Constitucional

En el entramado jurídico colombiano, marcado por la constante evolución de sus mecanismos de protección de derechos resaltados en la Constitución, emerge este compendio, fruto de una exhaustiva investigación y profunda reflexión, se erige como un faro de conocimiento, guiando tanto a profesionales del derecho como a la ciudadanía en el entendimiento y aplicación de las acciones constitucionales. Su enfoque, meticulosamente estructurado en dos partes fundamentales, no solo desgrana la esencia y procedimientos de la acción de tutela, sino que también profundiza en el análisis de otras acciones constitucionales, ofreciendo una visión integral del constitucionalismo moderno colombiano. Además, la particularidad de esta obra radica en su capacidad para amalgamar el rigor académico con la accesibilidad, permitiendo que su riqueza informativa trascienda los límites del ámbito legal para sembrar inquietudes en el lector general. La presentación detallada de casos prácticos, junto con un análisis crítico de la jurisprudencia y la legislación vigente, no solo enriquece el acervo intelectual de los juristas, sino que también abre un diálogo con la sociedad, invitándola a comprender las herramientas legales a su disposición para la defensa de sus derechos más preciados. Por lo tanto, esta obra se presenta como una invitación a explorar las profundidades del derecho constitucional colombiano a la luz del Ius Constitutionale Commune Americano, ofreciendo claves esenciales para la navegación por su complejo marco legal, al tiempo que promete al lector una aventura intelectual que no solo despejará dudas sino que también fortalecerá el tejido social a través del conocimiento y la comprensión de los derechos que protegen estas acciones. En consecuencia, su lectura se convierte en un viaje imprescindible para aquellos que buscan comprender, profundizar y aplicar las normativas que rigen la salvaguarda de las libertades individuales y colectivas en Colombia.

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Acto Legislativo Nº 01 de 2017 Jurisdicción especial para la paz; Decreto Reglamentario 1592 de 2017 y Decreto 2107 de 2017Leyes 585 de 2000; 771 de 2002; 1285 de 2009; 1743 de 2014; 1781 de 2016Actualizada en armonía con la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y con la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) Con la reforma de la ley 2430 de 2024

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N.o 01, 02, 03 de 2023; N.o 01, 02 de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017; 01 de 2016; 01, 02 de 2015. Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706 de 2017 y Sentencia C-332 de 2017

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Actualizada con los Actos Legislativos N.o 01, 02, 03 de 2023; 01, 02 de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017; 01 de 2016; 01, 02 de 2015.  Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706 de 2017 y Sentencia C-332 de 2017 Contiene cuadros sinópticos: •Actos legislativos 1991-2017 •Estructura de la Constitución Política de Colombia •Acciones constitucionales •Flujograma de la acción de cumplimiento. – Ley 393 de 1997 •Flujograma de la pérdida de investidura (Congresistas) Ley 144/94 •Flujograma de acción de inconstitucionalidad – Dto. 2067/91 •Flujograma acción de tutela – Decreto 2591 de 1991  •Flujograma de la acción popular – Ley 472 de 1998 •Flujograma acción de Hábeas Corpus – Ley 1095 de 2006 •Medio de control de nulidad por inconstitucionalidad – Ley 1437 de 2011

