Administrativo

Reliquidación IPC •Partidas computables •Subsidio familiar •Indemnizaciones •Pensión de sobreviviente por muerte en actos del servicio o combate •Pensión de invalidez con 50% •Nivel Ejecutivo de la PONAL •Decreto 754 del 30/04/2019 Al encontrarse el Sector Defensa exceptuado de la aplicación del Sistema General de Seguridad Social Integral, creado a través de la Ley 100 de 1993, se debe realizar por parte de los lectores, un análisis sistemático y detenido del mismo, toda vez que el legislador busco conceder prerrogativas especiales al personal adscrito a dicho dicho sector, en aras de incentivar y promocionar el Servicio al País. […].

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Mi sensibilidad por la regulación, en términos de teoría del derecho, está sucintamente expresada en dos textos de mi autoría: En Público y Privado: las transformaciones del Derecho, del Estado y de la Empresa1, y en Los Servicios Semipúblicos Domiciliarios2, en los cuales esbocé algunos problemas relacionados con el tema. Claro está que en el segundo libro abordé con detalle mi perspectiva de lo que es la regulación –capítulo XI-, en sentido estrictamente jurídico, pero en el primer texto formulé algunas ideas de tipo teórico-dogmático –en términos de legitimidad del poder- que ponen en cuestión la posibilidad que tiene la regulación, y con mayor razón la autorregulación, de convertirse en una alternativa para la creación de derecho positivo. En este sentido, indicaba que la incidencia del mercado sobre la estructura estatal moderna no solo afecta la forma del Estado y su aspecto externo, sino que interesaba considerar la manera como la producción normativa, antaño alcázar de la soberanía estatal, también sufre una importante transformación, o por lo menos se percibe un proceso desestabilizador en este sentido.

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La presente investigación analiza el régimen disciplinario del congresista en Colombia desde el concepto jurídico alemán conocido como la relación especial de sujeción, con el fin de verificar si realmente aquel servidor público debe soportar dicha carga pública compleja ante el Estado. Así, analizando con suficiencia y de manera detallada dicha categoría, reconocida en Colombia como un principio ius fundamental, este trabajo clasifica adecuadamente qué tipo de relación especial de sujeción ostenta el congresista, para posteriormente, revisar desde criterios propios de la categoría doctrinal si es plausible definir que dicho servidor público ostente el mayor status desigual en razón o con ocasión de las atribuciones funcionales adquiridas. Actualmente, el régimen disciplinario administrativo del congresista está compuesto por la Ley 1952 de 2019 y la Ley 1828 de 2017; sin embargo, académicamente no se ha evaluado si material y formalmente está justificada dicha coexistencia de normas. Por ello, este trabajo, a través de la relación especial de sujeción hace un análisis minucioso formal y material de por qué está justificada la configuración legislativa actual, revisándose las funciones públicas que ejerce, la investidura que ostenta, y el sistema de elección, para que a posteriori no se ponga en riesgo la legitimidad de la potestad disciplinaria contra el parlamentario.

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La justificación de la aplicación del riesgo como factor de imputación en los eventos que se generen daños, producto de las actividades peligrosas, se constituye en una forma de reproducir in extenso los argumentos dispuestos en la sentencia del 24 de agosto de 2009, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión presentó alrededor de 60 folios argumentos de índole legal, doctrinal y jurisprudencial, orientados a establecer que el riesgo es el criterio de imputación aplicable a los eventos que ocasionen daños, producto del ejercicio de una actividad considerada como peligrosa.

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El control sobre los recursos públicos y la eficacia del mismo ha sido una constante preocupación en la historia del Estado Social de Derecho colombiano y en la evolución de nuestras instituciones político-administrativas, como también lo ha sido el cuestionamiento ciudadano permanente por los resultados de este control. Cabe entonces preguntarse ¿En Colombia tiene funcionalidad el control fiscal? ¿Es necesario estudiar otros sistemas de control fiscal y de autocontrol para propender por una mayor eficacia y eficiencia de nuestros recursos públicos? De consuno con estos interrogantes, es menester tomar en cuenta la historia de la evolución institucional de las contralorías y del control fiscal propiamente dicho, para así comprender cómo se llegó a lo que hoy tenemos. Adicionalmente, a estos supuestos teóricos se debe agregar la ubicación del control fiscal dentro de los demás controles al ejercicio del poder político. En este sentido, se ha erigido la ubicación de las contralorías como pieza principal, mas no única, en el sistema de control fiscal, y, finalmente, su papel como parte del conjunto de “instituciones presupuestales”, es decir, aquellas a través de las cuales se expresa la economía pública…

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Estudio comparativo de los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo, a la luz de la Ley 1437 de 2011 y de la Ley 2080 de 2021 Nadie se imaginaba a principios del año 2020, los profundos cambios a los que se vería sometida la humanidad a raíz de la pandemia derivada del virus Covid 19.   A inicios de ese año se vislumbraba una reforma a la Ley 1437 de 2011 evidenciada en el proyecto de Ley 007 de 2019 (Senado),  pero  no estaba en los cálculos de nadie, que a causa del mencionado problema de salud pública, quedáramos sometidos, no solo a un sinnúmero de restricciones  de toda índole, sino, a una avalancha de  decretos y normas  emitidas en virtud del  estado de excepción que tuvo que ser declarado para tratar de contener  la enfermedad y sus nocivos efectos en todos los ámbitos.  Esa normativa de “emergencia”, que entre otras cosas enfatizó en la digitalización de la justicia, llegó para quedarse, tal como lo evidencia la Ley 2080 de 2021, que incorpora trascendentales cambios que impactarán los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y claro está, repercutirá en los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo.

