Civil

No se trata de un estudio profundo legal ni jurisprudencial el que ofrecemos en este libro. Tampoco se trata de hacer una transcripción de todas las disposiciones legales ni de explicar cada uno de los artículos que las contienen y sus procedimientos. Buscamos dar algunas luces con fundamento en las disposiciones legales vigentes, a las preguntas que en lo cotidiano las personas se formulan, debiendo por supuesto en aquellos casos de menor ocurrencia o de mayor complejidad acudir a la asesoría de un profesional versado en el tema. Pretendemos entonces poner en conocimiento algunos conceptos generales sobre los temas de mayor relevancia u ocurrencia al interior de las familias, haciendo claridad sobre cuáles son las vías más propicias para procurar solucionar las diferencias que tanto daño hacen al núcleo familiar y que tal vez con una adecuada asesoría y desde luego a partir de darlas a conocer, se puede sobre ellas dar una solución que permita avanzar en la convivencia pacífica. Los te mas se presentan en forma de preguntas y respuestas y en un lenguaje comprensible a las personas y a aquellos profesionales del derecho que tengan interés en ellos y que puedan servir como aporte al conocimiento que ya posean al respecto. En otros libros publicaos por el autor se han decantado ya más a fondo las disposiciones sustantivas y los procedimientos que corresponden al extenso derecho de familia y que por lo reciente de aquellas publicaciones aún hoy pueden consultarse si de profundizar y encontrar mejores respuestas se trata.

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Mientras se desarrolla un software inteligente por el Consejo Superior de la Judicatura en procura primordialmente de la unificación de procedimientos y criterios en la ardua tarea que cumplen las relatorías de todos los órganos judiciales del país y que logre integrarlas, estamos comprometidos en nuestra corporación a mejorar los niveles de producción de providencias judiciales y los tiempos en las labores minuciosas de relatoría y de publicación de las más relevantes y emblemáticas, sobre todo de las que vayan trazando el camino dialéctico y cambiante del desarrollo de las líneas jurisprudenciales, utilizando para ello todas las alternativas disponibles de publicidad y difusión de nuestras providencias judiciales, como lo es, la edición y lanzamiento de la primera Revista Jurisprudencial de la Corporación auspiciada por la Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S. (Lijursánchez). En esta fausta oportunidad, la revista de marras contiene 30 providencias judiciales con sus respectivas fichas de relatoría, a saber: 15 de la Sala laboral, 11 de la Sala Civil y 4 de la Sala de Familia, la cual, sin lugar a duda, se convertirá también en una buena fuente de consulta de la comunidad jurídica en general y judicial del país.

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Celebro la extraordinaria labor de Alejandro Gaviria y Johanna Zapata, editores académicos de algunas obras colectivas que se vienen publicando en Colombia sobre Derecho y diversas manifestaciones de la cultura popular, las letras y las artes. Copiosos trabajos han reunido, en esta ocasión, provenientes de varios autores que en este libro ofrecen diversas miradas, a través de dos caminos específicos: unos parten de conceptos jurídicos para vincularlos con los hechos o casos presentados en las series, y otros inician con la evaluación de secuencias, escenas, actos, episodios o la serie en su conjunto, para luego detenerse en el estudio de categorías propiamente jurídicas. Esa es la riqueza del texto que prologo […]. En este punto es importante recordar que el Derecho es la vida misma. Una buena serie, en este sentido, permite estudiar e interpretar otras realidades, otros contextos que terminan conectándose con el Derecho. Cualquier obra de ficción sobre conflictos, injusticias, problemáticas sociales, dramas familiares, entre otros, con seguridad, hacen pensar en el Derecho. Al menos este ejercicio es inevitable para los abogados. Martín Agudelo Ramírez

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n la presente obra, se pretendió aprovechar el conocimiento que el autor ha adquirido en materia probatoria a lo largo de su carrera profesional y   desde la docencia para bosquejar, en forma de compendio, la aplicación del proceso oral actual en las diversas jurisdicciones que hoy en día, dada su implementación en este campo, se hace más que necesario. Por lo tanto, y dado que en la actualidad no existe un estudio similar que profundice en gran medida el ámbito probatorio en las jurisdicciones laboral, penal, administrativa y civil 

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Noción preliminar, derecho y sociedad; moral y derecho positivo; derecho natural y derecho positivo; derecho como ciencia; derecho objetivo y derecho subjetivo; norma jurídica, elementos de la norma jurídica, clasificación, ordenamiento jurídico; derecho positivo en particular, ramas del derecho, derecho colombiano; fuentes del derecho, ramas del derecho en general, ramas del derecho colombiano.

