LIJURSANCHEZ

Esta obra tiene un sentido práctico sobre uno de los elementos esenciales a todo grupo social, en especial, cuando se busca delimitar los comportamientos de la comunidad. El derecho procesal general los «procedimientos», es producto de una pregunta que surge ante el derecho natural, hoy llamado positivo. Evidentemente, el derecho sustancial o connatural o tendría eficacia al ejecutarlo si no existiera el modo adecuado para exigirlo dentro de esta comunidad gregaria. De este fenómeno surge los conflictos y para tener soluciones distintas a imposiciones del más fuerte, el liderazgo del hombre, reconocido por toda la comunidad, fue llamado por los romanos juris-dictio.Sin la jurisdicción y sus cinco poderes de novio, vocativo,coertio, iudiium y ejecutio hubiese sido vana la solución de los conflictos. En las circunstancias romanísticas, solo hasta el derecho canónico, se vislumbra los «procedimientos» y el libro de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, hace un aparte a los mismos. Por lo tanto, es España quien enarbola por primera vez el Código en Enjuiciamiento Civil español, aunque a principio del Siglo XIX, hacen prominencia Savigny, Mutter, Chiovenda, Capelletti, Carnelutti y otros.Esta obra tiene un sentido práctico sobre uno de los elementos esenciales a todo grupo social, en especial, cuando se busca delimitar los comportamientos de la comunidad…  

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Este libro fue escrito Diego Eduardo López Medina, que es considerado como uno de los académicos más importantes en la actividad del mundo en derecho comparado. El libro es teóricamente ambicioso, políticamente comprometido y culturalmente rico. Es una pieza académica inmensamente original que denuncia muchos estereotipos en relación al liderazgo cultural y teórico de los países del Nor Atlántico. El libro es teóricamente ambicioso, políticamente comprometido y culturalmente rico. Es una pieza académica inmensamente original que denuncia muchos estereotipos en relación al liderazgo cultural y teórico de los países del Nor Atlántico.

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Tanto en el derecho público como en el privado se discute sobre la  existencia y los límites del unilateralismo en materia contractual. En  relación con el incumplimiento, algunos contratos típicos del Código Civil y  del Código de Comercio incorporan la facultad de terminación unilateral  como un elemento de la naturaleza. No obstante, la dificultad surge al  pactarla como elemento accidental fuera de los casos donde la  terminación está prevista legalmente.     En el derecho privado, pese a que la acción resolutoria tácita de los  artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio requiere    pronunciamiento judicial, un sector de la doctrina y la jurisprudencia  estiman que la facultad de pactar la terminación unilateral por  incumplimiento se ajusta a la autonomía de la voluntad. En el derecho  público, el problema se traslada a los contratos estatales, especialmente  cuando las normas civiles y comerciales hacen parte del régimen jurídico  de las entidades sometidas al EGCAP –arts. 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993–  y de las de régimen exceptuado –art. 13 de la Ley 1150 de 2007–.      Considerando el alcance del principio de legalidad, este libro analiza si las  entidades públicas pueden autoatribuirse la potestad de pronunciarse  motu propio sobre el incumplimiento de las obligaciones. En este  contexto, desde la teoría y la praxis, constituye un esfuerzo académico por  delimitar el alcance de la terminación unilateral por incumplimiento en el  desafiante campo de la contratación estatal. 

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Tipología penal de los juegos de suerte y azar es un llamado a repensar el  rol del Estado y de la justicia en la protección de los bienes públicos y los  derechos fundamentales de los ciudadanos. El compromiso con el  combate a la ilegalidad en los juegos de azar no es solo una cuestión  económica, sino una responsabilidad social que incide directamente en el  derecho a la vida, la salud y la dignidad de los colombianos. Este texto  invita a todos los actores implicados a sumar esfuerzos para garantizar que  los recursos generados por esta actividad se destinen efectivamente al  mejoramiento del sistema de salud y al bienestar de la población más  vulnerable.  En el desarrollo del texto, se analiza la génesis del monopolio, en este  caso, de los juegos de suerte y azar, y ha sido de sorpresa para muchos que  la República de Colombia es de las pocas en el mundo que ostenta una  destinación específica para la distribución de este, acorde con el  artículo 336 de la Constitución Política.  La necesidad de abarcar la simultaneidad de tipos penales, no solo la del  artículo 312 del Código Penal del ejercicio ilícito de actividad monopolística  de arbitrio rentístico, conduce, por el contrario, a poder llevar a la justicia a  todos quienes atenten ya no tan solo en contra del derecho a la salud,  eventualmente más bien atentan contra el derecho a la vida de miles de  colombianos; es necesario llevarlos a la justicia con otras figuras, tales  como el lavado de activos, el concierto para delinquir, la estafa, la  extinción de dominio, entre otras.  Por último, sin que sea menos importante, hacer patria no solo se  constituye en lo que nuestros antiguos próceres diligenciaron en favor de  nuestra historia para la consolidación de nuestro Estado colombiano, sino  que también se hace a partir del cumplimiento de nuestras obligaciones  como funcionarios públicos, ya que solo en esta medida seguiremos  contribuyendo a la fortaleza de esta.   

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El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa».

