LIJURSANCHEZ

No se trata de un estudio profundo legal ni jurisprudencial el que ofrecemos en este libro. Tampoco se trata de hacer una transcripción de todas las disposiciones legales ni de explicar cada uno de los artículos que las contienen y sus procedimientos. Buscamos dar algunas luces con fundamento en las disposiciones legales vigentes, a las preguntas que en lo cotidiano las personas se formulan, debiendo por supuesto en aquellos casos de menor ocurrencia o de mayor complejidad acudir a la asesoría de un profesional versado en el tema. Pretendemos entonces poner en conocimiento algunos conceptos generales sobre los temas de mayor relevancia u ocurrencia al interior de las familias, haciendo claridad sobre cuáles son las vías más propicias para procurar solucionar las diferencias que tanto daño hacen al núcleo familiar y que tal vez con una adecuada asesoría y desde luego a partir de darlas a conocer, se puede sobre ellas dar una solución que permita avanzar en la convivencia pacífica. Los te mas se presentan en forma de preguntas y respuestas y en un lenguaje comprensible a las personas y a aquellos profesionales del derecho que tengan interés en ellos y que puedan servir como aporte al conocimiento que ya posean al respecto. En otros libros publicaos por el autor se han decantado ya más a fondo las disposiciones sustantivas y los procedimientos que corresponden al extenso derecho de familia y que por lo reciente de aquellas publicaciones aún hoy pueden consultarse si de profundizar y encontrar mejores respuestas se trata.

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Surgido el interés por encontrar solución a la problemática jurídico-social que constantemente se viene presentando en torno al tema de la legitimación en las acciones colectivas, concretamente, en lo que hace relación con la inquietud: ¿Quién está legitimado para ejercer una acción colectiva? Se pasará en próximas líneas a consultar la opinión de doctrinantes y jueces, tanto nacionales como extranjeros, acerca del tema propuesto.He manifestado en el anteproyecto de este trabajo investigativo las inquietudes que me asaltan respecto a una serie de situaciones que, como se recordará, tienen en vilo la debida justiciabilidad de los derechos colectivos.En Colombia, al igual que en otros países de Iberoamérica, la solución es confusa. En algunos paises el ejercicio de tales acciones es para todos, o se limita a ciertas personas, en otros, a cierta clase de derechos colectivos y finalmente, en otros, simplemente, no hay solución al respecto.

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El Derecho Público de la Constitución de 1991, tuvo un sorprendente avance con las nuevas instituciones, órganos, competencias y acciones que allí se generaron. No así puede preconizarse de la ley que, a la zaga, sólo ha salido esporádicamente con puntos de lanza en materias trascendentes como en la distribución de competencias fiscales, los servicios públicos, el urbanismo y el comercio electrónico. Y pare de contar.

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Reliquidación IPC •Partidas computables •Subsidio familiar •Indemnizaciones •Pensión de sobreviviente por muerte en actos del servicio o combate •Pensión de invalidez con 50% •Nivel Ejecutivo de la PONAL •Decreto 754 del 30/04/2019 Al encontrarse el Sector Defensa exceptuado de la aplicación del Sistema General de Seguridad Social Integral, creado a través de la Ley 100 de 1993, se debe realizar por parte de los lectores, un análisis sistemático y detenido del mismo, toda vez que el legislador busco conceder prerrogativas especiales al personal adscrito a dicho dicho sector, en aras de incentivar y promocionar el Servicio al País. […].

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Después de realizar un minucioso análisis de la presente obra, fruto de CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S., empresa que ha venido ratificando su compromiso de colaboración tanto con la administración pública como con los particulares, y a partir de su amplia experiencia y conocimientos ganados con el ejercicio profesional, fortalecido en más de 23 años de experiencia en materia de Seguridad Social en Pensiones, ha visto la necesidad a través del tiempo de realizar un compendio de normas y jurisprudencia que sirve como material de apoyo y estudio para toda clase de personas. Mediante esta obra, el Dr. Gustavo Sánchez Puerta, fundador de la firma CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S, liderando el más calificado equipo de profesionales expertos en los diferentes temas pensionales en que se centran las preocupaciones de todas las personas en general y ante la incertidumbre pensional en ambos regímenes, ha querido compartir conceptos, normas y jurisprudencia actualizada, que será de suma utilidad para todo aquel que pretenda solucionar su situación pensional, trátese de un particular o de un operador jurídico calificado, lo que además constituye una herramienta de labor para aquellos a quienes compete la misión de decidir el presente pensional de miles de colombianos.

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«”Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.“Por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”».«”Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.“Por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”».

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Para la Confederación Colombiana de Consumidores, la Asociación de Consumidores de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la ACM, es un placer manifestar nuestro sentimiento de aprecio, estimación y dolor, en el marco académico internacional que rinde merecido homenaje a nuestro querido amigo, compañero, líder, padre, consultor, defensor de los derechos humanos y dirigente social, DON ANSELMIRO DE JESÚS BAÑOL SÁNCHEZ, cuyo legado y banderas se asumen  al interior del movimiento de los consumidores de Antioquia y Colombia, por ser un trabajo continuo y exitoso de más de cuarenta años dedicado a elevar el grado de conciencia comunitaria del país.

