No deja de sorprender que un derecho de tanta trascendencia como el de petición, solo haya merecida unas cuantas reflexiones en los manuales de derecho constitucional y de derecho administrativo colombiano, que la mayoría de las veces se limitan a realizar una superficial exégesis de las normas que lo regulan. Por el contrario, en la presente obra, a lo largo de 16 capítulos se examinan la historia y la naturaleza del derecho de petición; las autoridades y las organizaciones privadas como sujetos pasivos del mismo; los sujetos activos de ese derecho; los requisitos formales y sustanciales de la petición; la tipología de las peticiones; el plazo de respuesta y su alteración; los requisitos que esta debe cumplir para que satisfaga las exigencias constitucionales y legales; la reserva de información; la forma de llevar a cabo la notificación, comunicación y publicación de la respuesta; los recursos procedentes en contra de esta; el recurso de la insistencia y la acción de tutela, como mecanismos judiciales encaminados a la protección de ese derecho y, finalmente , el derecho de petición en el sector de los servicios públicos domiciliarios.
En la actualidad, la fuerza vinculante del precedente se reconoce, no solo en los ordenamientos que hacen parte de la familia del common law donde tradicionalmente se ha admitido, sino además en ciertos sectores de la familia continental, en la cual se ubica el sistema jurídico colombiano. Como expresión de esta circunstancia, la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso-administrativo (CPACA), establece que las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado y los precedentes administrativos de las autoridades, gozan de fuerza vinculante, permitiendo predicar su carácter de fuentes del derecho administrativo.Pues bien, este libro analiza las incidencias hermenéuticas y democráticas de dicho modelo, indagando si el otorgamiento de fuerza vinculante a las sentencias de unificación jurisprudencial y a los precedentes administrativos «altera» el orden de las fuentes del derecho administrativo. A partir de lo anterior, se cuestionan las posibilidades reales y teóricas de efectividad, en los tiempos que corren, de un sistema de sujeción al precedente, que permita lograr la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho administrativo. Por ello, de manera alternativa, se muestran as ventajas de un sistema flexible y persuasivo de vinculación a los precedentes, que , en principio, solo otorguen a estos la naturaleza de argumentos útiles para los jueces y autoridades, e el escenarios de la justificación racional de las decisiones.
En la revista «TEMAS PROCESALES», el lector encontrará temáticas relacionadas con el estudio del derecho procesal actual y el análisis de jurisprudencia. El texto es fruto del esfuerzo realizado por un grupo de trabajo en el cual participan representantes de diferentes universidades de la ciudad, que han unido esfuerzos con el aval de la maestra Beatriz Quintero de Prieto, para dar continuidad a tan importante proyecto académico y que orgullosamente se presenta a toda la comunidad académica e investigativa que se preocupa por indagar en discusiones de actualidad en el derecho procesal.
Jurisprudencia de la sección tercera del consejo de estado, año 2013. -Responsabilidad contractual. -Responsabilidad extracontractual -Aspectos procesales -Acciones populares. Contiene las providencias completas.Jurisprudencia de la sección tercera del consejo de estado, año 2013. -Responsabilidad contractual. -Responsabilidad extracontractual -Aspectos procesales -Acciones populares. Contiene las providencias completas.
Estudio comparativo de los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo, a la luz de la Ley 1437 de 2011 y de la Ley 2080 de 2021
Nadie se imaginaba a principios del año 2020, los profundos cambios a los que se vería sometida la humanidad a raíz de la pandemia derivada del virus Covid 19.
A inicios de ese año se vislumbraba una reforma a la Ley 1437 de 2011 evidenciada en el proyecto de Ley 007 de 2019 (Senado), pero no estaba en los cálculos de nadie, que a causa del mencionado problema de salud pública, quedáramos sometidos, no solo a un sinnúmero de restricciones de toda índole, sino, a una avalancha de decretos y normas emitidas en virtud del estado de excepción que tuvo que ser declarado para tratar de contener la enfermedad y sus nocivos efectos en todos los ámbitos.
Esa normativa de “emergencia”, que entre otras cosas enfatizó en la digitalización de la justicia, llegó para quedarse, tal como lo evidencia la Ley 2080 de 2021, que incorpora trascendentales cambios que impactarán los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y claro está, repercutirá en los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo.
