Novedades

El ejercicio de las pretensiones ante la jurisdicción contenciosa administrativa exigen que los sujetos involucrados en el trámite judicial dominen tanto su parte teórica como práctica.En la presente obra el lector encontrará una explicación clara respecto a la existencia de los diversos medios previstos para controlar la actividad de as autoridades, la estructura de la jurisdicción contenciosa, requisitos de procedibilidad y ejercicio de las distintas pretensiones judiciales y el proceso en su integridad. Todo ello con el apoyo de la normatividad y la jurisprudencia vigente del honorable Consejo de Estado.Adicionalmente, el autor asume una posición activa en el sentido de expresar su criterio, bien sea para realizar propuestas, o bien para respaldar o apartarse de las soluciones que ofrece tanto el legislador como el Consejo de Estado a través de su jurisprudencia.El ejercicio de las pretensiones ante la jurisdicción contenciosa administrativa exigen que los sujetos involucrados en el trámite judicial dominen tanto su parte teórica como práctica.En la presente obra el lector encontrará una explicación clara respecto a la existencia de los diversos medios previstos para controlar la actividad de as autoridades, la estructura de la jurisdicción contenciosa, requisitos de procedibilidad y ejercicio de las distintas pretensiones judiciales y el proceso en su integridad. Todo ello con el apoyo de la normatividad y la jurisprudencia vigente del honorable Consejo de Estado.Adicionalmente, el autor asume una posición activa en el sentido de expresar su criterio, bien sea para realizar propuestas, o bien para respaldar o apartarse de las soluciones que ofrece tanto el legislador como el Consejo de Estado a través de su jurisprudencia.

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Este libro, integrado por 16 temas desarrollados, juega entonces con una multiplicidad de posibles preguntas (Banco de pregunta-respuesta) y por ello, es una alternativa de saber y un ejemplo de cómo es un examen. Por esto, nuestra preocupación y advertencia: no se le tenga como el examen mismo.   De aquí que, por esta razón, no se debe descargar ni circunscribir a él, todo el esfuerzo de estudio.  La visión del lector debe ir más lejos, abriéndose a fuentes de saber especializadas y a horas abundantes de disciplina, donde la memoria es importante y el saber cómo está estructurada la pregunta un herraje vital al momento de responder.

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La presente investigación analiza el régimen disciplinario del congresista en Colombia desde el concepto jurídico alemán conocido como la relación especial de sujeción, con el fin de verificar si realmente aquel servidor público debe soportar dicha carga pública compleja ante el Estado. Así, analizando con suficiencia y de manera detallada dicha categoría, reconocida en Colombia como un principio ius fundamental, este trabajo clasifica adecuadamente qué tipo de relación especial de sujeción ostenta el congresista, para posteriormente, revisar desde criterios propios de la categoría doctrinal si es plausible definir que dicho servidor público ostente el mayor status desigual en razón o con ocasión de las atribuciones funcionales adquiridas. Actualmente, el régimen disciplinario administrativo del congresista está compuesto por la Ley 1952 de 2019 y la Ley 1828 de 2017; sin embargo, académicamente no se ha evaluado si material y formalmente está justificada dicha coexistencia de normas. Por ello, este trabajo, a través de la relación especial de sujeción hace un análisis minucioso formal y material de por qué está justificada la configuración legislativa actual, revisándose las funciones públicas que ejerce, la investidura que ostenta, y el sistema de elección, para que a posteriori no se ponga en riesgo la legitimidad de la potestad disciplinaria contra el parlamentario.

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La justificación de la aplicación del riesgo como factor de imputación en los eventos que se generen daños, producto de las actividades peligrosas, se constituye en una forma de reproducir in extenso los argumentos dispuestos en la sentencia del 24 de agosto de 2009, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión presentó alrededor de 60 folios argumentos de índole legal, doctrinal y jurisprudencial, orientados a establecer que el riesgo es el criterio de imputación aplicable a los eventos que ocasionen daños, producto del ejercicio de una actividad considerada como peligrosa.