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En esta obra se hace una serie de consideraciones, anotaciones sobre la Ley 1826 de 2017, la cual fue, en principio, dentro del desarrollo legislativo, denominada de pequeñas causas. A la postre, no se establecieron en ella pequeñas causas, sino solo un procedimiento penal especial abreviado, para investigar y juzgar determinados delitos. Esta Ley comenzó a regir el 13 de julio de 2017, respecto de los hechos cometidos con posterioridad a esa fecha. Pero también tiene efectos retrospectivos. Se aplica, igualmente, para las conductas punibles ejecutadas con anterioridad a esa fecha, respecto de las cuales no haya realizado la imputación de cargos en los términos de la Ley 906 de 2004.En esta obra se hace una serie de consideraciones, anotaciones sobre la Ley 1826 de 2017, la cual fue, en principio, dentro del desarrollo legislativo, denominada de pequeñas causas. A la postre, no se establecieron en ella pequeñas causas, sino solo un procedimiento penal especial abreviado, para investigar y juzgar determinados delitos. Esta Ley comenzó a regir el 13 de julio de 2017, respecto de los hechos cometidos con posterioridad a esa fecha. Pero también tiene efectos retrospectivos. Se aplica, igualmente, para las conductas punibles ejecutadas con anterioridad a esa fecha, respecto de las cuales no haya realizado la imputación de cargos en los términos de la Ley 906 de 2004.

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Todo acuerdo de paz va encaminado a establecer un devenir mejor que el dado por las condiciones de la guerra, admitiendo que es posible la convivencia futura sin recurrir al uso de las armas para resolver las diferencias, reconociendo que existe una alternativa para invalidar la justificación de la violencia, invocándose el ius belli, como frágil puente entre la vida y la muerte, igual que el sufrimiento de la población y el futuro mejor que se atrevieron imaginar en el Acuerdo Final para la Paz.Con el deseo profundo de que los vaticinadores de la guerra no sean creídos, y los sucesos recordados aquí, una vez verificados, sean compartidos para que los profetas de catástrofes no tengan cabida. Para ello, y contrario a lo acontecido en el pasado al negar la existencia del conflicto armado interno para deliberadamente invalidar el DIH, las negociaciones de paz las abordamos desde la perspectiva del ius belli, a partir, inclusive, del ius ad bellum y de las disputas jurídicas surgidas por el Acuerdo Final, teniéndose no como un simple alegato pro domo, sino un auténtico proyecto para el futuro de obligatorio cumplimiento constitucional.El Estado colombiano no está aislado, ya que pertenece a la comunidad formada por el conjunto de estados que se han adherido a los tratados humanitarios. Así, los demás están en su derecho de querer asegurarse que las partes en conflicto respeten el ius pots bellum, igual que tienen la obligación de velar porque los contendientes en el conflicto acaten estos tratados con base, precisamente, en que las normas jurídicas no pueden por sí solas solucionar los problemas causados por el conflicto, menos que ninguna organización podría, por sí sola, encargarse de resolverlos. De allí que, buscando que las víctimas de la guerra gocen de una mejor protección, se hizo necesario, de un lado, el DIH y, de otro, la acción directa de las partes en el conflicto para terminar la guerra.

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Después de 27 años de la constitución política 1991, cabe preguntarse ¿Cuál es el estado actual del modelo de prestación de servicios públicos domiciliarios en Colombia? Para aportar a esta respuesta, en esta obra se estudian cuatro temas: i) la naturaleza de los servicios públicos domiciliarios; ii) la evolución histórica de los servicios públicos domiciliarios en Colombia, iii) el régimen jurídico vigente de los servicios públicos domiciliarios en Colombia; y, iv) una visión en prospectiva del modelo de prestación de los servicios públicos domiciliarios.

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La ejecución de la pena constituye un aspecto de la materialización del ius puniendi del Estado, entendido este con la aptitud legal para sancionar a sus administrados, esencia que lo convierte <> dentro del contexto cotidiano de una sociedad. En consecuencia , la vigilancia de la sanción penal se configura como estructura que articula el rigor sancionador del poder estatal sobre las conductas punibles y emerge también como andamiaje coadyuvante de la resocialización del condenado, deber igualmente del Estado, surgido dentro de la relación de especial sujeción que se establece con el sentenciado.

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En esta obra se habla del contrato de arrendamiento de locales comerciales. Igualmente, de la resolución de las diferencias entre arrendador y arrendatario de dichos locales, al momento de la renovación del contrato respectivo. Del mismo modo, de la fijación judicial del canon de arrendamiento cuando los contratantes no han podido acordar al respecto. Así mismo, se trata de los derechos, tanto del arrendador como del arrendatario. También se hace un análisis del proceso verbal de restitución del inmueble. Se incluyen jurisprudencias atinentes al tema y se presentan modelos de contratos alusivos al asunto.

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