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Código Sustantivo del Trabajo: Código Sustantivo del Trabajo – Decretos 2663 y 3743 de 1950 – Ley 141 de 1961 y normas modificatorias, complementarias y reglamentarias  Contiene: Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral (modificada por la ley 1622 de 2013) – Ley 1822 de 2017 nueva norma de licencia de maternidad – Ley 1823 de 2017 salas amigas de la familia lactante del entorno laboral Incluye: Ley 2088 de 2021 – trabajo en casa – Ley 2141 de 2021 – fuero de paternidad – Ley 2114 de 2021 – licencia de paternidad – Ley 2101 de 2021 – reducción jornada laboral – Ley 2121 de 2021 – régimen de trabajo remoto – Ley 2174 de 2021 isaac – establece parámetros para la protección y cuidado de la niñez en estado de vulnerabilidad especial – Ley 2209 de 2022 – prescripción de acciones por acoso laboral – Decreto 1227 de 2022 – reglamenta Teletrabajo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: Decreto Ley 2158, Decreto Ley 4133 de 1948 – Ley 712 de 2001, Ley 1149 de 2007 Incluye: Ley 2213 de 2022 – establece vigencia permanente del Decreto 806 de 2020

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N.o 01, 02, 03 de 2023; N.o 01, 02 de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017; 01 de 2016; 01, 02 de 2015. Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706 de 2017 y Sentencia C-332 de 2017

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Actualizado con las leyes 2294 de 2023; 2069 de 2020; 1778 de 2016; 1676 de 2013; 1727 de 2012; 1258 de 2008; 811 de 2003 (SAT); 256 de 199; 222 de 1995; Decreto 398 de 2020 – Decreto 19 de 2012 – Decreto 1 de 1990 ; Normas pertinentes de los Decretos Únicos Reglamentarios 1625 de 2016 – 780 de 2016 – 2420 de 2015 – 1085 de 2015 – 1082 de 2015 – 1080 de 2015 – 1079 de 2015 – 1078 de 2015 – 1077 de 2015 – 1076 de 2015 – 1074 de 2015 1072 de 2015 – 1071 de 2015 – 1070 de 2015 – 1068 de 2015 Incluye normas pertinentes del Decreto 806 de 2020; Ley 2195 de 2022 en lo pertinente; Medidas en materia de transparencia, prevención  y lucha contra la corrupción 

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Leyes 84 de 1873; 57 y 153 de 1887, 67 de 1930; 45 y 50 de 1936; 165 de 1941; 201 de 1959; 1 de 1976; 29 de 1982; 11 de 1984; 25 de 1992;  222 de 1995; 791 de 2002; 820 de 2003; 1060, 1098 y 1116 de 2006; 1306 de 2009; 1564 y 1579 de 2012; 1676 de 2013; 1774 de 2016;  1934 de 2018; 1996 de 2019; 2097, 2129 y 2089 de 2021. Contiene la Ley 2229 de 2022 – Crea el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos, y se impide al victimario ser titular del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de ésta. Decretos 1260 de 1970; 2820 de 1974; 772 de 1975; 12 de 1984; 1712 de 1989 Decreto 1310 de 2022 – Reglamentario de la Ley 2097 de 2022 sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM

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Ley 1564 de 2012 – Decreto 1736 y 2677 de 2012 – Ley 1676 de 2013 – Decreto 1365 de 2013; Decreto1664 de 2015 – Ley 1996 de 2019 – Decreto 806 de 2020 Incluye normas pertinentes del Decreto 806 de 2020 – Actualizado con la Ley 2030 de 2020; 2080 y 2113 de 2021; 2213 de 2022.  Establece vigencia permanente del Decreto 806 de 2020. Contiene modificaciones Ley 2220 de 2022. Estatuto de Conciliación

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Ley 1437 de 2011 – Ley 1564 de 2012 – Ley 1881 de 2018 Contiene las modificaciones de la Ley 2080 de 2021; 2195; 2207 “Términos Derecho de Petición”; 2213 de 2022 “Por la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020” Sentencia C-91/2022; Ley 2220 de 2022

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Código penal. Actualizado con las leyes 1709, 1719 de 2014; 1752, 1761, 1762 de 2015. 1773, 1774, 1778, 1787, 1819 de 2016; 1850, 1864 de 2017; 1908, 1915, 1918, 1943, 1944 de 2018; 1959, 2010, 2014 de 2019; 2081, 2083, 2110, 2111, 2168, 2098 de 2021; (2197 de 2022.  Corregida por el Decreto 207 de 2022); 2277 de 2022; 2292 de 2023. Sentencia C-055 de 2022 sobre el aborto; C-014 de 2023; Ley 2316 de 2023 que crea el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas -biopolímeros- y dicta otras disposiciones integradas al texto Código de procedimiento penal: Actualizado con las leyes 1760 de 2015; 1774, 1786 de 2016; 1826, 1851 de 2017; 1908, 1944 de 2018; 1959 de 2019; 2111, 2098 de 2021 de 2021; (2197 de 2022. Corregida por el Decreto 207 de 2022); 2205; 2213 de 2022 – Establece vigencia permanente del decreto 806 de 2020; 2292 de 2023, integradas al texto

