El -Código de Minas Comentado- contiene una recopilación de las normas que comprenden la legislación minera vigente, con sus correspondientes concordancias, jurisprudencia y doctrina relevantes, así como los comentarios de la autora, que orientan al lector en la aplicación e interpretación de las mismas.
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo refleja la preocupación del Legislador por modernizar la gestión publica conforme a los parámetros de la Constitución de 1991 y a las tendencias contemporáneas del derecho administrativo. La constitucionalización y convencionalización de esta rama del derecho, el fortalecimiento de los derechos de los administrados, la redefinición de las competencias jurisdiccionales y de los medios de control, así como el reforzamiento de las medidas cautelares y la incorporación de avances tecnológicos en la gestión y en la jurisdicción, constituyen sus pilares fundamentales.
Los treinta y nueve docentes investigadores que participan en la obra con sus comentarios exponen el alcance y la caracterización de cada uno de los artículos del Código con un enfoque doctrinal que integra la valoración de las importantes reformas legislativas introducidas y la nutrida jurisprudencia constitucional y administrativa. En esta edición, el lector encontrará enriquecidos los comentarios gracias a los enlaces informáticos a la jurisprudencia y doctrina citadas, en la versión digital, contenida también en la extensa base documental de más de 600 referencias, accesible mediante código OR de la versión impresa.
Este libro es el resultado de un proceso de investigación adelantado por los profesores del Departamento de Derecho Laboral y Seguridad Social, en el que se analizan algunas de las problemáticas actuales de esta disciplina que se han evidenciado a lo largo de los 30 años de vigencia del sistema integral de seguridad social creado con la Ley 100 de 1993.
La consagración constitucional del derecho a la seguridad social, no solo como un servicio público que se presta bajo la orientación y dirección del Estado, sino también como un derecho fundamental autónomo. ha resignificado el alcance de este derecho y de las instituciones que conforman el sistema. De allí han surgido interesantes debates de raigambre constitucional acerca de la inclusión de la familia de crianza en la acción protectora de la seguridad social o la garantía del derecho a la salud de la población migrante o el acceso a las técnicas de reproducción asistida a través de la seguridad social, por señalar solo algunos ejemplos que son abordados en este estudio.
Hay ciertos conceptos, principios y reglas que con las variantes y articulaciones propias de cada ordenamiento jurídico-conforman las disciplinas modernas del resarcimiento del daño. Entre otros, se destacan la causalidad y la previsibilidad como criterios para seleccionar daños resarcibles, daño emergente, lucro cesante, daño moral, exclusión de los perjuicios imputables a la víctima, requisito de la certeza del daño, compensatio lucri cum damno, principios de reparación integral y, su antagonista, la limitación de su alcance a la reintegración del bien específicamente afectado.
Sus fundamentos se encuentran en las elaboraciones teórico-prácticas de los juristas romanos. En las páginas de este libro se reconstruyen los contextos originarios de producción y aplicación de algunas soluciones que sirvieron de base para la elaboración de conceptos, principios y reglas, y se da cuenta de los debates entre juristas acerca del carácter justo o injusto de las soluciones, los intentos de expansión de esas soluciones a casos análogos y los problemas que se generan en su concreta aplicación. Un examen exhaustivo y crítico de las fuentes romanas y de la doctrina en la materia muestra la riqueza de modelos interpretativos del debate jurisprudencial romano, que también sirve como modelo para la ciencia jurídica actual, con la que el autor aspira a establecer un fructífero diálogo y comparación.
Esta obra de Maria Floriana Cursi aborda la materia de la responsabilidad civil extracontractual con notable profundidad, sistematicidad, erudición y claridad. Además, resulta particularmente importante, pues estudia la temática con un enfoque histórico dogmático, estableciendo los puntos de continuidad y de ruptura de la moderna responsabilidad aquiliana con la tradición romana arcaica y clásica.
La autora, si bien abarca vastos ámbitos de la responsabilidad extracontractual, presta particular atención a tres aspectos de esta materia. Primero, a los criterios de imputación de la responsabilidad y a la perenne oscilación entre los criterios objetivos y los subjetivos; luego, a las diversas concepciones del daño y a su relación con la extensión-del resarcimiento; y finalmente, al objeto de tutela y al alcance de la actio de dolo romana, así como a su potencialidad para tutelar los daños puramente patrimoniales.