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En virtud de la importancia nacional e internacional que ha tomado el precedente judicial, como fenómeno jurídico en los países latinoamericanos, más concretamente en Colombia, se erige la necesidad de realizar una Obra que contenga de manera explícita y concreta, las definiciones, planteamientos y advertencias con relación a esta institución, la cual ha venido a equiparse (y en algunos casos a suplantar), de manera equivocada, a la misma ley. En consecuencia, es de público conocimiento que se ha estado reproduciendo en los pronunciamientos de los magistrados que están en cabeza de las altas corporaciones de cierre, importantes decisiones que afectan a toda la población colombiana, con lo que he venido a denominar: ficciones legislativas, en el entendido que han comenzado a suplantar para beneficio de estas cortes, el carácter superior de las atribuciones constitucionales dadas por el constituyente al legislador, es decir que el poder legislativo ha pasado a manos de los magistrados de los máximos órganos de la rama judicial. En ese orden de ideas, sé de antemano que las premisas y teorías que se plantean en la presente Obra van a tender a despertar algunas polémicas, controversia, puntos a favor y puntos en contra. Sin embargo, como quiera que siempre me he caracterizado por profesar  un espíritu republicano, amparado fervientemente en la defensa prevalente de la Constitución y por ende de la democracia, no puedo pasar por alto este ¡asalto a la Carta Fundamental!  El cual se ha venido gestando desde movimientos con corrientes extranjeras y que ha permeado un fenómeno de politización de la justicia, y lo que es peor, las decisiones politizadas han venido a moldear el derrotero jurídico colombiano por medio del precedente judicial, muy especialmente el constitucional. Por tal motivo, se busca con el análisis y la propuesta desarrollada en esta Obra, un retorno al respeto de la Constitución política, ayudando con ello a comenzar a crear un germen intelectual que permita un mejor control de las decisiones jurisprudenciales que conforman el precedente judicial, dotando de una mayor seguridad al sistema jurídico colombiano, al igual que una mejor configuración de nuestras instituciones, en especial las de la altas cortes, con miras a resguardar nuestro Estado Social de Derecho y a la democracia.

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Este libro, del Dr. Guillermo Alonso Arévalo Gaitán, ofrece un análisis exhaustivo sobre la evolución de la autonomía de la voluntad en los sistemas jurídicos, desde el liberalismo clásico hasta el neoliberalismo. Examina los límites que los derechos fundamentales imponen a las relaciones contractuales entre particulares, con un enfoque especial en la Drittwirkung y su aplicación en Colombia. Además, propone una reformulación del sistema de fuentes para interpretar contratos, destacando el impacto económico de las decisiones de la Corte Constitucional. Una obra esencial para entender la interacción entre contratos y derechos fundamentales.

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Sistema normativo político-electoral y de participación ciudadana; Legislación; Código Electoral. Concordancias; Síntesis de jurisprudencia. Explicaciones; Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018)Sistema normativo político-electoral y de participación ciudadana; LegislaciónCódigo Electoral. Concordancias; Síntesis de jurisprudencia. Explicaciones; Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018)Sistema normativo político-electoral y de participación ciudadanaLegislaciónCódigo Electoral. Concordancias; Síntesis de jurisprudencia. Explicaciones; Estatuto de la oposición (Ley 1909 de 2018)

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El presente escrito es producto del proyecto de investigación La Constitución de 1991 a treinta años de su expedición. Análisis de su origen, desarrollo e impacto en la transición hacia una verdadera democracia, que se desarrolló entre julio de 2006 y julio de 2008. La finalidad central del proyecto era indagar, a través de los testimonios de los constituyentes –los protagonistas principales de ese hecho histórico–, por las complejas circunstancias que rodearon el proceso de expedición de la Constitución que fue promulgada en julio de 1991. De esto se desprende que la principal fuente de información en el curso de la investigación, hayan sido entrevistas en profundidad a un número significativo de delegatarios y que fueron seleccionados de un modo tal, que sus visiones fueran comprensivas de un panorama muy amplio dentro del espectro ideológico que se tuvo presencia en el escenario constituyente.

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Al igual que ocurre con otras muchas estructuras e instituciones jurídicas, en Colombia el constitucionalismo es producto de un trasplante jurídico. De tal suerte que cuando a partir de 1810 este movimiento político-jurídico comenzó a tener presencia en nuestro país, él ya venía desarrollándose en otras latitudes desde hacía 600 años. En este orden de ideas, y así suene un poco forzado, para encontrar el origen de nuestro sistema constitucional, se hace ineludible acudir hasta la Carta Magna, un documento que es ampliamente considerado como aquel con el que se dio inicio a un proceso que desde entonces ha sido incontenible: el control y sometimiento del poder. Y si bien es cierto que previas a la del pueblo inglés se dieron un par de experiencias de gobiernos limitados e inspirados en principios democráticos, la República ateniense que operó entre el 508 a.C. y el 322 a.C. y la República Romana que lo hizo entre el 509 a.C. y el 27 a.C., la verdad sea dicha, se trató de prácticas limitadas en el tiempo y que a la postre naufragaron en ese océano de arbitrariedad y despotismo que fue el Imperio Romano y esas experiencias solo comenzaron a ser reinventadas en el marco de las revoluciones burguesas del siglo XVIII

