El Derecho, al igual que la música, siempre ha estado ‒y estará‒ presente en la vida del ser humano.
Esta obra es la reivindicación del rock como medio para aprender y aprehender el derecho y como género musical. En esta, además de contar con la participación de un gran músico y de uno de los más grandes melómanos del país, académicos de diferentes universidades analizan jurídicamente doce clásicos del rock en español.
Es una apuesta innovadora e irreverente, única en su especie, imperdible para todos los amantes del Derecho, el arte y el rock en español.
Editor académico: Alejandro Gaviria Cardona
Incluye flujogramas del Código General Disciplinario (CGD) y el Código Disciplinario Único (CDU), además de jurisprudencia relevante como la Sentencia C-030 de 2023
Ley 2220 de 2022
Contiene lo pertinente de las Leyes 1579 de 2012, 1564 de 2012, 1395 de 2010, 1367 de 2009, 446 de 1998, 23 de 1991 y de los Decretos 1829 de 2013 y 2511 de 1998 (compilados en el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho N° 1069 de 2015), 2771 de 2001 y 2158 de 1948
2.a edición
Actualizada con los Actos Legislativos N.o 01 de 2024; 01, 02, 03 de 2023; 01, 02 de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017; 01 de 2016; 01, 02 de 2015. Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706 de 2017 y Sentencia C-332 de 2017
Pensar en las sociedades comerciales se convirtió en mi preocupación permanente en las aulas de clase, desde mi edad temprana, como alumno de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas como se llamaba en aquel entonces, cambiando mi inclinación vocaciones de filosofía y ciencia política a la del mundo de los negocios y el derecho comercial, en especial el Derecho societario…
Esta obra, fruto de una esmerada investigación del autor, devela una problemática existente en el aprovisionamiento de empleos por parte de la administración pública colombiana, por cuanto expone, a través de una radiografía de datos plenamente contrastable y prolijamente lograda, la disonancia que se presenta, en términos de garantía, entre quienes se vinculan al Estado mediante una relación laboral formalmente concebida y, quienes, en cambio, son atraídos por medio de un mecanismo contrahecho, que se vale de la contratación por prestación de servicios, para encubrir y desproteger una auténtica vinculación laboral.Así mismo, este trabajo repara sobre el estrujamiento que produce dentro del ordenamiento jurídico, el trasplante de figuras de un sistema a otro sin apremio alguno por las distorsiones que se produzcan, como ocurre con los contratos de prestación de servicios que, teniendo su arraigo en el derecho privado migraron al ámbito público, inicialmente ungidos de excepcionalidad, pero luego, revestidos con vocación de permanencia y recurribilidad.En definitiva, este libro condensa la ardua y fatigosa labor de un joven investigador al que le mueven las problemáticas sociales del país, y se propone no solamente analizarlas desde la criticidad, sino avizorar posibles soluciones que demandan voluntad política y legislativa de un Estado que, hasta ahora, se ha mostrado cómodo e indiferente con el mancillamiento de las garantías laborales de las personas contratadas por prestación de servicio. Una obra que le sale al paso a la compleja tesitura de un segmento de personas vinculadas por el Estado, con una protección laboral exigua, a la vez que, una oportunidad que todo lector, interesado en el tema, merece aprovechar.Blanca Raquel Cárdenas.Abogada, doctora en derecho.Magistrada auxiliar del Consejo de Estado de Colombia.
No parece afortunada una contratación pública y unos procesos de selección que involucionan en extensión y complejidad, con normas confusas y muchas veces contradictorias. La dispersión de normas parece ser la costumbre actual, de tal manera que cada norma legal expedida incorpora, seguramente con propósitos loables, modificaciones al régimen de contratación, con un ambiente de inseguridad jurídica y de difícil entendimiento.En mi opinión estas reformas fraccionadas y parciales no han cumplido con los objetivos que perseguían ni han conseguido crear un mercado de fácil acceso para los administrados. Por el contrario, parece ser más común de lo deseado, obras inconclusas y un escenario propicio para la corrupción. La contratación compleja y difícil de entender solo conduce a mayores riesgos de los gestores públicos y a una atmósfera que incentiva la desviación de los recursos públicos.La complejidad de la contratación pública por las razones citadas, ha llevado a que se considere un tema propio de los abogados, cuando lo que se demanda son criterios técnicos, no necesariamente economicistas, que permitan la eficiencia en la gestión y en el cumplimiento de políticas públicas.En este marco, la obra pretende esclarecer y presentar nuestras consideraciones sobre los principios y normas que gobiernan los procesos de selección de los contratos estatales, regulados por la Ley 80 del 1993 o con regímenes especiales, centrado en el derecho a la competencia, esto es, la igualdad de acceso y oportunidades, la transparencia-publicidad y la libertad de concurrencia. Lo anterior en la búsqueda de una mínima seguridad jurídica que conduzca a la eficiencia del proceso y de los cometidos buscados por las partes contratantes.El operador jurídico, la Administración y los potenciales oferentes pueden encontrar amplia información de las fuentes y tesis que orientan y se aplican a los procesos de selección, especialmente de carácter jurisprudencial. Así mismo, se incluye un tema de la mayor actualidad, como es los límites y características de la modificación del contrato, de escasa regulación legal pero de enorme importancia por sus implicaciones en la responsabilidad patrimonial, fiscal y penal de los servidores públicos.