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El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa»

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Este tratado pretende, fundamentalmente, alcanzar un doble propósito: 1° Colmar un vacío bibliográfico existente en la literatura jurídica universal, en la que son demasiado escasas las jurisprudencias sobre la reserva y en la doctrina, tanto nacional como foránea, no hay ni siquiera un solo trabajo monográfico omnicomprensivo del pacto reservatorio. 2° Probar que el pacto es la máxima garantía que tiene el vendedor para hacerse pagar el precio íntegro. La auténtica reina de las cauciones y no la hipoteca.

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«Algunos de los temas que la Corte Constitucional estudió durante el 1.er semestre del año 2016. Estos derechos y muchos más serán objeto de especial consideración en la obra que se presenta al escrutinio de los estudiosos de los temas que a diario se estudian en el seno de la Corte Constitucional a través de las tutelas que abarcan aspectos de carácter penal, civil, familia, laboral, administrativo, donde se resuelven los casos que diariamente aquejan a la población más indefensa, como son las personas de la tercera edad, los niños y adolescentes, reclusos, trabajadoras domésticas, los enfermos, etc».

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Celebro la extraordinaria labor de Alejandro Gaviria y Johanna Zapata, editores académicos de algunas obras colectivas que se vienen publicando en Colombia sobre Derecho y diversas manifestaciones de la cultura popular, las letras y las artes. Copiosos trabajos han reunido, en esta ocasión, provenientes de varios autores que en este libro ofrecen diversas miradas, a través de dos caminos específicos: unos parten de conceptos jurídicos para vincularlos con los hechos o casos presentados en las series, y otros inician con la evaluación de secuencias, escenas, actos, episodios o la serie en su conjunto, para luego detenerse en el estudio de categorías propiamente jurídicas. Esa es la riqueza del texto que prologo […]. En este punto es importante recordar que el Derecho es la vida misma. Una buena serie, en este sentido, permite estudiar e interpretar otras realidades, otros contextos que terminan conectándose con el Derecho. Cualquier obra de ficción sobre conflictos, injusticias, problemáticas sociales, dramas familiares, entre otros, con seguridad, hacen pensar en el Derecho. Al menos este ejercicio es inevitable para los abogados. Martín Agudelo Ramírez

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Es así como comencé a ver los artículos que este texto entregará al lector: lleno de curiosidad por las andanadas de los autores que derrumban al abogado clásico y ortodoxo, para recordarle la simbiosis de la cultura, del sentimiento, del individualismo y de la idiosincrasia de cada pueblo con las normas. El análisis de algunas de las canciones más conocidas y sentimentales del género musical que nos ocupa, la salsa, nos tiene que traer a la memoria que salsa es Caribe, salsa es Latinoamérica y que salsa es fusión con Nueva York.  Andrés Prieto Quintero

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El Derecho, al igual que la música, siempre ha estado ‒y estará‒ presente en la vida del ser humano. Esta obra es la reivindicación del rock como medio para aprender y aprehender el derecho y como género musical. En esta, además de contar con la participación de un gran músico y de uno de los más grandes melómanos del país, académicos de diferentes universidades analizan jurídicamente doce clásicos del rock en español. Es una apuesta innovadora e irreverente, única en su especie, imperdible para todos los amantes del Derecho, el arte y el rock en español. Editor académico: Alejandro Gaviria Cardona

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La presente obra trata sobre el valor probatorio en las versiones previas rendidas por los testigos antes del juicio dentro del proceso penal, las cuales son recolectadas en la etapa de indagación e investigación por los grupos investigativos mediante actos de investigación para orientar a las partes, con el fin de desarrollar su teoría del caso. Estas versiones llegan a formar parte del acervo probatorio y en la mayoría de veces son utilizadas por los sujetos procesales en la práctica de pruebas y admitidas erróneamente por el juez de conocimiento en el juicio, desconociendo que, por regla general, estas versiones NO SE CONSTITUYEN COMO ELEMENTOS DE PRUEBA AUTÓNOMOS, sino que están destinadas a esclarecer la historia e impugnar la credibilidad del testigo. Empero, de manera excepcional pueden ser consideradas como pruebas de referencia [Arts. 437 y 438 C.P.P] o como elemento probatorio autónomo cuando el testigo, estando disponible en el juicio, se contradiga o cambie en su totalidad la versión anterior con la declarada en la audiencia oral. Aun así, se evidencia que las versiones previas ocasionalmente son usadas de manera equivoca dentro del desarrollo del juicio, incurriéndose en errores de procedimiento y de producción de la prueba, como por ejemplo: permitir la introducción y valoración de una versión anterior como elemento probatorio autónomo sin serlo; o no introducirla siéndolo; o no valorándola cuando tiene calidad de prueba de referencia y siendo esta esencial para la demostración del caso; o llegar al extremo de emitirse un fallo basado únicamente en pruebas de referencia. Errores de apreciación y valoración presentados por el desconocimiento de la producción de la prueba en el juicio oral y del verdadero valor probatorio que reviste estas exposiciones dentro del proceso. Por ende, el uso inadecuado de estas manifestaciones previas en el juicio ocasiona graves vulneraciones de garantías fundamentales y procesales a los sujetos intervinientes en la actuación, conllevando a errores de apreciación que pueden terminar en nulidad y cambios de la decisión primaria y secundaria por parte del órgano de cierre de la jurisdicción penal. Es entonces importante aclarar y conocer en qué circunstancias las versiones previas pueden tener incidencia probatoria dentro del proceso penal y en cuáles no.

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