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Esta Edición (Vigésima Segunda), impresa y digital, motiva al Autor para insistir, con inusitado entusiasmo, en una reforma del Código Civil, al tener presente que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional entregó, recientemente al país un Proyecto de Reforma de Código Civil de Colombia, con visión y perspectiva de incorporación de nuevos y modernos Contratos. Además de los contratos comerciales, que se incluirían en el nuevo Código Civil, en razón de la unificación de los contratos civiles y comerciales, se propondría incluir comentarios al elenco de normas que se incorporen en el nuevo ordenamiento privado, amplio y moderno. Entonces, supuestamente los CONTRATOS a comentar, en próximas ediciones, de aprobarse la Reforma, serían: compraventa, permuta, donación, suministro, fiducia, mutuo, factoraje, transacción, arrendamiento, leasing, hospedaje, comodato, depósito y secuestro, obra, prestación de servicios, transporte, mandato, preposición, comisión, corretaje, consignación o estimatorio, cuenta corriente, consorcio, agrupación de interés económico, cuenta o negocio en participación, concesión, distribución, agencia comercial, anticresis, hipoteca, financieros, seguro, edición, juego y apuesta y renta vitalicia.

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Decreto 960 de 1970 – Notariado Ley 1579 de 2012 – Registro Contiene las modificaciones, reglamentaciones y normas conexas del Notariado y Registro Leyes: 2220 de 2022; 588 de 2000; 29 de1973; Decretos: 2106 de 2019; 911 de 2017; 1895 de 2016; 2205,1858,1664, 2015, 1310,1227 de 2015, 2148 de 1983 y 2163 de 170 Contiene el Decreto 1609 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho

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Acto Legislativo Nº 01 de 2017 Jurisdicción especial para la paz; Decreto Reglamentario 1592 de 2017 y Decreto 2107 de 2017Leyes 585 de 2000; 771 de 2002; 1285 de 2009; 1743 de 2014; 1781 de 2016Actualizada en armonía con la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y con la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) Con la reforma de la ley 2430 de 2024

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Leyes 84 de 1873; 57 y 153 de 1887, 67 de 1930; 45 y 50 de 1936; 165 de 1941; 201 de 1959; 1 de 1976; 29 de 1982; 11 de 1984; 25 de 1992;  222 de 1995; 791 de 2002; 820 de 2003; 1060, 1098 y 1116 de 2006; 1306 de 2009; 1564 y 1579 de 2012; 1676 de 2013; 1774 de 2016;  1934 de 2018; 1996 de 2019; 2097, 2129 y 2089 de 2021. Contiene la Ley 2229 de 2022 – Crea el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos, y se impide al victimario ser titular del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de ésta. Decretos 1260 de 1970; 2820 de 1974; 772 de 1975; 12 de 1984; 1712 de 1989 Decreto 1310 de 2022 – Reglamentario de la Ley 2097 de 2022 sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM

