El juicio de la responsabilidad patrimonial del Estado es quizás uno de los más complejos, pues su validez está en el análisis del daño antijurídico, la causalidad y la imputación, que en conjunción pueden dotar de conocimiento al juzgador de si existe o no mérito para declarar la estructuración de la responsabilidad. De los anteriores elementos, consideramos que la causalidad es de gran relevancia, en el entendido de que no se puede estipular un único sistema teórico para resolver los casos, sino que ello dependerá del tipo de reproche obligacional que se le realice a la actuación estatal. Por ello, en el presente trabajo se desarrolla una metodología de análisis de la causalidad en la responsabilidad patrimonial del Estado, bajo la premisa de que si dicha estructura de análisis no es clara o sus elementos necesarios de análisis presentan problemas de utilización, se puede correr el riesgo de convertir al Estado en un asegurador universal.
El objetivo de estas lecciones consiste en examinar las múltiples hipótesis que suelen presentarse en cada etapa del proceso ejecutivo, estudiar los problemas jurídicos que surgen y proponer la solución más apropiada de cara al régimen normativo contemporáneo.
Para alcanzarlo se emplea la casuística que ofrece la experiencia forense, y se echa mano de la ley, de los principios generales del derecho procesal, de la doctrina constitucional y de los criterios aplicados en la jurisprudencia de las cortes colombianas.
El autor es especialista en derecho procesal civil y doctor en derecho. Su tesis doctoral sobre la “eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad” mereció la calificación de sobresaliente cum laude. Ha sido profesor de derecho procesal en las universidades bogotanas Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, de los Andes, del Rosario, Libre y Santo Tomás. Participó en la redacción de las leyes 794 de 2003, 1098 de 2006, 1194 de 2008, 1395 de 2010 y1564 de 2012 (Código General del Proceso). Aparte de la tesis doctoral, ha publicado múltiples obras, entre las cuales se destaca el Código General del Proceso comentado (2023).
Este manual es una herramienta de consulta para conocer los atributos, elementos, clasificación, controles y noción del acto administrativo. El autor define el acto administrativo como un acto jurídico unilateral de quienes ejercen funciones administrativas para producir efectos jurídicos. Algunas características del acto administrativo son:• Es unilateral• Está regulado por el Derecho Administrativo• Es dictado por una Administración Pública• Es fiscalizable• Es singular y concreto• Tiene carácter consultivo Los elementos que constituyen el acto jurídico administrativo son:El sujeto, La voluntad, El objeto, El motivo, El fin, la forma.
Esta obra ofrece al lector una mirada sencilla y sistemática de la doctrina de las cláusulas abusivas dada la creciente importancia que esta temática tiene en un contexto como el actual, caracterizado por la desigualdad en el poder de negociación de los partícipes en el mercado y la utilización de contratos cuyo contenido ha sido establecido por una sola de las partes. Así, el texto presenta el estado actual y los elementos más importantes de la doctrina de las cláusulas abusivas. Para ello, a partir del análisis de la ley, la jurisprudencia y la doctrina, tanto nacional como extranjera, el autor aborda, entre otros asuntos, el estudio de los principios y conceptos jurídicos que la sustentan, así como las finalidades que persigue. Adicionalmente, define qué es una cláusula abusiva e identifica sus características y sanciones jurídicas. Finalmente, expone los mecanismos de control existentes para evitar la inclusión de las mencionadas cláusulas en los contratos
Un análisis cuidadoso y completo de la trascendental sentencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre el tema. Crítica, aceptaciones y nuevos enunciados. El ensayo busca soluciones teóricas y prácticas.
El libro que el lector tiene entre sus manos es una herramienta de consulta para el operador jurídico (asesor, abogado, graduado social, etc...). Clara, rigurosa, actualizada y completa.El objetivo de esta obra es ofrecer las respuestas y el apoyo que el jurista necesita en su práctica diaria.Para ello, el libro ha sido diseñado de forma sistemática, clara y fácilmente accesible: con un enfoque singular, que no responde a parámetros tradicionales sino a la realidad de las profesiones jurídicas y con un completo índice analítico que facilita la consulta.Todos los autores que participan en la presente obra tienen una amplia experiencia profesional en las materias que abordan, lo cual se refleja en que los problemas tratados son los que realmente presentan dificultades prácticas, lo que convierte a este libro en una obra única.Junto con el presente libro en edición impresa se da el acceso al libro digital y, a través de la biblioteca virtual Tirant, a las actualizaciones que se vayan produciendo, para que el lector tenga siempre las últimas novedades y la herramienta que ponemos en sus manos conserve la utilidad práctica para la que ha sido diseñada.
