Ley 65 de 1993. Incluye en su articulado las reformas de las Leyes 2346 de 2024; 2197 de 2022; 2098 de 2021; 2014 de 2019; 1709 de 2014, 504 de 1999, 415 de 1997 y el Decreto 2636 de 2004
La Jurisprudencia Penal 1º semestre 2023 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama
Con el ánimo de seguir contribuyendo con el análisis y difusión de los aportes jurisprudenciales de nuestras máximas corporaciones de justicia, la Librería Jurídica Sánchez, presenta a consideración de sus lectores y amantes de estos temas, la REVISTA JURISPRUDENCIAL No. 22, correspondiente al segundo semestre del año 2021. Nuestro objetivo ha sido dar a conocer los pronunciamientos más relevantes e impactantes que se ventilan en los tribunales, que involucran a los ciudadanos y personalidades de la vida pública nacional.
En esta oportunidad, la REVISTA está dividida en siete partes: En la Primera Parte destacamos tutela que fuera resuelta en favor de Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S., por publicación de providencia en la REVISTA JURISPRUDENCIAL.
En la Segunda Parte resaltamos varios estudios doctrinarios: -A propósito de la discusión sobre la aprobación del aborto en Colombia el papel de los jueces y el equilibrio entre lo sagrado y lo secular en las decisiones judiciales.
La Tercera Parte dedicada a destacar providencias de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín.
La Cuarta Parte, destaca novedosos pronunciamientos de la Sala Penal de la CSJ, -Caso del Exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, -Caso del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, -Caso del Exgobernador de Boyacá, Richard Aguilar.
La Quinta Parte, destaca providencias importantes del Consejo de Estado.
La Sexta Parte está encargada de destacar tutelas y sentencias de la Corte Constitucional: Eutanasia o muerte digna.
La Séptima y última parte, está dedicada a destacar legislación con carácter penal expedidas durante el segundo semestre de 2021: -Ley 2197 de 2022, -Ley 2168 de 2021, -Decreto 1417 de 2021, -Ley 2111 de 2021.
Aspectos básicos y preliminares en el estudio de los procesos declarativos. De los procesos verbales. Procesos verbales con disposiciones especiales. De los procesos verbales sumarios. Procesos verbales sumarios con disposiciones especiales. De las acciones populares, de grupo y de la acción de cumplimiento. Procesos de expropiación. Proceso de deslinde y amojonamiento. Proceso divisorio. Proceso monitorio. Proceso arbitral. De los procesos ejecutivos. Medidas cautelares en procesos ejecutivos. Tránsito de legislación.
Teoría y dogmática de los delitos contra la administración pública
A lo largo de estas páginas se aborda el tema desde la perspectiva de los tipos penales y discute instituciones jurídicas de las ciencias penales como el principio de oportunidad, la suspensión de ejecución de la pena, los beneficios penitenciarios, la imprescriptibilidad, la inhabilitación y la reparación civil.
Ante la complejidad de la criminalidad en nuestro país, viene el legislador ahora a diversificar las diferentes situaciones a la hora de imponer las medidas de aseguramiento dentro del proceso penal, al introducir nuevos escenarios es así, estableciendo normas propias para atender aquella criminalidad que proviene de los grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, como son los términos de la detención preventiva (art. 307 A), las causales de libertad (art. 317 A) y los criterios para determinar el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia en las investigaciones contra los miembros de estos grupos mencionados (art. 323 A), que ha determinado la ley 1908 de 2018 […].
El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado es una obra que pretende ser una herramienta de gran utilidad para los estudiantes de derecho, abogados y jueces penalistas, fiscales y para todas aquellas personas interesadas en conocer la forma cómo se reglamentó la Reforma Constitucional que permitió desmonopolizar el ejercicio de la acción procesal penal en Colombia, pues desde entonces legalmente se admite que la víctima de ciertos delitos y otras instituciones estatales, diferentes a la Fiscalía General de la Nación, la ejerzan de manera privada.
En esta oportunidad, el autor somete a consideración de toda la comunidad académica y profesional del derecho este trabajo jurídico, como una obra que no puede faltar en la biblioteca de todo estudioso del derecho procesal penal. Y, especialmente, en la de aquellos abogados que se le midan al «reto jurídico y profesional» de representar a la víctima, en su papel de acusador privado.
El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado tiene como finalidad servir de orientador o guía al lector sobre los principales aspectos reglamentados por la Ley 1826 de 2017 referentes al procedimiento especial abreviado y al acusador privado.El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado es una obra que pretende ser una herramienta de gran utilidad para los estudiantes de derecho, abogados y jueces penalistas, fiscales y para todas aquellas personas interesadas en conocer la forma cómo se reglamentó la Reforma Constitucional que permitió desmonopolizar el ejercicio de la acción procesal penal en Colombia, pues desde entonces legalmente se admite que la víctima de ciertos delitos y otras instituciones estatales, diferentes a la Fiscalía General de la Nación, la ejerzan de manera privada.
