Todos los productos

Ley 1952 de 2019 incluidas las modificaciones de la ley 2094 de 2021, en paralelo con el código disciplinario único Ley 734 de 2002

Leer Más Menos

Podríamos decir que desde el Código Judicial contenido en la Ley 105 de 1931, que determinaba la manera en que se adelantaban entre nosotros los procedimientos judiciales, pasando por las diferentes normativas especiales, como ocurre con el Código de Procedimiento Penal de 1938 y de 1971, el Código de Procedimiento Civil, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procedimientos y trámites, era realmente muy poco.  Esta revolución tecnológica se presenta, en nuestro sentir, en tres momentos, marcados por los cambios normativos, y por supuesto, el avance de las tic.  En un primer momento aparece una nueva normativa que viabiliza y propende por una sucesiva implementación de las tic en los procesos judiciales. La Constitución Política de 1991 y la consecuente expedición de la Ley 270 de 1996, desarrollan el derecho fundamental a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, y, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia formula la idea de avanzar en la implementación de la tecnología en el servicio público esencial de la Justicia.  Ya para entonces, para los años 90, los Despachos Judiciales de nuestro país comenzaban a dejar atrás las máquinas de escribir que eran parte del paisaje de los Juzgados y pasaban a los computadores y las impresoras. Incluso, en algunos Despachos se permitió el envío de documentos vía fax, aun cuando la radicación y el archivo de documentos siguió siendo la costumbre, básicamente, hasta la pandemia.  La llegada del Siglo XXI trajo a Colombia una sucesiva reforma de los Códigos de Procedimiento Penal, Civil y Contencioso Administrativo, disposiciones todas que hacen una apuesta por la implementación de las tic, y la oralidad como un criterio modulador de la actuación, lo que permitió la realización de algunas diligencias por la vía de lo que se denominaba para entonces la “videoconferencia”. Aún con una normativa generosa que permitía la aplicación de las tic a las actuaciones judiciales, la práctica judicial colombiana marcada por la desconfianza hacia la tecnología seguía rindiendo culto a la actuación por escrito, y las diligencias se realizaban en los despachos judiciales, en los que el único cambio fue que se cambiaron las extensas transcripciones por la grabación en audio o video de las actuaciones.  Con ocasión del advenimiento de la pandemia del covid-19 en marzo del año 2020 Colombia entró en un confinamiento obligatorio que llevó al desafío de resolver la manera de impartir justicia cuando todos los ciudadanos estaban en sus casas. En un primer término, se suspendió la prestación del servicio de justicia en las áreas civil, comercial, laboral, administrativo, y, en general, todas, con excepción de la penal, que se desarrolló de manera presencial con las medidas de bioseguridad del caso.  Sin embargo, rápidamente, en aplicación a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004 jueces, fiscales y abogados rápidamente pasaron a las audiencias virtuales y encontraron los múltiples beneficios que dispensan. Mayor seguridad en el almacenamiento de la información, seguridad para testigos y víctimas, reducción de las circunstancias que conducen a la frustración de las diligencias, fueron apenas algunas de las ventajas que aparecieron para todos los colombianos. La llegada de la virtualidad a la administración de justicia no solamente supuso la realización de audiencias telemáticas, sino también la radicación de los documentos a través del correo electrónico o incluso aplicaciones de mensajería instantánea, la digitalización de los expedientes y el archivo de las actuaciones en la nube, en condiciones de seguridad y trazabilidad de las actuaciones.  Ante las ventajas que eran evidentes para todos los ciudadanos se expidió el Decreto 806 de 2020 que dispuso la realización de audiencias virtuales, radicación de documentos vía electrónica y toda una puesta en marcha de una justicia digital, acorde a los tiempos que corren. Se dispuso una vigencia de 2 años a partir de su promulgación, en tanto que se pensaba inicialmente como una medida coyuntural mientras se superaba la pandemia. Superada esta crisis sanitaria, para el año 2022 un amplio movimiento donde intervinieron todos los actores del sector justicia clamaron por el mantenimiento de la justicia digital y es así como el Decreto 806 de 2020 se convierte en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022.  La Justicia Colombiana en apenas dos años tuvo un avance sin precedentes, tanto desde las prácticas como desde lo normativo a través de las experiencias de aprendizaje que dispensó un evento tan lamentable como lo fue la pandemia.  Justo en el momento en que los colombianos valoraban y ponderaban los avances de las tic en la administración de justicia, la Sentencia C-134 de 2023 proferida por la Corte Constitucional nos retornó a la Justicia del año 1999. Al ordenar la realización de juicios presenciales con argumentos basados en sesgos y prejuicios, con una sorprendente falta de rigurosidad se dispuso un retroceso en detrimento de todos los ciudadanos y de la Administración de Justicia. Es, por decir lo menos, lamentable, que una Corte que en otros tiempos generaba admiración en todas las latitudes por su carácter disruptivo y progresista tomara una decisión como esta, quedando como consuelo el que la tecnología nos rebasa, hoy podemos estar atónitos frente a una realidad que es incomprensible, pero que será cosa del pasado en muy poco tiempo, cuando veamos los efectos que esta decisión va a tener para todos los colombianos. 

