LIJURSANCHEZ

Hemos analizado en qué casos adquieren competencia para conocer de los diferentes asuntos los comisarios y defensores de familia, por qué una conducta puede ser objeto de restablecimiento de derechos o de violencia intrafamiliar, cómo abordar los casos y cuál es el trámite que les correponde. Consignamos la competencia que en subsidio la ley otorga a los notarios para adelantar algunos asuntos que por menos complejos o por el acuerdo entre las partes o interesados resulte más conveniente adelantarlo por esa vía. Analizamos cada uno de los contenidos de la competencia referida a los jueces de familia en los asuntos de esta jurisdicción desde un enfoque más práctico para el abogado litigante quien muchas veces no cuenta con esta herramienta a la mano para impetrar las demandas que por su oficio le son requeridas […].

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«Este libro de los Procesos cognoscitivos civiles (o declarativos, como los denomina el C.G.P.). En ellos están incluidos los siguientes tipos de procesos: los procesos verbales comunes, que incluyen el Verbal General o Pleno y el Verbal Sumario. En esta obra también se habla de los Procesos Declarativos Especiales (expropiación, deslinde y amojonamiento; el divisorio y el monitorio, el cual es una novedad dentro del orden jurídico procesal colombiano). Igualmente, se incluyen los procesos declarativos que hemos calificado de sui generis (el relativo a acciones, mejor, pretensiones populares, y el de acciones (pretensiones), de grupo. A más de los anteriores se presenta la llamada “acción” (mejor, pretensión) declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria.Se hace hincapié en que los procesos declarativos consagrados en el C.G.P., se tramitarán en forma oral y por audiencias concentradas».«Este libro de los Procesos cognoscitivos civiles (o declarativos, como los denomina el C.G.P.). En ellos están incluidos los siguientes tipos de procesos: los procesos verbales comunes, que incluyen el Verbal General o Pleno y el Verbal Sumario. En esta obra también se habla de los Procesos Declarativos Especiales (expropiación, deslinde y amojonamiento; el divisorio y el monitorio, el cual es una novedad dentro del orden jurídico procesal colombiano). Igualmente, se incluyen los procesos declarativos que hemos calificado de sui generis (el relativo a acciones, mejor, pretensiones populares, y el de acciones (pretensiones), de grupo. A más de los anteriores se presenta la llamada “acción” (mejor, pretensión) declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria.

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Si en la propiedad horizontal residencial hay múltiples escollos de convivencia, en la copropiedad donde convergen comerciantes y actividades liberales, así se predique que es una persona sin ánimo de lucro, la esencia mercantilista y la obtención de ingresos de los propietarios guía sus movimientos. Comparte con la propiedad horizontal residencial la desidia de los copropietarios por el interés normativo, apatía que facilita la desviación de los principios orientadores plasmados en el artículo 2° de la ley base de este lejos de lo que imaginaron los legisladores al concebir la Ley 675 de 2001, los centros comerciales como modalidad de propiedad horizontal, son empresas multimillonarias convertidos en nódulos sociales y urbanos que desplazaron los parques de barrios de su rol de espacios de encuentro, aglomerando personas de múltiple estrato socio económico, integrando el comercio con diversión y alimentos, tendencia que sin duda se extiende hacia el hospedaje y la vivienda, lo que obligar a legislar para abordar la mixtura, según predomine o no la actividad mercantil.        Desde los casos civiles hasta los procesos penales, desde el fraude corporativo hasta la localización de personas, el investigador privado moderno debe dominar no solo el arte de observar, sino también la ciencia de interpretar, analizar y documentar. Esta obra revela el verdadero valor del investigador como puente entre la verdad y el derecho, resaltando su impacto en los sistemas judiciales a nivel global. Un viaje que honra la labor silenciosa pero trascendental de quienes hacen de la verdad su causa, de la discreción su virtud y de la justicia su destino.