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Cuando emprendemos el camino de la reclamación judicial, generalmente concentramos nuestras energías en elaborar una excelente demanda o escrito de excepciones. Y tradicionalmente calificamos como tal, al documento que está redactado en términos decorosos, fabulosos, esplendorosos. Escritos con los cuales encarnamos la vida de quienes en su tiempo fueron aclamados como los poetas del derecho. Y en ese romanticismo olvidamos un tema trascendental como lo es el probatorio. Olvidamos el material que traslada a nuestras aseveraciones, afirmaciones o negaciones, del mundo de las especulaciones al de la realidad procesal. La prueba es el detonante que alerta al juez para que aparte su vista del paisaje novelesco y se enfrente a la cruda realidad. Esto es lo que se pretende con la obra que usted sostiene en sus manos.

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La digitalización en la justicia se presenta como una respuesta necesaria e ineludible para garantizar la demanda de este servicio público fundamental; no es una lluvia de verano o nube pasajera como pensaban de manera equivocada algunos colegas con respecto a la vigencia temporal del Decreto 806 de 2020, prueba de ello fue la promulgación de la Ley 2213 de 2022 y de la Ley 2080 de 2021, las cuales incorporaron de manera definitiva la práctica de la digitalización de la justicia en Colombia como regla general. Asimismo, el acceso a la justicia y a la administración pública por medio de las plataformas y canales digitales y el manejo de la prueba electrónica, sin duda alguna, representan un compromiso para la comunidad académica de futuros abogados, a los hoy litigantes y en general a todo aquel que pretenda hacer uso de la justicia virtual, la cual entró a raudales con la intención de buscar una agilización de los procesos y facilitar la atención a sus usuarios. Por lo tanto, como es de público conocimiento, gracias a la consagración de las leyes anteriormente enunciadas, la digitalización en la justicia y en la administración llegó para quedarse. Por tal motivo, se requiere de forma prioritaria, ineludible e impostergable, continuar con la aprehensión de conocimientos que se desprendan de los procedimientos y de la prueba en el marco de la digitalización y en cada una de sus etapas, por lo que esta obra jurídica viene a constituirse, en virtud de la actualización normativa y jurisprudencial que se incorpora en la presente edición, en una necesidad doctrinal con la cual se puede aclarar y encarrilar las actuaciones administrativas y/o judiciales, al igual que responder con eficiencia al reto de modernizar un sistema judicial que, evidentemente, requiere muchos cambios y la justicia digital o virtual se constituye en uno de esos tantos pasos necesarios para su mejoramiento.

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(En concordancia con la Ley 2080 del 25 de enero de 2021. Contiene a su vez el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020 [Actualizada]; el Decreto 409 del 16 de marzo de 2020; el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019; y, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000 [Actualizada]) La presente edición, se proyectó como consecuencia de los cambios introducidos por los recientes pronunciamientos jurisprudenciales emanados por el máximo organismo de la jurisdicción constitucional, los cuales tuvieron una importancia trascendental en lo atinente al proceso de responsabilidad fiscal, en virtud del fenómeno de la reviviscencia y la jurisdicción coactiva ejercida por los órganos de control fiscal. Ante esta novedad, sumada a la intención de entregarle al lector una obra más profunda y detallada en lo referente a la parte temática del control fiscal, del proceso de responsabilidad fiscal, como también lo relacionado al desarrollo de las auditorías realizadas por las diferentes Contralorías, se vio la necesidad de llevar a cabo una nueva edición que contuviera, con mayor precisión, un desarrollo temático más actualizado, acorde a las necesidades doctrinales que se requieren en el momento, dado el poco desarrollo de estos temas en la actualidad…

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Los convenios y contratos interadministrativos son figuras jurídicas que existen en nuestro ordenamiento jurídico, cuya finalidad es facilitar la colaboración entre entidades estatales, posibilitando la contratación directa sobre la base de que el bien, servicio u obra pública que se requiera lo pueda satisfacer otro ente oficial, que cuente con la experiencia, capacidad técnica, financiera, etc.    Funcionarios públicos inescrupulosos, para evitar los requisitos establecidos en la ley para la selección objetiva del contratista, que inicia con la convocatoria pública, elaboración del pliego de condiciones, la publicación en el sistema electrónico de contratación pública, SECOP I y SECOP II, participación de los proponentes en las distintas etapas, deciden hacer uso equivocado de los convenios y contratos interadministrativos, en contravía de la ley e incurriendo en actos de corrupción, que dan  lugar a la declaración judicial de nulidades y condenas patrimoniales a las entidades involucradas. Para los jefes de las entidades estatales, alcaldes, Gobernadores, gerentes de entes descentralizados, este libro les será de mucha utilidad pues los hará entender que caer en la trampa de cambiar el objeto social de la empresa pública escogida para torcer el pescuezo de la ley, eludiendo la convocatoria pública, les saldrá bien caro, les esperan penas de prisión muy altas, por tratarse de delitos repudiables socialmente que no gozan de subrogados penales, es decir que la condena se cumple completa, sin descuentos y cien por ciento intramural.  La razón de ser de la presente investigación es aportar en la formación de los operadores jurídicos para evitar las dolorosas consecuencias de ignorar lo dicho arriba, para este propósito se analizan sentencias condenatorias proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos de corrupción donde precisamente se ponen de acuerdo dos o más personas para robarse los recursos públicos, siendo de resaltar que se tiene el concierto para delinquir como un delito autónomo, independientemente del resultado, basta con el acuerdo de voluntades que conduzca a evitar la licitación pública. Finalmente, la explicación del porqué la mezcla de derecho administrativo con derecho penal en esta obra, tiene que ver con la necesidad de que los lectores tengan muy claros los conceptos y definiciones , que les permitan distinguir el contrato y el convenio interadministrativo, y los casos en que se pueden utilizar sin riesgo de caer a la cárcel.

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