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Subraya la Corte su posición histórica en relación con la materia, en el sentido de que: “… la duración de la privación temporal de la libertad, aplicable a las etapas de investigación y juzgamiento, consulta en una sociedad democrática el delicado equilibrio que debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los culpables y, de otro lado, la necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso justo e imparcial.” En efecto, la duración del proceso penal, en ninguno de sus estadios procesales, puede sustraerse del marco constitucional según el cual, en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, existen restricciones sobre las medidas que resulten privativas de derechos, en especial del derecho a la libertad. Concluye, entonces, la Corte que “la indefinición de términos, particularmente cuando puedan afectar la libertad personal del procesado, resulta inconstitucional”. Ante tal advertencia, la Corte declaró condicionalmente exequible el numeral 5° del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de acusación”, dejando diferidos sus efectos hasta el 20 de julio de 2015 a fin de que el Congreso de la República expida la regulación correspondiente.

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En nuestra calidad de defensores públicos o representantes judiciales de víctimas de la Defensoría del Pueblo, que lo fuimos, nos hemos propuesto escribir este libro, que acaso sirva para ilustrar un poco al lego en esta materia y para investigar, recopilar y compendiar no solo algunos apartes de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y de los tribunales superiores de Distrito Judicial, sino también para copiar textualmente algunos aportes de otros autores sobre el tema y las experiencias vividas por las víctimas de este tipo de delitos y realizar algunas propuestas en materia de reparación integral.

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Ley 1564 de 2012; Decreto 1736 y 2677 de 2012; Ley 1676 de 2013; Decreto 1365 de 2013; Decreto1664 de 2015 Ley 1996 de 2019 Actualizado con la Ley 2030 de 2020; 2080 y 2113 de 2021; 2213 de 2022. Establece vigencia permanente del Decreto 806 de 2020Contiene modificaciones Ley 2220 de 2022 Estatuto de Conciliación Contiene cuadros sinópticos: •Términos importantes en el código general del proceso •Proceso verbal  •Proceso verbal sumario •Deslinde y amojonamiento •Proceso divisorio •Proceso de expropiación •Proceso ejecutivo – pago de sumas de dinero •Proceso monitorio •Proceso de sucesión intestada •Liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales •Insolvencia de persona natural no comerciante •Liquidación patrimonial de persona natural no comerciante.

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El presente trabajo investigativo estudia el precedente jurisprudencial, tema novedoso en líneas iniciales. Su aplicabilidad ha ido posicionándose en forma paulatina pero segura, pues la tradición en Colombia no ha sido pacífica en aceptar totalmente los fallos judiciales que emanen en Altas Cortes por la conformidad que se tiene con la consulta, en primera instancia, de la ley formal. Actualmente, apenas se abre un espacio amplio y jurídico consolidado para acatar el precedente por los entendidos en derecho, el panorama es incierto al no acatar unánimemente las decisiones de las Altas Cortes, empero ello no es practicado en la generalidad de estudios. El cambio es novedoso y, como tal, hay resistencia; también se suma la variación constante de la normatividad y con ello genera un efecto deficiente, desigual e incoherente que hace poco aplicable la jurisprudencia. No obstante, se considera que no toda decisión es obligatoria, lo que se debe distinguir, como lo haré en esta obra, es la precisión obligatoria en materia de decisiones judiciales y que no tiene tal carácter vinculante sino argumentos complementarios.

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En esta obra se habla del contrato de arrendamiento de locales comerciales. Igualmente, de la resolución de las diferencias entre arrendador y arrendatario de dichos locales, al momento de la renovación del contrato respectivo. Del mismo modo, de la fijación judicial del canon de arrendamiento cuando los contratantes no han podido acordar al respecto. Así mismo, se trata de los derechos, tanto del arrendador como del arrendatario. También se hace un análisis del proceso verbal de restitución del inmueble. Se incluyen jurisprudencias atinentes al tema y se presentan modelos de contratos alusivos al asunto.

