Mi primera aproximación a la ya reputada obra jurídica del jurista y profesor MAURICIO RODRIGUEZ TAMAYO ocurrió por cuenta del azar, ya hace varios años. En efecto, cuando me encontraba preparando algún trabajo sobre el proceso ejecutivo cayó a mis manos un libro suyo titulado “ LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” que obviamente despertó mi curiosidad, tanto más cuanto que para ese momento no se conocían en la doctrina nacional trabajos sobre la materia. Recuerdo haber recorrido el trabajo de ese novel autor que irrumpía con fuerza y contundencia en el panorama nacional, por lo que cité en el documento que entonces preparaba un aparte sustancioso y pertinente sobre la definición de los procesos ejecutivos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.
Esta nueva edición de la “LA ACCIÓN EJECUTIVA ANTE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA”, la única que en el país ha abordado en forma extensa y suficiente esta disciplina, sin duda es una obra que está llamada a perdurar por los temas abordados y su profundidad. Puede decirse, sin temor a exagerar, que quien lea este libro quedará en posesión de ilustración suficiente sobre la materia de las ejecuciones en esta área contencioso administrativa, y estará en capacidad de enfrentar un litigio de esta naturaleza, bien como juez o magistrado, asesor o estudiante.
El tratado que hoy se pone de nuevo a disposición de la comunidad jurídica sienta los presupuestos dialécticos necesarios de la discusión, porque no ahorra esfuerzos para tratar el concepto del contrato estatal frete a sus complejos requisitos de perfeccionamiento, ejecución, presupuestal, la aprobación de las garantías y el acatamiento de otros requisitos legales.
Sobre ese presupuesto el profesor RODRÍGUEZ TAMAYO aborda con extensión justificable el estudio del título ejecutivo derivado de los contratos estatales y sus aspectos procesales, como lo relacionado con el complejo aspecto sobre si el silencio administrativo positivo puede o no considerarse título ejecutivo, aspecto que resuelve que convicción y maestría. También incluye esta visión panorámica las diferentes aristas de documentos constitutivos de ejecución, como la de la factura electrónica, tan debatida por estos días. No hay un solo escenario de ejecución de los que se presentan y discuten hoy, que no aparezcan en este texto, de manera que el lector puede tener la seguridad de encontrar aquí información sobre muchas situaciones que en la vida práctica de esta forma de ejecuciones suelen presentarse, asociadas todas a los contratos estatales y su exigibilidad.
Aquí también el profesor RODRÍGUEZ TAMAYO abunda en el examen de las diferentes posibilidades de ejecución, sin omitir ninguno de los distintos escenarios de la misma, como las obligaciones judiciales aprovisionadas en el Fondo de Contingencias, los Acuerdos de Pago celebrados por entidades estatales, el novedoso incidente de aprobación de la oferta de revocatoria propuesta por un ente público demandado y aceptada por el demandante en un proceso contencioso administrativo, los laudos arbitrales proferidos en controversias contractuales con entidades públicas, las conciliaciones prejudiciales y las que se logran en el trámite mismo de las ejecuciones.
En la segunda parte del libro, adicionalmente, también se encontrará el lector con la presentación minuciosa de las diferentes etapas del proceso ejecutivo administrativo, tales como la jurisdicción y competencia, los requisitos de la demanda con sus recientes reformas introducidas por el CPACA y la ley 2213 de 2022, el mandamiento ejecutivo, los medios de defensa, , la sentencia que se pronuncie sobre las excepciones, los recursos contra la misma incluyendo el extraordinario de unificación de jurisprudencia, la liquidación del crédito y, por supuesto, no podía faltar un acápite extenso y bien sustentado sobre el siempre complejo universo de las medidas cautelares en estos procesos de ejecución contencioso administrativa.
Esta obra contiene las principales novedades, legales, doctrinales y jurisprudenciales del proceso ejecutivo administrativo. Se incluyen las reformas procesales introducidas por el CPACA, el CGP y el Decreto Legislativo 806 de 2016. De la misma forma, se revisan algunos criterios que se mantienen de las pasadas ediciones y se incluyen nuevos temas para ampliar el estudio de este proceso especial que resultó robustecido y que dieron lugar a la implementación definitiva de la justicia.