Esta obra, que se presenta traducida al español, constituye un aporte significativo a los debates contemporáneos en torno a la responsabilidad extracontractual en los ordenamientos jurídicos latinoamericanos.
La ausencia de un análisis integral del Derecho Administrativo de Bienes en Colombia es razón suficiente para revisar sus bases y alcances. Partiendo de la noción de propiedad pública y de su régimen constitucional, es posible construir una definición de los bienes públicos -particularmente de los de uso público-, lo que permitirá entender los elementos que la caracterizan; este enfoque implica la revisión completa de su régimen jurídico a la luz de la idea fundamental de explotación social y económica de la propiedad pública. A esta protección -la de la propiedad pública, la del uso público y la del usuario- se debe integrar un nuevo acercamiento al régimen de las ocupaciones privadas.
El Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, bajo la dirección del profesor Ramiro Bejarano Guzmán, pone a disposición de la comunidad académica y jurídica en general este libro, en el que se han recogido varios trabajos de investigación con los cuales se abordan, desde distintas perspectivas, múltiples asuntos que se relacionan con los temas probatorios. En este sentido, el hilo conductor que une todos los trabajos reunidos fue la preocupación de los autores por analizar y exponer aspectos de interés que resultaran novedosos o problemáticos, teniendo presente, en particular, la puesta en funcionamiento del Código General del Proceso a partir del año 2016. Conviene señalar que la metodología empleada por los autores consiste en la revisión y análisis de textos doctrinales, normativos y jurisprudenciales y en la reflexión crítica de los asuntos problemáticos que surgen de ellos en cuanto a cada uno de los temas abordados. El libro se compone de veintiún capítulos agrupados en tres partes. En la primera se tratan temas relacionados con la teoría general de la prueba, el derecho probatorio general y el razonamiento probatorio. En la segunda se aborda el estudio de algunos medios de prueba en particular, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Código General del Proceso. Por último, en la tercera parte se analizan ciertos asuntos probatorios en contextos más específicos.
¿Cuáles la función del derecho agrario en Colombia? Este ensayo se plantea dicha pregunta constantemente. El derecho agrario ha evolucionado desde la producción de alimentos y el acceso a la tierra de los campesinos -hacia la regulación de diversos actores en minería, agroindustria, turismo, servicios ambientales, energía, entre otros. El uso de la tierra y sus efectos sobre la sustentabilidad de los recursos naturales amplía el marco de intervención del derecho agrario hacia un derecho de tierras integral capaz de brindar respuestas al calentamiento global.
El ensayo sostiene que el papel del Estado es arbitrar las conflictividades rurales. Es la aplicación de un derecho dinámico que imparte justicia en los territorios mediante la ponderación de las variables ambiental, social, económica y cultural. En el caso de Colombia, que busca superar un conflicto armado prolongado, es un derecho transicional de tierras que observa sus causas e impone correctivos diseñados por mecanismos transicionales para prevenir su reproducción y promover así la reconciliación local y nacional.
El libro estudia la Resolución de la ONU (2018) que reconoció como sujetos de protección especial a los campesinos. Ilustra la histórica omisión del Estado y los riesgos de ineficacia en su papel regulador. Analiza los efectos del conflicto armado en los campesinos víctimas y el enfoque de justicia restaurativa que aplica el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Plantea un modelo de reparación colectiva y simbólica que profundiza la paz territorial y el diálogo social iniciado por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para que el derecho de tierras cumpla los objetivos de la justicia transicional.
Los derechos humanos laborales, situados en el derecho internacional, ocupan una centralidad fundamental en la globalización de la economía, en razón a que los propios límites de los ordenamientos nacionales les impiden regular este fenómeno social Que trasciende las fronteras. Así, los derechos humanos laborales -intersección jurídica de los derechos laborales y los derechos humanos- son la respuesta jurídica Que protege la libertad en el mundo del trabajo global izado. En esta tercera edición corregida y ampliada del libro se abordan los derechos humanos laborales desde tres perspectivas jurídicas conjuntas: la filosofía del derecho, para justificar su fundamentación; el derecho internacional de los derechos humanos, para redefinir el contenido de los derechos laborales; y el derecho internacional del trabajo, para conjugar la tradición de las normas internacionales del trabajo y los instrumentos internacionales de derechos humanos. En la evolución de la Organización Internacional del Trabajo podemos retratar este permanente proceso inconcluso; de ahí que el libro ponga el énfasis en analizarlo en las entrañas de esta entidad.
