Constitucional

Acto Legislativo Nº 01 de 2017 Jurisdicción especial para la paz; Decreto Reglamentario 1592 de 2017 y Decreto 2107 de 2017Leyes 585 de 2000; 771 de 2002; 1285 de 2009; 1743 de 2014; 1781 de 2016Actualizada en armonía con la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y con la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) Con la reforma de la ley 2430 de 2024

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El libro "El Manual del Personero" es una guía completa y detallada que explora las funciones y responsabilidades del Personero, un cargo público fundamental en la estructura administrativa de los municipios y distritos en Colombia.  El libro comienza con la contextualización de la figura del Personero y su importancia en la defensade los derechos ciudadanos, destacando las funciones y responsabilidades del Personero en especial las relativas a la Defensa de los derechos humanos, Vigilancia de la conducta oficial y guarda del interés público; en el marco de estas fomenta la Participación ciudadana, recibe ytramita las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos, investigando y resolviedo los casos de acuerdo con la ley.  Es "El Manual del Personero" una herramienta fundamental para cualquier persona que busque entender las funciones y responsabilidades del Personero. El libro ofrece una visión completa y detallada del cargo, destacando su importancia en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la participación ciudadana

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En el entramado jurídico colombiano, marcado por la constante evolución de sus mecanismos de protección de derechos resaltados en la Constitución, emerge este compendio, fruto de una exhaustiva investigación y profunda reflexión, se erige como un faro de conocimiento, guiando tanto a profesionales del derecho como a la ciudadanía en el entendimiento y aplicación de las acciones constitucionales. Su enfoque, meticulosamente estructurado en dos partes fundamentales, no solo desgrana la esencia y procedimientos de la acción de tutela, sino que también profundiza en el análisis de otras acciones constitucionales, ofreciendo una visión integral del constitucionalismo moderno colombiano. Además, la particularidad de esta obra radica en su capacidad para amalgamar el rigor académico con la accesibilidad, permitiendo que su riqueza informativa trascienda los límites del ámbito legal para sembrar inquietudes en el lector general. La presentación detallada de casos prácticos, junto con un análisis crítico de la jurisprudencia y la legislación vigente, no solo enriquece el acervo intelectual de los juristas, sino que también abre un diálogo con la sociedad, invitándola a comprender las herramientas legales a su disposición para la defensa de sus derechos más preciados. Por lo tanto, esta obra se presenta como una invitación a explorar las profundidades del derecho constitucional colombiano a la luz del Ius Constitutionale Commune Americano, ofreciendo claves esenciales para la navegación por su complejo marco legal, al tiempo que promete al lector una aventura intelectual que no solo despejará dudas sino que también fortalecerá el tejido social a través del conocimiento y la comprensión de los derechos que protegen estas acciones. En consecuencia, su lectura se convierte en un viaje imprescindible para aquellos que buscan comprender, profundizar y aplicar las normativas que rigen la salvaguarda de las libertades individuales y colectivas en Colombia.

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Actualizada con los Actos Legislativos
N.o 01 de 2024; 01, 02, 03 de 2023; 01, 02
de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017;
01 de 2016; 01, 02 de 2015.
Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706
de 2017 y Sentencia C-332 de 2017

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N.o 01 de 2024; 01, 02, 03 de 2023; 01, 02
de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017;
01 de 2016; 01, 02 de 2015.
Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706
de 2017 y Sentencia C-332 de 2017 14.a edición Contiene cuadros sinópticos