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Quienes escriben sobre propiedad horizontal se limitan a examinar el texto legal,  olvidando que ella no regula in extenso y sin percatarse que muchas situaciones  del acontecer cotidiano generan escenarios de tensión y quedan por fuera de su  alcance y, por tanto, no aportan luces de orientación ni de solución a las  dificultades de convivencia, conflictos que se intensifican con el uso y explotación  de espacios comunes, actividades que el gobierno central quiere gravar, espíritu  que inexorablemente se extendería hacia la órbita municipal bajo la visión de la  actividad comercial.   

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Este libro presenta el resultado final de la investigación doctoral, que surge al cuestionar cuáles son los criterios técnicos que un dictamen pericial de comprobación debe evaluar, para demostrar, en el proceso judicial, el grado de incapacidad permanente del trabajador. El manual de calificación del estado de invalidez expedido mediante decreto por el Gobierno nacional, es una disposición gubernativa, que no valora el verdadero impedimento que presenta el trabajador para ejecutar el oficio habitual, al no incorporar en el análisis (fuente de la prueba) las tareas del oficio que no realiza y/o no puede realizar el trabajador por la lesión o enfermedad. Por consiguiente, la metodología usada por los grupos evaluadores (grupos médicos de las aseguradoras y juntas regionales y nacional) no evalúa las reales limitaciones del trabajador para ejecutar el oficio. De donde, no se puede concluir con esa metodología el grado incapacidad permanente y se genera entonces, una gran injusticia dentro del proceso judicial, cuando el juez decide con un medio de prueba que no es pertinente ni útil en el proceso. El texto presenta una descripción general de la problemática actual de la prueba pericial para demostrar la incapacidad permanente laboral en el proceso judicial, en donde se discute el derecho fundamental a la pensión de invalidez y concluye, porque el dictamen que emiten los grupos evaluadores, aplicando la metodología del Decreto 1507 de 2014, no permite demostrar el supuesto de hecho que el artículo 38 de la Ley 100 y 9 de Ley 776 de 2002 establecen.

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El régimen de insolvencia empresarial y el régimen de insolvencia para  personas naturales no comerciantes no son asuntos de poca monta. La  legislación de uno y otro ha evolucionado en razón de múltiples  factores socio económicos que obligan a la adaptación o modernización  normativa.  Es así que la Ley 1116 de 2006 estableció el Régimen de Insolvencia  Empresarial, norma que no ha sido objeto de mayores reformas, pero sí  de numerosos decretos que propenden por su reglamentación.   En cuanto al Régimen de Insolvencia de Personas Naturales no  Comerciantes, éste se estableció en la Ley 1380 de 2010 la cual fue  declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante la  Sentencia C-685/2011 de 19 de septiembre de 2011, Magistrado Ponente  Humberto Antonio Sierra Porto. Sin embargo, la Ley 1564 de 2012  (Código General del Proceso), estableció en el Libro Tercero, Sección  Tercera, Título IV (artículos 531 a 576) el proceso relativo a la insolvencia  de personas naturales no comerciantes, el cual está reglamentado por  el Decreto 2677 de 2012 y dicha normativa fue modificada por la Ley  2455 de 2055 que cambió todo el Título IV del Código General del  Proceso Ley 550 de 1999
régimen de insolvencia entes  territoriales   Ley 1116 de 2006
régimen de insolvencia empresarial   Ley 2445 de 2025
régimen de insolvencia de personas  naturales no comerciantes y pequeñas comerciantes 

