Administrativo

El objetivo de estas lecciones consiste en examinar las múltiples hipótesis que suelen presentarse en cada etapa del proceso ejecutivo, estudiar los problemas jurídicos que surgen y proponer la solución más apropiada de cara al régimen normativo contemporáneo. Para alcanzarlo se emplea la casuística que ofrece la experiencia forense, y se echa mano de la ley, de los principios generales del derecho procesal, de la doctrina constitucional y de los criterios aplicados en la jurisprudencia de las cortes colombianas. El autor es especialista en derecho procesal civil y doctor en derecho. Su tesis doctoral sobre la “eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad” mereció la calificación de sobresaliente cum laude. Ha sido profesor de derecho procesal en las universidades bogotanas Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, de los Andes, del Rosario, Libre y Santo Tomás. Participó en la redacción de las leyes 794 de 2003, 1098 de 2006, 1194 de 2008, 1395 de 2010 y1564 de 2012 (Código General del Proceso). Aparte de la tesis doctoral, ha publicado múltiples obras, entre las cuales se destaca el Código General del Proceso comentado (2023).

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Tomo I: Introducción general. Parte primera. La administración y su régimen jurídico. Título primero. Aspectos fundamentales del derecho administrativo. La noción de derecho administrativo. Origen y estado actual del derecho administrativo. Las fuentes del derecho administrativo. Los principios en el derecho administrativo. El principio de legalidad. Título segundo. La organización administrativa. Fundamentos de la organización administrativa. La administración nacional. La administración territorial. Título tercero. Los medios de acción de la administración. La función pública. El patrimonio público. Título cuarto. El derecho administrativo transnacional o global. La noción de derecho administrativo transnacional o global. La administración pública transnacional. La función y la normativa administrativas transnacionales. El control de la normativa y de las actuaciones de la administración pública transnacional.

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Este manual es una herramienta de consulta para conocer los atributos, elementos, clasificación, controles y noción del acto administrativo. El autor define el acto administrativo como un acto jurídico unilateral de quienes ejercen funciones administrativas para producir efectos jurídicos. Algunas características del acto administrativo son:•    Es unilateral•    Está regulado por el Derecho Administrativo•    Es dictado por una Administración Pública•    Es fiscalizable•    Es singular y concreto•    Tiene carácter consultivo Los elementos que constituyen el acto jurídico administrativo son:El sujeto, La voluntad, El objeto, El motivo, El fin, la forma. 

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El libro que el lector tiene entre sus manos es una herramienta de consulta  para el operador jurídico (asesor, abogado, graduado social, etc...). Clara, rigurosa, actualizada y completa.El objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas  y el apoyo que el jurista necesita en su práctica diaria.Para ello, el libro ha sido diseñado de forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con un enfoque singular, que no responde a parámetros tradicionales sino a la realidad de las profesiones jurídicas y con un completo índice analítico que facilita la consulta.Todos los autores que participan en la presente obra tienen una amplia experiencia profesional en las materias que abordan, lo cual se refleja en que los problemas tratados son los que realmente presentan dificultades prácticas, lo que convierte a este libro en una obra única.Junto con el presente libro en edición impresa se da el acceso al libro digital y, a través de la biblioteca virtual Tirant, a las actualizaciones que se vayan produciendo, para que el lector tenga siempre las últimas novedades y la herramienta que ponemos en sus manos conserve la utilidad práctica para la que ha sido diseñada.

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Cruce seguro: Sistemas de Retención Infantil y Derechos Humanos contra la siniestralidad vial en Colombia En Colombia, el incremento de siniestros viales impacta desproporcionadamente a niños, niñas y adolescentes. Aunque la pandemia de COVID-19 generó una disminución temporal en estos eventos, la subsiguiente reactivación ha provocado un aumento alarmante, exacerbado por el uso intensivo de vehículos privados y conductas de conducción peligrosas. Este documento se propone dos objetivos esenciales: informar y sensibilizar sobre la grave situación de siniestralidad vial que afecta a la infancia y promover la incorporación de Sistemas de Retención Infantil (SRI) como un componente crucial de las políticas de seguridad vial nacionales. Mediante un análisis detallado de estadísticas tanto nacionales como internacionales, se resalta la imperiosa necesidad de adoptar medidas específicas de protección y explora los desafíos asociados a su implementación, subrayando la importancia de la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Este documento no solo aborda una crisis de salud pública, sino que también plantea un marco para mejorar las políticas de seguridad vial, integrándolas dentro de un contexto más amplio de salud pública y derechos humanos. Adicionalmente, refuerza los esfuerzos de Dejusticia para tratar la seguridad vial como un asunto clave de salud pública y fomentar políticas que efectivamente reduzcan esta problemática.