La tercera edición se centra en el desarrollo del derecho social, establece un marco teórico de introducción a los estudios del derecho, pone al descubierto la insuficiencia de los contenidos del Código Civil y plantea nuevos modelos de interpretación y aplicación del derecho por parte de los operadores jurídicos, por otra parte plantea la polémica de la concepción de los derechos subjetivos y el sujeto del derecho. El texto invita a un nuevo enfoque del derecho civil en Colombia ubicado en el siglo XXI y facilita su comprensión a los estudiantes y académicos.
Desde hace algún tiempo, se viene cuestionando en cierto sector de la Doctrina europea, en especial la de España e Italia, lo mismo que en la Latinoamericana, lo concerniente a los poderes materiales del juez, con especial énfasis en el deber impuesto a los jueces de decretar pruebas de oficio.La prueba de oficio, como deber- poder material del juez, consistente en que el juzgador, a su iniciativa, en los procesos civiles, laborales, contencioso administrativo y aún penal, pueda decretar pruebas no solicitadas por las partes, sin más limitaciones que los establecidos por el ordenamiento jurídico, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, en aras de buscar la verdad de los enunciados fácticos propuestos por las partes.Las pruebas de oficio, van más allá de las medidas para mejor proveer, que eran definidas como «aquellas que el juzgador puede disponer, en el momento que ha de dictar una providencia, y con las garantías y los requisitos establecidos por la ley, al objeto de lograr que dicha providencia sea más ajustada al derecho y la justicia; esto es, como su nombre lo indica, para mejor proveer»'.
En el año 2001, recién comenzaba la vigencia del actual Código Penal -Ley 599 de 2000-, escribimos la obra FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, teniendo básicamente como norte el llamado ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN contenido en la Ley 190 de 1995, aunque comparándolo con las nuevas normas penales. Las pretensiones de ese estatuto eran combatir la corrupción administrativa en todos los sectores de la administración pública, como uno de los grandes males que siempre ha existido en Colombia y en otras latitudes del universo, porque el dinero fácil es la más grande oportunidad y tentación de enriquecimiento con el patrimonio público para aquellos servidores del Estado que no tienen unos valores morales y éticos bien acendrados. Por ello, para nadie es un secreto que los delitos contra el Patrimonio Económico del Estado, se incrementan día a día y que el respeto por los bienes oficiales se ha acrecentado de una manera desbordada, al punto que los ciudadanos del común los miran con cierta tolerancia y aún con complacencia, cuando indirectamente resultan beneficiados con las desviadas conductas de los servidores públicos…
La Ley de Restitución de Tierras como los decretos que facilitan la restitución de los derechos territoriales étnicos establecen como límite al ejercicio de la acción de restitución por despojo o desplazamiento el 1.º de enero de 1991, y para el caso étnico desde 1990 cuando se trata de despojo o desplazamiento de tierras coloniales. El control de convencionalidad con respecto al ejercicio pretemporal de la acción de restitución tiene como finalidad establecer, a partir del control de convencionalidad, los elementos de juicio necesarios que permitan determinar el carácter inconvencional de la limitación temporal para el ejercicio de la acción de restitución, señalada en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011 y replicada sin ninguna contemplación a la acción de restitución de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades étnicas en los decretos leyes 4633 y 4635 de 2011.
En la presente obra se quiso desarrollar un tema que poco a poco va teniendo gran importancia y repercusión en el escenario jurídico, tanto en el orden internacional como interno, concerniente a la necesidad latente de la aplicación efectiva por parte de los funcionarios del Estado del corpus juris interamericano de derechos humanos ratificados por Colombia y que como corolario repercuten en la protección de los derechos fundamentales instituidos en la Carta política de 1991.
De igual forma se buscó rescatar la importancia de aplicar ex officio estos tratados y convenciones ratificados por el Estado colombiano que versen respecto de derechos humanos, al igual que los distintos Pronunciamientos y Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de aquellos funcionarios que encabezan los despachos de la rama judicial (entiéndase jueces y magistrados) antes de proferir sus respectivas sentencias; como también de todos los funcionarios del Estado Colombiano en cada una de sus actuaciones administrativas en las que se vea inmerso una decisión que pueda vulnerar un derecho de esta categoría, con miras a buscar con la implementación de un control de convencionalidad su protección efectiva.