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El texto que colocamos a disposición de la comunidad jurídica, intitulado “Fundamentos de Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral”, está dirigido a los juristas con una visión reflexiva de cada uno de los temas fundamentales que comprenden los derechos reales y los demás aspectos que los protegen, actualizado con la ley 1306 de 2009, o nuevo régimen de incapaces; la ley 1448 de 10 de junio de 2011, o ley de víctimas y restitución de tierras; el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la ley 1579 del 1º de octubre de 2012, o Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos; el Código General del Proceso; la ley 1708 de 2014, y el decreto 1664 de 2015.   Considero que el estilo de escritura, el extenso temario y hasta el contenido hacen la diferencia con las formas tradicionales de escribir, pensar, argumentar e interpretar el derecho privado de los Bienes.  Su enfoque no es convencional ni formulista sobre los derechos reales, sino en el contexto de la conducta y comportamiento del acontecer diario de los seres humanos quienes dan lugar a la verdadera interpretación para ofrecerle al operador judicial la mayor amplitud en su aplicación, puesto que toda interpretación que amplíe el ámbito en el campo de los bienes es preferible a la que lo restrinja. Al fin y al cabo, el problema jurídico no es el problema en sí mismo, sino la solución.

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El Derecho, al igual que la música, siempre ha estado ‒y estará‒ presente en la vida del ser humano. Esta obra es la reivindicación del rock como medio para aprender y aprehender el derecho y como género musical. En esta, además de contar con la participación de un gran músico y de uno de los más grandes melómanos del país, académicos de diferentes universidades analizan jurídicamente doce clásicos del rock en español. Es una apuesta innovadora e irreverente, única en su especie, imperdible para todos los amantes del Derecho, el arte y el rock en español. Editor académico: Alejandro Gaviria Cardona

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Vivir en propiedad horizontal debe ser una forma de integración social y no de distanciamiento. La economía familiar y el presupuesto de la copropiedad van de la mano. A diferencia de habitar en una casa de barrio, vivir en un Conjunto o Edificio ofrece condiciones y servicios que, habitualmente, no es posible tener individualmente. Como ver el paisaje desde la altura, disfrutar de una piscina o de un parque infantil como si fuera propio, tener quien abra o cierre la puerta, guardar el carro en el mismo lugar donde se vive, etc. Pero toda comodidad adicional entraña costos que habitualmente no se dimensionan al momento de comprar un apartamento. Estos gastos deben ser calculados con anticipación, deben ser cubiertos de manera oportuna y deben ser usados con inteligencia y diligencia. Un presupuesto balanceado, previsivo, regulado y bien administrado evita conflictos cotidianos y en asamblea, así como sobresaltos económicos por cuenta de solicitudes de cuotas extras intempestivas, generalmente de envergadura, por falta de planeación. La propiedad horizontal comporta fenómenos que alteran el balance de ingresos y gastos en la propiedad horizontal. Ninguna las vislumbra la ley 675 de 2001 ni se tienen en cuenta al momento de proyectar y aprobar el presupuesto anual de la copropiedad. Tres ejemplos son ilustrativos: Un copropietario atrasado o moroso que deficita el presupuesto; un inmueble afectado con medida de extinción de dominio que, además del impago de las cuotas mensuales, hace casi imposible hacer efectiva la obligación y el cobro de las deudas por vía judicial las cuales suelen demorar muchos años.

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La presente edición conserva la estructura temática de las anteriores ediciones a saber: generalidades, principios fundamentadores del Derecho Procesal Laboral, conciliación laboral, reclamación administrativa, incidentes, conflictos laborales, demanda, contestación de demanda, notificaciones, recursos ordinarios y extraordinarios, grado jurisdiccional de consulta y régimen probatorio. La novedad de esta obra, estriba en la actualización de dos temas puntuales: (i) El relativo a la conciliación consagrado en la Ley 2220 de 2022, que amplió la competencia para llevar a cabo la conciliación extrajudicial, otorgándosela también a los jueces laborales, y (ii) El concerniente a la Ley 2213 de 2022, que consagró una nueva forma de presentación de demanda, un método complementario de otorgamiento de poder y una nueva forma y complementaria de llevar a cabo la notificación personal.

