«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.
La insolvencia de la persona natural no comerciante y de la pequeña comerciante
plantea interrogantes frecuentes en la práctica judicial y profesional: qué juez es
competente, cuándo se suspenden los procesos, cómo se tramitan las objeciones,
qué efectos produce el acuerdo, cómo se clasifican los créditos, cuándo procede
la liquidación patrimonial, cuáles son los requisitos de la liquidación patrimonial
directa, cómo se desarrolla el proceso verbal sumario inmerso en la liquidación
patrimonial y cuál debe ser el alcance de la intervención judicial. Este manual
ofrece una respuesta ordenada a esos problemas, mediante una exposición clara
del régimen aplicable, con fundamento en el Código General del Proceso, la Ley
2445 de 2025 y el Decreto 1136 de 2025.
Con un enfoque teórico y práctico, la obra está diseñada para acompañar al lector
en la comprensión y aplicación del trámite, permitiéndole ubicar con facilidad las
etapas del proceso, identificar los principales conflictos que pueden presentarse y
encontrar criterios útiles para actuar, argumentar, resolver o decidir con mayor
seguridad. Por su estructura sistemática y su énfasis en la aplicación judicial,
constituye una herramienta de consulta para jueces, conciliadores, notarios,
abogados, estudiantes y operadores jurídicos que requieren soluciones, criterios
claros y una guía confiable frente a los desafíos cotidianos del régimen de
insolvencia.
El libro "El Manual del Personero" es una guía completa y detallada que explora las funciones y responsabilidades del Personero, un cargo público fundamental en la estructura administrativa de los municipios y distritos en Colombia.
El libro comienza con la contextualización de la figura del Personero y su importancia en la defensade los derechos ciudadanos, destacando las funciones y responsabilidades del Personero en especial las relativas a la Defensa de los derechos humanos, Vigilancia de la conducta oficial y guarda del interés público; en el marco de estas fomenta la Participación ciudadana, recibe ytramita las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos, investigando y resolviedo los casos de acuerdo con la ley.
Es "El Manual del Personero" una herramienta fundamental para cualquier persona que busque entender las funciones y responsabilidades del Personero. El libro ofrece una visión completa y detallada del cargo, destacando su importancia en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la participación ciudadana
La obra “Manual de Derecho Notarial y Registral en Colombia, Tomo I: Aspectos
sustanciales del derecho notarial” es el primero de una serie que se continuara
publicando de los autores, esta primera entrega reviste especial relevancia diversidad y riqueza de los perfiles de sus coautores, lo que se evidencia en la rigurosidad y profundidad del enfoque adoptado. Se desarrolla en ellos los aspectos sustanciales del derecho notarial en Colombia, con un abordaje histórico, analítico, con una fuerte base normativa y jurisprudencial, que permitan la más alta comprensión de cada tema abordado. El derecho notarial constituye una de las ramas más importantes del ordenamiento jurídico colombiano, al ser el eje que garantiza la autenticidad, la seguridad jurídica y la fe pública en los actos y contratos que requieren formalización. En un país donde la confianza institucional y la legalidad de los actos privados y públicos son pilares fundamentales para la convivencia y el desarrollo económico, en un país donde pese a la derogatoria del sello, se sigue confiando en el documento entintado, el estudio del derecho notarial se vuelve un conocimiento no solo pertinente, sino urgente.
El presente libro está dirigido a quienes deseen ejercer algún día en la prestigiada pero exigente especialidad del litigio. El autor indica que en esta carrera no hay atajos: una buena formación profesional del abogado litigante supone conocimientos y experiencia adquiridos en el aula, en el despacho de un abogado en ejercicio y en los tribunales, pero más que nada mucho esfuerzo y tesón para aprender por sí solo lo que ninguna escuela o persona puede enseñarle.
Esta obra tiene un sentido práctico sobre uno de los elementos esenciales a todo grupo social, en especial, cuando se busca delimitar los comportamientos de la comunidad.