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Podríamos decir que desde el Código Judicial contenido en la Ley 105 de 1931, que determinaba la manera en que se adelantaban entre nosotros los procedimientos judiciales, pasando por las diferentes normativas especiales, como ocurre con el Código de Procedimiento Penal de 1938 y de 1971, el Código de Procedimiento Civil, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procedimientos y trámites, era realmente muy poco.  Esta revolución tecnológica se presenta, en nuestro sentir, en tres momentos, marcados por los cambios normativos, y por supuesto, el avance de las tic.  En un primer momento aparece una nueva normativa que viabiliza y propende por una sucesiva implementación de las tic en los procesos judiciales. La Constitución Política de 1991 y la consecuente expedición de la Ley 270 de 1996, desarrollan el derecho fundamental a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, y, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia formula la idea de avanzar en la implementación de la tecnología en el servicio público esencial de la Justicia.  Ya para entonces, para los años 90, los Despachos Judiciales de nuestro país comenzaban a dejar atrás las máquinas de escribir que eran parte del paisaje de los Juzgados y pasaban a los computadores y las impresoras. Incluso, en algunos Despachos se permitió el envío de documentos vía fax, aun cuando la radicación y el archivo de documentos siguió siendo la costumbre, básicamente, hasta la pandemia.  La llegada del Siglo XXI trajo a Colombia una sucesiva reforma de los Códigos de Procedimiento Penal, Civil y Contencioso Administrativo, disposiciones todas que hacen una apuesta por la implementación de las tic, y la oralidad como un criterio modulador de la actuación, lo que permitió la realización de algunas diligencias por la vía de lo que se denominaba para entonces la “videoconferencia”. Aún con una normativa generosa que permitía la aplicación de las tic a las actuaciones judiciales, la práctica judicial colombiana marcada por la desconfianza hacia la tecnología seguía rindiendo culto a la actuación por escrito, y las diligencias se realizaban en los despachos judiciales, en los que el único cambio fue que se cambiaron las extensas transcripciones por la grabación en audio o video de las actuaciones.  Con ocasión del advenimiento de la pandemia del covid-19 en marzo del año 2020 Colombia entró en un confinamiento obligatorio que llevó al desafío de resolver la manera de impartir justicia cuando todos los ciudadanos estaban en sus casas. En un primer término, se suspendió la prestación del servicio de justicia en las áreas civil, comercial, laboral, administrativo, y, en general, todas, con excepción de la penal, que se desarrolló de manera presencial con las medidas de bioseguridad del caso.  Sin embargo, rápidamente, en aplicación a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004 jueces, fiscales y abogados rápidamente pasaron a las audiencias virtuales y encontraron los múltiples beneficios que dispensan. Mayor seguridad en el almacenamiento de la información, seguridad para testigos y víctimas, reducción de las circunstancias que conducen a la frustración de las diligencias, fueron apenas algunas de las ventajas que aparecieron para todos los colombianos. La llegada de la virtualidad a la administración de justicia no solamente supuso la realización de audiencias telemáticas, sino también la radicación de los documentos a través del correo electrónico o incluso aplicaciones de mensajería instantánea, la digitalización de los expedientes y el archivo de las actuaciones en la nube, en condiciones de seguridad y trazabilidad de las actuaciones.  Ante las ventajas que eran evidentes para todos los ciudadanos se expidió el Decreto 806 de 2020 que dispuso la realización de audiencias virtuales, radicación de documentos vía electrónica y toda una puesta en marcha de una justicia digital, acorde a los tiempos que corren. Se dispuso una vigencia de 2 años a partir de su promulgación, en tanto que se pensaba inicialmente como una medida coyuntural mientras se superaba la pandemia. Superada esta crisis sanitaria, para el año 2022 un amplio movimiento donde intervinieron todos los actores del sector justicia clamaron por el mantenimiento de la justicia digital y es así como el Decreto 806 de 2020 se convierte en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022.  La Justicia Colombiana en apenas dos años tuvo un avance sin precedentes, tanto desde las prácticas como desde lo normativo a través de las experiencias de aprendizaje que dispensó un evento tan lamentable como lo fue la pandemia.  Justo en el momento en que los colombianos valoraban y ponderaban los avances de las tic en la administración de justicia, la Sentencia C-134 de 2023 proferida por la Corte Constitucional nos retornó a la Justicia del año 1999. Al ordenar la realización de juicios presenciales con argumentos basados en sesgos y prejuicios, con una sorprendente falta de rigurosidad se dispuso un retroceso en detrimento de todos los ciudadanos y de la Administración de Justicia. Es, por decir lo menos, lamentable, que una Corte que en otros tiempos generaba admiración en todas las latitudes por su carácter disruptivo y progresista tomara una decisión como esta, quedando como consuelo el que la tecnología nos rebasa, hoy podemos estar atónitos frente a una realidad que es incomprensible, pero que será cosa del pasado en muy poco tiempo, cuando veamos los efectos que esta decisión va a tener para todos los colombianos. 

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Tema: “La intervención oficiosa  del Juez en el proceso ordinario de menor cuantía: un modo de afectar las garantías constitucionales al debido proceso, el derecho a la defensa  e igualdad de las partes.  Las hipótesis de partida son: 1. “Cuando el Juez interviene de oficio en cualquier etapa del proceso lo desiguala y afecta directamente su impartialidad al ser parte del litigio […].

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Código Sustantivo del Trabajo: Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral (modificada por la ley 1622 de 2013); Ley 1822 de 2017 nueva norma de licencia de maternidad; Ley 1823 de 2017 salas amigas de la familia lactante del entorno laboral Incluye: Ley 2088 de 2021 – trabajo en casa; Ley 2141 de 2021 – fuero de paternidad; Ley 2114 de 2021 – licencia de paternidad; Ley 2101 de 2021 – reducción jornada laboral; Ley 2121 de 2021 – régimen de trabajo remoto; Ley 2174 de 2021 isaac – establece parámetros para la protección y cuidado de la niñez en estado de vulnerabilidad especial; Ley 2209 de 2022 – prescripción de acciones por acoso laboral; Contiene reglamentación del Teletrabajo (Decreto 1227 de 2022) Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: Decreto Ley 2158, Decreto Ley 4133 de 1948; Ley 712 de 2001, Ley 1149 de 2007 Incluye: Ley 2213 de 2022 – establece vigencia permanente del Decreto 806 de 2020 Contiene cuadros sinópticos

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