichos locales, al momento de la renovación del contrato respectivo. Del mismo modo, de la fijación judicial del canon de arrendamiento cuando los contratantes no han podido acordar al respecto. Así mismo, se trata de los derechos, tanto del arrendador como del arrendatario. También se hace un análisis del proceso verbal de restitución del inmueble. Se incluyen jurisprudencias atinentes al tema y se presentan modelos de contratos alusivos al asunto.

Leer Más Menos

Acto Legislativo Nº 01 de 2017 Jurisdicción especial para la paz; Decreto Reglamentario 1592 de 2017 y Decreto 2107 de 2017Leyes 585 de 2000; 771 de 2002; 1285 de 2009; 1743 de 2014; 1781 de 2016Actualizada en armonía con la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y con la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) Con la reforma de la ley 2430 de 2024

Leer Más Menos

Actualizado con las leyes 2294 de 2023; 2069 de 2020; 1778 de 2016; 1676 de 2013; 1727 de 2012; 1258 de 2008; 811 de 2003 (SAT); 256 de 199; 222 de 1995; Decreto 398 de 2020 – Decreto 19 de 2012 – Decreto 1 de 1990 ; Normas pertinentes de los Decretos Únicos Reglamentarios 1625 de 2016 – 780 de 2016 – 2420 de 2015 – 1085 de 2015 – 1082 de 2015 – 1080 de 2015 – 1079 de 2015 – 1078 de 2015 – 1077 de 2015 – 1076 de 2015 – 1074 de 2015 1072 de 2015 – 1071 de 2015 – 1070 de 2015 – 1068 de 2015 Incluye normas pertinentes del Decreto 806 de 2020; Ley 2195 de 2022 en lo pertinente; Medidas en materia de transparencia, prevención  y lucha contra la corrupción 

Leer Más Menos

Actualizado con las leyes 2294 de 2023; 2069 de 2020; 1778 de 2016; 1676 de 2013; 1727 de 2012; 1258 de 2008; 811 de 2003 (SAT); 256 de 199; 222 de 1995. Decreto 398 de 2020 – Decreto 19 de 2012 – Decreto 1 de 1990   Normas pertinentes de los Decretos Únicos Reglamentarios 1625 de 2016 – 780 de 2016 – 2420 de 2015 – 1085 de 2015 – 1082 de 2015 – 1080 de 2015 – 1079 de 2015 – 1078 de 2015 – 1077 de 2015 – 1076 de 2015 – 1074 de 2015 – 1072 de 2015 – 1071 de 2015 – 1070 de 2015 – 1068 de 2015 Incluye normas pertinentes del Decreto 806 de 2020 – Ley 2195 de 2022 en lo pertinente – Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción  Contiene cuadros sinópticos: •Proceso verbal sumario  •Pasos para la constitución de sociedades comerciales  •Términos importantes en el código de comercio •Derecho de preferencia en cesión de cuotas sociales

Leer Más Menos

Diccionario

Leer Más Menos

(En concordancia con la Ley 2080 del 25 de enero de 2021. Contiene a su vez el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020 [Actualizada]; el Decreto 409 del 16 de marzo de 2020; el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019; y, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000 [Actualizada]) La presente edición, se proyectó como consecuencia de los cambios introducidos por los recientes pronunciamientos jurisprudenciales emanados por el máximo organismo de la jurisdicción constitucional, los cuales tuvieron una importancia trascendental en lo atinente al proceso de responsabilidad fiscal, en virtud del fenómeno de la reviviscencia y la jurisdicción coactiva ejercida por los órganos de control fiscal. Ante esta novedad, sumada a la intención de entregarle al lector una obra más profunda y detallada en lo referente a la parte temática del control fiscal, del proceso de responsabilidad fiscal, como también lo relacionado al desarrollo de las auditorías realizadas por las diferentes Contralorías, se vio la necesidad de llevar a cabo una nueva edición que contuviera, con mayor precisión, un desarrollo temático más actualizado, acorde a las necesidades doctrinales que se requieren en el momento, dado el poco desarrollo de estos temas en la actualidad…

Leer Más Menos

En el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.En desarrollo de la actividad ministrativa se apela inexorablemente a la contratación pública como un instrumento para el cumplimiento de los fines del Estado, en especial para la satisfacción del interés general, es así como el procedimiento administrativo contractual están inmersas actuaciones, tales como el acto de adjudicación y el contrato mismo, de los cuales deontológicamente se pregona, en el presente texto, ser demandados por cualquier persona sin necesidad de la acreditación de un interés directo lo anterior porque el contrato público, al igual que todos sus componentes previos y posteriores constituye un proceder Sublime que involucra a todos los ciudadanosEn el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.