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«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »«El actual trabajo presenta un análisis del ejercicio e intervención del pueblo en los asuntos del Estado a través de los mecanismos de participación ciudadana desde sus orígenes, e instaurados recientemente por la Constitución Colombiana de 1991, especialmente los que se refiere a la deliberación mediante el sufragio. Se parte de una conceptualización propia de la Democracia y de los mecanismos participativos para poder ejercerla de manera liberal y el análisis del marco legal y jurídico de dicha figura. Por ello se hace un estudio detallado de la participación política ciudadana a través de la historia y los hechos recientes en Colombia que han puesto en evidencia las trabas y la complejidad para el acceso y el real ejercicio participativo del pueblo.Analizamos entonces aquí los diferentes medios que tiene el elector primario en la edificación de una verdadera Democracia Participativa, donde se incluya a todos los colombianos para que por medio del voto directo se haga más viable la convivencia y se mejore el nivel de vida de los ciudadanos, enmarcado esto dentro de un Estado Social de Derecho, tal como lo concibe la constitución promulgada en el país en 1991. Para estos menesteres, nos remontaremos a la historia del proceso que da lugar a la participación ciudadana en la vida democrática de nuestra nación. »

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Este texto cuestiona de manera crítica la forma en que, históricamente, el ciudadano elige a su presidente, muchas veces de forma equivocada. El autor plantea que la clave para transformar esta realidad comienza con la emisión de un voto informado, consciente y libre. Para lograrlo, cada elector debe fortalecer su cultura política, comprendiendo que no existe otro camino para elegir correctamente. De lo contrario, se repite el patrón del ciudadano promedio que acude a las urnas sin realizar un análisis profundo del candidato, lo cual termina en frustración y desilusión post-electoral. Con el propósito de brindar una herramienta práctica para evitar este error recurrente, el autor propone el MODELO DPLLP100: Dimensión Personal, Legal, Laboral y Programática del Candidato Presidencial. A través de cien preguntas, el lector puede evaluar cuantitativamente las cualidades cualitativas de cualquier candidato, sin importar el país en el que se encuentre. Esta obra le permitirá elegir el presidente correcto para su país y no fallar en el intento. El reto está planteado por el autor. La decisión está en manos del ciudadano elector.

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Estudios de derecho público contemporáneo es una obra colectiva que reúne  las investigaciones de profesores y estudiantes integrantes de Instituto  Caucano de Derecho Público sobre temas de relevancia actual en los  contextos del derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho  internacional y el renovado campo de la responsabilidad por daños.  Las  ponencias que integran el libro fueron presentadas en el primer seminario  que realizó el Instituto para presentar a la comunidad académica, este foro de  reflexión sobre una especialidad de las ciencias jurídicas que demanda  constantes análisis y discusiones porque no es ni estática, ni indiferente a los  cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos.   La responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad,  el contrato  sindical en el sector público, los aspectos constitucionales de la ética en el  ejercicio de la abogacía, la acción de tutela, la competencia de investigación  disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación a los servidores públicos  elegidos por voto popular, la justicia constitucional asimétrica, el análisis  jurisprudencial del escrache feminista, lo toma de decisiones en el contexto  sanitario y voluntades anticipadas y la responsabilidad del estado por falla en  la justicia transicional serán los capítulos que el lector encontrará en esta  obra que representa un formidable comienzo de las  producciones que el  Instituto Caucano de Derecho Público entregará a la comunidad científica  como aporte al conocimiento y a la democracia. 

