Administrativo

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Además de ser un trámite exigido, normativamente, frente a ciertos contratos estatales, y de revestir, en algunos eventos, el carácter de cláusula del negocio, la liquidación es uno de los temas que más discusiones suscitan en la práctica contractual, no solo por las dudas que suelen generarse en cuanto al alcance de lo que las partes pueden pactar en ella y a la oportunidad para realizarla, sino además, porque alrededor de la liquidación confluyen aspectos técnicos, normativos y económicos, que tornan compleja su elaboración. Sin embargo, este componente interdisciplinario también anima un estudio de la materia, dirigido a todos los profesionales que tienen en sus manos la configuración del balance técnico, financiero y jurídico del contrato estatal.La liquidación es una operación integral, que brinda seguridad jurídica sobre el estado de la ejecución de las obligaciones adquiridas y sobre las cuentas de los sujetos contratantes, convirtiendose en una herramienta útil para saldar los compromisos pendientes y, de esta manera, precaver posteriores conflictos, pues, incluso, puede utilizarse como un escenario para que entre las partes se efectúen los ajustes, transacciones y reconocimientos a que haya lugar, permitiéndoles declararse a paz y salvo; de ahí que la liquidación también, opere como una instancia oportuna para el restablecimiento del equilibrio económico afectando durante la ejecución del contrato. Estas son algunas de las razones que justifican su exigibilidad en la contratación estatal colombiana.Además de ser un trámite exigido, normativamente, frente a ciertos contratos estatales, y de revestir, en algunos eventos, el carácter de cláusula del negocio, la liquidación es uno de los temas que más discusiones suscitan en la práctica contractual, no solo por las dudas que suelen generarse en cuanto al alcance de lo que las partes pueden pactar en ella y a la oportunidad para realizarla, sino además, porque alrededor de la liquidación confluyen aspectos técnicos, normativos y económicos, que tornan compleja su elaboración. Sin embargo, este componente interdisciplinario también anima un estudio de la materia, dirigido a todos los profesionales que tienen en sus manos la configuración del balance técnico, financiero y jurídico del contrato estatal.

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Colección: Derecho Administrativo Nº 5Con el propósito de examinar el principio de legalidad en las realidades de hoy y su perspectiva hacia el futuro, el autor desarrolla su estudio a partir de una aproximación conceptual al Estado de derecho y de qué manera el principio de legalidad ha evolucionado a la par que se han ampliado las fuentes formales del derecho, para desembocar en un profundo análisis de las nuevas fuentes de legalidad, particularmente el derecho positivo supranacional, la regulación, la desregulación y la autorregulación, desde las que expone en el último capítulo sus consideraciones sobre los horizontes del principio de legalidad que, a manera de conclusión, sintetiza en la contradicción entre la razón jurídico-político-moral y la razón científico-técnico- económica, que es justamente a la que apunta la nueva legalidad, más interesada en la riqueza que en los valores y principios propios del humanismo. Construida esa nueva legalidad sobre el desprestigio de la política, que «representa la reflexión sobre el bien común», la imagen del consumidor, del usuario de bienes y servicios se fortalece frente a un ciudadano disminuido; los valores sociales son aplastados por el capitalismo; los principios ceden ante la eficacia del sistema. De esta manera, se logra «situar la riqueza y la eficiencia en la escala de valores más alta de la sociedad, en lugar de la defensa de los derechos y la vida digna».