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Tiene como objeto el texto, delimitar en forma concisa y práctica, el concepto de hechos jurídicamente relevantes y sus implicaciones en el proceso penal colombiano, aportando soluciones y puntos de vista jurídicos, desde la perspectiva del autor en su rol de juez penal, aplicando la jurisprudencia actual a las distintas problemáticas que el tema suscita en el ejercicio judicial cotidiano.   Para tal cometido, en forma deductiva se desarrollan e integran las siguientes temáticas (i) se parte inicialmente del concepto genérico de hecho y su relación con el derecho, (ii) su incorporación en las codificaciones anteriores y sus diferencias con la actual ley 906, (iii) posteriormente, se construye el concepto de hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal; para luego, (iv) en forma didáctica, establecer la importancia del concepto, qué son y qué no son los hechos jurídicamente relevantes, los principales errores en su definición, la naturaleza de los actos de imputación y acusación, la posibilidad de control judicial, sus implicaciones prácticas en el proceso, y su repercusión en los derechos del procesado, el tema de prueba, las nulidades, la congruencia, los derechos de las víctimas y los fines de la administración de justicia, entre otras soluciones.  Representa la obra, un instrumento de fácil acceso para comprender integralmente el concepto, solventando las problemáticas diarias de los operadores judiciales, litigantes y estudiosos del procedimiento penal, en tanto se encuentra anotado y desarrollado a partir de la jurisprudencia, reconstruyendo la línea de la corte suprema desde 2017 hasta la fecha, acompañado del criterio jurídico que la experiencia judicial le otorga a su autor.

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Es así como comencé a ver los artículos que este texto entregará al lector: lleno de curiosidad por las andanadas de los autores que derrumban al abogado clásico y ortodoxo, para recordarle la simbiosis de la cultura, del sentimiento, del individualismo y de la idiosincrasia de cada pueblo con las normas. El análisis de algunas de las canciones más conocidas y sentimentales del género musical que nos ocupa, la salsa, nos tiene que traer a la memoria que salsa es Caribe, salsa es Latinoamérica y que salsa es fusión con Nueva York.  Andrés Prieto Quintero

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La presente investigación estudia el conflicto armado como hecho sociológico que ha causado la reacción del dispositivo jurídico de dos maneras; estas son: la creación de normas jurídicas que humanicen la guerra y que busquen la atención integral a las víctimas, y la configuración de un régimen jurisprudencial por parte del Consejo de Estado colombiano que determina los criterios para que la administración sea responsable patrimonialmente por actos terroristas. Por tanto, el trabajo realizado tiene un enfoque de sociología jurídica y de derecho público, pues estas dos disciplinas tienen los elementos epistemológicos para explicar la guerra en Colombia como un fenómeno social que ha tenido implicaciones jurídicas tan trascendentes que ha llevado a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a condenar al Estado en virtud de los diferentes criterios de imputación, falla en el servicio, daño especial y riesgo excepcional.Sin embargo, el estudio del tema no solamente se limita a determinar que la conclusión de la jurisprudencia contencioso-administrativa en este tópico ha sido que el juez deberá valorar de acuerdo a las circunstancias el criterio aplicable, sino que se ha ahondado en las nociones de la sociología y del derecho para optimizar la comprensión del conflicto armado colombiano, planteándose interrogantes como: ¿De llegarse a un acuerdo final para la terminación del conflicto con los grupos al margen de la ley en Colombia, y de repetirse hechos violentos, cuál sería la noción sociológica que daría lugar a la responsabilidad estatal por actos terroristas si se supone que institucionalmente el conflicto fue terminado mediante un acuerdo de paz?

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Para la Confederación Colombiana de Consumidores, la Asociación de Consumidores de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la ACM, es un placer manifestar nuestro sentimiento de aprecio, estimación y dolor, en el marco académico internacional que rinde merecido homenaje a nuestro querido amigo, compañero, líder, padre, consultor, defensor de los derechos humanos y dirigente social, DON ANSELMIRO DE JESÚS BAÑOL SÁNCHEZ, cuyo legado y banderas se asumen  al interior del movimiento de los consumidores de Antioquia y Colombia, por ser un trabajo continuo y exitoso de más de cuarenta años dedicado a elevar el grado de conciencia comunitaria del país.

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Desde la última edición de La contratación de las entidades estatales, la normatividad ha venido introduciendo nuevos elementos que tienden a mejorar la eficacia de los procedimientos y a hacer más estricta la aplicación de las normas del estatuto. En este sentido, se incrementó la responsabilidad de los sujetos intervinientes en el desarrollo del contrato, se han introducido cambios a la forma de liquidar los contratos terminados de manera anticipada, especialmente los afectados de la nulidad originada en desviación de poder y se ha hecho mayor énfasis en la instrumentalización y la utilización de los medios electrónicos para facilitar a las entidades una contratación eficiente. En esta edición se incorporan las modificaciones constitucionales que tuvieron origen en la implementación de los acuerdos de paz, los cambios respecto al régimen de inhabilidades originados en la nueva Ley 2014 del 30 de diciembre de 2019 en la cual se consagra la inhabilidad permanente para quienes cometan ciertos delitos contra la administración pública y soborno; se elimina la prisión domiciliaria para los condenados y se ordena la cesión unilateral de los contratos, mediante acto administrativo, en la inhabilidad sobreviniente.  Igualmente, se trae el desarrollo jurisprudencial alrededor de los diferentes temas que integran la planeación, ejecución y terminación de los procesos de contratación.

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