Esta obra contiene las principales novedades, legales, doctrinales y jurisprudenciales del proceso ejecutivo administrativo. Se incluyen las reformas procesales introducidas por el CPACA, el CGP y el Decreto Legislativo 806 de 2020. De la misma forma, se revisan algunos criterios que se mantienen de las pasadas ediciones y se incluyen nuevos temas para ampliar el estudio de este proceso especial que resultó robustecido con la Ley 2080 de 2021 y con los desafíos impuestos por el COVID-19 que dieron lugar a la implementación definitiva de la justicia digital.
La presentación de este trabajo tiene por objetivo hacer un análisis, de forma crítica, del alcance del contenido de las normas que regulan la ley 258 de 1996 y demás normas que la adicionan, reforman o modifican, que tratan sobre la protección del bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, con destino a la habitación de la familia, llamada «Afectación de la Vivienda Familiar» o comúnmente conocida como la ley de la doble firma.Del contenido de esta normatividad vigente a partir del 18 de Enero de 1996, se desprende que inicialmente el propósito era de proteger el grupo familiar, luego de los debates en la Cámara y Senado, terminó amparando solo el patrimonio con relación a un bien (El destinado a la habitación de la familia).El desarrollo de los diferentes temas y estudiados las distintas inquietudes en su aplicación y efectos, hemos querido hacer claridad en algunas apreciaciones jurídicas en su operancia notarial y registral, con ánimo de despejar dudas y dar pautas para una mejor interpretación que permita una mayor efectividad jurídica en beneficio de la sociedad.De manera breve, pretendemos hacer un cuadro comparativo entre el patrimonio de familia inembargable y la ley de afectación a vivienda familiar, observando ventajas o desventajas de una y otra institución familiar, en cuanto a su cobertura en el ámbito familiar, la naturaleza del bien protegido y sus efectos y aplicación.
La ciencia de la labia abarca múltiples temas mediante argumentos sólidos, basados en análisis profundos del comportamiento humano, teorías científicas y teorías y experiencias espirituales. Cada palabra y cada capítulo están fuertemente orientados hacia la obtención de resultados concretos, y esta es la más fuerte promesa que se le da al lector durante todo su recorrido por las páginas. Jamás se ha escrito un texto tan detallado acerca del asunto y aplicable a tantas áreas del conocimiento.
Con La ciencia de la labia, sin darse cuenta, el lector va a comenzar una maravillosa iniciación espiritual. No será fácil, pero con la ayuda de esta práctica guía, será simple y directa, ya que el libro se convertirá en un coach personal, un consejero y un amigo incondicional para cada momento en que la persona lo necesite.
Lo más interesante es que, como este primer tomo brinda soluciones tan útiles y diferentes en los temas de mayor búsqueda de respuestas para el lector, tales como: el sentido de la vida, el universo y Dios, las relaciones sociales, las relaciones de pareja, las relaciones familiares, el dinero, el apego, la seducción, las ventas, el poder, entre otros, con el tiempo se convertirá en una serie literaria para cada subtema, que luego se adaptará a seminarios, videos, cursos y demás.
Quien lea este libro tendrá acceso al más grande poder del mundo moderno: el dominio de la palabra. En el texto, es llamado la verdadera ley de atracción, el elixir de los dioses o el santo grial.
Es momento de presentarle al mundo La ciencia de la labia, el manual práctico para obtener todo lo que se desee en la vida.
La doctora María Mercedes López Mora de la Universidad Autónoma Latinoamericana "Unaula" de Medellin; especialista en derecho penal y criminología de la Universidad de Medellín; magíster en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y doctora en derecho de ese mismo centro de estudios, donde, hace un par de años, defendió como tesis doctoral el trabajo que hoy tengo el honor de prologar. Además, es especialista en alto gobierno de la Universidad de los Andes; y tiene dos diplomados: uno, en derechos fundamentales; y, otro, en gestión ambiental.
Desde la última edición de La contratación de las entidades estatales, la normatividad ha venido introduciendo nuevos elementos que tienden a mejorar la eficacia de los procedimientos y a hacer más estricta la aplicación de las normas del estatuto. En este sentido, se incrementó la responsabilidad de los sujetos intervinientes en el desarrollo del contrato, se han introducido cambios a la forma de liquidar los contratos terminados de manera anticipada, especialmente los afectados de la nulidad originada en desviación de poder y se ha hecho mayor énfasis en la instrumentalización y la utilización de los medios electrónicos para facilitar a las entidades una contratación eficiente.
