La obra “Crímenes de Guerra” corresponde al tercer tomo de la obra de mayor amplitud “Crímenes Internacionales”. En esta publicación se estudian las diversas conductas a partir del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, los estatutos especiales para Ruanda y la ex Yugoslavia, y el Estatuto de Roma se califican como crímenes de guerra. Como estudio preliminar se ofrece al lector un análisis a manera de “Parte General» de los aspectos generales de los crímenes de guerra, su estructura y elementos objetivos y subjetivos, ámbito de ampliación, circunstancias de justificación y exculpación, el análisis de la “responsabilidad de los jefes y superiores” y su relación con la legislación penal nacional.
Este libro es el resultado de la investigación adelantada en las cátedras de Derecho Probatorio y Medios de Prueba en Particular, dictadas por el autor en cursos de pregrado, posgrado y maestría en derecho. El libro ha sido dividido en tres títulos: 1) Los principios rectores del proceso judicial; 2) Los principios rectores de la prueba; y 3) Los medios de prueba en particular. El primer título se dedica al estudio de los principios que informan los procesos en general; el segundo al estudio de los fundamentos de la aplicación del derecho probatorio, y el último, al estudio en particular de los medios de prueba en las diversas legislaciones, contenido que se mantiene por la relevancia, cada vez mayor, del estudio de los principios que tienen ascendencia en el derecho procesal y sin los cuales la lectura, comprensión y aprehensión de un estatuto tan novedoso como el Código General del Proceso, sería un ejercicio incompleto o aún vacío. En esta edición, se suprimieron todos los estudios relativos al proceso regido por el Código de Procedimiento Civil, para abordar las pruebas reguladas en el Código General del Proceso. Igualmente, se suprimieron algunas referencias al proceso penal, al laboral y al contencioso administrativo, salvo necesarios paralelos que se estimaron necesarios para un mejor abordaje del estudio de algunas instituciones probatorias del derecho procesal civil. En ediciones anteriores se hizo mención del uso de tecnologías, y en esta se incluyen las previsiones de la Ley 2213 de 2022 y la reforma a la Ley 270 de 1996, que para la fecha en que se culminó de redactar el texto aún no ha sido sancionada, pero que cuenta con un importante pronuncia[1]miento de la Corte Constitucional en la sentencia C-134 de 2023, en la que se estudiaron las reformar introducidas a los artículos 122 y 123 de la ley
Esta segunda edición de La policía judicial en el sistema penal acusatorio, con diez capítulos es producto de las vivencias y experiencias del autor como jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, que realizó investigaciones en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito y por violación de derechoshumanos, como también del desempeño como Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, en donde fue muy importante el acumulado que ese organismo traía desde la época de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, con un personal comprometido con la investigación criminal y el trabajo criminalístico y de las ciencias forenses.
Esta ley anunciada como el sanalotodo de nuestros variados, graves y tradicionales males, solo es una muestra más del crónico reformismo judicial propio de todos los gobiernos que se instalan y solo están bien provistos de improvisaciones. Acudiendo al conocidísimo apólogo es, más o menos, un parto de los montes: un ratoncillo jurídico. Y fue un parto asistido porque el proyecto original que contenía 80 artículos,• quedó en 111. Sus características: intensificar la supresión de beneficios a los procesados (aun tocando a los intocables menores de edad, aspecto que omitimos ahora comentar, asi sea perfunctoriamente, y esperar a que otros mas expertos lo hagan), con notoria involución del sistema acusatorio de reciente data, acelerar virtualmente el trámite, innovar delitos, modificar los vigentes y en especial aumentar penas sin ton ni son aunque se diga que todo ello es conclusión de científicos y sesudos estudios de politica criminal, que nadie conoce ni ha podido sopesar.Finalmente, obstinarse en mejorar la extinción de dominio que va de mal en peor hasta el punto que, en Colombia, sea un constante y absoluto peligro adquirir algo sin ser objeto de esa acción extraordinaria de purificación. La legislación en este punto no logra consolidarse ni acertar, sobre todo en la proteccion que merece el adquirente de buena fe.