Se analizará el trabajo y la seguridad social como derechos convencionales y constitucionales, tutela jurisdiccional en estas materias, relación entre autonomía del derecho procesal laboral y procedimiento monitorio, finalidad, obligaciones objeto de pretensión, procedimiento adecuado (puro o documental), derecho comparado, trámite eventual.
Esta obra presenta el consentimiento como causal de ausencia de responsabilidad penal prevista en nuestro ordenamiento, pretendiendo encontrar su sustento constitucional en la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad como fuentes de la disponibilidad del bien jurídico. En el primer capítulo toma partido por la teoría del bien jurídico frente a los aportes importantes del funcionalismo sistémico y luego desarrolla su relación con el titular para sustentar el concepto de disponibilidad. En seguida define el consentimiento, estableciendo sus requisitos y la ubicación dogmática en la teoría del delito, para, finalmente, enfrenta las consecuencias de estos conceptos frente al bien jurídica vida y su disponibilidad por parte del titular con un tercero.
Mirando la vida desde un sentido normativo, sustenta la no responsabilidad del tercero que actúa bajo el consentimiento del titular de ese bien jurídico, eliminando el tabú que encierra este tipo de situaciones y apartándose de posturas colectivistas que carezcan de un verdadero sustento constitucional. Por último, presenta como consecuencia la inconstitucionalidad del delito de inducción y ayuda al suicidio, las diferentes consecuencias en el delito de homicidio por piedad y en la definición misma del homicidio, como un ataque en contra del titular del bien jurídico, descartando los casos donde el tercero ha actuado con su consentimiento.
Cómo no afirmar, que en esta ocasión es plenamenteaplicable aquello de que "lo que es bueno se repite", cuando ha sidotan corto el espacio que media entre una y otra edición de la obra "DerechoDisciplinario Interactivo" del profesor Cristian David Salazar Chavarro,quien en esta oportunidad me honra con la posibilidad de prologar su segundaedición.
Y es que más allá de convertirse este prólogo en unasemblanza a su brillante carrera profesional, que por cierto, el lujo de susejecutorias lo tornan como indiscutible, permítaseme llamar la atención a aquél"desprevenido lector" que por primera vez se acerca a esta novedosaforma de abordar el derecho disciplinario, y por qué no, a invitar a aquellosque ya la conocen, a que en esta segunda edición ratifiquen que lainteractividad prometida en su título, se reafirma hoy más que nunca, en dondesin citas farragosas propias de la falsa erudición, omitiendo lenguaje floridoy fastidioso que empalaga al lector, acertadamente va de la mano con losmodernos avances en las tecnologías de la información y la comunicación, y sobreto-do,en algo que el profesor Salazar ha enfatizado, como es la aplicación de laInteligencia Artificial en el derecho disciplinario.
Y es que la obra del doctor Cristian, llega a cumplir unasentida necesidad de estos tiempos post COVID, en donde el conocimiento sereclama como inmediato y de fácil acceso, y en el que el abogado necesitacontar con una herramienta comprensible y práctica que le permita su adecuadoejercicio desde cualquier rol que desempeñe. Aquí el autor, fue especialmentecuidadoso en construir un texto, que sin sacrificar altura y suficienciajurídica, logra llegar a un público incluso, que no está familiarizado con elderecho disciplinario. Ese nicho sin proponérselo, terminará ayudando a lossujetos disciplinables sin excepción, quienes encontrarán también en la obra,una carta de navegación necesaria que les permitirá el diálogo no solo con sudefensor, sino además con las autoridades que ejercen control disciplinario, ycomo valor agregado, llega esta segunda edición bajo la plena vigencia delCódigo General Disciplinario, a colmar un sinnúmero de inquietudes que se hanvenido presentando en el día a día, con puntuales preguntas y respuestas que deseguro facilitarán la tarea de todo aquél que la aborde. (...)
El doctor Salazar optó por el camino provechoso deaportar, y de provecho está cundida esta gran obra, los invito a que se den laoportunidad de conocerla, reencontrarla, degustarla, aprovecharla, convertirlade consulta obligada, con la seguridad de que muchos aspectos de sus roles, enlenguaje interactivo, se "formatearán" para bien de las garantías delos disciplinados, aspecto que valoro y resalto de todos los capítulos que lacomponen, porque en últimas, la manera como aborda los temas estructurales deldisciplinario, y más que ello, la precisión y claridad en punto de susprocedimientos, traducirán a la larga en buenas prácticas que redundan en unejercicio más humanista y aterrizado al día a día de las dinámicas que vivimoslas autoridades disciplinarias.
