Penal

La Reforma Procesal Penal en América Latina, más que un cambio normativo o procedimental, implica básicamente una transformación cultural y que los operadores adquieran una nueva visión de la Justicia Penal. El nuevo modelo de Juzgamiento que trae el Código Procesal Penal, está basado en el método de la Oralidad, cuyo desarrollo debe garantizar la efectividad de los principios de publicidad, inmediación, concentración, contradicción y defensa. En ese contexto de cambio, se hace necesaria la formación de operadores jurídicos capaces de materializar los principios fundamentales del Sistema Penal Acusatorio, a través del desarrollo de habilidades y destrezas para la Litigación Oral Adversarial. El presente texto pretende ocuparse en los primeros capítulos del proceso penal común y en los capítulos finales busca contribuir al desarrollo de habilidades, destrezas y valores para la litigación oral, a partir de conceptos, recomendaciones y ejercicios prácticos de las técnicas del proceso oral y del planteamiento y análisis de casos. Para la presentación de los temas se acudirá a ejemplificar las ideas con ejercicios en casos penales. Ello, sin embargo, no significa que este sea un libro sobre práctica forense penal. Existe consenso en cuanto a que la labor más delicada, difícil y exigente que puede enfrentar un abogado litigante o un Fiscal en el curso de un proceso judicial de cualquier naturaleza, es litigar en un Juicio Oral; probablemente nada requiere tanta preparación, destreza y experiencia…

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Sale a la luz la obra en un momento culminante, en las consideraciones estatales de sellar un acuerdo con el principal grupo insurgente, que incluye su desmovilización, para los efectos de una paz segura y permanente, tal como se prevé en el Acto Legislativo 01 de 2012. El texto ha sido confeccionado por el autor desde los albores de su función como defensor público para mediados de los años 90 en la Regional de la Defensoría del Pueblo en Córdoba, sellado en el ejercicio judicial, y plasmada al interior de la maestría “Derecho Penal y justicia Transicional”, de la Universidad Santiago de Cali, graduado en el año 2013. Centro Académico en el cual funge como catedrático en Derecho Penal. El texto presagia, desde entonces, de la efectiva y eficaz aplicación de una justicia transicional restaurativa, tanto como audaz, aunque precariamente, se está aplicando, y sin cerrar la puerta para la aplicación de tal modelo de justicia a todos los intentos del pasado y del futuro para los otros autores conflictivos.La obra trasciende la actualidad, con pertinencia, y veracidad, en las claras, inequívocas y expresas, definiciones de los elementos de la aplicación de un proyecto de “justicia transicional y restaurativa”, como instrumento para canalizar el cese del conflicto para los efectos de la paz y la reconciliación nacional. El título: “justicia transicional y fin del conflicto; de la barbarie a la civilidad”, define los efectos trascendentes de la aplicación de esta clase de justicia. Y el título de la investigación al interior de la maestría: “Verdad para la justicia, la reconciliación nacional y la paz segura y permanente, en un proyecto de justicia transicional y restaurativa en Colombia”, previene de la necesidad de las definiciones veraces y verdaderas de toda la teoría de la justicia transicional como necesarias para que los actores, en todo el devenir del proceso, se sientan seguros y ciertos de lo ofertado y demandado, y el resultado de tal labor se refleje en una paz cierta, segura y permanente…

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La Prueba ilícita y la regla de exclusión es un libro extraordinariamente oportuno y necesario, en virtud de que a diario observamos en las distintas legislaciones cómo se violan principios constitucionales y legales en los diversos procesos judiciales, muy a pesar de que tienen previsto en la Constitución nacional la prohibición expresa de utilizar pruebas ilícitas, llevando a juicios ilegales a cualquier persona. El libro está escrito de manera sencilla y cómoda y en un estilo popular para que sea leído e interpretado por cualquier persona, pero dirigido, muy especialmente, a la población de abogados y estudiantes de Derecho que tengan un marcado interés en hacer valer los derechos, tanto propio como de sus patrocinados. Este libro se ocupa de allanar el camino para hacer más visible el tratamiento del tema de que se ocupa, es decir, la prueba ilícita y la regla de exclusión, haciendo énfasis en el derecho comparado, en sus modalidades relativas en la teoría del fruto del árbol envenenado, prevista en diferentes constituciones, tanto de la República Bolivariana de Venezuela, como la de Colombia, también de Estados Unidos y otros países, donde se plasma el respeto a las garantías constitucionales. En ese sentido, el autor de la obra, haciendo uso del derecho comparado, hace un estudio profundo de la prueba ilícita y la regla de exclusión, en el cual hace énfasis en que a las pruebas obtenidas ilícitamente no se les debe otorgar ningún valor probatorio y su consecuencia es su exclusión del proceso; de igual forma aborda el tema de la impugnación de la prueba ilícita y su oportunidad procesal, sin dejar de observar en todo momento que debe primar la supremacía de la Constitución de cada Estado como ente rector de todo proceso judicial. Siendo este el planteamiento del libro, queda en manos del lector hacer una profunda reflexión en el rescate de la Constitución nacional, y así evitar se sigan llevando procesos con franca violación constitucional. En conclusión, el presente libro busca brindar un aporte al mundo jurídico y permitir, al público en general, pero con especial interés en los operadores de justicia, obsequiar mejor servicio a los justiciables todo en función del fortalecimiento de un Estado de derecho robusto, pero sin apartar la vista de la justicia, la paz y la democracia.