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En un mundo cada vez más interconectado y marcado por la rápida evolución de las tecnologías disruptivas, el Derecho Internacional Público se encuentra en un constante proceso de adaptación y redefinición. Este libro, es una obra que aborda de manera profunda y perspicaz este apasionante entrelazamiento entre el derecho y la tecnología, ofreciendo una mirada crítica y esclarecedora sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la era digital y la realidad de los conflictos en la actualidad. La obra, meticulosamente elaborada por expertos juristas internacionales y académicos de renombre de España, México, Ecuador y Colombia, trasciende las fronteras convencionales de la disciplina legal.  Los autores analizan cómo los conflictos y estas tecnologías, están transformando las relaciones entre Estados, organismos internacionales y actores no estatales, y cómo están dando forma a cuestiones cruciales como la privacidad, los DDHH, el DIH, la seguridad nacional y la responsabilidad internacional. A lo largo de estas páginas, el lector encontrará debates apasionantes sobre empresas militares de seguridad privada, implantes robóticos, desaparecidos, conflictos armados, inteligencia artificial, justicia transicional, trabajadores, paraísos fiscales, amenazas hibridas, planes de campaña, minería ilegal, derecho de la guerra y Justicia Restaurativa.  Finalmente, quisiéramos presentar un saludo de agradecimiento a todos los autores y aliados académicos, como la Academia Colombiana de Derecho Internacional ACCOLDI, la Universidad de La Laguna en España y la Universidad UNIANDES de Ecuador. Asimismo, al Instituto Berg, a nuestra Policía Nacional y a la Escuela Superior de Guerra,  por sumarse a este proyecto sin precedentes, no solamente en el Departamento Jurídico integral, sino también, para el Ejército Nacional de Colombia.

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El  urbanismo  y  sus  edificaciones  tienen  alta  perdurabilidad  en  el  tiempo,  irradiando  así  mismo  impactos  positivos,  negativos  oneutros  en  los  territorios.  Las  normas  jurídicas  y  el  soft  law  ayudan en  la  estructuración  de  dinámicas  colectivas,  sin  embargo,  por  si solas  no  transforman  la  realidad,  es  así  como  al  correlacionar urbanismo,  edificaciones,  normas  jurídicas,  soft  law,  con  el  cambio climático  (realidad  innegable  ante  datos  de  migración  por condiciones  ambientales,  deshielo  de  polos  árticos,  aumento  del nivel  del  mar,  contaminación  de  recursos  naturales  no  renovables, mayores  precipitaciones  en  lluvias,  tornados,  ciclones,  temperaturas más  extremas),  se  avizora  la  necesidad  imperiosa  por  un  urbanismo y  construcción  sostenible,  sumándole  una  gestión  adecuada  del parque  inmobiliario  existente  a  fin  de  rehabilitarlo.  En  Colombia  han  sido  importantes  los  esfuerzos  y  decisiones  para promover  el  urbanismo  y  la  construcción  de  edificaciones sostenibles,  sin  embargo,  se  observa  que  a  nivel  internacional, específicamente  en  la  Unión  Europa  (UE)  y  España,  se  tiene  unadelanto  más  significativo,  toda  vez  que  desde  la  normativa  jurídica de  España,  se  incluyen  disposiciones  coercibles  desde  hace  más tiempo  sobre  dichas  áreas,  considerando  además,  la rehabilitación  de  lo  existente,  mientras  que  en  Colombia,  es  una tendencia  más  reciente  desde  la  normativa  jurídica,  siendo  más principialística  que  coercible,  y  todavía  no  considera  la  rehabilitación de  lo  existente.  Se  resalta  que  tanto  España  como  Colombia  tienen Leyes  del  año  2021  sobre  el  cambio  climático,  precisando  que  la española  establece  de  manera  prescriptiva  metas,  tiempos  y estrategias  coercibles,  sobre  el  urbanismo,  la  construcción  de edificaciones  nuevas  y  la  rehabilitación  de  las  existentes,  mientras que  la  colombiana  todavía  es  más  de  intencionalidades  y  no  alude de  manera  expresa  al  urbanismo,  la  construcción  de  edificaciones nuevas  o  rehabilitación  de  las  existentes. 

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«El régimen pensional de los educadores en Colombia representa un desafío interpretativo permanente, marcado por la  coexistencia de normativas y desarrollos jurisprudenciales que exceptúan el marco general de la seguridad social. Esta obra  esclarece con rigor la arquitectura jurídica del magisterio, analizando las tensiones entre sus diversos modelos prestacionales  y la transición impuesta por la Ley 812 de 2003. Se trata de una fuente de consulta técnica para el especialista y una guía de  aprendizaje esencial para el iniciado y el estudiante de derecho.    Un aporte fundamental de este estudio es el análisis crítico sobre la compatibilidad entre pensión y salario frente al Decreto  Ley 1278 de 2002. El libro trasciende la descripción legal para interpretar estas figuras bajo la óptica de los derechos  adquiridos, ofreciendo tanto a los docentes como al litigante las herramientas necesarias para sustentar con suficiencia cada  caso. Es una hoja de ruta indispensable para comprender el trasfondo de las decisiones judiciales y las garantías que amparan  al magisterio.    La obra examina los nuevos paradigmas de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024) y su impacto en la permanencia de los  regímenes exceptuados. En definitiva, por su enfoque de vanguardia y claridad pedagógica, esta investigación se consolida  como un aliado estratégico para que docentes, estudiantes y profesionales del derecho naveguen con certeza el presente y el  futuro de la seguridad social pensional de los educadores en Colombia». 

