LIJURSANCHEZ

Ley 1564 de 2012
Decreto 1736 y 2677 de 2012
Ley 1676 de 2013
Decreto 1365 de 2013; Decreto1664 de 2015 Ley 1996 de 2019 Actualizado con la Ley 2030 de 2020; 2080 y 2113 de 2021;
2213 de 2022. Establece vigencia permanente del Decreto 806 de 2020
Contiene modificaciones Ley 2220 de 2022 Estatuto de Conciliación
Ley 2388 de 2024, Familia de Crianza Ley 2442 de 2024, Divorcio por Voluntad Unilateral Contiene la Ley 2445 de 2025 que modifica el TÍTULO IV
del Código, referente a los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante y se dictan otras disposiciones (Arts. 531 y ss.) 

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Ley 1952 de 2019 incluidas las modificaciones de la ley 2094 de 2021, en paralelo con el código disciplinario único Ley 734 de 2002

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Ley 599 de 2000 (julio 24) Actualizado con las leyes 1709, 1719 de 2014; 1752, 1761, 1762
de 2015. 1773, 1774, 1778, 1787, 1819 de 2016; 1850, 1864 de 2017; 1908, 1915, 1918, 1943, 1944 de 2018; 1959, 2010, 2014 de 2019; 2081, 2083, 2110, 2111, 2168, 2098 de 2021; (2197 de 2022. Corregida por el Decreto 207 de 2022); 2277 de 2022; 2292 de 2023. Sentencia C-055 de 2022 sobre el aborto; C-014 de 2023 Actualizado con la Ley 2316 de 2023 que crea el tipo penal
de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas
e inyectables no permitidas -biopolímeros- y dicta
otras disposiciones; Ley 2356, 2375 de 2024 integradas al texto Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 (agosto 31) Actualizado con las leyes 1760 de 2015; 1774, 1786 de 2016; 1826, 1851 de 2017; 1908, 1944 de 2018; 1959 de 2019; 2111, 2098 de 2021 de 2021; (2197 de 2022. Corregida por el Decreto 207 de 2022); 2205; 2213 de 2022 – Establece vigencia permanente
del Decreto 806 de 2020; 2292 de 2023; Ley 2356, 2375 de 2024 integradas al texto  Contiene cuadros sinópticos: •Bloque de constitucionalidad •Justicia restaurativa •Partes e intervinientes •Composición general del proceso penal acusatorio •Noticia criminis •Policía judicial •Programa metodológico art. 206 y 207 cpp. •Medios cognoscitivos •Audiencias preliminares •Audiencias de juicio oral •Alegato inicial (teoría del caso) •Debate probatorio •Alegato final •Sentido de fallo •Incidente de reparación integral •Terminación anticipada del proceso •Diferencias entre justicia retributiva y justicia restaurativa.

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Código Penal y Código de Procedimiento Penal, Basico Marzo 2022

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Decretos 2663 y 3743 de 1950
Ley 141 de 1961 y normas modificatorias, complementarias y reglamentarias Contiene:
Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral (modificada por la ley 1622 de 2013) Ley 1822 de 2017 nueva norma de licencia de maternidad
Ley 1823 de 2017 salas amigas de la familia lactante del entorno laboral Incluye:
Ley 2088 de 2021 – trabajo en casa
Ley 2141 de 2021 – fuero de paternidad
Ley 2114 de 2021 – licencia de paternidad
Ley 2101 de 2021 – reducción jornada laboral
Ley 2121 de 2021 – régimen de trabajo remoto
Ley 2174 de 2021 isaac – establece parámetros para la protección y cuidado de la niñez en estado de vulnerabilidad especial Ley 2209 de 2022 – prescripción de acciones por acoso laboral Contiene reglamentación del Teletrabajo (Decreto 1227 de 2022) Ley 2388 de 2024, Familia de Crianza Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social Decreto Ley 2158, Decreto Ley 4133 de 1948 Ley 712 de 2001, Ley 1149 de 2007 Incluye: Ley 2213 de 2022 - establece vigencia permanente del Decreto 806 de 2020 Contiene cuadros sinópticos  

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No deja de sorprender que un derecho de tanta trascendencia como el de petición, solo haya merecida unas cuantas reflexiones en los manuales de derecho constitucional y de derecho administrativo colombiano, que la mayoría de las veces se limitan a realizar una superficial exégesis de las normas que lo regulan. Por el contrario, en la presente obra, a lo largo de 16 capítulos se examinan la historia y la naturaleza del derecho de petición; las autoridades y las organizaciones privadas como sujetos pasivos del mismo; los sujetos activos de ese derecho; los requisitos formales y sustanciales de la petición; la tipología de las peticiones; el plazo de respuesta y su alteración; los requisitos que esta debe cumplir para que satisfaga las exigencias constitucionales y legales; la reserva de información; la forma de llevar a cabo la notificación, comunicación y publicación de la respuesta; los recursos procedentes en contra de esta; el recurso de la insistencia y la acción de tutela, como mecanismos judiciales encaminados a la protección de ese derecho y, finalmente , el derecho de petición en el sector de los servicios públicos domiciliarios.

