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«El método utilizado, como el uso de preguntas, es una técnica útil y antigua en el proceso de aprendizaje que permite: verificar el nivel de conocimientos previamente adquiridos, profundizar e identificar los detalles y las ideas principales de los temas jurídicos, propuestos en el texto.Esencialmente, este libro sirve como soporte académico para que el lector verifique lo que sabe e indague lo que requiere saber del Nuevo CPACA, (ley 1437/11), de la ley estatutaria de Administración de Justicia, de la Acción de tutela, de la Acción de cumplimiento, de las Acciones populares, y de la Acción de clase o de grupo».«El método utilizado, como el uso de preguntas, es una técnica útil y antigua en el proceso de aprendizaje que permite: verificar el nivel de conocimientos previamente adquiridos, profundizar e identificar los detalles y las ideas principales de los temas jurídicos, propuestos en el texto.Esencialmente, este libro sirve como soporte académico para que el lector verifique lo que sabe e indague lo que requiere saber del Nuevo CPACA, (ley 1437/11), de la ley estatutaria de Administración de Justicia, de la Acción de tutela, de la Acción de cumplimiento, de las Acciones populares, y de la Acción de clase o de grupo».«El método utilizado, como el uso de preguntas, es una técnica útil y antigua en el proceso de aprendizaje que permite: verificar el nivel de conocimientos previamente adquiridos, profundizar e identificar los detalles y las ideas principales de los temas jurídicos, propuestos en el texto.Esencialmente, este libro sirve como soporte académico para que el lector verifique lo que sabe e indague lo que requiere saber del Nuevo CPACA, (ley 1437/11), de la ley estatutaria de Administración de Justicia, de la Acción de tutela, de la Acción de cumplimiento, de las Acciones populares, y de la Acción de clase o de grupo».

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El Decreto 3118 de 1968, creó el Fondo Nacional del Ahorro y dispuso que cada año calendario, contado a partir del  01 de enero de 1969, los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, liquidarán la cesantía causada anualmente a favor de sus trabajadores o empleados. La liquidación practicada será definitiva y no está sujeta a reliquidación, así varíe la remuneración en los años subsiguientes. La norma en mención, inicialmente fijó un interés del 9% anual sobre las cantidades que al 31 de diciembre de cada año […].

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Al abordar el tema de la revocación directa de los actos administrativos me encuentro, prima facie, con la existencia de un principio universal: la facultad de la administración para derogar, en principio, sus propios actos administrativos, sin más límites que aquellos que hubiere impuesto el legislador […].

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Jurisprudencia de la sección tercera del consejo de estado, año 2013. -Responsabilidad contractual. -Responsabilidad extracontractual -Aspectos procesales -Acciones populares. Contiene  las providencias completas.Jurisprudencia de la sección tercera del consejo de estado, año 2013. -Responsabilidad contractual. -Responsabilidad extracontractual -Aspectos procesales -Acciones populares. Contiene  las providencias completas.

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El presente libro se pregunta por la necesidad de un juez especial, encargado del control de legalidad de los órganos públicos y de los particulares que ejercen funciones propias del Estado, en el marco del denominado «sistema de dualidad de jurisdicciones», así como por su contribución al fortalecimiento de la democracia y a la configuración de los elementos que integran la cláusula de Estado de derecho. El motivo que explica la preocupación por este asunto radica, fundamentalmente, en dos circunstancias: (i) en la intención de desentrañar los principios, al interior de la teoría del Estado de derecho y de la democracia, que inspiran la existencia de una jurisdicción contencioso-administrativa, y (ii) en la necesidad de indagar acerca del fundamento jurídico-político de un juez especial, independiente de la jurisdicción ordinaria, encargado del control de los órganos del poder, en medio de las discusiones actualmente suscitadas, en las que resaltan posiciones afines a la idea del juicio ordinario de los temas públicos, es decir, ejercido por la jurisdicción común, como sucede en el contexto anglosajón.

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«La importancia de la subcontratación para la contratación estatal no solo deriva de su valor jurídico como figura contractual, sino también desu relevancia como fenómeno económico, de allí el interés por su estudio integral en los contratos estatales. La subcontratación al ser uno de los medios más dinamizadores de una economía de mercado, y la contratación estatal uno de sus principales impulsores1, requiere una cuidadosa regulación en los pliegos de condiciones o contratos estatales, de tal forma que permita articular en un esquema contractual un fenómeno económico en constante desarrollo y conciliar los intereses legítimos por el reparto de los beneficios que implica, entre el contratista, el Estado y los subcontratistas. La subcontratación es más que una simple condición contractual; supone el reconocimiento y la pretensión moderadoras de un fenómeno económico y organizativo, complejo y cambiante, como es la externalización de servicios o la descentralización productiva, materia, en principio, ajena al derecho pero sujeta a su regulación en los contratos estatales.