En esta edición se incorporan las modificaciones constitucionales que tuvieron origen en la implementación de los acuerdos de paz, los cambios respecto al régimen de inhabilidades originados en la nueva Ley 2014 del 30 de diciembre de 2019 en la cual se consagra la inhabilidad permanente para quienes cometan ciertos delitos contra la administración pública y soborno; se elimina la prisión domiciliaria para los condenados y se ordena la cesión unilateral de los contratos, mediante acto administrativo, en la inhabilidad sobreviniente. Igualmente, se trae el desarrollo jurisprudencial alrededor de los diferentes temas que integran la planeación, ejecución y terminación de los procesos de contratación.
Hoy, en el mundo entero y especialmente en Colombia, además de los tipos penales tradicionales, nos encontramos con una novedosa gama de actos delictivos, que, por desarrollarse en el universo virtual, no son de común observancia. Existe, entonces, la necesidad de que sea la criminología la que se ocupe de este fenómeno, espacios de comisión delictiva, modos de realización, componentes sociales, políticas públicas para su prevención, investigación, descubrimiento y penalización y que, como criminólogos, nos concentremos en el estudio, el análisis y la comprensión de estos nuevos ambientes delictivos con el objeto de identificar los mencionados factores y a partir de ellos elaborar experticias con mayor nivel de especialización y comprensión del fenómeno delictivo. La criminología, ocupada históricamente en descripción, desarrollo e identificación de la génesis delictiva (Real Academia Española, 2000, p. 1033), formas delincuenciales y perfiles criminógenos, requiere el conocimiento de los orígenes de estas, para lo que es fundamental la actualización científica y tecnológica a partir de la descripción integral de las nuevas conductas desviadas, teniendo como fuente los aportes prácticos y teóricos actuales en la materia.
En virtud de la importancia nacional e internacional que ha tomado el precedente judicial, como fenómeno jurídico en los países latinoamericanos, más concretamente en Colombia, se erige la necesidad de realizar una Obra que contenga de manera explícita y concreta, las definiciones, planteamientos y advertencias con relación a esta institución, la cual ha venido a equiparse (y en algunos casos a suplantar), de manera equivocada, a la misma ley.
En consecuencia, es de público conocimiento que se ha estado reproduciendo en los pronunciamientos de los magistrados que están en cabeza de las altas corporaciones de cierre, importantes decisiones que afectan a toda la población colombiana, con lo que he venido a denominar: ficciones legislativas, en el entendido que han comenzado a suplantar para beneficio de estas cortes, el carácter superior de las atribuciones constitucionales dadas por el constituyente al legislador, es decir que el poder legislativo ha pasado a manos de los magistrados de los máximos órganos de la rama judicial.
En ese orden de ideas, sé de antemano que las premisas y teorías que se plantean en la presente Obra van a tender a despertar algunas polémicas, controversia, puntos a favor y puntos en contra. Sin embargo, como quiera que siempre me he caracterizado por profesar un espíritu republicano, amparado fervientemente en la defensa prevalente de la Constitución y por ende de la democracia, no puedo pasar por alto este ¡asalto a la Carta Fundamental! El cual se ha venido gestando desde movimientos con corrientes extranjeras y que ha permeado un fenómeno de politización de la justicia, y lo que es peor, las decisiones politizadas han venido a moldear el derrotero jurídico colombiano por medio del precedente judicial, muy especialmente el constitucional.
Por tal motivo, se busca con el análisis y la propuesta desarrollada en esta Obra, un retorno al respeto de la Constitución política, ayudando con ello a comenzar a crear un germen intelectual que permita un mejor control de las decisiones jurisprudenciales que conforman el precedente judicial, dotando de una mayor seguridad al sistema jurídico colombiano, al igual que una mejor configuración de nuestras instituciones, en especial las de la altas cortes, con miras a resguardar nuestro Estado Social de Derecho y a la democracia.
La naturaleza y funciones de los principios jurídicos en el Estado social y constitucional de derecho constituye uno de los temas de mayor importancia para la teoría general del derecho, el derecho constitucional y el derecho procesal. En esta oportunidad, el autor demuestra de manera original y desde una perspectiva sociojurídica, que toda idea de principios jurídicos debe corresponder a las circunstancias de cada contexto, al deseo de cada sociedad por alcanzar la justicia material y a su interés por limitar el ejercicio del poder.
