Administrativo

Para la Confederación Colombiana de Consumidores, la Asociación de Consumidores de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la ACM, es un placer manifestar nuestro sentimiento de aprecio, estimación y dolor, en el marco académico internacional que rinde merecido homenaje a nuestro querido amigo, compañero, líder, padre, consultor, defensor de los derechos humanos y dirigente social, DON ANSELMIRO DE JESÚS BAÑOL SÁNCHEZ, cuyo legado y banderas se asumen  al interior del movimiento de los consumidores de Antioquia y Colombia, por ser un trabajo continuo y exitoso de más de cuarenta años dedicado a elevar el grado de conciencia comunitaria del país.

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Además de ser un trámite exigido, normativamente, frente a ciertos contratos estatales, y de revestir, en algunos eventos, el carácter de cláusula del negocio, la liquidación es uno de los temas que más discusiones suscitan en la práctica contractual, no solo por las dudas que suelen generarse en cuanto al alcance de lo que las partes pueden pactar en ella y a la oportunidad para realizarla, sino además, porque alrededor de la liquidación confluyen aspectos técnicos, normativos y económicos, que tornan compleja su elaboración. Sin embargo, este componente interdisciplinario también anima un estudio de la materia, dirigido a todos los profesionales que tienen en sus manos la configuración del balance técnico, financiero y jurídico del contrato estatal.La liquidación es una operación integral, que brinda seguridad jurídica sobre el estado de la ejecución de las obligaciones adquiridas y sobre las cuentas de los sujetos contratantes, convirtiendose en una herramienta útil para saldar los compromisos pendientes y, de esta manera, precaver posteriores conflictos, pues, incluso, puede utilizarse como un escenario para que entre las partes se efectúen los ajustes, transacciones y reconocimientos a que haya lugar, permitiéndoles declararse a paz y salvo; de ahí que la liquidación también, opere como una instancia oportuna para el restablecimiento del equilibrio económico afectando durante la ejecución del contrato. Estas son algunas de las razones que justifican su exigibilidad en la contratación estatal colombiana.Además de ser un trámite exigido, normativamente, frente a ciertos contratos estatales, y de revestir, en algunos eventos, el carácter de cláusula del negocio, la liquidación es uno de los temas que más discusiones suscitan en la práctica contractual, no solo por las dudas que suelen generarse en cuanto al alcance de lo que las partes pueden pactar en ella y a la oportunidad para realizarla, sino además, porque alrededor de la liquidación confluyen aspectos técnicos, normativos y económicos, que tornan compleja su elaboración. Sin embargo, este componente interdisciplinario también anima un estudio de la materia, dirigido a todos los profesionales que tienen en sus manos la configuración del balance técnico, financiero y jurídico del contrato estatal.

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La Cesión es una institución que facilita el tráfico de universalidades juridicas y no meramente de créditos, obligaciones o derechos particulares, al posibilitar la transferencia unitaria o parcial del contrato estatal, como negocio generador de riqueza. Esta función economica de la institución, a diferencia de lo que ocurre con la contratción estatal especiales condicionamientos, destinados a garantizar la protección del interés general. De esta particular cláusula-institución-contrato se ocupa la presente obra, que tiene por objeto su estudio integral.

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La presente obra recorre los caminos de la Responsabilidad Patrimonial del Estado vista desde la óptica de la Jurisprudencia del Consejo de Estado. El estudio de la responsabilidad en general, del daño antijurídico, de los diferentes títulos contractuales y extracontractuales de imputación, y de la expropiación administrativa, son los ejes principales en torno a los cuales gira la obligación de las entidades públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, y que han merecido un análisis profundo y consiente del autor, en aras de entregar a la comunidad académica una visión clara, precisa y concreta, de la Responsabilidad Económica Estatal.

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No deja de sorprender que un derecho de tanta trascendencia como el de petición, solo haya merecida unas cuantas reflexiones en los manuales de derecho constitucional y de derecho administrativo colombiano, que la mayoría de las veces se limitan a realizar una superficial exégesis de las normas que lo regulan. Por el contrario, en la presente obra, a lo largo de 16 capítulos se examinan la historia y la naturaleza del derecho de petición; las autoridades y las organizaciones privadas como sujetos pasivos del mismo; los sujetos activos de ese derecho; los requisitos formales y sustanciales de la petición; la tipología de las peticiones; el plazo de respuesta y su alteración; los requisitos que esta debe cumplir para que satisfaga las exigencias constitucionales y legales; la reserva de información; la forma de llevar a cabo la notificación, comunicación y publicación de la respuesta; los recursos procedentes en contra de esta; el recurso de la insistencia y la acción de tutela, como mecanismos judiciales encaminados a la protección de ese derecho y, finalmente , el derecho de petición en el sector de los servicios públicos domiciliarios.