Leer Más Menos

Ley 1098 de 2006 Decretos Reglamentarios 4840 de 2007,
860 de 2010, 936 de 2013
Con las modificaciones de las Leyes de 2021:
2089 Prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes 2126 Reforma a Comisarías de Familia
2137 Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Con la modificación de la Ley de 2022:
2229 Crea el régimen especial de visitas
entre abuelos y nietos, y se impide al victimario ser titular
del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de ésta. Decreto 1310 de 2022 - Reglamentario de la Ley 2097 de 2022 sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM Se incluye la inexequibilidad del matrimonio de menores de edad. Sentencia C-039/20025 Contiene la Ley 2447 de2025. Uniones tempranas en las cuales uno o ambos contrayentes o compañeros permanentes sean menores de 18 años 

Leer Más Menos

Actualizada con los Actos Legislativos
N.o 01 de 2024; 01, 02, 03 de 2023; 01, 02
de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017;
01 de 2016; 01, 02 de 2015.
Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706
de 2017 y Sentencia C-332 de 2017 14.a edición Contiene cuadros sinópticos

Leer Más Menos

(Titulado, con concordancias jerarquizadas, anotado con más de 900 comentarios tanto doctrinales como jurisprudenciales, con especial referencia al Código General del Proceso y legislación complementaria)

Leer Más Menos

Decreto 410 de 1971Ley 2069 de 2020 - Ley 1778 de 2016 - Ley 1676 de 2013 - Ley 1727 de 2012 - Ley 1258 de 2008 – Ley 811 de 2003 (SAT) - Ley 256 de 1996 - Ley 222 de 1995 Decreto 398 de 2020 - Decreto 19 de 2012 - Decreto 1 de 1990Normas pertinentes de los Decretos Únicos Reglamentarios 1625 de 2016 - 780 de 2016 - 2420 de 2015 - 1085 de 2015 - 1082 de 2015 - 1080 de 2015 - 1079 de 2015 - 1078 de 2015 - 1077 de 2015 - 1076 de 2015 - 1074 de 2015 1072 de 2015 - 1071 de 2015 - 1070 de 2015 - 1068 de 2015Incluye normas pertinentes del Decreto 806 de 2020Ley 2195 de 2022 en lo pertinente Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupciónContiene cuadros sinópticos:•Proceso verbal sumario•Pasos para la constitución de sociedades comerciales •Términos importantes en el código de comercio •Derecho de preferencia en cesión de cuotas sociales