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«Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho disciplinario». Ley 2000 de 2019 - Ley 2054 de 2020 - Ley 2197 de 2022 Contiene normatividad conexa

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Leyes 903/2004, 1239/2008, 1281/2009, 1310/2009, 1383/2010, 1397/2010, 1450/2011, 1548/2012,1696/2013, 1730/2014, 1753/2015, 1843/2017, Decreto 19 de 2012 y la Ley 2161 DE 2021 Incluye: Ley 1696 DE 2013 – Resolución Nº 1844 de 2015 , Ley 1843 de 2017, Leyes 2251 y 2252 de 2022

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Ley 1437 de 2011 – Ley 1564 de 2012 – Ley 1881 de 2018 Contiene las modificaciones de la Ley 2080 de 2021; 2195; 2207 “Términos Derecho de Petición”; 2213 de 2022 “Por la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020” Sentencia C-91/2022; Ley 2220 de 2022

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Diccionario

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«Desde hace algún tiempo se viene legislando en Colombia sobre asuntos urbanos, pero solo hasta ahora la expedición de la ley 9ª de 1989, más conocida como la Ley de Reforma Urbana, le dio al tema la importancia que merecía. Adicionalmente cobraron vigencia algunas leyes que habían sido expedidas desde hace varios años pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política necesaria para proceder a su aplicación.Con este modesto escrito pretendemos fundamentar nuestro concepto de que en el área metropolitana del valle de Aburrá sí se aplica la Ley de Reforma Urbana, aunque todavía no en la forma integral y contundente como lo quisiera el legislador, especialmente por falta de voluntad política y por las condiciones especiales de conformación de nuestra ciudad y los municipios aledaños, a lo que se suma la falta de unidad de criterios de interpretación y aplicación de las normas que regulan concretamente la enajenación voluntaria y la expropiación.Nos merece especial importancia el asunto de las migraciones de campesinos a la ciudad y la consecuente proliferación de invasiones que dan al traste con cualquier intento de planificación y ordenamiento, volviéndose además un problema social que atenta a la vez contra el orden público y los intentos de proyección y planeación de la ciudad.La expropiación administrativa se guía por la Ley 105 de 1993 cuando los predios se destinan para la estructura vial; la Ley 160 de 1994 cuando su propósito es la reforma agraria y la Ley 9ª de 1989 cuando se trata de aplicarla a la reforma urbana, así como la Ley 388 de 1997 que la modifica y adiciona y su Decreto Reglamentario 1420 de 1998, que reglamenta el proceso de expropiación por vía administrativa, y el Documento COMPES de febrero de 2004, más conocido como Marco de política de resentamientoCopyright 2011 by Librería Jurídica Sanchez R. LTDA. Calle 46 (Maturin) # 43 – 43 PBX: (4) 444 4498 Medellin – Colombia. Alojado por Host Multitecno».«Desde hace algún tiempo se viene legislando en Colombia sobre asuntos urbanos, pero solo hasta ahora la expedición de la ley 9ª de 1989, más conocida como la Ley de Reforma Urbana, le dio al tema la importancia que merecía. Adicionalmente cobraron vigencia algunas leyes que habían sido expedidas desde hace varios años pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política necesaria para proceder a su aplicación.Con este modesto escrito pretendemos fundamentar nuestro concepto de que en el área metropolitana del valle de Aburrá sí se aplica la Ley de Reforma Urbana, aunque todavía no en la forma integral y contundente como lo quisiera el legislador, especialmente por falta de voluntad política y por las condiciones especiales de conformación de nuestra ciudad y los municipios aledaños, a lo que se suma la falta de unidad de criterios de interpretación y aplicación de las normas que regulan concretamente la enajenación voluntaria y la expropiación.Nos merece especial importancia el asunto de las migraciones de campesinos a la ciudad y la consecuente proliferación de invasiones que dan al traste con cualquier intento de planificación y ordenamiento, volviéndose además un problema social que atenta a la vez contra el orden público y los intentos de proyección y planeación de la ciudad.La expropiación administrativa se guía por la Ley 105 de 1993 cuando los predios se destinan para la estructura vial; la Ley 160 de 1994 cuando su propósito es la reforma agraria y la Ley 9ª de 1989 cuando se trata de aplicarla a la reforma urbana, así como la Ley 388 de 1997 que la modifica y adiciona y su Decreto Reglamentario 1420 de 1998, que reglamenta el proceso de expropiación por vía administrativa, y el Documento COMPES de febrero de 2004, más conocido como Marco de política de resentamientoCopyright 2011 by Librería Jurídica Sanchez R. LTDA. Calle 46 (Maturin) # 43 – 43 PBX: (4) 444 4498 Medellin – Colombia. Alojado por Host Multitecno».«Desde hace algún tiempo se viene legislando en Colombia sobre asuntos urbanos, pero solo hasta ahora la expedición de la ley 9ª de 1989, más conocida como la Ley de Reforma Urbana, le dio al tema la importancia que merecía. Adicionalmente cobraron vigencia algunas leyes que habían sido expedidas desde hace varios años pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política necesaria para proceder a su aplicación.Con este modesto escrito pretendemos fundamentar nuestro concepto de que en el área metropolitana del valle de Aburrá sí se aplica la Ley de Reforma Urbana, aunque todavía no en la forma integral y contundente como lo quisiera el legislador, especialmente por falta de voluntad política y por las condiciones especiales de conformación de nuestra ciudad y los municipios aledaños, a lo que se suma la falta de unidad de criterios de interpretación y aplicación de las normas que regulan concretamente la enajenación voluntaria y la expropiación.Nos merece especial importancia el asunto de las migraciones de campesinos a la ciudad y la consecuente proliferación de invasiones que dan al traste con cualquier intento de planificación y ordenamiento, volviéndose además un problema social que atenta a la vez contra el orden público y los intentos de proyección y planeación de la ciudad.La expropiación administrativa se guía por la Ley 105 de 1993 cuando los predios se destinan para la estructura vial; la Ley 160 de 1994 cuando su propósito es la reforma agraria y la Ley 9ª de 1989 cuando se trata de aplicarla a la reforma urbana, así como la Ley 388 de 1997 que la modifica y adiciona y su Decreto Reglamentario 1420 de 1998, que reglamenta el proceso de expropiación por vía administrativa, y el Documento COMPES de febrero de 2004, más conocido como Marco de política de resentamientoCopyright 2011 by Librería Jurídica Sanchez R. LTDA. Calle 46 (Maturin) # 43 – 43 PBX: (4) 444 4498 Medellin – Colombia. Alojado por Host Multitecno».«Desde hace algún tiempo se viene legislando en Colombia sobre asuntos urbanos, pero solo hasta ahora la expedición de la ley 9ª de 1989, más conocida como la Ley de Reforma Urbana, le dio al tema la importancia que merecía. Adicionalmente cobraron vigencia algunas leyes que habían sido expedidas desde hace varios años pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política necesaria para proceder a su aplicación.

