Penal

La Jurisprudencia Penal 2º semestre 2020 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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La Jurisprudencia Penal 1º semestre 2020 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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La Jurisprudencia Penal 1º semestre 2021 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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CONTIENE QR CON LAS PROVIDENCIAS COMPLETAS La Jurisprudencia Penal 2º semestre 2021 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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La Jurisprudencia Penal 2º semestre 2022 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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La Jurisprudencia Penal 1º semestre 2022 es el resultado del arduo trabajo del Dr. Iván Velásquez, quien con dedicación y profesionalismo extracta y ordena las decisiones más importantes de la sala penal de la Corte Suprema, brindando así un texto indispensable para los estudiosos de la rama.

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Ante la complejidad de la criminalidad en nuestro país, viene el legislador ahora a diversificar las diferentes situaciones a la hora de imponer las medidas de aseguramiento dentro del proceso penal, al introducir nuevos escenarios es así, estableciendo normas propias para atender aquella criminalidad que proviene de los grupos delictivos organizados y grupos armados organizados, como son los términos de la detención preventiva (art. 307 A), las causales de libertad (art. 317 A) y los criterios para determinar el peligro para la comunidad y el riesgo de no comparecencia en las investigaciones contra los miembros de estos grupos mencionados (art. 323 A), que ha determinado la ley 1908 de 2018 […].

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El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado es una obra que pretende ser una herramienta de gran utilidad para los estudiantes de derecho, abogados y jueces penalistas, fiscales y para todas aquellas personas interesadas en conocer la forma cómo se reglamentó la Reforma Constitucional que permitió desmonopolizar el ejercicio de la acción procesal penal en Colombia, pues desde entonces legalmente se admite que la víctima de ciertos delitos y otras instituciones estatales, diferentes a la Fiscalía General de la Nación, la ejerzan de manera privada. En esta oportunidad, el autor somete a consideración de toda la comunidad académica y profesional del derecho este trabajo jurídico, como una obra que no puede faltar en la biblioteca de todo estudioso del derecho procesal penal. Y, especialmente, en la de aquellos abogados que se le midan al «reto jurídico y profesional» de representar a la víctima, en su papel de acusador privado. El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado tiene como finalidad servir de orientador o guía al lector sobre los principales aspectos reglamentados por la Ley 1826 de 2017 referentes al procedimiento especial abreviado y al acusador privado.El Manual de procedimiento penal especial abreviado y del acusador privado es una obra que pretende ser una herramienta de gran utilidad para los estudiantes de derecho, abogados y jueces penalistas, fiscales y para todas aquellas personas interesadas en conocer la forma cómo se reglamentó la Reforma Constitucional que permitió desmonopolizar el ejercicio de la acción procesal penal en Colombia, pues desde entonces legalmente se admite que la víctima de ciertos delitos y otras instituciones estatales, diferentes a la Fiscalía General de la Nación, la ejerzan de manera privada.

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Tiene como objeto el texto, delimitar en forma concisa y práctica, el concepto de hechos jurídicamente relevantes y sus implicaciones en el proceso penal colombiano, aportando soluciones y puntos de vista jurídicos, desde la perspectiva del autor en su rol de juez penal, aplicando la jurisprudencia actual a las distintas problemáticas que el tema suscita en el ejercicio judicial cotidiano.   Para tal cometido, en forma deductiva se desarrollan e integran las siguientes temáticas (i) se parte inicialmente del concepto genérico de hecho y su relación con el derecho, (ii) su incorporación en las codificaciones anteriores y sus diferencias con la actual ley 906, (iii) posteriormente, se construye el concepto de hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal; para luego, (iv) en forma didáctica, establecer la importancia del concepto, qué son y qué no son los hechos jurídicamente relevantes, los principales errores en su definición, la naturaleza de los actos de imputación y acusación, la posibilidad de control judicial, sus implicaciones prácticas en el proceso, y su repercusión en los derechos del procesado, el tema de prueba, las nulidades, la congruencia, los derechos de las víctimas y los fines de la administración de justicia, entre otras soluciones.  Representa la obra, un instrumento de fácil acceso para comprender integralmente el concepto, solventando las problemáticas diarias de los operadores judiciales, litigantes y estudiosos del procedimiento penal, en tanto se encuentra anotado y desarrollado a partir de la jurisprudencia, reconstruyendo la línea de la corte suprema desde 2017 hasta la fecha, acompañado del criterio jurídico que la experiencia judicial le otorga a su autor.

