Administrativo

El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa».

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El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa»

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El ejercicio de las pretensiones ante la jurisdicción contenciosa administrativa exigen que los sujetos involucrados en el trámite judicial dominen tanto su parte teórica como práctica.En la presente obra el lector encontrará una explicación clara respecto a la existencia de los diversos medios previstos para controlar la actividad de as autoridades, la estructura de la jurisdicción contenciosa, requisitos de procedibilidad y ejercicio de las distintas pretensiones judiciales y el proceso en su integridad. Todo ello con el apoyo de la normatividad y la jurisprudencia vigente del honorable Consejo de Estado.Adicionalmente, el autor asume una posición activa en el sentido de expresar su criterio, bien sea para realizar propuestas, o bien para respaldar o apartarse de las soluciones que ofrece tanto el legislador como el Consejo de Estado a través de su jurisprudencia.El ejercicio de las pretensiones ante la jurisdicción contenciosa administrativa exigen que los sujetos involucrados en el trámite judicial dominen tanto su parte teórica como práctica.En la presente obra el lector encontrará una explicación clara respecto a la existencia de los diversos medios previstos para controlar la actividad de as autoridades, la estructura de la jurisdicción contenciosa, requisitos de procedibilidad y ejercicio de las distintas pretensiones judiciales y el proceso en su integridad. Todo ello con el apoyo de la normatividad y la jurisprudencia vigente del honorable Consejo de Estado.Adicionalmente, el autor asume una posición activa en el sentido de expresar su criterio, bien sea para realizar propuestas, o bien para respaldar o apartarse de las soluciones que ofrece tanto el legislador como el Consejo de Estado a través de su jurisprudencia.

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«El método utilizado, como el uso de preguntas, es una técnica útil y antigua en el proceso de aprendizaje que permite: verificar el nivel de conocimientos previamente adquiridos, profundizar e identificar los detalles y las ideas principales de los temas jurídicos, propuestos en el texto.Esencialmente, este libro sirve como soporte académico para que el lector verifique lo que sabe e indague lo que requiere saber del Nuevo CPACA, (ley 1437/11), de la ley estatutaria de Administración de Justicia, de la Acción de tutela, de la Acción de cumplimiento, de las Acciones populares, y de la Acción de clase o de grupo».«El método utilizado, como el uso de preguntas, es una técnica útil y antigua en el proceso de aprendizaje que permite: verificar el nivel de conocimientos previamente adquiridos, profundizar e identificar los detalles y las ideas principales de los temas jurídicos, propuestos en el texto.Esencialmente, este libro sirve como soporte académico para que el lector verifique lo que sabe e indague lo que requiere saber del Nuevo CPACA, (ley 1437/11), de la ley estatutaria de Administración de Justicia, de la Acción de tutela, de la Acción de cumplimiento, de las Acciones populares, y de la Acción de clase o de grupo».«El método utilizado, como el uso de preguntas, es una técnica útil y antigua en el proceso de aprendizaje que permite: verificar el nivel de conocimientos previamente adquiridos, profundizar e identificar los detalles y las ideas principales de los temas jurídicos, propuestos en el texto.Esencialmente, este libro sirve como soporte académico para que el lector verifique lo que sabe e indague lo que requiere saber del Nuevo CPACA, (ley 1437/11), de la ley estatutaria de Administración de Justicia, de la Acción de tutela, de la Acción de cumplimiento, de las Acciones populares, y de la Acción de clase o de grupo».

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No hay duda que por estos días, entre quienes nos dedicamos a ejercer la asesoría jurídica en contratación estatal, se suscita en forma permanente una interesante y compleja discusión frente al rechazo de las ofertas en los procesos de contratación, pues hay una línea delgada en dicho concepto, que sin duda, pone a los servidores públicos, que son operadores contractuales, en grandísimas dificultades interpretativas a la hora de valorar si una oferta es subsanable o no, y más grave aún, si el ofrecimiento está condenado a ser rechazado o no. Un tema de gran envergadura en el que se mezclan la responsabilidad patrimonial del Estado y también la personal de los servidores estatales. Aquí está el punto, y es frente a tal complejidad, que queremos referirnos en el presente libro. Para ello, será necesario revisar el régimen jurídico de la oferta estatal, no sin antes hacer unas breves precisiones de dicha figura en el derecho privado y, por supuesto, de todo el procedimiento de evaluación de las propuestas, sin dejar de lado, la jurisprudencia más reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sobre la materia.