El derecho procesal general los «procedimientos», es producto de una pregunta que surge ante el derecho natural, hoy llamado positivo. Evidentemente, el derecho sustancial o connatural o tendría eficacia al ejecutarlo si no existiera el modo adecuado para exigirlo dentro de esta comunidad gregaria.
De este fenómeno surge los conflictos y para tener soluciones distintas a imposiciones del más fuerte, el liderazgo del hombre, reconocido por toda la comunidad, fue llamado por los romanos juris-dictio.Sin la jurisdicción y sus cinco poderes de novio, vocativo,coertio, iudiium y ejecutio hubiese sido vana la solución de los conflictos.
En las circunstancias romanísticas, solo hasta el derecho canónico, se vislumbra los «procedimientos» y el libro de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, hace un aparte a los mismos. Por lo tanto, es España quien enarbola por primera vez el Código en Enjuiciamiento Civil español, aunque a principio del Siglo XIX, hacen prominencia Savigny, Mutter, Chiovenda, Capelletti, Carnelutti y otros.Esta obra tiene un sentido práctico sobre uno de los elementos esenciales a todo grupo social, en especial, cuando se busca delimitar los comportamientos de la comunidad…
La entrada en escena de la inteligencia artificial (ia), en múltiples y diversos campos, impacta de manera directa también nuestras vidas junto a nuestros oficios y profesiones. En sus apariciones la ia ya es un hecho comprobado que obliga a replantear escenarios de intervención en los que hemos de desenvolvernos con su ayuda y que, en ese contexto, las ciencias jurídicas para nada son ajenas.
Las tareas automáticas y repetitivas serán del resorte de la ia asegurando, si se quiere, mayor efectividad y precisión que si las desempeñáramos los humanos. Ello nos obligará a desarrollar nuevos conocimientos y destrezas que, por lo pronto, nos diferencien y aventajen frente a los algoritmos y a las máquinas.
Los centros de formación académica han de estar ya liderando una especie de alfabetización digital que garantice, como mínimo, la mejora de competencias y coopetencias para un desempeño futuro digno y, por ahora, algo incierto en donde haya espacio para todos.
La dignidad de los datos, los derechos humanos, la protección a la propiedad intelectual, la garantía a los derechos del consumidor y una libre competencia desprovista de trucos maliciosos para engañar a las personas y a las sociedades, así como la prevención, la detección y la eliminación del ciberterrorismo son tareas que, entre muchas otras, los juristas y los ciberabogados han de enfrentar en un futuro próximo para el que deben prepararse con decisión y compromiso. Es el llamado que, mediante el presente texto, hacemos.
Una de las causas de responsabilidad patrimonial del Estado que mayor tráfico tiene en los estrados judiciales y por la cual se le condena son las irregularidades que se presentan en las actuaciones administrativas contractuales de tipo sancionador, especialmente por la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de los particulares contratistas o terceros que concurren a las mismas, razón por la cual encontramos plausible realizar un ejercicio académico que analice los alcances de ese derecho y sus garantías en el marco de las citadas actuaciones. Máxime ahora que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley tendiente a modificar nuevamente el Estatuto General de Contratación de la Administración, y en lo que se refiere a este punto, pareciere dar al traste con los grandes avances jurisprudenciales construidos por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Colombia (especialmente la Sección 3.ª), así como con las normas proferidas ulteriormente, con ocasión del contenido de ese «derecho viviente»
En un mundo cada vez más complejo, donde la verdad se oculta tras
capas de intereses, tecnología y silencio, surge la figura del investigador
privado como una pieza clave en la búsqueda de justicia. La esencia del
investigador privado y su rol en el sistema judicial mundial no es solo un
libro: es una mirada profunda al compromiso, la ética, las herramientas
y los desafíos que enfrenta quien se dedica a descubrir lo que otros
quieren ocultar.
