Tipología penal de los juegos de suerte y azar es un llamado a repensar el
rol del Estado y de la justicia en la protección de los bienes públicos y los
derechos fundamentales de los ciudadanos. El compromiso con el
combate a la ilegalidad en los juegos de azar no es solo una cuestión
económica, sino una responsabilidad social que incide directamente en el
derecho a la vida, la salud y la dignidad de los colombianos. Este texto
invita a todos los actores implicados a sumar esfuerzos para garantizar que
los recursos generados por esta actividad se destinen efectivamente al
mejoramiento del sistema de salud y al bienestar de la población más
vulnerable.
En el desarrollo del texto, se analiza la génesis del monopolio, en este
caso, de los juegos de suerte y azar, y ha sido de sorpresa para muchos que
la República de Colombia es de las pocas en el mundo que ostenta una
destinación específica para la distribución de este, acorde con el
artículo 336 de la Constitución Política.
La necesidad de abarcar la simultaneidad de tipos penales, no solo la del
artículo 312 del Código Penal del ejercicio ilícito de actividad monopolística
de arbitrio rentístico, conduce, por el contrario, a poder llevar a la justicia a
todos quienes atenten ya no tan solo en contra del derecho a la salud,
eventualmente más bien atentan contra el derecho a la vida de miles de
colombianos; es necesario llevarlos a la justicia con otras figuras, tales
como el lavado de activos, el concierto para delinquir, la estafa, la
extinción de dominio, entre otras.
Por último, sin que sea menos importante, hacer patria no solo se
constituye en lo que nuestros antiguos próceres diligenciaron en favor de
nuestra historia para la consolidación de nuestro Estado colombiano, sino
que también se hace a partir del cumplimiento de nuestras obligaciones
como funcionarios públicos, ya que solo en esta medida seguiremos
contribuyendo a la fortaleza de esta.
Sugerencia para defensas penales estratégicas es un libro de consejos
que tiene su génesis en la experiencia personal, profesional y docente.
Es el atisbo desde una ventana alta a partir de la cual se ve el desarrollo
de la manera como se hace justicia en Colombia, los altibajos y los
inconvenientes que debe conocer y sortear el futuro abogado en el
momento de la litigación. La práctica judicial que se respira a diario
(intrigas subrepticias, incomodidades y rivalidades), que lleva a
reconocer que en el intrincado judicial (fiscal y defensa) se crea, siempre,
un juego de insidias y de extremos odiosos inevitables. Luego, el
abogado debe estar preparado, manejar técnica oral (la palabra como
acto de astucia), conocer espectros temáticos de cada uno de los delitos
(referentes jurisprudenciales) y saber elegir la mejor estrategia (técnica
de litigación). Hacer las cosas bien es el mejor truco del abogado
litigante. Este libro es ideología y buenas lecciones de qué es lo que se
encuentra en el litigio y el paso itinerante por unos abismos que deben
ser caminados con mucho cuidado y prudencia.
La Jurisprudencia Penal 1º semestre 2023 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama
El Tribunal Superior de Medellín, las Direcciones Seccionales de Fiscalías de Medellín y Antioquia, la Defensoría Regional del Pueblo de Medellín, La Procuraduría General de la Nación y el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía con profunda satisfacción presentamos a la comunidad académica este gran esfuerzo interinstitucional materializado en la obra titulada «Derecho procesal penal. Cuestiones fundamentales», la cual reúne el pensamiento de un grupo de muy ilustres juristas, que desde la perspectiva propia de su rol dentro del sistema de justicia penal o desde la academia asumen el análisis de muy variados temas de trascendental importancia y actualidad relacionados con la ciencia procesal penal.
Este libro es el fruto de las JORNADAS INTERINSTITUCIONALES DE DERECHO PROCESAL, organizadas por las entidades antes mencionadas bajo la Coordinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que tuvieron lugar en el mes de septiembre de 2017 en esta misma ciudad, con el propósito no de lograr utópicos y muchas veces no deseables unanimismos, sino simplemente el de abrir un espacio de reflexión académica para los diferentes actores del proceso penal sobre temas de mucha relevancia en el quehacer diario judicial.El Tribunal Superior de Medellín, las Direcciones Seccionales de Fiscalías de Medellín y Antioquia, la Defensoría Regional del Pueblo de Medellín, La Procuraduría General de la Nación y el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía con profunda satisfacción presentamos a la comunidad académica este gran esfuerzo interinstitucional materializado en la obra titulada «Derecho procesal penal. Cuestiones fundamentales», la cual reúne el pensamiento de un grupo de muy ilustres juristas, que desde la perspectiva propia de su rol dentro del sistema de justicia penal o desde la academia asumen el análisis de muy variados temas de trascendental importancia y actualidad relacionados con la ciencia procesal penal.
Marín Castro, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Amazonía del Caquetá y activo Defensor Público de la Regional Caquetá, entrega su obra titulada «GUÍA TEMÁTICA BÁSICA, Derecho penal especial: Desarrollo de 10 delitos de manera elemental». El texto precisa el cuerpo legislativo penal, integrado por algo más de 32 leyes y cita en extenso, jurisprudencia que explica temas propios de la materia; además analiza, la estructura organizacional del actual Código Penal (Ley 599 de 2000), atreviéndose a presentar, en forma peculiarísima, los tipos de normas que lo configuran, los diferentes segmentos expositivos de la técnica legislativa, lo que da lugar a identificar en forma general, espacios distintos en su articulación y otros aspectos del engranaje propio de las unidades expositivas de discurso. Igualmente, desarrolla diez delitos a partir de casuística y exposición puntual.