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Diccionario

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Era necesario ofrecer a los distintos profesionales, un libro que recogiera parte de la historia legislativa del país y lo hiciera siguiendo la metodología de un diccionario; es decir, sistematizándolas alfabéticamente, organizándolas cronológicamente, precisando su vigencia e inexequibilidad (por registro histórico) y creando espectros temáticos, que le permitan en un momento determinado al consultante, absolver de manera pronta y eficiente su inquietud.Así, nace la idea de este «Legislario Nacional», inicialmente pensado como manera de crear una fuente global desde el año 1819; no obstante, viene a buena oportunidad la Ley 2085 de 03 de marzo de 2021 que adopta la figura de la depuración normativa, se decide la perdida de vigencia y se derogan expresamente normas de rango legal; pese a lo anterior, creímos conveniente, incluir normatividad antes de 1991 que permite recordar hechos y fundaciones que hoy hacen parte de la institucionalidad colombiana o que es, un valor cultural e histórico de especial remembranza y eternidad.Provechoso, es decir, que esta trabajosa exploración y recaudo realizado, ha permitido viajar por distintas épocas y para dar un límite temporal de actualidad, tomamos como punto referente la Constitución de 1991, hasta hoy, con un aproximado de 2.500 leyes de todas las índoles, sin dejar de lado épocas de pasado comprendido desde 1810 y siguientes.Ahí, en esa inmersión a la profundidad de la historia legislativa nuestra, es fácil detectar la tendencia repetitiva de costumbres parlamentarias, algunas para llegar al extremo de la adulación y a la inclinación reverencial del honor y exaltaciones indistintas (pero no a quien justamente las mereciera), además, se percibe en lo penal, una represión silenciosa y una tendencia a reformar la ley procesal penal constantemente, acomodándola casi siempre a la negligencia institucional u oficial.Toda está etopeya, nos muestra dos fenómenos recurrentes:  la «hiperlegislación» y la «panlegislación». Lo primero, responde a la improvisación de los parlamentarios en su oficio y tarea legislativa que incluso la han llevado al extremo del populismo y de la law fare (‘law’ y ‘warfare’) volver la función legislativa un instrumento obstructor de los cambios sociales necesarios y urgentes todo ello como respuesta a la gran politización, intereses en pugna entre lo personal y social y de otros órdenes en que ha caído el país y con él sus ramas públicas. Ya es hora de pensar en un estado compacto y dejar de lado, la idea funesta de la separación de poderes justificada para fraccionar el país y hacer lo que viene en gana en desmedro de la misma sociedad; lo segundo, el querer perfilar todo a partir de una norma legal, la ley como vía de solución a problemas sociales que aquejan históricamente, pero las leyes necesarias nunca llegan.Por ello, en el aspecto penal, llueven delitos, incluso innecesarios (formas represoras de toda índole); desde otros ámbitos, impuestos, tasas y costos circunstanciales que se imponen de manera distinta a lo que se haría con una norma tributaria, recurriéndose al eufemismo legislativo «leyes de estampillas», recurso asiduo y generalizado para solucionar problemas económicos de las instituciones.Se precisa como dato curioso como 1941 fue el año de las hidro-eléctricas ya que las órdenes de sus construcciones se hicieron en una pluralidad llamativa. Igual, se maneja una línea romántica y folclórica, creándose hasta el año 2025, cerca de 230 leyes sobre celebraciones y fiestas y 36 conmemoración de días nacionales de todos los caracteres. El año 2006 fue la época en que más se expidieron leyes de este tipo.Igualmente, la función legislativa ha sido utilizada para reinstalar cosas que el constituyente colombiano negó en la constitución de 1991, por eso, contar a la fecha, con más de 60 actos legislativos reformatorios es mostrar una sombra que ha ido desnaturalizando la carta política y la grosera improvisación que nos caracteriza, siguiendo la técnica del «gatopardismo» que algo cambie para que todo siga lo mismo o lo peor, renombrando instituciones que en principio debían haberse liquidado fulminantemente de la institucionalidad colombiana por su corrupción funcional, para darles continuidad camufladamente.Otras de carácter absurdo que no han escapado del quehacer legislativo y que para fortuna de la decencia fueron hundidos, como: La unificación en el histrionismo y en la forma de cantar el himno nacional (Buscaba crear la actitud Uribe: mano en el pecho mientras se cantaba el himno nacional como un gesto protocolario obligado) presentado por Óscar Reyes, senador santandereano de Convergencia Ciudadana; Heredar las armas de padres a hijos (ponente de este proyecto fue el senador Manuel Velázquez; Sancionar la infidelidad en ambos sexos (Ponente Edgar Espíndola, senador boyacense de Convergencia Ciudadana); Creación del día de la santa biblia (idea original del concejal santandereano Pedro Pablo Amaya el proyecto fue presentado por Edgar Espíndola); Prohibición de hacer parodias (Ponente el Representantes, Augusto Posada); Prohibir los nombres feos porque constituyen actos de ridiculización a la persona (Ponente senador Armando Benedetti); Acabar con las tareas en los colegios (Ponente Édgar Espíndola, del Partido de Integración Nacional, PIN); y, el más destacado por los absurdos fueron las ponencias del Congresista Jair Acuña, ponente de tres leyes: Prohibir el uso de saleros en las mesas de los restaurantes; Prohibir la exhibición de bebidas alcohólicas en locales comerciales y Prohibir la búsquedas en internet utilizando palabras groseras; entre otras que, causaron alergia y discusión fue la ponencia de Prohibición del engaño amoroso (o ley cero cachos o prohibición del poliamor) y establecimiento de la cátedra de Fidelidad en el amor, idea de la congresista liberal Karina Espinosa.Así, quedaría visto a tristeza junta que, el núcleo parlamentario ha creado sectores que, desde adentro, defienden intereses personales distintos a los sociales e incluso cosas irracionales, y ello, ya es bastante, para soportar tanta indiferencia por la nación. El Congreso no ha querido reformarse a extremos de una sola cámara ni reducir sus salarios astronómicos y prebendas de toda índole e incluso, no ha habido inteligencia que pueda convencer de que, todas las votaciones que se adopten en su seno se hagan por mayoría presente, para evitar el transfuguismo y ausentismo doloso de salirse de las sesiones para entorpecer los cambios esperados por la sociedad. Sin embargo, pese a ese lunar negro y a la falta de seriedad respecto al ejercicio parlamentario y a la facultad de expedir leyes y actos legislativos reformatorios, la labor que se muestra tiene significación ya que, ha sido el impulso de los pocos y buenos legisladores, los que han salvado el examen a todos los demás.                                                                                                      

