Jurisprudencia penal crítica es "crítica" porque dentro del estado del arte del derecho penal asume una posición de cuestionamiento y de cierta ruptura. En principio, se asume la perspectiva social de los conflictos que se relievan en la cuestión criminal. El delito es un fenómeno social y como tal implica el conocimiento de un contexto social, implica una contextualización. Por eso el juez debe ser consiente de que cada caso es un caso concreto, de carne y hueso, de deseos y sentimientos; no una cifra estadística más o un caso rutinario que se repite icesantemente, como para despacharlo mecánicamente o dejarle al más relegado amanuense su resolución. Los hechos que constituyen los casos judiciales tienen su historia, una microhistoria tejida entre sus protagonistas, y una inserción de un marco histórico, que es aquel en que se producen las normas y se las aplica. El derecho es construcción cultural. Por ende, es histórico y social. Planteamos que el enfoque crítico debe superar la vieja confrontación de escuelas. Superar el positivismo que hace de la ley un fetiche y divorcia la justicia de derecho. Superar también a los neoclásicos, que con su tesis del derecho natural desconocen todos los factores de poder que intervienen en la creación y en la aplicación de la ley. El neoconstitucionalismo y el garantismo constituyen claves importantes para esa superación. El formalismo y el abstraccionismo jurídicos nos han llevado a sofisticadas elaboraciones conceptuales, pero nos han desconectado de la realidad social, de la realidad de las necesidades y delas expectativas sociales. Articular esa realidad a la interpretación del derecho, a la adjudicación de la justicia, es una de los signos de la postmodernidad.
Contenido: La decisión judicial: I. La decisión judicial: (reformulación del pensamiento de Hart); II. La proposición; III. Interpretación gramatical de la Constitución. Hermenéutica: I. La hermenéutica; II. Escuelas; III. Decisión judicial como acto de voluntad; IV. Interpretación de la ley; V. Comprender e interpretar; VI. Cómo se inicia la hermenéutica; VII. Lenguaje y hermenéutica; VIII. Discurso; IX. La sentencia judicial; X. Hermenéutica y filosofía analítica; XI. El precedente jurisprudencial; XII. Doctrina probable; XIII. Doctrina probable administrativa: (Superintendencia de industria y comercio); XIV. Precedentes y cambio jurisprudencial; XV. Imperio de la Ley; XVI. Obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional; XVII. Doctrina constitucional; XVIII. Fuentes del derecho. Interpretación: I. Definición; II. La lógica tradicional y la interpretación del derecho. Fundamentación de las decisiones jurídicas: I. Discurso práctico racional; II. Valores y jurisprudencia; III. Valores y dogmática jurídica; IV. Importancia de la jurisprudencia. Los precedentes: I. Jurisprudencia vinculante del Consejo de Estado; II. El carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional para las autoridades; III. Límite de la fuerza del precedente: apartamiento judicial; IV. Desconocimiento de la cosa juzgada y doctrina constitucional por parte de la Corte Suprema; V. Vinculatoriedad de las decisiones de las altas cortes; VI. La jurisprudencia como fuente formal del derecho; VII. Las altas cortes están sometidas al imperio de la Ley; VIII. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; IX. Nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional; X. Obligatoriedad de la doctrina judicial dictada por la Corte Suprema de Justicia; XI. ¿Cómo resultan vinculantes las decisiones judiciales?; XII. Fuerza vinculante de la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre; XIII. Unificación jurisprudencial; XIV. Cambio de jurisprudencia constitucional; XV. Control constitucional de un precepto legal según el derecho viviente; XVI. Diferencia entre jurisprudencia y precedente; XVII. Ratio decidendi, alcance del respeto al precedente y cosa juzgada constitucional implícita; XVIII. Doctrina constitucional y ratio decidendi; XIX. Identificación de la ratio decidendi de la sentencia c-543 de 1992; XX. Interpretación de conformidad con tratados de Derechos Humanos; XXI. Consideración sobre la ratio decidendi: (casuismo excesivo). Conflictos constitucionales: I. Reglas y principios; II. Conflictos normativos; III. La ponderación.