En el debate sobre el dolus eventualis, las teorías de la voluntad y la representación enfrentan críticas por fundamentar la diferencia entre dolo y culpa en elementos puramente psicológicos, como el “elemento actitudinal”. Este elemento, aunque central para dichas teorías, resulta vago, subjetivo y de difícil comprobación en contextos forenses, lo que genera inseguridad jurídica e, incluso, arbitrariedad. Una aproximación más sólida propone que la verdadera distinción radica en el contenido objetivo de la representación del autor al crear un peligro para el bien jurídico, considerando su magnitud, inmediatez y claridad. Así, el dolus eventualis se entiende como una extensión del dolo directo, donde el peligro doloso surge como una consecuencia necesaria de los efectos buscados por el autor, permitiendo una diferenciación más objetiva y fundamentada entre dolo y culpa.
La presente obra tiene como objetivo encontrar criterios sustanciales de valoración del cumplimiento de las obligaciones que contribuyan a la construcción de una consideración de la conducta del deudor, en la ejecución de las prestaciones a su cargo, capaz de reflejar la importancia de este concepto para el derecho civil, pues el cumplimiento es la más perfecta realización del contenido de la obligación: hacia él está destinada fisiológicamente desde que nace, ya que solo a través del mismo despliega plenamente su función social. El cumplimiento, en suma, es la única vía que permite la materialización de la colaboración intersubjetiva que el derecho aspira a facilitar y tutelar por medio de la obligación como categoría jurídica.
Nuestro propósito se encuentra justificado en la convicción de la insuficiencia de los mecanismos que en la actualidad se utilizan para evaluar el comportamiento del deudor al dar cumplimiento a sus compromisos, por cuanto dichos mecanismos se encuentran restringidos a la mera verificación de la correspondencia entre fuente de la obligación y conducta efectivamente desplegada en términos de sujetos, tiempo y lugar del pago, así como a una confrontación formal de los señalados extremos que permita concluir que el pago es idéntico y completo respecto del título que lo impone.
Asimismo, nos motiva la preocupación que proviene de constatar que en el derecho civil contemporáneo el lugar por antonomasia en el que se evalúa con mayor detalle y atención la conducta del deudor es el de la responsabilidad civil. En nuestra opinión, esta manera de afrontar las problemáticas relacionadas con el comportamiento de aquel sobre el que pesa una obligación ha contribuido a la difusión, tal vez silenciosa, de una percepción de las obligaciones como compromisos respecto de los cuales puede elegirse entre cumplir o indemnizar, con lo cual se pone en grave peligro la capacidad de las obligaciones y contratos como estructuras jurídicas que permiten la realización de la autonomía privada y la solidaridad entre individuos que se necesitan mutuamente.
Qué grato tener una obra densa pero a la vez atractiva, sobre un tema tan antiguo como la propia especie y siempre novedoso como es el del daño. El autor ofrece aquí las primicias de un empeño prolongado y asiduo de investigación. Concebida y escrita con rigor metodológico, a partir de un plan severo, como corresponde a la etapa francesa de su autor, esta obra cuyo origen se encuentra en su proyecto de tesis doctoral en la Universidad de Paris, en el ánimo de cotejar los dos derechos en materia de responsabilidad de la Administración pública por los daños que llegue a ocasionar a los particulares, contiene un acopio monumental de información jurisprudencial y doctrinaria, que cubre, sin exagerar, íntegra la evolución de la responsabilidad del poder público en ambos países, clasificada, analizada y traída a colación con la mayor pertinencia. Pero, adicionalmente a dicho aporte, de suyo significativo, es apreciable el hilo conductor de la actitud crítica y constructiva de un estudioso que a la pesquisa agrega la experiencia, no por breve menos fructífera, que tuvo, primero como auxiliar en la Sección Tercera del Consejo de Estado, y luego como Procurador Delegado ante la misma y Procurador que alentó el llamamiento en garantía al funcionario causante del estropicio y lo puso en práctica.
