Acto Legislativo Nº 01 de 2017 Jurisdicción especial para la paz; Decreto Reglamentario 1592 de 2017 y Decreto 2107 de 2017Leyes 585 de 2000; 771 de 2002; 1285 de 2009; 1743 de 2014; 1781 de 2016Actualizada en armonía con la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y con la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)
Con la reforma de la ley 2430 de 2024
Mi primera aproximación a la ya reputada obra jurídica del jurista y profesor MAURICIO RODRIGUEZ TAMAYO ocurrió por cuenta del azar, ya hace varios años. En efecto, cuando me encontraba preparando algún trabajo sobre el proceso ejecutivo cayó a mis manos un libro suyo titulado “ LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” que obviamente despertó mi curiosidad, tanto más cuanto que para ese momento no se conocían en la doctrina nacional trabajos sobre la materia. Recuerdo haber recorrido el trabajo de ese novel autor que irrumpía con fuerza y contundencia en el panorama nacional, por lo que cité en el documento que entonces preparaba un aparte sustancioso y pertinente sobre la definición de los procesos ejecutivos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.
Esta nueva edición de la “LA ACCIÓN EJECUTIVA ANTE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA”, la única que en el país ha abordado en forma extensa y suficiente esta disciplina, sin duda es una obra que está llamada a perdurar por los temas abordados y su profundidad. Puede decirse, sin temor a exagerar, que quien lea este libro quedará en posesión de ilustración suficiente sobre la materia de las ejecuciones en esta área contencioso administrativa, y estará en capacidad de enfrentar un litigio de esta naturaleza, bien como juez o magistrado, asesor o estudiante.
El tratado que hoy se pone de nuevo a disposición de la comunidad jurídica sienta los presupuestos dialécticos necesarios de la discusión, porque no ahorra esfuerzos para tratar el concepto del contrato estatal frete a sus complejos requisitos de perfeccionamiento, ejecución, presupuestal, la aprobación de las garantías y el acatamiento de otros requisitos legales.
Sobre ese presupuesto el profesor RODRÍGUEZ TAMAYO aborda con extensión justificable el estudio del título ejecutivo derivado de los contratos estatales y sus aspectos procesales, como lo relacionado con el complejo aspecto sobre si el silencio administrativo positivo puede o no considerarse título ejecutivo, aspecto que resuelve que convicción y maestría. También incluye esta visión panorámica las diferentes aristas de documentos constitutivos de ejecución, como la de la factura electrónica, tan debatida por estos días. No hay un solo escenario de ejecución de los que se presentan y discuten hoy, que no aparezcan en este texto, de manera que el lector puede tener la seguridad de encontrar aquí información sobre muchas situaciones que en la vida práctica de esta forma de ejecuciones suelen presentarse, asociadas todas a los contratos estatales y su exigibilidad.
Aquí también el profesor RODRÍGUEZ TAMAYO abunda en el examen de las diferentes posibilidades de ejecución, sin omitir ninguno de los distintos escenarios de la misma, como las obligaciones judiciales aprovisionadas en el Fondo de Contingencias, los Acuerdos de Pago celebrados por entidades estatales, el novedoso incidente de aprobación de la oferta de revocatoria propuesta por un ente público demandado y aceptada por el demandante en un proceso contencioso administrativo, los laudos arbitrales proferidos en controversias contractuales con entidades públicas, las conciliaciones prejudiciales y las que se logran en el trámite mismo de las ejecuciones.
En la segunda parte del libro, adicionalmente, también se encontrará el lector con la presentación minuciosa de las diferentes etapas del proceso ejecutivo administrativo, tales como la jurisdicción y competencia, los requisitos de la demanda con sus recientes reformas introducidas por el CPACA y la ley 2213 de 2022, el mandamiento ejecutivo, los medios de defensa, , la sentencia que se pronuncie sobre las excepciones, los recursos contra la misma incluyendo el extraordinario de unificación de jurisprudencia, la liquidación del crédito y, por supuesto, no podía faltar un acápite extenso y bien sustentado sobre el siempre complejo universo de las medidas cautelares en estos procesos de ejecución contencioso administrativa.
n la presente obra, se pretendió aprovechar el conocimiento que el autor ha adquirido en materia probatoria a lo largo de su carrera profesional y desde la docencia para bosquejar, en forma de compendio, la aplicación del proceso oral actual en las diversas jurisdicciones que hoy en día, dada su implementación en este campo, se hace más que necesario. Por lo tanto, y dado que en la actualidad no existe un estudio similar que profundice en gran medida el ámbito probatorio en las jurisdicciones laboral, penal, administrativa y civil
En esta obra se contempla la nulidad absoluta del contrato estatal, cuando es celebrado en contra de expresa prohibición legal o constitucional. No hay duda, que en los contratos estatales, siempre subyace un interés público de Estado, que le da fundamento a una categoría especial de negocio jurídico, aunado a esa finalidad esencial que en ellos se persigue y que se constituye a su vez en un elemento diferenciador frente al contrato privado.
El régimen de las nulidades de los contratos, cumple un papel esencial en la sociedad y en el derecho, pues con él no solo se ejerce un control preventivo sino sancionatorio […].
La obra se presenta como un manual de consulta práctica, con un lenguaje claro y sencillo, buscando orientar en asuntos relacionados con la responsabilidad médica u hospitalaria en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
El texto se enfoca en la evolución y el tratamiento jurisprudencial, que ha desarrollado el Consejo de Estado, en asuntos de responsabilidad médica, abordando los temas de la falla en el servicio y la responsabilidad objetiva, como títulos de imputación en la responsabilidad sanitaria, para lo cual analiza algunos eventos que, por su desarrollo práctico y jurisprudencial, pueden dar lugar a generar responsabilidad sanitaria, complementado con amplia jurisprudencia […].
