Debido a la transcendencia del tema, este libro explica la manera como se organiza el poder público en un Estado unitario y sobre el tipo de administración que requiere para operar. Hace parte de un trabajo de mayor extensión, que se ocupa de examinar los diferentes aspectos que presenta el Estado, una creación de naturaleza político-jurídica que tiene por cometido dirigir los asuntos de carácter general que interesan a la población. El complejo entramado que se ha desarrollado por más de dos centurias y el intercambio de instituciones entre los diferentes sistemas creados, lleva a considerar que muchas de las formas actuales no guardan relación con las ideas originales que las concibieron. De allí surge la necesidad de estudiar la configuración actual que presentan y de precisar sus nuevas dimensiones.
Ley 2220 de 2022
Contiene lo pertinente de las Leyes 1579 de 2012, 1564 de 2012, 1395 de 2010, 1367 de 2009, 446 de 1998, 23 de 1991 y de los Decretos 1829 de 2013 y 2511 de 1998 (compilados en el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho N° 1069 de 2015), 2771 de 2001 y 2158 de 1948
2.a edición
Compilación normativa y jurisprudencialLey 80 de 1993, contiene las leyes y decretos vigentes modificatorias y reglamentarias del estatutoContiene modificaciones de: Ley 2080 de 2021, Ley 2069 de 2020, Ley 2040 de 2020, Ley 2014 de 2019, Ley 1150 de 2007 Decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica relacionados con la Contratación Pública Jurisprudencia – Conceptos – Doctrina
Este libro parte de considerar que las normas constitucionales componen la base y el fundamento para la organización del Estado. Se entiende que sus disposiciones son el medio previsto para instaurar el poder público, para repartirlo en diferentes ramas, lo mismo que para asignar funciones específicas a cada una, lo que tiene por fin evitar que las actividades se concentren en pocas manos, en tanto se tiene por aceptado que ese poder puede constituirse en fuente de abusos y arbitrariedades.
En la presente obra se quiso desarrollar un tema que poco a poco va teniendo gran importancia y repercusión en el escenario jurídico, tanto en el orden internacional como interno, concerniente a la necesidad latente de la aplicación efectiva por parte de los funcionarios del Estado del corpus juris interamericano de derechos humanos ratificados por Colombia y que como corolario repercuten en la protección de los derechos fundamentales instituidos en la Carta política de 1991.
De igual forma se buscó rescatar la importancia de aplicar ex officio estos tratados y convenciones ratificados por el Estado colombiano que versen respecto de derechos humanos, al igual que los distintos Pronunciamientos y Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de aquellos funcionarios que encabezan los despachos de la rama judicial (entiéndase jueces y magistrados) antes de proferir sus respectivas sentencias; como también de todos los funcionarios del Estado Colombiano en cada una de sus actuaciones administrativas en las que se vea inmerso una decisión que pueda vulnerar un derecho de esta categoría, con miras a buscar con la implementación de un control de convencionalidad su protección efectiva.
Escribir un libro sobre estudios contemporáneos de derecho internacional no implica abordarlos todos pero sí escoger los que consideramos más relevantes o novedosos. En materia de comercio internacional, esta obra analiza, además del contrato internacional de ventas de mercaderías, los principios del comercio internacional y la denominada lex mercatoria que proveen, en conjunto, las bases de lege ferenda de una futura unificación de la contratación internacional. Pero esta revisión es apenas el comienzo para estudiar el vastísimo campo de la contratación electrónica y el cada vez más común de los contratos públicos internacionales entre los que se destaca el de empréstito internacional.
Por ser el arbitraje el sistema por excelencia para resolver conflictos de inversión, no podía el libro omitir su tratamiento, y lo hace al estudiar al gran protagonista: la empresa multinacional y la inversión misma desde el derecho interno y desde la perspectiva comercial. Ningún estudio es completo en el derecho internacional si no cubre el sistema del common law, por lo cual el libro aborda la manera como resuelve el conflicto de leyes y el conflicto de jurisdicción. Este conocimiento es indispensable por la gran influencia de Estados Unidos en la vida del mundo.
Se incluyen también aspectos que se adentran en las relaciones siempre delicadas entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. El espacio ultraterrestre, el rescate y el arresto de buques proveen situaciones que ameritan el acotamiento entre las dos materias.
Por último, los problemas de deuda, insolvencia y emisión de valores atraen todo tipo de problemas propios de la materia que son tratados aquí: la práctica de deferir a los jueces y a las leyes de la City y de Nueva York, los problemas jurídicos del empréstito, los fondos buitre y la dificultad exasperante de la insolvencia transfronteriza que enfrenta la liquidación universal o parcial de patrimonios por el hecho de las fronteras.