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En la presente obra se quiso desarrollar un tema que poco a poco va teniendo gran importancia y repercusión en el escenario jurídico, tanto en el orden internacional como interno, concerniente a la necesidad latente de la aplicación efectiva por parte de los funcionarios del Estado del corpus juris interamericano de derechos humanos ratificados por Colombia y que como corolario repercuten en la protección de los derechos fundamentales instituidos en la Carta política de 1991. De igual forma se buscó rescatar la importancia de aplicar ex officio estos tratados y convenciones ratificados por el Estado colombiano que versen respecto de derechos humanos, al igual que los distintos Pronunciamientos y Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de aquellos funcionarios que encabezan los despachos de la rama judicial (entiéndase jueces y magistrados) antes de proferir sus respectivas sentencias; como también de todos los funcionarios del Estado Colombiano en cada una de sus actuaciones administrativas en las que se vea inmerso una decisión que pueda vulnerar un derecho de esta categoría, con miras a buscar con la implementación de un control de convencionalidad su protección efectiva.

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El Derecho al Olvido y la Protección de Datos Personales, nace ante la realidad que representa el Internet y las redes sociales, en vista que, al hacer uso de la web, estamos ante un gigantesco espejo que refleja para los demás lo que se está publicando, es por ello que hemos afirmado que nada se puede borrar de internet, porque una vez publicado pertenece a ese mundo de la web, en consecuencia, también hemos afirmado que, el término Derecho al Olvido, semánticamente, no es el más apropiado, sencilla y simplemente porque no se olvida nada, lo que si logra efectivamente, es que al ingresar los datos de una persona que haya ejercido el Derecho al Olvido es que  sus datos sean de difícil ubicación, pero siempre estarán disponibles en la web, lo que viene a desmentir, algunas voces que insisten en decir que este derecho atenta flagrantemente contra el derecho a la información y la libertad de expresión, dejando de considerar lo ya expuesto, aunado el hecho cierto que existe la hemeroteca digital, donde permanecen los datos personales, solo se debe buscar con mayor rigor y se encuentran. Finalmente, dejamos a la consideración, de la academia y al público general la presente obra, de un interesante tema que sin dudas va en evolución, y por lo tanto el derecho debe hacer su mayor esfuerzo de aparejar tal evolución, pues, no es secreto que siempre, el derecho queda muy atrás de la tecnología. El debate queda abierto, las opiniones, críticas y comentarios, darán un solo ganador, que somos todos los interesados en este hermoso tema, Derecho al Olvido y la Protección de Datos Personales.

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La autotutela administrativa, como expresión del poder de Estado, y como concreción de los cometidos sociales, está atada de manera inescindible al ordenamiento. La Administración Pública no goza de libertad dispositiva de potestades, por el contrario todo halla inicio y fin en las normas. Cuestión esta, que hace que se encause el hacer con el deber hacer para la realización del bienestar social. Bienaventuranza que se muestra como la mayor aspiración grupal, la cual hace que, las sociedades, de manera correlativa, se tornen más apacibles de manera temporal. No obstante, la dicha perseguida no se muestra paquidérmica, por el contrario, los escenarios de ventura, que inspira la colectividad, se tornan día a día más progresivos. De ahí que sean, los momentos de prolongada quietud, los gestores de los más trascendentales cambios estructurales administrativamente hablando. Por consiguiente lograr el equilibrio social, a partir de la realización del bienestar, invita a una verdadera ejecución de fines. Mismos, que requieren de una dinámica administrativa robusta que conlleva el ejercicio de potestades y de la iniciativa para la toma de decisiones libres y oportunas, entre otras, que materialicen los cometidos normativamente propuestos. Ahora, esta persecución de gozo también halla otros límites distintos al ordenamiento como, por ejemplo, los recursos públicos. El presente texto encausa el referido contexto buscando acercarse a determinaciones como el Estado, el poder, la autotutela administrativa, la autotutela ejecutiva, la decisión ejecutoria y demás. De ahí que, su lectura, persiga el entendimiento administrativo actual. 

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