Con una metodología práctica, pero sin rehuir a las reflexiones más profundas en relación a los principios jurídicos, el autor indica que son mucho más que criterios auxiliares de la actividad judicial. En el Estado social y constitucional, son normas pertenecientes al ordenamiento jurídico que condicionan la validez de las restantes normas, concretan el contenido de los valores y limitan el ejercicio del poder, cumpliendo una importante función jurídica, axiológica y política, respectivamente.
La Excepción de Principialidad, novedosa propuesta de control constitucional que ya es aplicada por funcionarios jurisdiccionales y administrativos, responde a dos crisis: la del razonamiento jurídico liberal con el ingreso del Estado social y constitucional y la de la administración de justicia. Ambas truncaron el cumplimiento de la función principal del constitucionalismo: la limitación del ejercicio del poder y la protección de los derechos fundamentales. Es una herramienta teórica y práctica fundamental para todo jurista que confía en la posibilidad de fusionar la justicia material con una idea de derecho entendido como principal instrumento para la transformación social.
Ante las dinámicas sociales y con ellas el avance y puesta en servicio de la ciencia, no hemos de ser ajenos a este embate y cuestionar en serio los parámetros dentro de los que nos movemos como humanos a hoy, nuestras estructuras organizativas, nuestros valores y nuestros anhelos de supervivencia o sobrevivencia.
Del antropocentrismo al posthumanismo y en ese devenir filosófico y científico en el que lo biológico puede ser suplantado por lo sintético, las líneas divisorias son cada vez más frágiles y nuestra capacidad de respuesta un tanto lenta, mientras contemplamos con asombro, a veces, un futuro no tan claro.
Nuestra elaboración inicial del concepto y experiencia de familia ha estado permeada por los afectos, el calor, la hoguera y con ellos la saludable experiencia de compartir y proyectar como grupo lo que nos hace sentir, de alguna manera esencialmente humanos. A hoy, ese sueño inicial y contemplado por mucho tiempo tiende a modificarse de manera sustancial, lo que nos obliga a repasar nuestros logros como humanos y como familia, rescatar de ellos los propósitos nobles que a través de los valores han permanecido incólumes y decidir de qué manera los incorporamos a nuestro próximo paso evolutivo. Esta propuesta de reflexión es la que usted tiene en sus manos a través de este texto, reflexión amigo lector que ha de conducirlo a valorar el significado de construir familia.
En el mundo jurídico, la Teoría General del Derecho y la Teoría General del Proceso sólo han hecho referencia, fundamentalmente, al derecho romano-germánico, olvidando que fuera de este tipo de derecho existen también el derecho inglés, el chino, el musulmán, el hindú, el africano, entre otros, y uno más que apenas se está estudiando: el Derecho Consuetudinario Indígena Latinoamericano, incluido el colombiano, el cual a través de los últimos años tenido un gran desarrollo a causa del reconocimiento expreso que la Constitución Nacional de 1.991 hizo sobre la Jurisdicción Especial Indígena.La presente investigación está enfocada hacia el campo de la posibilidad teórico-práctica de hacer compatible el Sistema Jurídico Procesal Nacional con los Sistemas Jurídicos Indígenas. Para tal efecto, durante el desarrollo de la investigación se encontrarán algunos temas jurídicos, sociológicos y antropológicos que nos ayudarán a encontrar la posible conexidad o compatibilidad entre ambos sistemas. Por tal razón, temas como el de la singularidad cultural y jurídica de los pueblos indígenas; facultades jurisdiccionales; elementos centrales de la Jurisdicción Especial Indígena; límites al ejercicio de la referida jurisdicción; Estatuto de Autonomía para las comunidades indígenas; derechos humanos y derechos colectivos; finalidad de la Jurisdicción Especial Indígena; autoridades indígenas; homologación de los fallos proferidos al interior de la comunidades indígenas, entre otros, han sido objeto de análisis en la presente investigación. Adicionalmente, se ha optado por el estudio de los sistemas jurídicos imperantes en las comunidades indígenas Paez, Wayúu, Tule, Kogi y Nukák-Makú, comparándolos con el Sistema Procesal Colombiano, para luego extraer unas conclusiones finales en torno al tema investigado y, con base en ellas, elaborar un Proyecto de Ley Estatutaria sobre Jurisdicción Especial Indígena, el cual ha sido incorporado como anexo al presente trabajo, junto con otros dos proyectos elaborados, uno por el Ministerio de Justicia, y el otro por el Senador Jesús Enrique Piñacué.