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El ejercicio de las pretensiones ante la jurisdicción contenciosa administrativa exigen que los sujetos involucrados en el trámite judicial dominen tanto su parte teórica como práctica.En la presente obra el lector encontrará una explicación clara respecto a la existencia de los diversos medios previstos para controlar la actividad de as autoridades, la estructura de la jurisdicción contenciosa, requisitos de procedibilidad y ejercicio de las distintas pretensiones judiciales y el proceso en su integridad. Todo ello con el apoyo de la normatividad y la jurisprudencia vigente del honorable Consejo de Estado.Adicionalmente, el autor asume una posición activa en el sentido de expresar su criterio, bien sea para realizar propuestas, o bien para respaldar o apartarse de las soluciones que ofrece tanto el legislador como el Consejo de Estado a través de su jurisprudencia.El ejercicio de las pretensiones ante la jurisdicción contenciosa administrativa exigen que los sujetos involucrados en el trámite judicial dominen tanto su parte teórica como práctica.En la presente obra el lector encontrará una explicación clara respecto a la existencia de los diversos medios previstos para controlar la actividad de as autoridades, la estructura de la jurisdicción contenciosa, requisitos de procedibilidad y ejercicio de las distintas pretensiones judiciales y el proceso en su integridad. Todo ello con el apoyo de la normatividad y la jurisprudencia vigente del honorable Consejo de Estado.Adicionalmente, el autor asume una posición activa en el sentido de expresar su criterio, bien sea para realizar propuestas, o bien para respaldar o apartarse de las soluciones que ofrece tanto el legislador como el Consejo de Estado a través de su jurisprudencia.

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«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.

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Esta obra ofrece a los lectores la posibilidad de tener un manual sobre la parte procedimental de la responsabilidad fiscal; aquí se incluyen acápites relacionados con institutos jurídicos procesales, tales como, el procedimiento ordinario y verbal, los recursos, medidas cautelares, instancias, nulidad, caducidad, prescripción, intervención judicial, cesación de la acción fiscal, sucesión procesal, expedición de copias, suspensión de términos, unidad procesal, garantía de defensa, defensor de oficio, grado de consulta, la participación de los terceros civilmente responsables, etc. De igual forma, el libro hace énfasis en el régimen probatorio, las diligencias de notificación, los impedimentos y las recusaciones. Finalmente, se exponen los efectos del fallo con responsabilidad fiscal y el control judicial en materia fiscal. Las diferentes temáticas son abordadas con base en la normativa vigente, en concordancia con la abundante jurisprudencia de las Altas Cortes y los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República.  Este libro es útil y práctico para todos los funcionarios de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales; servidores públicos o particulares que administren recursos del Estado; sujetos de control fiscal; estudiantes de los programas académicos de las facultades de Derecho y Administración Pública, en los cuales se incluya la materia o electiva de control y responsabilidad fiscal; a los países miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEF), y a todo aquel que se encuentre interesados en ampliar sus conocimientos en el área de la responsabilidad fiscal.

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La naturaleza y funciones de los principios jurídicos en el Estado social y constitucional de derecho constituye uno de los temas de mayor importancia para la teoría general del derecho, el derecho constitucional y el derecho procesal. En esta oportunidad, el autor demuestra de manera original y desde una perspectiva sociojurídica, que toda idea de principios jurídicos debe corresponder a las circunstancias de cada contexto, al deseo de cada sociedad por alcanzar la justicia material y a su interés por limitar el ejercicio del poder.  Con una metodología práctica, pero sin rehuir a las reflexiones más profundas en relación a los principios jurídicos, el autor indica que son mucho más que criterios auxiliares de la actividad judicial. En el Estado social y constitucional, son normas pertenecientes al ordenamiento jurídico que condicionan la validez de las restantes normas, concretan el contenido de los valores y limitan el ejercicio del poder, cumpliendo una importante función jurídica, axiológica y política, respectivamente. La Excepción de Principialidad, novedosa propuesta de control constitucional que ya es aplicada por funcionarios jurisdiccionales y administrativos, responde a dos crisis: la del razonamiento jurídico liberal con el ingreso del Estado social y constitucional y la de la administración de justicia. Ambas truncaron el cumplimiento de la función principal del constitucionalismo: la limitación del ejercicio del poder y la protección de los derechos fundamentales. Es una herramienta teórica y práctica fundamental para todo jurista que confía en la posibilidad de fusionar la justicia material con una idea de derecho entendido como principal instrumento para la transformación social.  

