La Prueba ilícita y la regla de exclusión es un libro extraordinariamente oportuno y necesario, en virtud de que a diario observamos en las distintas legislaciones cómo se violan principios constitucionales y legales en los diversos procesos judiciales, muy a pesar de que tienen previsto en la Constitución nacional la prohibición expresa de utilizar pruebas ilícitas, llevando a juicios ilegales a cualquier persona. El libro está escrito de manera sencilla y cómoda y en un estilo popular para que sea leído e interpretado por cualquier persona, pero dirigido, muy especialmente, a la población de abogados y estudiantes de Derecho que tengan un marcado interés en hacer valer los derechos, tanto propio como de sus patrocinados. Este libro se ocupa de allanar el camino para hacer más visible el tratamiento del tema de que se ocupa, es decir, la prueba ilícita y la regla de exclusión, haciendo énfasis en el derecho comparado, en sus modalidades relativas en la teoría del fruto del árbol envenenado, prevista en diferentes constituciones, tanto de la República Bolivariana de Venezuela, como la de Colombia, también de Estados Unidos y otros países, donde se plasma el respeto a las garantías constitucionales. En ese sentido, el autor de la obra, haciendo uso del derecho comparado, hace un estudio profundo de la prueba ilícita y la regla de exclusión, en el cual hace énfasis en que a las pruebas obtenidas ilícitamente no se les debe otorgar ningún valor probatorio y su consecuencia es su exclusión del proceso; de igual forma aborda el tema de la impugnación de la prueba ilícita y su oportunidad procesal, sin dejar de observar en todo momento que debe primar la supremacía de la Constitución de cada Estado como ente rector de todo proceso judicial. Siendo este el planteamiento del libro, queda en manos del lector hacer una profunda reflexión en el rescate de la Constitución nacional, y así evitar se sigan llevando procesos con franca violación constitucional.

En conclusión, el presente libro busca brindar un aporte al mundo jurídico y permitir, al público en general, pero con especial interés en los operadores de justicia, obsequiar mejor servicio a los justiciables todo en función del fortalecimiento de un Estado de derecho robusto, pero sin apartar la vista de la justicia, la paz y la democracia.