El Derecho Público de la Constitución de 1991, tuvo un sorprendente avance con las nuevas instituciones, órganos, competencias y acciones que allí se generaron.
No así puede preconizarse de la ley que, a la zaga, sólo ha salido esporádicamente con puntos de lanza en materias trascendentes como en la distribución de competencias fiscales, los servicios públicos, el urbanismo y el comercio electrónico. Y pare de contar.
Colección: Derecho Administrativo Nº 5Con el propósito de examinar el principio de legalidad en las realidades de hoy y su perspectiva hacia el futuro, el autor desarrolla su estudio a partir de una aproximación conceptual al Estado de derecho y de qué manera el principio de legalidad ha evolucionado a la par que se han ampliado las fuentes formales del derecho, para desembocar en un profundo análisis de las nuevas fuentes de legalidad, particularmente el derecho positivo supranacional, la regulación, la desregulación y la autorregulación, desde las que expone en el último capítulo sus consideraciones sobre los horizontes del principio de legalidad que, a manera de conclusión, sintetiza en la contradicción entre la razón jurídico-político-moral y la razón científico-técnico- económica, que es justamente a la que apunta la nueva legalidad, más interesada en la riqueza que en los valores y principios propios del humanismo.
Construida esa nueva legalidad sobre el desprestigio de la política, que «representa la reflexión sobre el bien común», la imagen del consumidor, del usuario de bienes y servicios se fortalece frente a un ciudadano disminuido; los valores sociales son aplastados por el capitalismo; los principios ceden ante la eficacia del sistema. De esta manera, se logra «situar la riqueza y la eficiencia en la escala de valores más alta de la sociedad, en lugar de la defensa de los derechos y la vida digna».
En consonancia con las finalidades establecidas para el proceso y la sanción disciplinaria, este manual de derecho disciplinario se erige como una herramienta fundamental de ilustración general sobre los principios, normas, procedimiento y sanciones que, a juicio de los autores, son de imperativo conocimiento para los servidores públicos, profesionales del derecho, operadores disciplinarios e inclusive para aquellos particulares que desempeñan funciones públicas, a los que a partir de un lenguaje claro, preciso, conciso y sencillo se pretende facilitar la comprensión de las generalidades del procedimiento disciplinario y de los principios. en que se funda.
Ahora bien, el contenido del texto se divide en tres capítulos, el primero define de forma general los principios básicos en que debe fundarse la actuación disciplinaria; el segundo señala las etapas y procedimiento que debe observar el operador disciplinario en fase de instrucción y juzgamiento, haciendo hincapié en la importancia del mandato establecido para los operadores disciplinarios de observar las garantías fundamentales, constitucionales y legales que arropan al sujeto disciplinable.
Finalmente, el tercer capítulo de esta obra aborda uno de los temas más polémicos del derecho disciplinario en la actualidad, relativo a las competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación respecto de los funcionarios elegidos por voto popular, allí, los autores se aventuran a plantear algunas propuestas sobre cómo superar la discusión que se zanja a partir del caso Petro Orrego vs Colombia; de esta manera lograr, en lo que consideran los autores, que el régimen disciplinario colombiano se acomode al estándar Interamericano.
Contiene la reforma de las Leyes 2080 de 2021, 2213 de 2022 y la 2220 de 2022
La Ley 640 de 2001, cuya vigencia empezó a partir del día 6 de enero de 2002, abrió un nuevo panorama en todos los conflictos en Colombia para desjudicializarlos y permitir la solución oportuna, dándole un nuevo impulso a la institución, exigiendo en el ejercicio de las acciones de reparación directa y controversias contractuales el previo agotamiento del trámite de conciliación, estableciéndolo como requisito de procedibilidad. Por su parte, la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, extendió la conciliación prejudicial a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, y así el artículo 161, numeral 1.º del CPACA consagró la obligación de acudir a la conciliación antes de demandar en los asuntos que sean conciliables de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.
Recientemente se expidió la Ley 2220 de 2022, con la cual se expidió el nuevo Estatuto de Conciliación en Colombia, la cual entró a regir el 30 de diciembre de 2022, derogando todas las disposiciones anteriores y convirtiéndose en el único régimen vigente para esa figura. En lo referido a lo contencioso administrativo, mantuvo el requisito de procedibilidad en los mismos casos fijados en el CPACA, en los que se ventilan pretensiones de contenido patrimonial, al paso que actualizó sus reglas y procedimientos, buscando, ante todo, la protección del interés general y la salvaguarda del patrimonio público.
Esta nueva reglamentación unificó y estandarizó la dispersión normativa que existía sobre la conciliación, pues dado que esta se regía en algunos aspectos por la Ley 640 de 2001, por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y por el CPACA, se generaban conflictos de interpretación que, en algunos casos, terminaban dificultando el uso de este instrumento y afectando el acceso a la justicia de los ciudadanos.
La siniestralidad vial es una preocupación global que anualmente resulta en la pérdida de aproximadamente 1,19 millones de vidas (Organización Mundial de la Salud [oms], 2023), además de numerosas lesiones graves. En Colombia, entre enero y noviembre de 2023 se reportaron 7576 víctimas fatales en siniestros viales ("Más de 7.500 víctimas por accidentes", 2023). El exceso de velocidad destaca como uno de los principales factores de riesgo tanto en Colombia como a nivel global, pues según la oms (2023) está implicado en cerca del 40% de los accidentes mortales. Este factor subraya la urgencia de que haya políticas más estrictas y campañas efectivas de concienciación para mejorar la seguridad vial.