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Al abordar el tema de la revocación directa de los actos administrativos me encuentro, prima facie, con la existencia de un principio universal: la facultad de la administración para derogar, en principio, sus propios actos administrativos, sin más límites que aquellos que hubiere impuesto el legislador […].

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Jurisprudencia de la sección tercera del consejo de estado, año 2013. -Responsabilidad contractual. -Responsabilidad extracontractual -Aspectos procesales -Acciones populares. Contiene  las providencias completas.Jurisprudencia de la sección tercera del consejo de estado, año 2013. -Responsabilidad contractual. -Responsabilidad extracontractual -Aspectos procesales -Acciones populares. Contiene  las providencias completas.

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«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.

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El presente libro se pregunta por la necesidad de un juez especial, encargado del control de legalidad de los órganos públicos y de los particulares que ejercen funciones propias del Estado, en el marco del denominado «sistema de dualidad de jurisdicciones», así como por su contribución al fortalecimiento de la democracia y a la configuración de los elementos que integran la cláusula de Estado de derecho. El motivo que explica la preocupación por este asunto radica, fundamentalmente, en dos circunstancias: (i) en la intención de desentrañar los principios, al interior de la teoría del Estado de derecho y de la democracia, que inspiran la existencia de una jurisdicción contencioso-administrativa, y (ii) en la necesidad de indagar acerca del fundamento jurídico-político de un juez especial, independiente de la jurisdicción ordinaria, encargado del control de los órganos del poder, en medio de las discusiones actualmente suscitadas, en las que resaltan posiciones afines a la idea del juicio ordinario de los temas públicos, es decir, ejercido por la jurisdicción común, como sucede en el contexto anglosajón.

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«La importancia de la subcontratación para la contratación estatal no solo deriva de su valor jurídico como figura contractual, sino también desu relevancia como fenómeno económico, de allí el interés por su estudio integral en los contratos estatales. La subcontratación al ser uno de los medios más dinamizadores de una economía de mercado, y la contratación estatal uno de sus principales impulsores1, requiere una cuidadosa regulación en los pliegos de condiciones o contratos estatales, de tal forma que permita articular en un esquema contractual un fenómeno económico en constante desarrollo y conciliar los intereses legítimos por el reparto de los beneficios que implica, entre el contratista, el Estado y los subcontratistas. La subcontratación es más que una simple condición contractual; supone el reconocimiento y la pretensión moderadoras de un fenómeno económico y organizativo, complejo y cambiante, como es la externalización de servicios o la descentralización productiva, materia, en principio, ajena al derecho pero sujeta a su regulación en los contratos estatales.

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«Este libro inaugura la Serie denominada Las cláusulas del contrato estatal, que asumió el Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA– como un aporte a la doctrina contractual, huérfana de análisis especializados de la materia. el autor se propone estimular el interés en su lectura, tanto de abogados como de profesionales de otras disciplinas — Ingeniería, y demás áreas técnicas, financieros y administradores— por que todos son responsables de los contratos estatales, tanto en la fase de preparación como de la ejecución y liquidación»

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Reliquidación IPC •Partidas computables •Subsidio familiar •Indemnizaciones •Pensión de sobreviviente por muerte en actos del servicio o combate •Pensión de invalidez con 50% •Nivel Ejecutivo de la PONAL •Decreto 754 del 30/04/2019 Al encontrarse el Sector Defensa exceptuado de la aplicación del Sistema General de Seguridad Social Integral, creado a través de la Ley 100 de 1993, se debe realizar por parte de los lectores, un análisis sistemático y detenido del mismo, toda vez que el legislador busco conceder prerrogativas especiales al personal adscrito a dicho dicho sector, en aras de incentivar y promocionar el Servicio al País. […].

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