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En la actualidad, la fuerza vinculante del precedente se reconoce, no solo en los ordenamientos que hacen parte de la familia del common law donde tradicionalmente se ha admitido, sino además en ciertos sectores de la familia continental, en la cual se ubica el sistema jurídico colombiano. Como expresión de esta circunstancia, la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso-administrativo (CPACA), establece que las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado y los precedentes administrativos de las autoridades, gozan de fuerza vinculante, permitiendo predicar su carácter de fuentes del derecho administrativo.Pues bien, este libro analiza las incidencias hermenéuticas y democráticas de dicho modelo, indagando si el otorgamiento de fuerza vinculante a las sentencias de unificación jurisprudencial y a los precedentes administrativos «altera» el orden de las fuentes del derecho administrativo. A partir de lo anterior, se cuestionan las posibilidades reales y teóricas de efectividad, en los tiempos que corren, de un sistema de sujeción al precedente, que permita lograr la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho administrativo. Por ello, de manera alternativa, se muestran as ventajas de un sistema flexible y persuasivo de vinculación a los precedentes, que , en principio, solo otorguen a estos la naturaleza de argumentos útiles para los jueces y autoridades, e el escenarios de la justificación racional de las decisiones.

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Desde la última edición de La contratación de las entidades estatales, la normatividad ha venido introduciendo nuevos elementos que tienden a mejorar la eficacia de los procedimientos y a hacer más estricta la aplicación de las normas del estatuto. En este sentido, se incrementó la responsabilidad de los sujetos intervinientes en el desarrollo del contrato, se han introducido cambios a la forma de liquidar los contratos terminados de manera anticipada, especialmente los afectados de la nulidad originada en desviación de poder y se ha hecho mayor énfasis en la instrumentalización y la utilización de los medios electrónicos para facilitar a las entidades una contratación eficiente. En esta edición se incorporan las modificaciones constitucionales que tuvieron origen en la implementación de los acuerdos de paz, los cambios respecto al régimen de inhabilidades originados en la nueva Ley 2014 del 30 de diciembre de 2019 en la cual se consagra la inhabilidad permanente para quienes cometan ciertos delitos contra la administración pública y soborno; se elimina la prisión domiciliaria para los condenados y se ordena la cesión unilateral de los contratos, mediante acto administrativo, en la inhabilidad sobreviniente.  Igualmente, se trae el desarrollo jurisprudencial alrededor de los diferentes temas que integran la planeación, ejecución y terminación de los procesos de contratación.

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La obra que sostiene en sus manos desarrolla las instituciones jurídicas que se encuentran en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre ellas, el derecho a presentar peticiones, impedimentos y recusaciones, falta y conflictos de competencia, reserva de la información, recurso de insistencia, petición de extensión de jurisprudencia, pruebas, recursos, fuerza ejecutoria y revocatoria del acto administrativo. Este libro tiene como objeto lograr que el público general, estudiantes de Derecho y abogados entiendan cómo ejercer el derecho a presentar peticiones y la forma en que se lleva a cabo el procedimiento administrativo. A su turno, este estudio es pensado también en la administración, por lo que le brinda herramientas para el desarrollo de su rol como autoridad y entrega instrumentos prácticos para resolver situaciones procedimentales que generan tensión. Como novedad, el resultado de esta investigación no realiza una interpretación vaga de la norma, sino que la estudia a profundidad acudiendo a sus antecedentes y motivaciones, así como a la interpretación jurisprudencial, y aborda situaciones atípicas que pueden surgir durante el procedimiento administrativo frente a las cuales la ley, la jurisprudencia nacional y la literatura no se han pronunciado, por lo que se adopta un punto de vista propio; en el mismo sentido, le aporta a la academia ejemplos prácticos e ilustraciones que facilitan la comprensión de la teoría…

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En el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.En desarrollo de la actividad ministrativa se apela inexorablemente a la contratación pública como un instrumento para el cumplimiento de los fines del Estado, en especial para la satisfacción del interés general, es así como el procedimiento administrativo contractual están inmersas actuaciones, tales como el acto de adjudicación y el contrato mismo, de los cuales deontológicamente se pregona, en el presente texto, ser demandados por cualquier persona sin necesidad de la acreditación de un interés directo lo anterior porque el contrato público, al igual que todos sus componentes previos y posteriores constituye un proceder Sublime que involucra a todos los ciudadanosEn el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.

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Una de las causas de responsabilidad patrimonial del Estado que mayor tráfico tiene en los estrados judiciales y por la cual se le condena son las irregularidades que se presentan en las actuaciones administrativas contractuales de tipo sancionador, especialmente por la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de los particulares contratistas o terceros que concurren a las mismas, razón por la cual encontramos plausible realizar un ejercicio académico que analice los alcances de ese derecho y sus garantías en el marco de las citadas actuaciones. Máxime ahora que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley tendiente a modificar nuevamente el Estatuto General de Contratación de la Administración, y en lo que se refiere a este punto, pareciere dar al traste con los grandes avances jurisprudenciales construidos por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Colombia (especialmente la Sección 3.ª), así como con las normas proferidas ulteriormente, con ocasión del contenido de ese «derecho viviente»

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El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa».

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El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa»

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