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Compilación normativa y jurisprudencialLey 80 de 1993, contiene las leyes y decretos vigentes modificatorias y reglamentarias del estatutoContiene modificaciones de: Ley 2080 de 2021, Ley 2069 de 2020, Ley 2040 de 2020,  Ley 2014 de 2019, Ley 1150 de 2007 Decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica relacionados con la Contratación Pública Jurisprudencia – Conceptos – Doctrina

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Estudio comparativo de los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo, a la luz de la Ley 1437 de 2011 y de la Ley 2080 de 2021 Nadie se imaginaba a principios del año 2020, los profundos cambios a los que se vería sometida la humanidad a raíz de la pandemia derivada del virus Covid 19.   A inicios de ese año se vislumbraba una reforma a la Ley 1437 de 2011 evidenciada en el proyecto de Ley 007 de 2019 (Senado),  pero  no estaba en los cálculos de nadie, que a causa del mencionado problema de salud pública, quedáramos sometidos, no solo a un sinnúmero de restricciones  de toda índole, sino, a una avalancha de  decretos y normas  emitidas en virtud del  estado de excepción que tuvo que ser declarado para tratar de contener  la enfermedad y sus nocivos efectos en todos los ámbitos.  Esa normativa de “emergencia”, que entre otras cosas enfatizó en la digitalización de la justicia, llegó para quedarse, tal como lo evidencia la Ley 2080 de 2021, que incorpora trascendentales cambios que impactarán los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa, y claro está, repercutirá en los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo.

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En consonancia con las finalidades establecidas para el proceso y la sanción disciplinaria, este manual de derecho disciplinario se erige como una herramienta fundamental de ilustración general sobre los principios, normas, procedimiento y sanciones que, a juicio de los autores, son de imperativo conocimiento para los servidores públicos, profesionales del derecho, operadores disciplinarios e inclusive para aquellos particulares que desempeñan funciones públicas, a los que a partir de un lenguaje claro, preciso, conciso y sencillo se pretende facilitar la comprensión de las generalidades del procedimiento disciplinario y de los principios. en que se funda. Ahora bien, el contenido del texto se divide en tres capítulos, el primero define de forma general los principios básicos en que debe fundarse la actuación disciplinaria; el segundo señala las etapas y procedimiento que debe observar el operador disciplinario en fase de instrucción y juzgamiento, haciendo hincapié en la importancia del mandato establecido para los operadores disciplinarios de observar las garantías fundamentales, constitucionales y legales que arropan al sujeto disciplinable.  Finalmente, el tercer capítulo de esta obra aborda uno de los temas más polémicos del derecho disciplinario en la actualidad, relativo a las competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación respecto de los funcionarios elegidos por voto popular, allí, los autores se aventuran a plantear algunas propuestas sobre cómo superar la discusión que se zanja a partir del caso Petro Orrego vs Colombia; de esta manera lograr, en lo que consideran los autores, que el régimen disciplinario colombiano se acomode al estándar Interamericano.

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Las acciones para reparar a las víctimas por perjuicios causados como consecuencia de una falla en el servicio, por responsabilidad civil extracontractual, por un  punible o delito, o por culpa patronal, se encuentran legalmente establecidas en nuestro orden jurídico, como son: la acción reparación directa consagrada en el art. 140 de la Ley 1437 de 2011, el ordinario de responsabilidad civil extracontractual, reglado en el art. 2341 del C. Civil, el incidente de indemnización de perjuicios en proceso penal, según el art. 95 del C. Penal, y la culpa patronal en ordinario laboral, de conformidad con el numeral 2 del inciso d) del numeral 4 del artículo 64 del C.S. del S.S. En el ejercicio de estas acciones ya sean de índole civil o de índole administrativo, de índole penal, o de índole laboral, es menester presentar de manera adecuada los perjuicios que se van a solicitar, a fin de que el operador judicial pueda igualmente ordenar conforme a la ley y a la jurisprudencia vigente la reparación integral a la víctima que ha sufrido un daño o perjuicio indemnizable.

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