En el año 2006, luego de una confrontación jurídica de largo aliento, una de las tantas batallas que han existido y que seguramente seguirán existiendo entre grupos abortistas y pro vida llegaría a su fin, el saldo, una victoria parcial de los primeros sobre los segundos, el motivo, la decisión de nuestra Corte Constitucional de despenalizar parcialmente el aborto en Colombia.áLo que se hizo por mano de estos juristas como era natural, generó inconformidad en parte de la población que consideraba que se había facultado a las madres para disponer sobre la vida de sus hijos, siendo que este derecho, la vida, es el primero de todos los derechos y debe gozar de protección absoluta; como también de otros que consideraban que el único competente para decidir sobre la vida es Dios.
Las pruebas testimonial y pericial adquieren inusitada importancia en el proceso penal acusatorio, fase deticio oral y público, dada la viabilidad, material y normativa, que ofrecen para ser practicadas en la audiencia, con vigencia plena de los principiosde inmediacion, concentracion, continuidady, naturalmente, respecto de su oralidady publicidad. Adiciona mente se trata de medios probatorios, tradicional y especialmente socorridos en materia criminal, que en gran medida se corresponden o adaptan en forma muy aceptable a los requerimientos de un proceso penal garantista, rápido y económico como el que ha pretendido diseñarse para Colombia.No obstante, se trata de medios probatorios que también tradicionalmente han sido fuente de riesgo y duda, pues, como lo hemos advertido a lo largo de nuestra investigación, se trata de formas demostrativas de fuente humana, verdaderos testimonios de conocimiento y percepción respectivamente, que no son inmunes a deficiencias y limitaciones objetivas, las cuales han de ser eficazmente neutralizadas, tanto en fase de elaboración legislativa como por vía doctrinal y, siempre, dentro del manejo y dominio que les proporcionen sus diferentes operadores, jurídicos y extrajurídicos. Esta la razón fundamental que impone la necesidad de un discernimiento, estudio y debate de todos sus elementos, desde las etapas de formación de la prueba, hasta los momentos, también trascendentales, de ofrecimiento, solicitud, admisión, práctica, contradicción, apreciación y valoración.En esta ocasión abordamos el estudio de la prueba pericial, labor que hemos emprendido gracias a la insospechada acogida que la comunidad jurídica ha dispensado -quizá de forma inmerecida- a nuestro anterior trabajo sobre la prueba testimonial, los interrogatorios y contrainterrogatorios en el sistema acusatorio, publicado gracias también al calor y la confianza de esta Casa Editorial.La también llamada prueba técnica, presenta tal vez mayor complefidad y por tanto mayor necesidad de estudio y reflexión; adquiere dentro del sistema de oralidad
La obra “Crímenes de Guerra” corresponde al tercer tomo de la obra de mayor amplitud “Crímenes Internacionales”. En esta publicación se estudian las diversas conductas a partir del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, los estatutos especiales para Ruanda y la ex Yugoslavia, y el Estatuto de Roma se califican como crímenes de guerra. Como estudio preliminar se ofrece al lector un análisis a manera de “Parte General» de los aspectos generales de los crímenes de guerra, su estructura y elementos objetivos y subjetivos, ámbito de ampliación, circunstancias de justificación y exculpación, el análisis de la “responsabilidad de los jefes y superiores” y su relación con la legislación penal nacional.
La doctora María Mercedes López Mora de la Universidad Autónoma Latinoamericana "Unaula" de Medellin; especialista en derecho penal y criminología de la Universidad de Medellín; magíster en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y doctora en derecho de ese mismo centro de estudios, donde, hace un par de años, defendió como tesis doctoral el trabajo que hoy tengo el honor de prologar. Además, es especialista en alto gobierno de la Universidad de los Andes; y tiene dos diplomados: uno, en derechos fundamentales; y, otro, en gestión ambiental.
