a constante evolución del derecho procesal laboral y de la seguridad social nos lleva a reflexionar sobre los profundos cambios introducidos por la normativa reciente. Al revisar nuevamente lo expuesto en la edición anterior, constaté que sus planteamientos siguen siendo pertinentes, por lo que decidí reproducirlo en su esencia. No obstante, esta décima edición tiene el propósito de actualizar y enriquecer el texto con las últimas disposiciones jurisprudenciales y doctrinales, especialmente en relación con la digitalización y la oralidad, buscando siempre una aplicación práctica que contribuya a una justicia más efectiva y equitativa.
La NEGOCIACIÓN COLECTIVA LABORAL EN LA FUNCIÓN PÚBLICA es relativamente novedosa en Colombia; el primer Decreto-1092 fue de 2.012 y el Decreto vigente-160- es de 2.014; apenas han transcurrido 6 o 4 años; es un tema apenas en desarrollo, rico en ciertos, aportes, dudas y errores; estamos en un proceso de aprendizaje colectivo.
Las ocho-8- ediciones de este libro se explican por la necesidad de ir respondiendo al curso de los acontecimientos; por ellos su reelaboración progresiva, derivada de la suma de factores tales como la experiencia del Autor construida desde su calidad de integrante de la Comisión Redactora de los Decretos # 1092 y 160, de asesor, de investigador y de profesor de la materia en el post grado de la Universidad Externado…
Este trabajo parte de la búsqueda de un concepto de víctima desde diferentes puntos de vista científicos y pasa a la delimitación de los conceptos de perjudicado y de víctima, como presupuesto necesario para entrar en el estudio de los derechos sustantivos y procesales que le conciernen. Busca establecer en cabeza de quien radica esos derechos, en que consisten los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para pasar a continuación al estudio de la acción civil (que así puede seguir llamándose) y de sus titulares y quienes están obligados a reparar. A continuación, se aborda el estudio de los derechos procesales y las medidas patrimoniales encaminadas a garantizar la reparación, lo que se hace tanto desde el punto de vista de la doctrina y la jurisprudencia internacionales como las nacionales.
«Abordar el estudio de una institución de la seguridad social, como lo es la pensión de vejez, con el fin de abrir el paso a una teoría que permita entrar a validad su utilidad social es un trabajo en extremo dificultoso.No es que exista una gran variedad de autores en el mundo y, en especial, en nuestro país, que hayan escrito sobre la seguridad social, sus programas, sus prestaciones, etc.Tampoco faltan quienes hayan ensayado sobre su definición y contenido , ni mucho menos quienes se hayan referido a sis fuentes de financiamiento, consecuencias, eficiencias. Sin embargo, hasta ahora lo que hemos conocido son estudios bastante limitados, poco comprensivos del universo que compone la seguridad social, que de una manera u otra señalan verdades parciales que generan creencias generales, falacias de composición que sólo una investigadora consagrada buscaría evitar a través de la construcción de un marco teórico fuerte, dispuesto a ser probado con la rudeza que exige el método científico […].».
La obra resulta novedosa en la literatura jurídica y de gran aporte a los operadores jurídicos, litigantes, profesionales de la salud y comunidad académica en general, dado que si bien existen escritos de responsabilidad médica, no se había abordado en detalle el tema de la responsabilidad odontológica, en especial, aquella suscitada dentro de la esfera del derecho penal, en la que puede verse incurso el especialista en ortodoncia, por la movilidad de las piezas dentarias dentro del tratamiento ortodontico. El autor evidencia de manera clara y sencilla la estructura de la conducta punible en los eventos de infracción de deber y la importancia de un consentimiento informado, haciendo una interpretación coherente de la norma, la doctrina y la jurisprudencia especializada.
Al igual que la democracia, el Estado de derecho se ha vuelto un concepto hegemónico: hoy en día es casi inconcebible que un Estado no pretenda ser un Estado de derecho. Por ejemplo, la constitución canadiense establece que Canadá está fundado en principios que reconocen la primacía del derecho y la colombiana afirma que aquel país constituye "un Estado social de derecho". Por su parte, la Carta democrática interamericana confirma los lazos indisolubles entre la democracia y el Estado de derecho. A menudo, en el contexto internacional actual, los Estados se ven en la obligación de pasar de la palabra a los hechos : las reformas orientadas hacia la mejora del Estado de derecho en los países del sur constituyen por lo general una exigencia de los países occidentales o de los organizaciones financieras internacionales.
«Algunos de los temas que la Corte Constitucional estudió durante el 1.er semestre del año 2016. Estos derechos y muchos más serán objeto de especial consideración en la obra que se presenta al escrutinio de los estudiosos de los temas que a diario se estudian en el seno de la Corte Constitucional a través de las tutelas que abarcan aspectos de carácter penal, civil, familia, laboral, administrativo, donde se resuelven los casos que diariamente aquejan a la población más indefensa, como son las personas de la tercera edad, los niños y adolescentes, reclusos, trabajadoras domésticas, los enfermos, etc».
«”Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.“Por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”».«”Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.“Por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”».
En las postrimerías del siglo XVIII el genio crítico y catedrático de la Universidad de Gotinga Georg Christoph Lichtenberg, impuso un legado a la ciencia en general, al expresar que «es tiempo de enseñar a la gente cómo pensar y no qué pensar». Tal raciocinio entroniza en el estado actual de las ciencias jurídicas una visión que deja como directriz la preocupación del jurista por la forma de cómo llevar a la realidad los mandatos normativos.
Conspira contra la coherencia argumentativa de la política criminal estatal, la falsa idea de hacer prevalecer el eficientismo sobre las garantías, pensar que en el proceso penal se debe conseguir la verdad a cualquier precio es volver a los episodios más oscuros de la historia de la humanidad.
Una justicia pensada con criterios puramente estadísticos y económicos causa tanto daño como una justicia soportada en el tormento como medio para el logro de la confesión.