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En el año 2001, recién comenzaba la vigencia del actual Código Penal -Ley 599 de 2000-, escribimos la obra FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, teniendo básicamente como norte el llamado ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN contenido en la Ley 190 de 1995, aunque comparándolo con las nuevas normas penales. Las pretensiones de ese estatuto eran combatir la corrupción administrativa en todos los sectores de la administración pública, como uno de los grandes males que siempre ha existido en Colombia y en otras latitudes del universo, porque el dinero fácil es la más grande oportunidad y tentación de enriquecimiento con el patrimonio público para aquellos servidores del Estado que no tienen unos valores morales y éticos bien acendrados. Por ello, para nadie es un secreto que los delitos contra el Patrimonio Económico del Estado, se incrementan día a día y que el respeto por los bienes oficiales se ha acrecentado de una manera desbordada, al punto que los ciudadanos del común los miran con cierta tolerancia y aún con complacencia, cuando indirectamente resultan beneficiados con las desviadas conductas de los servidores públicos…

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Podría entenderse como una herejía, que algunos estudiosos del saber penal dejen a un lado el ágora Judicial y sus hábitos de monjes adoradores de sistemas y procedimientos, además de  muchas de sus parafernalias legales y con firme decisión, como caballeros templarios, manifiesten su desánimo y encaren con franqueza que mucho de eso, que ha sido el Sistema Judicial Colombiano donde, de alguna manera han experimentado su rigor metodológico y funcional, y gastado mucho de su vida, no ha sido otra cosa que un escenario donde la justicia se muestra como algo aparente, selectivo, tardío, manipulada. Esta percepción u opinión crítica, propia del Derecho de Expresión (Corte Constitucional, Sentencia T-256/13), pero necesaria, puede sin duda, conllevar un descontento general, una afrenta para tan creída institucionalidad de poder público. La subjetividad y susceptibilidad de algunos caerá como borbollones; no obstante, habrá otros para los que sí es posible, encuentren caminos y voces convergentes, pero muy seguramente algunos de los ofendidos irán con piedras en la mano a promover la repugna y dilapidación por tal afrenta; y otros, sin perplejidad alguna, observarán de reojo y sin inmutarse, verán que el volcán en erupción arroja lava roja y caliente.

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Hoy en día resulta común ver las reacciones adversas de distintos medios de comunicación cuando los jueces de control de garantías se abstienen de imponer la detención preventiva como medida de aseguramiento. Entre las razones de dicha desazón se encuentran, por ejemplo, que el funcionario dejó al imputado libre porque “no representa un peligro para la comunidad”, mensaje que por supuesto genera un fuerte desagrado y perplejidad en la opinión pública. Al mismo tiempo es posible evidenciar, tal vez de forma paradójica, que este es uno de los argumentos más recurrentes y que en la mayoría de los casos sirve de fundamento para asegurar preventivamente al procesado mientras es llevado a juicio. De acuerdo con lo anterior, ya es clásica en la doctrina procesal penal la división entre las corrientes que atribuyen finalidades extraprocesales a la detención preventiva —conocidas como sustantivistas— y aquellas que únicamente abogan, porque dicha medida esté al servicio de finalidades procesales —tesis procesalistas—. El presente trabajo se adscribe a esta última postura y, por tanto, considera que, aunque la finalidad arriba mencionada es legítima desde una perspectiva constitucional, no se puede perseguir a través del confinamiento preventivo del derecho procesal penal.