En la tercera edición de esta obra se continúa realizando un análisis comparativo de los presupuestos procesales en el derecho procesal administrativo colombiano, teniendo en cuenta no solo la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 01 de 1984, sino, el Proyecto de Ley 007 de 2019 (Senado), que se presenta como la primera gran reforma legal al CACA, y que, seguramente, será ley de la República en el corto plazo.De igual forma, los más de siete años de vigencia de la Ley 1437 de 2011, le han permitido a la doctrina y, especialmente, a la judicatura, decantar estas instituciones procesales a través de importantes pronunciamientos que han sido objeto de análisis y reflexiones en el presente texto, y que han servido de fundamento para la formulación de críticas y propuestas que buscan enriquecer el debate académico y quizá, fomentar un cambio sobre el papel que los presupuestos procesales están llamados a cumplir en el derecho colombiano en procura de la materialización de la tutela judicial efectiva.
Esta obra contiene las principales novedades, legales, doctrinales y jurisprudenciales del proceso ejecutivo administrativo. Se incluyen las reformas procesales introducidas por el CPACA, el CGP y el Decreto Legislativo 806 de 2020. De la misma forma, se revisan algunos criterios que se mantienen de las pasadas ediciones y se incluyen nuevos temas para ampliar el estudio de este proceso especial que resultó robustecido con la Ley 2080 de 2021 y con los desafíos impuestos por el COVID-19 que dieron lugar a la implementación definitiva de la justicia digital.
La digitalización de la justicia se ha consolidado como una respuesta inevitable y esencial para satisfacer la creciente demanda de este servicio público, lejos de ser una medida temporal o pasajera como algunos inicialmente pensaron respecto al Decreto 806 de 2020. La promulgación de la Ley 2213 de 2022 y la Ley 2080 de 2021 ha confirmado la incorporación definitiva de la digitalización en la justicia colombiana como norma general. El acceso a la justicia y a la administración pública a través de plataformas digitales, junto con el uso de la prueba electrónica, supone un desafío tanto para los litigantes actuales como para los futuros abogados. Este nuevo paradigma, que busca agilizar los procesos y mejorar la atención a los usuarios, se ha consolidado gracias a estas leyes. Por tanto, es urgente continuar adquiriendo conocimientos sobre los procedimientos y la prueba digital en cada etapa procesal. En este contexto, la presente obra jurídica, actualizada conforme a la normativa y jurisprudencia vigente, se convierte en una herramienta indispensable para guiar las actuaciones administrativas y judiciales, respondiendo al desafío de modernizar un sistema judicial que demanda cambios profundos, entre los cuales la justicia digital representa un avance necesario y decisivo.
a constante evolución del derecho procesal laboral y de la seguridad social nos lleva a reflexionar sobre los profundos cambios introducidos por la normativa reciente. Al revisar nuevamente lo expuesto en la edición anterior, constaté que sus planteamientos siguen siendo pertinentes, por lo que decidí reproducirlo en su esencia. No obstante, esta décima edición tiene el propósito de actualizar y enriquecer el texto con las últimas disposiciones jurisprudenciales y doctrinales, especialmente en relación con la digitalización y la oralidad, buscando siempre una aplicación práctica que contribuya a una justicia más efectiva y equitativa.
La NEGOCIACIÓN COLECTIVA LABORAL EN LA FUNCIÓN PÚBLICA es relativamente novedosa en Colombia; el primer Decreto-1092 fue de 2.012 y el Decreto vigente-160- es de 2.014; apenas han transcurrido 6 o 4 años; es un tema apenas en desarrollo, rico en ciertos, aportes, dudas y errores; estamos en un proceso de aprendizaje colectivo.
Las ocho-8- ediciones de este libro se explican por la necesidad de ir respondiendo al curso de los acontecimientos; por ellos su reelaboración progresiva, derivada de la suma de factores tales como la experiencia del Autor construida desde su calidad de integrante de la Comisión Redactora de los Decretos # 1092 y 160, de asesor, de investigador y de profesor de la materia en el post grado de la Universidad Externado…