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La autotutela administrativa, como expresión del poder de Estado, y como concreción de los cometidos sociales, está atada de manera inescindible al ordenamiento. La Administración Pública no goza de libertad dispositiva de potestades, por el contrario todo halla inicio y fin en las normas. Cuestión esta, que hace que se encause el hacer con el deber hacer para la realización del bienestar social. Bienaventuranza que se muestra como la mayor aspiración grupal, la cual hace que, las sociedades, de manera correlativa, se tornen más apacibles de manera temporal. No obstante, la dicha perseguida no se muestra paquidérmica, por el contrario, los escenarios de ventura, que inspira la colectividad, se tornan día a día más progresivos. De ahí que sean, los momentos de prolongada quietud, los gestores de los más trascendentales cambios estructurales administrativamente hablando. Por consiguiente lograr el equilibrio social, a partir de la realización del bienestar, invita a una verdadera ejecución de fines. Mismos, que requieren de una dinámica administrativa robusta que conlleva el ejercicio de potestades y de la iniciativa para la toma de decisiones libres y oportunas, entre otras, que materialicen los cometidos normativamente propuestos. Ahora, esta persecución de gozo también halla otros límites distintos al ordenamiento como, por ejemplo, los recursos públicos. El presente texto encausa el referido contexto buscando acercarse a determinaciones como el Estado, el poder, la autotutela administrativa, la autotutela ejecutiva, la decisión ejecutoria y demás. De ahí que, su lectura, persiga el entendimiento administrativo actual. 

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¿Qué es el derecho? ¿Quiénes creen ser —y qué es lo que comúnmente se cree que son— los juristas? ¿Qué es lo que realmente hacen los juristas cuando escriben sentencias, informes, opiniones legales, libros, o cuando exponen ideas jurídicas a los estudiantes en una clase? ¿Qué piensan encontrar y qué es lo que efectivamente encuentran los jóvenes que deciden estudiar derecho y no, por ejemplo, matemáticas o historia medieval? Este volumen responde a estas y otras muchas cuestiones fundamentales de la profesión jurídica y sus múltiples campos de ejercicio. Se trata de un volumen que indaga en la historia de la profesión y, de este modo, es también un libro sobre la cultura jurídica y su importancia en las sociedades actuales. Como señala el autor: “La ciencia jurídica es un componente importante de la cultura política que, a su vez, es un componente de la cultura sin adjetivos”

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