Desde los casos civiles hasta los procesos penales, desde el fraude
corporativo hasta la localización de personas, el investigador privado
moderno debe dominar no solo el arte de observar, sino también la
ciencia de interpretar, analizar y documentar. Esta obra revela el
verdadero valor del investigador como puente entre la verdad y el
derecho, resaltando su impacto en los sistemas judiciales a nivel global.
Un viaje que honra la labor silenciosa pero trascendental de quienes
hacen de la verdad su causa, de la discreción su virtud y de la justicia su
destino.
Tanto en el derecho público como en el privado se discute sobre la
existencia y los límites del unilateralismo en materia contractual. En
relación con el incumplimiento, algunos contratos típicos del Código Civil y
del Código de Comercio incorporan la facultad de terminación unilateral
como un elemento de la naturaleza. No obstante, la dificultad surge al
pactarla como elemento accidental fuera de los casos donde la
terminación está prevista legalmente.
En el derecho privado, pese a que la acción resolutoria tácita de los
artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio requiere
pronunciamiento judicial, un sector de la doctrina y la jurisprudencia
estiman que la facultad de pactar la terminación unilateral por
incumplimiento se ajusta a la autonomía de la voluntad. En el derecho
público, el problema se traslada a los contratos estatales, especialmente
cuando las normas civiles y comerciales hacen parte del régimen jurídico
de las entidades sometidas al EGCAP –arts. 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993–
y de las de régimen exceptuado –art. 13 de la Ley 1150 de 2007–.
Considerando el alcance del principio de legalidad, este libro analiza si las
entidades públicas pueden autoatribuirse la potestad de pronunciarse
motu propio sobre el incumplimiento de las obligaciones. En este
contexto, desde la teoría y la praxis, constituye un esfuerzo académico por
delimitar el alcance de la terminación unilateral por incumplimiento en el
desafiante campo de la contratación estatal.
Ante la complejidad de la criminalidad en nuestro país, viene el legislador ahora a diversificar las diferentes situaciones a la hora de imponer las medidas de aseguramiento dentro del proceso penal, al introducir nuevos escenarios es así, estableciendo normas propias para atender aquella criminalidad que proviene de los grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, como son los términos de la detención preventiva (art. 307 A), las causales de libertad (art. 317 A) y los criterios para determinar el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia en las investigaciones contra los miembros de estos grupos mencionados (art. 323 A), que ha determinado la ley 1908 de 2018 […].
Si en la propiedad horizontal residencial hay múltiples escollos de convivencia, en la copropiedad donde convergen comerciantes y actividades liberales, así se predique que es una persona sin ánimo de lucro, la esencia mercantilista y la obtención de ingresos de los propietarios guía sus movimientos. Comparte con la propiedad horizontal residencial la desidia de los copropietarios por el interés normativo, apatía que facilita la desviación de los principios orientadores plasmados en el artículo 2° de la ley base de este lejos de lo que imaginaron los legisladores al concebir la Ley 675 de 2001, los centros comerciales como modalidad de propiedad horizontal, son empresas multimillonarias convertidos en nódulos sociales y urbanos que desplazaron los parques de barrios de su rol de espacios de encuentro, aglomerando personas de múltiple estrato socio económico, integrando el comercio con diversión y alimentos, tendencia que sin duda se extiende hacia el hospedaje y la vivienda, lo que obligar a legislar para abordar la mixtura, según predomine o no la actividad mercantil.
Desde los casos civiles hasta los procesos penales, desde el fraude corporativo hasta la localización de personas, el investigador privado moderno debe dominar no solo el arte de observar, sino también la ciencia de interpretar, analizar y documentar. Esta obra revela el verdadero valor del investigador como puente entre la verdad y el derecho, resaltando su impacto en los sistemas judiciales a nivel global. Un viaje que honra la labor silenciosa pero trascendental de quienes hacen de la verdad su causa, de la discreción su virtud y de la justicia su destino.