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«Este libro inaugura la Serie denominada Las cláusulas del contrato estatal, que asumió el Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA– como un aporte a la doctrina contractual, huérfana de análisis especializados de la materia. el autor se propone estimular el interés en su lectura, tanto de abogados como de profesionales de otras disciplinas — Ingeniería, y demás áreas técnicas, financieros y administradores— por que todos son responsables de los contratos estatales, tanto en la fase de preparación como de la ejecución y liquidación»

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Reliquidación IPC •Partidas computables •Subsidio familiar •Indemnizaciones •Pensión de sobreviviente por muerte en actos del servicio o combate •Pensión de invalidez con 50% •Nivel Ejecutivo de la PONAL •Decreto 754 del 30/04/2019 Al encontrarse el Sector Defensa exceptuado de la aplicación del Sistema General de Seguridad Social Integral, creado a través de la Ley 100 de 1993, se debe realizar por parte de los lectores, un análisis sistemático y detenido del mismo, toda vez que el legislador busco conceder prerrogativas especiales al personal adscrito a dicho dicho sector, en aras de incentivar y promocionar el Servicio al País. […].

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Mi sensibilidad por la regulación, en términos de teoría del derecho, está sucintamente expresada en dos textos de mi autoría: En Público y Privado: las transformaciones del Derecho, del Estado y de la Empresa1, y en Los Servicios Semipúblicos Domiciliarios2, en los cuales esbocé algunos problemas relacionados con el tema. Claro está que en el segundo libro abordé con detalle mi perspectiva de lo que es la regulación –capítulo XI-, en sentido estrictamente jurídico, pero en el primer texto formulé algunas ideas de tipo teórico-dogmático –en términos de legitimidad del poder- que ponen en cuestión la posibilidad que tiene la regulación, y con mayor razón la autorregulación, de convertirse en una alternativa para la creación de derecho positivo. En este sentido, indicaba que la incidencia del mercado sobre la estructura estatal moderna no solo afecta la forma del Estado y su aspecto externo, sino que interesaba considerar la manera como la producción normativa, antaño alcázar de la soberanía estatal, también sufre una importante transformación, o por lo menos se percibe un proceso desestabilizador en este sentido.

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La presente investigación analiza el régimen disciplinario del congresista en Colombia desde el concepto jurídico alemán conocido como la relación especial de sujeción, con el fin de verificar si realmente aquel servidor público debe soportar dicha carga pública compleja ante el Estado. Así, analizando con suficiencia y de manera detallada dicha categoría, reconocida en Colombia como un principio ius fundamental, este trabajo clasifica adecuadamente qué tipo de relación especial de sujeción ostenta el congresista, para posteriormente, revisar desde criterios propios de la categoría doctrinal si es plausible definir que dicho servidor público ostente el mayor status desigual en razón o con ocasión de las atribuciones funcionales adquiridas. Actualmente, el régimen disciplinario administrativo del congresista está compuesto por la Ley 1952 de 2019 y la Ley 1828 de 2017; sin embargo, académicamente no se ha evaluado si material y formalmente está justificada dicha coexistencia de normas. Por ello, este trabajo, a través de la relación especial de sujeción hace un análisis minucioso formal y material de por qué está justificada la configuración legislativa actual, revisándose las funciones públicas que ejerce, la investidura que ostenta, y el sistema de elección, para que a posteriori no se ponga en riesgo la legitimidad de la potestad disciplinaria contra el parlamentario.

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La justificación de la aplicación del riesgo como factor de imputación en los eventos que se generen daños, producto de las actividades peligrosas, se constituye en una forma de reproducir in extenso los argumentos dispuestos en la sentencia del 24 de agosto de 2009, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión presentó alrededor de 60 folios argumentos de índole legal, doctrinal y jurisprudencial, orientados a establecer que el riesgo es el criterio de imputación aplicable a los eventos que ocasionen daños, producto del ejercicio de una actividad considerada como peligrosa.

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Este tratado pretende, fundamentalmente, alcanzar un doble propósito: 1° Colmar un vacío bibliográfico existente en la literatura jurídica universal, en la que son demasiado escasas las jurisprudencias sobre la reserva y en la doctrina, tanto nacional como foránea, no hay ni siquiera un solo trabajo monográfico omnicomprensivo del pacto reservatorio. 2° Probar que el pacto es la máxima garantía que tiene el vendedor para hacerse pagar el precio íntegro. La auténtica reina de las cauciones y no la hipoteca.

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