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A diferencia de otros textos, la indagación del profesor Francisco Perea puede considerarse como un delicado y profundo estudio en derecho ambiental. Y se dice «delicado y profundo estudio en derecho ambiental» porque sus páginas analizan, con la pericia de un científico que escudriña en la materia, los aspectos más significativos y destacados de esta importantísima rama del derecho. Dividido en siente capítulos, el libro trata temas que todo fanático del medio ambiente problematiza cuando tiene oportunidad. Por ejemplo, discute cuestiones como los antecedentes del derecho ambiental, sus orígenes en la historia del pensamiento, la relación actual entre medio ambiente y el concepto del desarrollo sostenible, el Estado y el medio ambiente, el sistema colombiano del medio ambiente, la función ecológica de la propiedad, los crímenes contra el medio ambiente, un rodeo bastante interesante respecto a la legislación ambiental, entre otros. ¡No olviden!, la obra del profesor Perea es ante todo un libro de consulta y un curso perfecto en derecho ambiental. ¡Disfrútenlo!

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La presente investigación estudia el conflicto armado como hecho sociológico que ha causado la reacción del dispositivo jurídico de dos maneras; estas son: la creación de normas jurídicas que humanicen la guerra y que busquen la atención integral a las víctimas, y la configuración de un régimen jurisprudencial por parte del Consejo de Estado colombiano que determina los criterios para que la administración sea responsable patrimonialmente por actos terroristas. Por tanto, el trabajo realizado tiene un enfoque de sociología jurídica y de derecho público, pues estas dos disciplinas tienen los elementos epistemológicos para explicar la guerra en Colombia como un fenómeno social que ha tenido implicaciones jurídicas tan trascendentes que ha llevado a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a condenar al Estado en virtud de los diferentes criterios de imputación, falla en el servicio, daño especial y riesgo excepcional.Sin embargo, el estudio del tema no solamente se limita a determinar que la conclusión de la jurisprudencia contencioso-administrativa en este tópico ha sido que el juez deberá valorar de acuerdo a las circunstancias el criterio aplicable, sino que se ha ahondado en las nociones de la sociología y del derecho para optimizar la comprensión del conflicto armado colombiano, planteándose interrogantes como: ¿De llegarse a un acuerdo final para la terminación del conflicto con los grupos al margen de la ley en Colombia, y de repetirse hechos violentos, cuál sería la noción sociológica que daría lugar a la responsabilidad estatal por actos terroristas si se supone que institucionalmente el conflicto fue terminado mediante un acuerdo de paz?

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