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El objetivo de estas lecciones consiste en examinar las múltiples hipótesis que suelen presentarse en cada etapa del proceso ejecutivo, estudiar los problemas jurídicos que surgen y proponer la solución más apropiada de cara al régimen normativo contemporáneo. Para alcanzarlo se emplea la casuística que ofrece la experiencia forense, y se echa mano de la ley, de los principios generales del derecho procesal, de la doctrina constitucional y de los criterios aplicados en la jurisprudencia de las cortes colombianas. El autor es especialista en derecho procesal civil y doctor en derecho. Su tesis doctoral sobre la “eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad” mereció la calificación de sobresaliente cum laude. Ha sido profesor de derecho procesal en las universidades bogotanas Externado de Colombia, Javeriana, Nacional, de los Andes, del Rosario, Libre y Santo Tomás. Participó en la redacción de las leyes 794 de 2003, 1098 de 2006, 1194 de 2008, 1395 de 2010 y1564 de 2012 (Código General del Proceso). Aparte de la tesis doctoral, ha publicado múltiples obras, entre las cuales se destaca el Código General del Proceso comentado (2023).

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La siniestralidad vial es una preocupación global que anualmente resulta en la pérdida de aproximadamente 1,19 millones de vidas (Organización Mundial de la Salud [oms], 2023), además de numerosas lesiones graves. En Colombia, entre enero y noviembre de 2023 se reportaron 7576 víctimas fatales en siniestros viales ("Más de 7.500 víctimas por accidentes", 2023). El exceso de velocidad destaca como uno de los principales factores de riesgo tanto en Colombia como a nivel global, pues según la oms (2023) está implicado en cerca del 40% de los accidentes mortales. Este factor subraya la urgencia de que haya políticas más estrictas y campañas efectivas de concienciación para mejorar la seguridad vial.

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La obra que reposa en sus manos contiene la parte sustantiva de la Responsabilidad Fiscal en Colombia, en la cual se plasma su evolución histórica, desde la época de la Colonia hasta la fecha. Luego se exponen con sencillez, pero con rigor intelectual los fundamentos constitucionales y legales que regulan la materia. Igualmente, se precisa el objeto, las características y los principios que orientan la vigilancia, gestión, control y acción fiscal. Así mismo, se trae a colación el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro Urrego Vs Colombia.  Finalmente, se hace énfasis sobre los elementos de este tipo de responsabilidad, temáticas que se abordan con base en la normativa que regula la materia, en concordancia con diversos conceptos emitidos por parte de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República y múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, los cuales orientan el ejercicio de la gestión y la responsabilidad fiscal. Este libro está dirigido a los funcionarios de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales; servidores públicos o particulares que administren recursos del Estado; sujetos de control fiscal; estudiantes de los programas académicos de las facultades de Derecho y Administración Pública, en los cuales se incluya la materia o electiva de control y responsabilidad fiscal; a los países miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEF), y a todo aquel que se encuentre interesados en ampliar sus conocimientos en el área de la responsabilidad fiscal.

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Esta guía ofrece una visión integral del derecho administrativo laboral, abordando la clasificación y modalidades de vinculación de los servidores públicos, sus derechos laborales y las normativas que rigen el empleo público. Además, explora el régimen salarial, la jornada laboral, la carrera administrativa y sus sistemas específicos. También analiza la función pública en distintos niveles de gobierno, la regulación de la participación política, la responsabilidad de los servidores públicos y los principios éticos y disciplinarios que garantizan la transparencia y la lucha contra la corrupción en la administración pública.

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En materia de compensación de los perjuicios inmateriales por daño a la  salud y de la vida de relación, en el Consejo de Estado y la Corte  Suprema de Justicia, desde el nacimiento de esta subcategoría, se han  emitido fallos que para los planteamientos de esta investigación generan  violación al derecho de igualdad, y se constituye en un claro  quebrantamiento al principio de reparación integral de las víctimas, por  cuanto el resarcimiento económico a falta de baremos compensatorios y  el arbitrio judicial cómo criterio subjetivo del juzgador no son suficientes  para satisfacer aspectos de igualdad, dado el matiz poco estructurado de  elementos axiológicos, antropológicos, filosóficos y psicológicos, sobre la  magnitud de este como criterio omnicomprensivo del ser humano en la  pérdida de esos aspectos sustanciales de la vida. Desde esa óptica  hacemos críticas profundas al sistema existente y planteamos  recomendaciones de cómo llevarlos al plano de la igualdad, pues el  sistema de competencias judiciales en Colombia no puede ser óbice de  criterios desiguales frente a daños de semejante identidad. 

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