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Esta segunda edición realiza un seguimiento riguroso a la reforma procesal penal más importante en Colombia en relación con la detención preventiva que se hizo por medio de la L. 1760 de 2015 e incluye su actualización normativa, jurisprudencial y doctrinaria, reafirmando el propósito de que la prisión anticipada es, sin eufemismo, la misma medida que recibe una persona, reputándose inocente y sin estar en firme su sentencia como si estuviera condenada, cuando debe ser inequivalente a la prisión, es decir, de distinta naturaleza. La respuesta político criminal del Estado con respecto a las medidas de aseguramiento continúa siendo fragmentada, coyuntural e inestable, no obstante, las recomendaciones internacionales sobre la materia, la exposición de motivos de la L. 1760/15 y el Plan Nacional de Política Criminal 2020-2024. El texto aparece dividido por capítulos con inclusión de nuevos temas para reforzar la dogmática de contención y de garantías respecto a este instituto con mayor injerencia en los derechos fundamentales en el proceso penal. El trabajo bibliográfico permite al lector complementar los análisis al juicio cautelar, su urgencia y excepcionalidad, razón por la cual se aconseja su lectura en forma integral. Esta actualización, por supuesto, se nutre desde la experiencia y la academia para proponer una lectura a los problemas jurídicos de la cautela anticipada más allá de la exégesis, ofreciendo alternativas concretas, posibles y efectivas desde una visión convencional y constitucional. Así, presentamos al lector colombiano e internacional esta segunda edición proponiendo reglas contraselectivas y herramientas de litigio reforzado para que la detención preventiva deje de basarse en razonamientos genéricos cuando, por el contrario, debe apoyarse en elementos cognoscitivos reales que permitan la controversia, su control inmediato y periódico para no zaherir, entre otros, el principio y el derecho multidimensional de la presunción de inocencia.

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El fenómeno de la delincuencia organizada o de las empresas criminales, ha obtenido un amplio, pero sobre todo, vertiginoso avance en el contexto social latinoamericano que les ha permitido a los grupos delincuenciales expandir su radio de acción desde su país de origen a otros territorios del continente. No se puede ignorar los ingentes esfuerzos y avances que han intentado realizarse desde los distintos colectivos para edificar una serie de políticas criminales trasnacionales para hacerle frente a esta problemática, pero tampoco se pueden desconocer las maniobras empleadas por estos emprendimientos criminales para mutar su accionar y seguirse manteniendo al margen del radar de acción de las autoridades que abogan por su judicialización. Las diferentes maneras en que se desarrolla la actividad delictiva organizada, los fines ilícitos más recurrentes, las formas en que se mimetizan en la sociedad, los modos usados para agrandar su acción nacional y trasnacional, entre otros aspectos, son temas que merecen ser materia de un estudio coherente y, sobre todo, mancomunado por parte de los Estados, contando con el apoyo de la comunidad jurídica con miras a obtener respuestas claras sobre la forma en que se deberían encaminar las diferentes políticas criminales que busquen hacerle frente, de forma certera, a esta problemática que día a día prolifera a lo largo y ancho del continente.

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La presente obra trata sobre el valor probatorio en las versiones previas rendidas por los testigos antes del juicio dentro del proceso penal, las cuales son recolectadas en la etapa de indagación e investigación por los grupos investigativos mediante actos de investigación para orientar a las partes, con el fin de desarrollar su teoría del caso. Estas versiones llegan a formar parte del acervo probatorio y en la mayoría de veces son utilizadas por los sujetos procesales en la práctica de pruebas y admitidas erróneamente por el juez de conocimiento en el juicio, desconociendo que, por regla general, estas versiones NO SE CONSTITUYEN COMO ELEMENTOS DE PRUEBA AUTÓNOMOS, sino que están destinadas a esclarecer la historia e impugnar la credibilidad del testigo. Empero, de manera excepcional pueden ser consideradas como pruebas de referencia [Arts. 437 y 438 C.P.P] o como elemento probatorio autónomo cuando el testigo, estando disponible en el juicio, se contradiga o cambie en su totalidad la versión anterior con la declarada en la audiencia oral. Aun así, se evidencia que las versiones previas ocasionalmente son usadas de manera equivoca dentro del desarrollo del juicio, incurriéndose en errores de procedimiento y de producción de la prueba, como por ejemplo: permitir la introducción y valoración de una versión anterior como elemento probatorio autónomo sin serlo; o no introducirla siéndolo; o no valorándola cuando tiene calidad de prueba de referencia y siendo esta esencial para la demostración del caso; o llegar al extremo de emitirse un fallo basado únicamente en pruebas de referencia. Errores de apreciación y valoración presentados por el desconocimiento de la producción de la prueba en el juicio oral y del verdadero valor probatorio que reviste estas exposiciones dentro del proceso. Por ende, el uso inadecuado de estas manifestaciones previas en el juicio ocasiona graves vulneraciones de garantías fundamentales y procesales a los sujetos intervinientes en la actuación, conllevando a errores de apreciación que pueden terminar en nulidad y cambios de la decisión primaria y secundaria por parte del órgano de cierre de la jurisdicción penal. Es entonces importante aclarar y conocer en qué circunstancias las versiones previas pueden tener incidencia probatoria dentro del proceso penal y en cuáles no.