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Celebro la extraordinaria labor de Alejandro Gaviria y Johanna Zapata, editores académicos de algunas obras colectivas que se vienen publicando en Colombia sobre Derecho y diversas manifestaciones de la cultura popular, las letras y las artes. Copiosos trabajos han reunido, en esta ocasión, provenientes de varios autores que en este libro ofrecen diversas miradas, a través de dos caminos específicos: unos parten de conceptos jurídicos para vincularlos con los hechos o casos presentados en las series, y otros inician con la evaluación de secuencias, escenas, actos, episodios o la serie en su conjunto, para luego detenerse en el estudio de categorías propiamente jurídicas. Esa es la riqueza del texto que prologo […]. En este punto es importante recordar que el Derecho es la vida misma. Una buena serie, en este sentido, permite estudiar e interpretar otras realidades, otros contextos que terminan conectándose con el Derecho. Cualquier obra de ficción sobre conflictos, injusticias, problemáticas sociales, dramas familiares, entre otros, con seguridad, hacen pensar en el Derecho. Al menos este ejercicio es inevitable para los abogados. Martín Agudelo Ramírez

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«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.

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El Derecho Público de la Constitución de 1991, tuvo un sorprendente avance con las nuevas instituciones, órganos, competencias y acciones que allí se generaron. No así puede preconizarse de la ley que, a la zaga, sólo ha salido esporádicamente con puntos de lanza en materias trascendentes como en la distribución de competencias fiscales, los servicios públicos, el urbanismo y el comercio electrónico. Y pare de contar.

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En nuestro país y pese al reciente y gran esfuerzo por entregarles los predios a las familias tradicionalmente poseedoras de estos, incluso desde hace más de cuarenta años, las normas referentes a la titulación y la legalización de predios, se ha quedado cortas y no consultan la realidad social ni el interés de los entes territoriales por hacerlo, ni muchas veces el derecho de propiedad, entre otros; algunas veces se contradicen y van en contravía de la Constitución Política, especialmente en lo que tiene que ver con el derecho de vivienda digna. Se parte del presupuesto de que, en su mayoría, los poseedores de estos predios llegaron y se apropiaron de ellos, no por un afán lucrativo o de negocio sino desplazados por las circunstancias, la fuerza mayor y los problemas de violencia o amenazas de los grupos al margen de la ley, dígase guerrilla o paramilitares en su tiempo, por la violencia política de la década de1950 que los llevó a establecerse y a construir sus viviendas en zonas no reguladoras por el Estado, al borde de quebradas, en altas pendientes, en zonas de alto riesgo mediante recuperables o no recuperables, en todo caso en terrenos abandonados por las administraciones municipales, incluso con su aquiescencia o muchas veces por su negligencia.

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Los obligados pari gradu son una institución propia de los títulos-valores, que exigen ser observados frente al fenómeno de la prescripción extintiva y la solidaridad pasiva, bajo la arista del derecho cambiario y los principios que lo rigen. De este ejercicio, puede arribarse a la conclusión de que existen tantas relaciones cambiarias independientes, unas de otras, como obligados pari gradu, y donde la suerte de alguno de ellos dista de la de los demás, como es el caso de la prescripción extintiva formulada por uno de los pari gradu, que de estimarse, solo afecta la relación obligacional de este, extinguiendo su única y exclusiva relación, perdurando la de los demás pese a la solidaridad pasiva que existe entre ellos […].

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La Jurisprudencia Penal 2º semestre 2023 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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Esta obra tiene un sentido práctico sobre uno de los elementos esenciales a todo grupo social, en especial, cuando se busca delimitar los comportamientos de la comunidad. El derecho procesal general los «procedimientos», es producto de una pregunta que surge ante el derecho natural, hoy llamado positivo. Evidentemente, el derecho sustancial o connatural o tendría eficacia al ejecutarlo si no existiera el modo adecuado para exigirlo dentro de esta comunidad gregaria. De este fenómeno surge los conflictos y para tener soluciones distintas a imposiciones del más fuerte, el liderazgo del hombre, reconocido por toda la comunidad, fue llamado por los romanos juris-dictio.Sin la jurisdicción y sus cinco poderes de novio, vocativo,coertio, iudiium y ejecutio hubiese sido vana la solución de los conflictos. En las circunstancias romanísticas, solo hasta el derecho canónico, se vislumbra los «procedimientos» y el libro de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, hace un aparte a los mismos. Por lo tanto, es España quien enarbola por primera vez el Código en Enjuiciamiento Civil español, aunque a principio del Siglo XIX, hacen prominencia Savigny, Mutter, Chiovenda, Capelletti, Carnelutti y otros.Esta obra tiene un sentido práctico sobre uno de los elementos esenciales a todo grupo social, en especial, cuando se busca delimitar los comportamientos de la comunidad…  

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