Leer Más Menos

Mientras se desarrolla un software inteligente por el Consejo Superior de la Judicatura en procura primordialmente de la unificación de procedimientos y criterios en la ardua tarea que cumplen las relatorías de todos los órganos judiciales del país y que logre integrarlas, estamos comprometidos en nuestra corporación a mejorar los niveles de producción de providencias judiciales y los tiempos en las labores minuciosas de relatoría y de publicación de las más relevantes y emblemáticas, sobre todo de las que vayan trazando el camino dialéctico y cambiante del desarrollo de las líneas jurisprudenciales, utilizando para ello todas las alternativas disponibles de publicidad y difusión de nuestras providencias judiciales, como lo es, la edición y lanzamiento de la primera Revista Jurisprudencial de la Corporación auspiciada por la Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S. (Lijursánchez). En esta fausta oportunidad, la revista de marras contiene 30 providencias judiciales con sus respectivas fichas de relatoría, a saber: 15 de la Sala laboral, 11 de la Sala Civil y 4 de la Sala de Familia, la cual, sin lugar a duda, se convertirá también en una buena fuente de consulta de la comunidad jurídica en general y judicial del país.

Leer Más Menos

Con este libro proporcionan un entendimiento sobre cuáles son las soluciones jurídicas que se han obtenido ante los retos que impone el uso masivo de WhatsApp, una aplicación de teléfono móvil que crea eventos de competencia para la justicia contemporánea. La exquisita distinción que se hace entre documento electrónico, digital y el uso como fuente y medio de WhatsApp, nos permite dejar en claro su valor como prueba en los estrados judiciales colombianos, además de las características que forjan su autenticidad.

Leer Más Menos

Actualizada con los Actos Legislativos
N.o 01 de 2024; 01, 02, 03 de 2023; 01, 02
de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017;
01 de 2016; 01, 02 de 2015.
Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706
de 2017 y Sentencia C-332 de 2017

Leer Más Menos

Después de realizar un minucioso análisis de la presente obra, fruto de CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S., empresa que ha venido ratificando su compromiso de colaboración tanto con la administración pública como con los particulares, y a partir de su amplia experiencia y conocimientos ganados con el ejercicio profesional, fortalecido en más de 23 años de experiencia en materia de Seguridad Social en Pensiones, ha visto la necesidad a través del tiempo de realizar un compendio de normas y jurisprudencia que sirve como material de apoyo y estudio para toda clase de personas. Mediante esta obra, el Dr. Gustavo Sánchez Puerta, fundador de la firma CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S, liderando el más calificado equipo de profesionales expertos en los diferentes temas pensionales en que se centran las preocupaciones de todas las personas en general y ante la incertidumbre pensional en ambos regímenes, ha querido compartir conceptos, normas y jurisprudencia actualizada, que será de suma utilidad para todo aquel que pretenda solucionar su situación pensional, trátese de un particular o de un operador jurídico calificado, lo que además constituye una herramienta de labor para aquellos a quienes compete la misión de decidir el presente pensional de miles de colombianos.

Leer Más Menos

Ordenada Alfabeticamente

Leer Más Menos

Este texto lo he titulado “Manual práctico de derecho penal general”, porque eso es lo que pretende, ser un manual, explicar con lenguaje sencillo la dogmática del derecho penal.  No pretende ser un tratado, tampoco el crear nuevas teorías del derecho penal solo busca invitar al lector a darse la oportunidad de adentrarse en los caminos de esta rama del derecho. La motivación para la construcción de esta compilación sencilla, fue la sugerencia de estudiantes de Derecho que me pidieron que lo desarrollado en clase se estructurara en un trabajo como este. La obra está estructurada en siete capítulos, en donde se hace un análisis del por qué del derecho penal,  la reseña del derecho penal en Colombia. Luego en el capítulo dos se desarrollan los principios rectores y su armonía con la Constitución Política. Posteriormente en el capítulo tres se desarrolla el estudio de la conducta punible. En los capítulos cuatro, cinco y seis se estudia la estructura tripartita de la conducta punible, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, para terminar abordando en el capítulo siete la punibilidad y las consecuencias civiles de la conducta antijurídica.

Leer Más Menos