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La crisis actual por la que atraviesan los modelos tradicionales de justicia penal, basados esencialmente en el castigo del delincuente (léase cárcel), en tanto no han proporcionado soluciones reales y efectivas al conflicto personal y social generado con el delito, pues, por el contrario, en un muy alto porcentaje, en vez de solucionar el problema lo han acrecentado al descuidar los intereses y las necesidades de la víctima, pero también del propio ofensor, quien es sometido a claras dinámicas estigmatizantes y criminógenas que promueven la reincidencia delictual, lo cual ha llevado a una muy grave sobresaturación del sistema, por solo enumerar unas pocas cosas, ha hecho que desde los años 70 se vuelva la mirada hacia el lejano pasado para reconceptualizar la noción de delito desde una perspectiva ontológica asumiendo, de una manera más real, que aquel, antes que una ofensa al ordenamiento jurídico o a una etérea y abstracta sociedad, es un conflicto que genera un daño a una persona en concreto y afecta el tejido social de una comunidad en particular, por lo que la solución antes que pasar por el análisis de la norma infringida, la responsabilidad del infractor y el castigo que merece, debe hacerlo acerca del daño que se produjo, de las necesidades e intereses de la víctima, pero también de la comunidad e incluso del ofensor para determinar quién y cómo debe reparar el daño. Estas últimas cuestiones son los pilares fundamentales de la justicia restaurativa, lo cual, como se puede observar con toda claridad, implica un nuevo paradigma en la forma de hacer justicia. Lo contenido en este libro son nueve trabajos que servirán como una primera aproximación a este apasionante tema que esperamos sirvan para sensibilizar al lector frente a los nuevos retos que nos depara un ya muy cercano futuro que debe virar su rumbo, así sea parcialmente, hacia modelos de justicia que no profundicen el conflicto, sino que, por el contrario, permitan por medio de la reparación el reencuentro de la víctima con el ofensor y con ello la solución del conflicto, la reconstrucción del tejido social y, en ultimas, la anhelada paz social.

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Esta obra, “Prueba Ilícita y Regla de Exclusión” es, definitivamente, un libro para abogados, pero para abogados practicantes de la justicia penal. Es una obra con una didáctica que va de la teoría a la práctica. Su lectura hace a un especialista en la identificación de la prueba ilícita en el proceso penal y la diferencia entre prueba ilegal y prueba ilícita, y enseña el mecanismo de exclusión. Es una obra completa que analiza la prueba ilícita y la regla de exclusión desde sus orígenes doctrinales, inicialmente, en la Europa Continental y su desarrollo jurisprudencial en Norte América y explica su evolución en la Europa Continental con el constitucionalismo de la segunda posguerra que trae consigo los cambios de paradigmas de la constitucionalización del proceso penal.

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En el año 2017 el Tribunal Superior de Medellín, en asocio de otras entidades públicas y privadas, organizó las Jornadas Interinstitucionales de Derecho Procesal Penal y fruto de las mismas se publicó la obra “Derecho Procesal Penal, Cuestiones Fundamentales”, que es el compendio de las ponencias de los 23 conferencistas que participaron el evento, el cual tuvo lugar en la Universidad de Medellín pero que, además, se transmitió vía virtual a ocho Tribunales del país. De ello han pasado 5 años y después de estos extraños tiempos de pandemia, esta Corporación Judicial retomó la idea y nuevamente con la colaboración de diversos sectores, especialmente de la Universidad de Medellín, que se ha convertido en la casa oficial del evento, se organizó, ahora, las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal, realizadas entre el 3 de agosto y el 24 de noviembre del año 2022 con la participación de 20 países, entre los cuales se cuentan Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

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