Será, sin duda, un documento importante que sienta la línea de un Derecho coherente, entre lo que se debe enseñar en el aula y lo que necesita realmente el estudiante. De aquí, que estos contenidos, aunque brevísimos, le ayudaran al estudiante como al leyerato avezado a responder con cierta solvencia ante los problemas o necesidades futuras que se le presenten en su desempeño profesional.
En el derecho colombiano se empezaron a reconocer los daños causados por los enemigos del Estado a partir de la segunda mitad del siglo XIX, tradición jurídica que mantuvieron las altas cortes y que se conserva hasta hoy. A pesar de que, en la actualidad, es indudable la posibilidad de reconocer los daños causados por los grupos armados ilegales, el Consejo de Estado ha fijado unos parámetros para su reparación integral, los cuales no conocen todos los operadores jurídicos. Ante este vacío, fue necesario, tanto desde una perspectiva académica como desde una jurídica, sistematizar la jurisprudencia para que abogados, jueces, litigantes y todo el que quiera conocer el complicado mundo de la responsabilidad estatal pueda acceder fácilmente a esta información y, concretamente, al complejo tema de “La responsabilidad estatal por los daños causados por los grupos armados en la jurisprudencia del Consejo de Estado de Colombia”.
Esta segunda edición de La policía judicial en el sistema penal acusatorio, con diez capítulos es producto de las vivencias y experiencias del autor como jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, que realizó investigaciones en materia de corrupción, enriquecimiento ilícito y por violación de derechoshumanos, como también del desempeño como Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación, en donde fue muy importante el acumulado que ese organismo traía desde la época de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, con un personal comprometido con la investigación criminal y el trabajo criminalístico y de las ciencias forenses.
Tomo I: Importancia y definición de las pruebas judiciales; noción o concepto de la prueba. el derecho subjetivo de probar; naturaleza del derecho probatorio y de las normas sobre pruebas judiciales; breve historia de las pruebas judiciales.
Tomo II: Del juramento como medio especial de prueba el testimonio de terceros; de la peritación o la prueba por peritos; de la prueba por inspección o reconocimiento judicial; de la prueba por documentos.
Este libro es una obra imprescindible que ofrece una exploración exhaustiva y perspicaz de los conceptos fundamentales de la culpabilidad en el derecho penal, así como un análisis detallado de las nuevas tendencias que están transformando este campo. Con un enfoque claro y riguroso, examina las teorías filosóficas tradicionales de la culpabilidad, al tiempo que explora las complejidades de las tendencias emergentes, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los avances en neurociencia o el auge de inteligencias artificiales.
En el año 2001, recién comenzaba la vigencia del actual Código Penal -Ley 599 de 2000-, escribimos la obra FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, teniendo básicamente como norte el llamado ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN contenido en la Ley 190 de 1995, aunque comparándolo con las nuevas normas penales. Las pretensiones de ese estatuto eran combatir la corrupción administrativa en todos los sectores de la administración pública, como uno de los grandes males que siempre ha existido en Colombia y en otras latitudes del universo, porque el dinero fácil es la más grande oportunidad y tentación de enriquecimiento con el patrimonio público para aquellos servidores del Estado que no tienen unos valores morales y éticos bien acendrados. Por ello, para nadie es un secreto que los delitos contra el Patrimonio Económico del Estado, se incrementan día a día y que el respeto por los bienes oficiales se ha acrecentado de una manera desbordada, al punto que los ciudadanos del común los miran con cierta tolerancia y aún con complacencia, cuando indirectamente resultan beneficiados con las desviadas conductas de los servidores públicos…
Ley 65 de 1993. Incluye en su articulado las reformas de las Leyes 2346 de 2024; 2197 de 2022; 2098 de 2021; 2014 de 2019; 1709 de 2014, 504 de 1999, 415 de 1997 y el Decreto 2636 de 2004
Con el ánimo de seguir contribuyendo con el análisis y difusión de los aportes jurisprudenciales de nuestras máximas corporaciones de justicia, la Librería Jurídica Sánchez, presenta a consideración de sus lectores y amantes de estos temas, la REVISTA JURISPRUDENCIAL No. 22, correspondiente al segundo semestre del año 2021. Nuestro objetivo ha sido dar a conocer los pronunciamientos más relevantes e impactantes que se ventilan en los tribunales, que involucran a los ciudadanos y personalidades de la vida pública nacional.
En esta oportunidad, la REVISTA está dividida en siete partes: En la Primera Parte destacamos tutela que fuera resuelta en favor de Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S., por publicación de providencia en la REVISTA JURISPRUDENCIAL.
En la Segunda Parte resaltamos varios estudios doctrinarios: -A propósito de la discusión sobre la aprobación del aborto en Colombia el papel de los jueces y el equilibrio entre lo sagrado y lo secular en las decisiones judiciales.
La Tercera Parte dedicada a destacar providencias de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín.
La Cuarta Parte, destaca novedosos pronunciamientos de la Sala Penal de la CSJ, -Caso del Exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, -Caso del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, -Caso del Exgobernador de Boyacá, Richard Aguilar.
La Quinta Parte, destaca providencias importantes del Consejo de Estado.
La Sexta Parte está encargada de destacar tutelas y sentencias de la Corte Constitucional: Eutanasia o muerte digna.
La Séptima y última parte, está dedicada a destacar legislación con carácter penal expedidas durante el segundo semestre de 2021: -Ley 2197 de 2022, -Ley 2168 de 2021, -Decreto 1417 de 2021, -Ley 2111 de 2021.