Leer Más Menos

Este libro, integrado por 16 temas desarrollados, juega entonces con una multiplicidad de posibles preguntas (Banco de pregunta-respuesta) y por ello, es una alternativa de saber y un ejemplo de cómo es un examen. Por esto, nuestra preocupación y advertencia: no se le tenga como el examen mismo.   De aquí que, por esta razón, no se debe descargar ni circunscribir a él, todo el esfuerzo de estudio.  La visión del lector debe ir más lejos, abriéndose a fuentes de saber especializadas y a horas abundantes de disciplina, donde la memoria es importante y el saber cómo está estructurada la pregunta un herraje vital al momento de responder.

Leer Más Menos

La lesión se erige en uno de los institutos más asistemáticos e inequitativos de toda la normatividad colombiana. De tal manera es ello así que bien se podría hablar, con toda propiedad lingüística y normativa, de que la lesión es un monstruo jurídico (monstrum iuris), por las inequidades que puede implicar, inequidades que son la negación más rotunda del principio de equidad, en que se basa o debería basarse esa institución. El escrito pretende, muy respetuosamente, hacerle unas sugerencias al legislador para que elimine o reforme el vigente régimen abstruso de la lesión. Si no es posible eliminarlo o derogarlo, al menos, reemplazarlo por otro que, con base en sus principios (equidad, buena fe, autonomía de la voluntad, enriquecimiento sin causa, no abuso del derecho, fraude a la ley, conmutatividad, rebus sic stantibus, seguridad jurídica) y, particularmente, en el de economía procesal, para tratar de descongestionar los despachos judiciales, adopte la lesión objetiva en toda su extensión, fijando una desproporción matemática más justa e inflexible para todos los negocios jurídicos mobiliarios o inmobiliarios, que otorgue al lesionado, no una acción rescisoria sino una de reducción o ajuste de la desproporción, mediante un proceso, lo más breve posible, con todo lo cual no haya lugar a la discrecionalidad judicial y se omita la complicación incalificable, que existe en la actualidad, cuando el comprador lesionante efectúa una segunda venta.

Leer Más Menos

La digitalización en la justicia se presenta como una respuesta necesaria e ineludible para garantizar la demanda de este servicio público fundamental; no es una lluvia de verano o nube pasajera como pensaban de manera equivocada algunos colegas con respecto a la vigencia temporal del Decreto 806 de 2020, prueba de ello fue la promulgación de la Ley 2213 de 2022 y de la Ley 2080 de 2021, las cuales incorporaron de manera definitiva la práctica de la digitalización de la justicia en Colombia como regla general. Asimismo, el acceso a la justicia y a la administración pública por medio de las plataformas y canales digitales y el manejo de la prueba electrónica, sin duda alguna, representan un compromiso para la comunidad académica de futuros abogados, a los hoy litigantes y en general a todo aquel que pretenda hacer uso de la justicia virtual, la cual entró a raudales con la intención de buscar una agilización de los procesos y facilitar la atención a sus usuarios. Por lo tanto, como es de público conocimiento, gracias a la consagración de las leyes anteriormente enunciadas, la digitalización en la justicia y en la administración llegó para quedarse. Por tal motivo, se requiere de forma prioritaria, ineludible e impostergable, continuar con la aprehensión de conocimientos que se desprendan de los procedimientos y de la prueba en el marco de la digitalización y en cada una de sus etapas, por lo que esta obra jurídica viene a constituirse, en virtud de la actualización normativa y jurisprudencial que se incorpora en la presente edición, en una necesidad doctrinal con la cual se puede aclarar y encarrilar las actuaciones administrativas y/o judiciales, al igual que responder con eficiencia al reto de modernizar un sistema judicial que, evidentemente, requiere muchos cambios y la justicia digital o virtual se constituye en uno de esos tantos pasos necesarios para su mejoramiento.

Leer Más Menos