PRESENTACIÓN (Primera edición)Las últimas decisiones de la Honorable Corte Constitucional en materia notarial, pero en especial la dictada el 31 de mayo del año en curso, han convertido en realidad el requisito, elevado a rango constitucional (art.131 de la C.P.), según el cual para poder ocupar el cargo de notario en propiedad, es necesario haber sido seleccionado mediante concurso de méritos.El gobierno, acatando lo resuelto por la Honorable Corte Constitucional, especialmente en esta última providencia que ordena practicar el concurso en un término prerentorio, se apresta a convocar el primero que se realizará bajo el régimen constitucional vigente (ConstituciónPolítica de Colombia de 1991).El hecho de que, por medio de este concurso se seleccionará a la mayoría de los notarios del país, debe provocar un especial interés en el estudio del Derecho Notarial y Registral, que son las dos materias sobre las cuales habrá de versar la prueba de conocimientos al tenor de lo dispuesto por la ley 588 de 2000 en el literal a) de su artículo cuarto.Parece, pues, que este hecho histórico en la institución notarial, modificará el criterio tradicional de nuestras facultades de derecho según el cual el estudio del derecho notarial es de segundo orden y ocupará, entonces, el lugar que le corresponde.El trabajo que hoy presentamos obedece a ese atán pues, en realidad, las universidades en sus pregrados no han preparado, hasta ahora, a los profesionales del derecho para una competencia de esta índole.El fin inmediato que nos proponemos es el de contribuir y facilitar el estudio del Derecho Notarial en forma sistemática, de acuerdo a los dictados de nuestra larga experiencia en esta actividad; de allí la forma y la estructura didácticas de estos ensayos.Partiendo de que el notario no solo es un documentador con potestad fedante sino que debe ser, por excelencia, un buen asesor jurídico de sus usuarios en las materias que le incumben, habíamos agrupado, en un trabajo anterior las materias que a nuestro juicio conformaban lo que se llama el Derecho Notarial Aplicado y que comprende obviamente estudios de Derecho Civil, estudios de Derecho Comercial, Derecho Tributario, Derecho Penal, etc., pero, como la ley 588 de 2000 redujo la prueba de conocimientos solo al Derecho Notarial y Registral, nos ocuparemos de esta materia, así:1. Módulo único:Derecho notarial. Comprende las siguientes unidades temáticas:a) Función Notarialb) El Notario, Agente de la Función Notarialc) Escritura Públicad) Competencia Funcional del Notarioe) Jurisdicción voluntaria y trámites especiales ante notario1) Control de legalidad a cargo del notarioEs un sólo modulo que comprende seis unidades temáticas.Este trabajo que presentamos a nuestros colegas contiene las dos primeras unidades temáticas: La Función Notarial y el Notario comoAgente de la Función Notarial.Aspiramos muy pronto a publicar las restantes.Reiteramos que el único propósito que tenemos con este ensayo es colaborar con los aspirantes al cargo de notario en el estudio de las materias que serán objeto de los exámenes sobre conocimientos que se practicarán en el proceso del concurso.
Estudios de derecho público contemporáneo es una obra colectiva que reúne
las investigaciones de profesores y estudiantes integrantes de Instituto
Caucano de Derecho Público sobre temas de relevancia actual en los
contextos del derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho
internacional y el renovado campo de la responsabilidad por daños. Las
ponencias que integran el libro fueron presentadas en el primer seminario
que realizó el Instituto para presentar a la comunidad académica, este foro de
reflexión sobre una especialidad de las ciencias jurídicas que demanda
constantes análisis y discusiones porque no es ni estática, ni indiferente a los
cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos.
La responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad, el contrato
sindical en el sector público, los aspectos constitucionales de la ética en el
ejercicio de la abogacía, la acción de tutela, la competencia de investigación
disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación a los servidores públicos
elegidos por voto popular, la justicia constitucional asimétrica, el análisis
jurisprudencial del escrache feminista, lo toma de decisiones en el contexto
sanitario y voluntades anticipadas y la responsabilidad del estado por falla en
la justicia transicional serán los capítulos que el lector encontrará en esta
obra que representa un formidable comienzo de las producciones que el
Instituto Caucano de Derecho Público entregará a la comunidad científica
como aporte al conocimiento y a la democracia.
En toda la historia del constitucionalismo moderno, las sociedades organizadas han protegido y garantizado con especial rigor el derecho a la vida. En efecto, las cartas Constitucionales de todos los países del mundo reconocen a este derecho la categoría de un bien supremo que debe ser celosamente tutelado, pues sin duda la vida humana constituyeexistencia misma de la comunidad por eliminación de los individuosque la integran.La vida es, en este orden de ideas, elevada al rango de derecho inviolable cuya vulneración suele acarrear consecuencias de orden jurídico-penal, por cuanto las conductas que lesionan o ponen en peligro este bien de especial relevancia, son conminadas con sanciones de naturaleza punitiva.Ahora bien, la discusión contemporánea sobre el derecho a la vida, gua en torno a la definición del contenido esencial del mismo, lo que conduce a definir si este derecho fundamental tiene carácter absoluto, o si por el contrario, puede ser razonablemente limitado en circunstancias concretas.Desde esta perspectiva, los temas que mayor inquietud y controversia generan entre los juristas, filósofos, médicos y científicos sociales en general, son el aborto y la eutanasia, por cuanto ambos son supuestos en los que se elige la muerte. En el primer caso se elige la muerte antes de haberse comenzado la vida, y en el segundo antes que esta hayaterminado.La eutanasia plantea como problema de primer orden, la posibilidad de que surja en el titular del derecho a la vida, la facultad de lore disposición sobre la misma. En otros términos, plantea couve interrogante de innegable complejidad, si el derecho a la vida incluye el derecho a la propia muerte.
No hay duda que por estos días, entre quienes nos dedicamos a ejercer la asesoría jurídica en contratación estatal, se suscita en forma permanente una interesante y compleja discusión frente al rechazo de las ofertas en los procesos de contratación, pues hay una línea delgada en dicho concepto, que sin duda, pone a los servidores públicos, que son operadores contractuales, en grandísimas dificultades interpretativas a la hora de valorar si una oferta es subsanable o no, y más grave aún, si el ofrecimiento está condenado a ser rechazado o no. Un tema de gran envergadura en el que se mezclan la responsabilidad patrimonial del Estado y también la personal de los servidores estatales. Aquí está el punto, y es frente a tal complejidad, que queremos referirnos en el presente libro. Para ello, será necesario revisar el régimen jurídico de la oferta estatal, no sin antes hacer unas breves precisiones de dicha figura en el derecho privado y, por supuesto, de todo el procedimiento de evaluación de las propuestas, sin dejar de lado, la jurisprudencia más reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sobre la materia.