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Gustosamente presentamos a consideración del público amante de los estudios y compilaciones jurisprudenciales, este primer tomo del estudio sobre los Delitos contra la Administración Pública, dedicado al DELITO DE PECULADO, en todas sus manifestaciones dogmáticas, de acuerdo con la consagración legal que hace el Título XV del Código Penal.  Nuestra intención no ha sido ni será la de pontificar sobre estos delitos, labor que dejamos a quienes, desde hace muchos años, han cimentado, a través de juiciosas obras jurídicas, todo el conocimiento posible sobre la interpretación de las normas que sobre estos temas decantaron los códigos penales de 1936, 1980 y 2000. Al lado de estos grandes doctrinantes, se encuentran también eméritos jurisconsultos que dieron  brillo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Todos ellos, al unísono, forjaron las teorías que se reproducen con autoridad por las nuevas generaciones de magistrados, quienes, alimentados con nuevas interpretaciones jurídicas, sientan las novedosas tesis interpretativas de los delitos contra la Administración Pública.  Nuestro aporte, en estos temas, no va más allá, del compendio organizado y sistematizado de los hitos y desarrollos jurisprudenciales, con el único propósito de servir de herramienta útil y oportuna a los distintos operadores jurídicos. Labor que adelantamos de la mano de las explicaciones casuísticas que hagan más entendibles las síntesis jurisprudenciales. El tomo segundo de esta serie jurisprudencial, estará dedicado a los DELITOS DE CONCUSIÓN Y COHECHO.

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«Iban “El cura”, “Móvil 5″” y “Monoleche”, entre otros paramilitares, pasando por el sector de Ranchoalhombro, cuando el primero de ellos vio a “Johnsito”, cuñado y el jefe de escoltas de Carlos Castaño, les dijo que allí tenía que estar el comandante y les dio la orden de rodear la zona para asesinarlo junto con sus doce escoltas.“…Castaño utilizó la palabra como último recurso. Con voz recia dio la orden a los combatientes parados en frente de él, apuntándole, que le dijeran quién estaba detrás de todo el operativo. Pronto llegó Monoleche y todo rastro de duda de Carlos Castaño cesó. Como si acaso se hubiera evaporado”.»«Iban “El cura”, “Móvil 5″” y “Monoleche”, entre otros paramilitares, pasando por el sector de Ranchoalhombro, cuando el primero de ellos vio a “Johnsito”, cuñado y el jefe de escoltas de Carlos Castaño, les dijo que allí tenía que estar el comandante y les dio la orden de rodear la zona para asesinarlo junto con sus doce escoltas.“…Castaño utilizó la palabra como último recurso. Con voz recia dio la orden a los combatientes parados en frente de él, apuntándole, que le dijeran quién estaba detrás de todo el operativo. Pronto llegó Monoleche y todo rastro de duda de Carlos Castaño cesó. Como si acaso se hubiera evaporado”.»«Iban “El cura”, “Móvil 5″” y “Monoleche”, entre otros paramilitares, pasando por el sector de Ranchoalhombro, cuando el primero de ellos vio a “Johnsito”, cuñado y el jefe de escoltas de Carlos Castaño, les dijo que allí tenía que estar el comandante y les dio la orden de rodear la zona para asesinarlo junto con sus doce escoltas.

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La celeridad, eficiencia y eficacia son elementos fundamentales en el ejercicio de la administración de justicia, una administración de justicia que continúa congestionada. Se requiere en consecuencia que los servidores judiciales actúen con agilidad y dinámica. En este sentido, la Corte Constitucional decantó en la sentencia C 037 de 1996 que examinó la exequibilidad de la Ley 270 de 1996, conocida como la Ley Estatutaria de la Justicia, que “el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia implica necesariamente que el juez resuelva en forma imparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento. Para lograr lo anterior, es requisito indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador”.

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