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En la actualidad, la fuerza vinculante del precedente se reconoce, no solo en los ordenamientos que hacen parte de la familia del common law donde tradicionalmente se ha admitido, sino además en ciertos sectores de la familia continental, en la cual se ubica el sistema jurídico colombiano. Como expresión de esta circunstancia, la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso-administrativo (CPACA), establece que las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado y los precedentes administrativos de las autoridades, gozan de fuerza vinculante, permitiendo predicar su carácter de fuentes del derecho administrativo.Pues bien, este libro analiza las incidencias hermenéuticas y democráticas de dicho modelo, indagando si el otorgamiento de fuerza vinculante a las sentencias de unificación jurisprudencial y a los precedentes administrativos «altera» el orden de las fuentes del derecho administrativo. A partir de lo anterior, se cuestionan las posibilidades reales y teóricas de efectividad, en los tiempos que corren, de un sistema de sujeción al precedente, que permita lograr la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho administrativo. Por ello, de manera alternativa, se muestran as ventajas de un sistema flexible y persuasivo de vinculación a los precedentes, que , en principio, solo otorguen a estos la naturaleza de argumentos útiles para los jueces y autoridades, e el escenarios de la justificación racional de las decisiones.

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Mi sensibilidad por la regulación, en términos de teoría del derecho, está sucintamente expresada en dos textos de mi autoría: En Público y Privado: las transformaciones del Derecho, del Estado y de la Empresa1, y en Los Servicios Semipúblicos Domiciliarios2, en los cuales esbocé algunos problemas relacionados con el tema. Claro está que en el segundo libro abordé con detalle mi perspectiva de lo que es la regulación –capítulo XI-, en sentido estrictamente jurídico, pero en el primer texto formulé algunas ideas de tipo teórico-dogmático –en términos de legitimidad del poder- que ponen en cuestión la posibilidad que tiene la regulación, y con mayor razón la autorregulación, de convertirse en una alternativa para la creación de derecho positivo. En este sentido, indicaba que la incidencia del mercado sobre la estructura estatal moderna no solo afecta la forma del Estado y su aspecto externo, sino que interesaba considerar la manera como la producción normativa, antaño alcázar de la soberanía estatal, también sufre una importante transformación, o por lo menos se percibe un proceso desestabilizador en este sentido.

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El presente libro se pregunta por la necesidad de un juez especial, encargado del control de legalidad de los órganos públicos y de los particulares que ejercen funciones propias del Estado, en el marco del denominado «sistema de dualidad de jurisdicciones», así como por su contribución al fortalecimiento de la democracia y a la configuración de los elementos que integran la cláusula de Estado de derecho. El motivo que explica la preocupación por este asunto radica, fundamentalmente, en dos circunstancias: (i) en la intención de desentrañar los principios, al interior de la teoría del Estado de derecho y de la democracia, que inspiran la existencia de una jurisdicción contencioso-administrativa, y (ii) en la necesidad de indagar acerca del fundamento jurídico-político de un juez especial, independiente de la jurisdicción ordinaria, encargado del control de los órganos del poder, en medio de las discusiones actualmente suscitadas, en las que resaltan posiciones afines a la idea del juicio ordinario de los temas públicos, es decir, ejercido por la jurisdicción común, como sucede en el contexto anglosajón.

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Colección: Derecho Administrativo Nº 5Con el propósito de examinar el principio de legalidad en las realidades de hoy y su perspectiva hacia el futuro, el autor desarrolla su estudio a partir de una aproximación conceptual al Estado de derecho y de qué manera el principio de legalidad ha evolucionado a la par que se han ampliado las fuentes formales del derecho, para desembocar en un profundo análisis de las nuevas fuentes de legalidad, particularmente el derecho positivo supranacional, la regulación, la desregulación y la autorregulación, desde las que expone en el último capítulo sus consideraciones sobre los horizontes del principio de legalidad que, a manera de conclusión, sintetiza en la contradicción entre la razón jurídico-político-moral y la razón científico-técnico- económica, que es justamente a la que apunta la nueva legalidad, más interesada en la riqueza que en los valores y principios propios del humanismo. Construida esa nueva legalidad sobre el desprestigio de la política, que «representa la reflexión sobre el bien común», la imagen del consumidor, del usuario de bienes y servicios se fortalece frente a un ciudadano disminuido; los valores sociales son aplastados por el capitalismo; los principios ceden ante la eficacia del sistema. De esta manera, se logra «situar la riqueza y la eficiencia en la escala de valores más alta de la sociedad, en lugar de la defensa de los derechos y la vida digna».

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Han pasado 12 años dedicados al estudio del derecho internacional privado, para cumplir con la cátedra que dicto en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Me gustó el tema y me gustará con el mayor ahínco investigativo, por cuanto en nuestra profesión este derecho tiene aplicación diversa con muchas prerrogativas para los litigantes y jueces, con una mayor proporción a los que lleguen a ocupar un cargo en la Cancillería o cualquier embajada, para defender los intereses patrios con loable interés jurídico y profundos estudios históricos del derecho internacional público. Con la mayor impuesta a estos comentarios, me incentivo también a escribir las conferencias de contratos innominados y atípicos, por cuanto no son las migraciones el factor preponderante a su aplicación en el derecho internacional privado, sino que intercede la globalización del derecho, los sistemas de la web y toda gama de contrato que han dado crecimiento inusitado para que las facultades o escuelas de derecho introduzcan esta materia, que como jueces o litigantes, tendrá una aplicación constitucional en el artículo 229 de nuestra Carta.

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n la presente obra, se pretendió aprovechar el conocimiento que el autor ha adquirido en materia probatoria a lo largo de su carrera profesional y   desde la docencia para bosquejar, en forma de compendio, la aplicación del proceso oral actual en las diversas jurisdicciones que hoy en día, dada su implementación en este campo, se hace más que necesario. Por lo tanto, y dado que en la actualidad no existe un estudio similar que profundice en gran medida el ámbito probatorio en las jurisdicciones laboral, penal, administrativa y civil 

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