Gustosamente presentamos a consideración del público amante de los estudios y compilaciones jurisprudenciales, este primer tomo del estudio sobre los Delitos contra la Administración Pública, dedicado al DELITO DE PECULADO, en todas sus manifestaciones dogmáticas, de acuerdo con la consagración legal que hace el Título XV del Código Penal.
Nuestra intención no ha sido ni será la de pontificar sobre estos delitos, labor que dejamos a quienes, desde hace muchos años, han cimentado, a través de juiciosas obras jurídicas, todo el conocimiento posible sobre la interpretación de las normas que sobre estos temas decantaron los códigos penales de 1936, 1980 y 2000. Al lado de estos grandes doctrinantes, se encuentran también eméritos jurisconsultos que dieron brillo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Todos ellos, al unísono, forjaron las teorías que se reproducen con autoridad por las nuevas generaciones de magistrados, quienes, alimentados con nuevas interpretaciones jurídicas, sientan las novedosas tesis interpretativas de los delitos contra la Administración Pública.
Nuestro aporte, en estos temas, no va más allá, del compendio organizado y sistematizado de los hitos y desarrollos jurisprudenciales, con el único propósito de servir de herramienta útil y oportuna a los distintos operadores jurídicos. Labor que adelantamos de la mano de las explicaciones casuísticas que hagan más entendibles las síntesis jurisprudenciales.
El tomo segundo de esta serie jurisprudencial, estará dedicado a los DELITOS DE CONCUSIÓN Y COHECHO.
La celeridad, eficiencia y eficacia son elementos fundamentales en el ejercicio de la administración de justicia, una administración de justicia que continúa congestionada. Se requiere en consecuencia que los servidores judiciales actúen con agilidad y dinámica. En este sentido, la Corte Constitucional decantó en la sentencia C 037 de 1996 que examinó la exequibilidad de la Ley 270 de 1996, conocida como la Ley Estatutaria de la Justicia, que “el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia implica necesariamente que el juez resuelva en forma imparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento. Para lograr lo anterior, es requisito indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador”.
El nuevo Código Procesal Penal incorpora en nuestro derecho un modelo acusatorio, garantista y con rasgos adversariales. Ello, más que un cambio normativo implica un cambio cultural, porque se reemplaza la totalidad de paradigmas existentes en materia de administración de justicia penal. En el tema específico del juzgamiento, se introducen las técnicas de litigación oral, sin las cuales es imposible para cualquier operador participar en un juicio.
Ciertamente todo cambio de ese tipo es traumático en su fase inicial, pero con una adecuada capacitación los objetivos pueden lograrse como ha sucedido en gran parte de nuestro países hermanos (Chile, Colombia, El Salvador, Puerto Rico, Costa Rica, etc.), donde a la fecha el citado modelo viene aplicándose con éxito.
El Tribunal Superior de Medellín, las Direcciones Seccionales de Fiscalías de Medellín y Antioquia, la Defensoría Regional del Pueblo de Medellín, La Procuraduría General de la Nación y el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía con profunda satisfacción presentamos a la comunidad académica este gran esfuerzo interinstitucional materializado en la obra titulada «Derecho procesal penal. Cuestiones fundamentales», la cual reúne el pensamiento de un grupo de muy ilustres juristas, que desde la perspectiva propia de su rol dentro del sistema de justicia penal o desde la academia asumen el análisis de muy variados temas de trascendental importancia y actualidad relacionados con la ciencia procesal penal.
Este libro es el fruto de las JORNADAS INTERINSTITUCIONALES DE DERECHO PROCESAL, organizadas por las entidades antes mencionadas bajo la Coordinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que tuvieron lugar en el mes de septiembre de 2017 en esta misma ciudad, con el propósito no de lograr utópicos y muchas veces no deseables unanimismos, sino simplemente el de abrir un espacio de reflexión académica para los diferentes actores del proceso penal sobre temas de mucha relevancia en el quehacer diario judicial.El Tribunal Superior de Medellín, las Direcciones Seccionales de Fiscalías de Medellín y Antioquia, la Defensoría Regional del Pueblo de Medellín, La Procuraduría General de la Nación y el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquía con profunda satisfacción presentamos a la comunidad académica este gran esfuerzo interinstitucional materializado en la obra titulada «Derecho procesal penal. Cuestiones fundamentales», la cual reúne el pensamiento de un grupo de muy ilustres juristas, que desde la perspectiva propia de su rol dentro del sistema de justicia penal o desde la academia asumen el análisis de muy variados temas de trascendental importancia y actualidad relacionados con la ciencia procesal penal.