La confección de la obra puesta de presente, se erige con la producción de cuatro capítulos dentro de los cuales, el primero, busca describir el contexto social por el cual se presume la incursión de ...
La confección de la obra puesta de presente, se erige con la producción de cuatro capítulos dentro de los cuales, el primero, busca describir el contexto social por el cual se presume la incursión de las personas en las causales extintivas. El segundo apartado se centrará en identificar los estándares convencionales erigidos en los acuerdos internacionales y jurisprudencia interamericana de protección de los DDHH para el resguardo de la propiedad privada y las obligaciones de protección que el Estado debe cumplir frente al conglomerado. El tercer acápite busca identificar y comprender las circunstancias fácticas de los tipos objeto de sanción junto con las características legales de las medidas cautelares en los procesos de extinción de dominio. Por último, el cuarto componente, pretende sugerir propuestas que permitan armonizar y adecuar la forma en que se deben ordenar las medidas precautelativas en los procesos extintivos del dominio a los ritos convencionales.
Este libro comprende una exposición y análisis del Derecho Administrativo General y Procesal, señalando sus principales antecedentes, elementos, fundamentos legales, mecanismos jurídicos, jurisprudencia...
Este libro comprende una exposición y análisis del Derecho Administrativo General y Procesal, señalando sus principales antecedentes, elementos, fundamentos legales, mecanismos jurídicos, jurisprudencia aplicable y debates que se ciernen en torno a los temas expuestos. La obra se divide en dos partes: La parte general, que abarca todo el sustrato teórico sobre el origen o antecedentes del Derecho Administrativo, a nivel internacional y nacional, exponiendo de manera clara y completa los hechos e instituciones que lo antecedieron, así como el origen del Consejo de Estado. En la segunda parte del libro, que se denomina procesal, se abarca lo relacionado con la actividad administrativa, esto es, el despliegue de actuaciones de la administración pública a través de las cuales se manifiesta, dentro de ellas los hechos, operaciones, procedimientos y actos administrativos.
En esta primera parte del libro su autor presenta una herramienta para los abogados, los operadores jurídicos y los estudiosos de los temas laborales, describiendo los principios del trabajo como obligación social, primacía de la realidad, de la estabilidad, con un gran ingrediente filosófico, jurídico y jurisprudencial, dirigido a quienes deben reconocer que a partir de la Constitución de 1.991 se elevaron a rango constitucional, los principios laborales, los cuales cada día recobran un papel importante en el desarrollo de los derechos ciudadanos, hoy tratados como principios fundamentales, y que son judicializados en la ley procesal nacional e internacional.
El litigio societario y la solución judicial especializada de conflictos entre accionistas y entre accionistas y administradores es una disciplina naciente que, pese a los avances significativos logrados por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, continúa siendo un área novedosa que durante años permaneció dividida entre aspectos sustanciales y procesales. Esta obra busca ser una combinación de las dos áreas y servir como un manual de Derecho procesal societario que brinde a estudiantes, abogados y jueces una guía sobre los principales tipos de litigios corporativos que se presentan en el país.
«Todo conocimiento humano es incierto, inexacto y parcial». Esta
afirmación, atribuida a Bertrand Russell, no es una declaración de
escepticismo absoluto, sino un llamado a la humildad epistémica.
Nos recuerda que, por más avances científicos o sistemas
racionales que construyamos, nunca alcanzamos una verdad total,
definitiva ni infalible. La ciencia, la filosofía, la historia y también el
derecho, son construcciones humanas sujetas a error,
interpretación y cambio.
En el terreno de la justicia, esta limitación se vuelve especialmente
delicada: juzgar a otro ser humano conlleva el riesgo de
equivocarse, de no ver todo el contexto, de basarse en prejuicios o
en verdades parciales. A lo largo de la historia, incluso con las
mejores intenciones, los sistemas judiciales han cometido errores
graves: condenas injustas, castigos desproporcionados, exclusión
de voces importantes, olvido de las víctimas y reproducción de
violencias estructurales.