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La facultad disciplinaria del empleador encuentra su fundamento en la subordinación y corresponde al deber de obediencia impuesto al trabajador. Entre las cosas que permite la subordinación están: las sanciones disciplinarias y la terminación del contrato de trabajo.  En ambas atribuciones el ámbito legal colombiano ha impuesto limitaciones, en cuanto a la forma como los empleadores pueden dar por terminado un contrato. La jurisprudencia al respecto ha andado por senderos diversos, durante el trasegar del tema; a su vez la sanción disciplinaria, también ha tenido pulimento jurisprudencial, al establecerse que el empleador no puede llegar a la sanción, sin antes cumplir con los requisitos y condiciones establecidos para su legitimidad.

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El presente libro recopila y actualiza una serie heterogénea de lecturas críticas sobre el contenido institucional de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) acaecidas en la historia reciente de Colombia.   Al hablar de «víctima» en este libro, se hace referencia al otro radical, a aquel que es capaz de interpelar a la sociedad a través de la autoridad de su sufrimiento. Un sufrimiento cuya inocencia impide hacer distinciones entre quienes lo padecen, que insinúen jerarquías entre ellas o consideren que existirían unas vidas dignas de duelo y otras que no merecerían ser lloradas. A través de un tránsito analítico por diversidad de escenarios normativos y jurisprudenciales, englobados en el tópico de «justicia transicional», desde la denominada «Ley de Justicia y Paz» hasta la normativa de implementación del Acuerdo de Paz de Noviembre de 2016, pasando por la llamada «Ley de Víctimas», se busca proponer una postura que explique el daño en violaciones a derechos humanos no solo como una definición jurídico dogmática, sino como una expresión del sufrimiento humano históricamente «impensado». 

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La Valoración de la Prueba: El objetivo general de esta obra (elaborada como investigación) es realizar un análisis legal, doctrinal y jurisprudencial sobre la valoración probatoria en los casos de responsabilidad médica; y observar el arraigo de la norma en la problemática jurídica que se presenta entre pacientes e instituciones prestadoras de salud, con el manejo documental reglado enfocando la historia clínica, donde se puede evidenciar el fenómeno jurídico de la culpa, por vía de referencia, hasta hace muy poco relativamente campeaba la tesis de la irresponsabilidad civil del médico, en líneas de principio, la que se estimaba racional y bien fundada, a pretexto que el paciente debía asumir los riesgos y vicisitudes del acto médico. Al fin al cabo se argumentaba, el galeno era una especie de salvador, a la vez que un letrado en su arte, el que se consideraba “conjetural”. Y que cuando se admitió, luego de múltiples, concienzudos y justicieros razonamientos, fue sobre la base de una responsabilidad extracontractual, y no de una contractual, principalmente en atención a consideración de índole probatoria -por aquello de que la culpa se ha entendido que se presume en la referida esfera contractual, no así en la extracontractual, en línea de principio-, en todo lo cual la jurisprudencia, hay que reconocerlo, fue determinante, tanto más cuanto que el movimiento codificador, expressis verbis, no se ocupó de este tema ni tampoco de la responsabilidad de los otros profesionales liberales. La Causalidad en el Acto Médico: Al tratar el tema de la Responsabilidad Médica, se aboca el acto médico, desde la complejidad de su esencia y su naturaleza; por cuanto se está frente a una ciencia humanística, cuyos cambios operan diariamente con los estudios e investigaciones comparativas a todo género viviente.

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