La digitalización de la justicia se ha consolidado como una respuesta inevitable y esencial para satisfacer la creciente demanda de este servicio público, lejos de ser una medida temporal o pasajera como algunos inicialmente pensaron respecto al Decreto 806 de 2020. La promulgación de la Ley 2213 de 2022 y la Ley 2080 de 2021 ha confirmado la incorporación definitiva de la digitalización en la justicia colombiana como norma general. El acceso a la justicia y a la administración pública a través de plataformas digitales, junto con el uso de la prueba electrónica, supone un desafío tanto para los litigantes actuales como para los futuros abogados. Este nuevo paradigma, que busca agilizar los procesos y mejorar la atención a los usuarios, se ha consolidado gracias a estas leyes. Por tanto, es urgente continuar adquiriendo conocimientos sobre los procedimientos y la prueba digital en cada etapa procesal. En este contexto, la presente obra jurídica, actualizada conforme a la normativa y jurisprudencia vigente, se convierte en una herramienta indispensable para guiar las actuaciones administrativas y judiciales, respondiendo al desafío de modernizar un sistema judicial que demanda cambios profundos, entre los cuales la justicia digital representa un avance necesario y decisivo.
El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado es una obra que pretende ser una herramienta de gran utilidad para los estudiantes de derecho, abogados y jueces penalistas, fiscales y para todas aquellas personas interesadas en conocer la forma cómo se reglamentó la Reforma Constitucional que permitió desmonopolizar el ejercicio de la acción procesal penal en Colombia, pues desde entonces legalmente se admite que la víctima de ciertos delitos y otras instituciones estatales, diferentes a la Fiscalía General de la Nación, la ejerzan de manera privada.
En esta oportunidad, el autor somete a consideración de toda la comunidad académica y profesional del derecho este trabajo jurídico, como una obra que no puede faltar en la biblioteca de todo estudioso del derecho procesal penal. Y, especialmente, en la de aquellos abogados que se le midan al «reto jurídico y profesional» de representar a la víctima, en su papel de acusador privado.
El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado tiene como finalidad servir de orientador o guía al lector sobre los principales aspectos reglamentados por la Ley 1826 de 2017 referentes al procedimiento especial abreviado y al acusador privado.El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado es una obra que pretende ser una herramienta de gran utilidad para los estudiantes de derecho, abogados y jueces penalistas, fiscales y para todas aquellas personas interesadas en conocer la forma cómo se reglamentó la Reforma Constitucional que permitió desmonopolizar el ejercicio de la acción procesal penal en Colombia, pues desde entonces legalmente se admite que la víctima de ciertos delitos y otras instituciones estatales, diferentes a la Fiscalía General de la Nación, la ejerzan de manera privada.
El Peritaje Psiquiátrico en el Proceso Penal, es una obra que nace ante la indiferencia judicial que existe en los procesos penales, donde se ve involucrada una persona que ha cometido un delito perseguible bajo la modalidad de atroz.
Preocupados por la mala aplicación del Peritaje Psiquiátrico en los procesos penales, y por propia experiencia en la litigación, es que nos vimos motivados a efectuar una investigación profunda, haciendo énfasis en casos ocurridos en diferentes partes de Iberoamérica, siendo nuestro objetivo principal llevar a la comunidad una explicación con fundamentos legales a los efectos que conozcan, como y donde actuar cuando se encuentren frente a un caso de esta naturaleza, la importancia del peritaje psiquiátrico en el proceso penal se hace necesaria para eximir y/o ratificar una responsabilidad penal, el juez tiene las herramientas necesarias y procesales para admitir un dictamen pericial y en caso de dudas aplicar un metaperitaje, esto a los fines de una sana y correcta administración de justicia en aras de una equilibrada, y justa relevancia y supremacía de la ley, siempre teniendo como norte el viejo adagio que reza; dar a cada quien lo que le corresponda.
Podemos concluir, sin temor a equivocarnos que, la presente obra es un importante aporte a las ciencias jurídicas, y servirá de referencia, a los Estudiantes, Abogados y público en general, pero con especial interés a los administradores de justicia y con ahínco en los abogados litigantes, quienes son las llamados a conocer a profundidad la actuación de los peritos y así poder hacer las preguntas necesarias para esclarecer un hecho y evitar a toda costa que triunfe la injusticia.
En esta obra se hace una serie de consideraciones, anotaciones sobre la Ley 1826 de 2017, la cual fue, en principio, dentro del desarrollo legislativo, denominada de pequeñas causas. A la postre, no se establecieron en ella pequeñas causas, sino solo un procedimiento penal especial abreviado, para investigar y juzgar determinados delitos.
Esta Ley comenzó a regir el 13 de julio de 2017, respecto de los hechos cometidos con posterioridad a esa fecha. Pero también tiene efectos retrospectivos. Se aplica, igualmente, para las conductas punibles ejecutadas con anterioridad a esa fecha, respecto de las cuales no haya realizado la imputación de cargos en los términos de la Ley 906 de 2004.En esta obra se hace una serie de consideraciones, anotaciones sobre la Ley 1826 de 2017, la cual fue, en principio, dentro del desarrollo legislativo, denominada de pequeñas causas. A la postre, no se establecieron en ella pequeñas causas, sino solo un procedimiento penal especial abreviado, para investigar y juzgar determinados delitos.
Esta Ley comenzó a regir el 13 de julio de 2017, respecto de los hechos cometidos con posterioridad a esa fecha. Pero también tiene efectos retrospectivos. Se aplica, igualmente, para las conductas punibles ejecutadas con anterioridad a esa fecha, respecto de las cuales no haya realizado la imputación de cargos en los términos de la Ley 906 de 2004.
