Penal

Ley 65 de 1993. Incluye en su articulado las reformas de las Leyes 2346 de 2024; 2197 de 2022; 2098
de 2021; 2014 de 2019; 1709 de 2014, 504 de 1999, 415 de 1997 y el Decreto 2636 de 2004 

Leer Más Menos

Esta nueva publicación de Lecciones de hermenéutica jurídica adiciona y adecúa lo dicho en las siete anteriores ediciones. Contiene un resumen sobre el oscilante camino del Derecho visto histórica y filosóficamente. Se refiere, además, a los principios, reglas, criterios, métodos interpretativos, dentro de un marco conceptual, ideológico y práctico. Incluye el análisis de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad. Estudia la hermenéutica de primer nivel (interpretación de la norma jurídica) y la hermenéutica de segundo nivel (observación, comprensión, explicación e interpretación de la jurispruden cia). Analiza dialécticamente la cultura del precedente. Reflexiona sobre la incertidumbre que existe respecto a si la jurisprudencia es vinculante o no. Plantea como hipótesis que existe crisis en la teoría del Estado, pero no en la Teoría del Derecho. Y contiene, al final, una síntesis de todos los temas que se plantean en esta octava edición.

Leer Más Menos

Este libro es una obra imprescindible que ofrece una exploración exhaustiva y perspicaz de los conceptos fundamentales de la culpabilidad en el derecho penal, así como un análisis detallado de las nuevas tendencias que están transformando este campo. Con un enfoque claro y riguroso, examina las teorías filosóficas tradicionales de la culpabilidad, al tiempo que explora las complejidades de las tendencias emergentes, como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los avances en neurociencia o el auge de inteligencias artificiales.

Leer Más Menos

Innovar, replantear, reaprender, inventar, crear, descubrir, idear, revaluar, son las constantes de nuestro equipo de trabajo y ello por cuanto el sistema procesal penal de corte acusatorio es dinámico, exigente y de constante aprendizaje, es ese contexto; el que nos motiva a nuestra dinámica, esperamos sea de su disfrute.

Leer Más Menos

Hoy, en el mundo entero y especialmente en Colombia, además de los tipos penales tradicionales, nos encontramos con una novedosa gama de actos delictivos, que, por desarrollarse en el universo virtual, no son de común observancia. Existe, entonces, la necesidad de que sea la criminología la que se ocupe de este fenómeno, espacios de comisión delictiva, modos de realización, componentes sociales, políticas públicas para su prevención, investigación, descubrimiento y penalización y que, como criminólogos, nos concentremos en el estudio, el análisis y la comprensión de estos nuevos ambientes delictivos con el objeto de identificar los mencionados factores y a partir de ellos elaborar experticias con mayor nivel de especialización y comprensión del fenómeno delictivo. La criminología, ocupada históricamente en descripción, desarrollo e identificación de la génesis delictiva (Real Academia Española, 2000, p. 1033), formas delincuenciales y perfiles criminógenos, requiere el conocimiento de los orígenes de estas, para lo que es fundamental la actualización científica y tecnológica a partir de la descripción integral de las nuevas conductas desviadas, teniendo como fuente los aportes prácticos y teóricos actuales en la materia.

Leer Más Menos

Hoy en día resulta común ver las reacciones adversas de distintos medios de comunicación cuando los jueces de control de garantías se abstienen de imponer la detención preventiva como medida de aseguramiento. Entre las razones de dicha desazón se encuentran, por ejemplo, que el funcionario dejó al imputado libre porque “no representa un peligro para la comunidad”, mensaje que por supuesto genera un fuerte desagrado y perplejidad en la opinión pública. Al mismo tiempo es posible evidenciar, tal vez de forma paradójica, que este es uno de los argumentos más recurrentes y que en la mayoría de los casos sirve de fundamento para asegurar preventivamente al procesado mientras es llevado a juicio. De acuerdo con lo anterior, ya es clásica en la doctrina procesal penal la división entre las corrientes que atribuyen finalidades extraprocesales a la detención preventiva —conocidas como sustantivistas— y aquellas que únicamente abogan, porque dicha medida esté al servicio de finalidades procesales —tesis procesalistas—. El presente trabajo se adscribe a esta última postura y, por tanto, considera que, aunque la finalidad arriba mencionada es legítima desde una perspectiva constitucional, no se puede perseguir a través del confinamiento preventivo del derecho procesal penal.

Leer Más Menos

En el año 2017 el Tribunal Superior de Medellín, en asocio de otras entidades públicas y privadas, organizó las Jornadas Interinstitucionales de Derecho Procesal Penal y fruto de las mismas se publicó la obra “Derecho Procesal Penal, Cuestiones Fundamentales”, que es el compendio de las ponencias de los 23 conferencistas que participaron el evento, el cual tuvo lugar en la Universidad de Medellín pero que, además, se transmitió vía virtual a ocho Tribunales del país. De ello han pasado 5 años y después de estos extraños tiempos de pandemia, esta Corporación Judicial retomó la idea y nuevamente con la colaboración de diversos sectores, especialmente de la Universidad de Medellín, que se ha convertido en la casa oficial del evento, se organizó, ahora, las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal, realizadas entre el 3 de agosto y el 24 de noviembre del año 2022 con la participación de 20 países, entre los cuales se cuentan Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Leer Más Menos

«Con el propósito de aportarle a la comunidad jurídica una herramienta que permita la consulta fácil y completa de las providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentamos a nuestros lectores el primer Tomo de la Jurisprudencia Temática, dedicado a los Delitos contra la Administración Pública. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. considera importante empezar esta nueva serie de publicaciones justamente con los delitos relacionados con la corrupción como una contribución, desde el conocimiento jurídico, a la lucha que debe concentrar los mayores esfuerzos del poder judicial y de la ciudadanía en el entendido de que ese flagelo no solo afecta el adecuado funcionamiento del Estado, sino que vulnera los derechos de toda la población y constituye una grave violación de los derechos humanos. Desde luego, no basta el conocimiento de la ley y la interpretación que de ella hace nuestro máximo órgano de justicia penal ordinaria, como que es indispensable un poder judicial independiente, probo y fuerte, que pueda enfrentar con solvencia ética la gran criminalidad que ha desviado la protección y promoción de intereses generales que le compete al Estado hacia la satisfacción de ambiciones egoístas de quienes, además tradicionalmente han gozado de amplia impunidad: la impunidad del poder».

Leer Más Menos

La digitalización en la justicia se presenta como una respuesta necesaria e ineludible para garantizar la demanda de este servicio público fundamental; no es una lluvia de verano o nube pasajera como pensaban de manera equivocada algunos colegas con respecto a la vigencia temporal del Decreto 806 de 2020, prueba de ello fue la promulgación de la Ley 2213 de 2022 y de la Ley 2080 de 2021, las cuales incorporaron de manera definitiva la práctica de la digitalización de la justicia en Colombia como regla general. Asimismo, el acceso a la justicia y a la administración pública por medio de las plataformas y canales digitales y el manejo de la prueba electrónica, sin duda alguna, representan un compromiso para la comunidad académica de futuros abogados, a los hoy litigantes y en general a todo aquel que pretenda hacer uso de la justicia virtual, la cual entró a raudales con la intención de buscar una agilización de los procesos y facilitar la atención a sus usuarios. Por lo tanto, como es de público conocimiento, gracias a la consagración de las leyes anteriormente enunciadas, la digitalización en la justicia y en la administración llegó para quedarse. Por tal motivo, se requiere de forma prioritaria, ineludible e impostergable, continuar con la aprehensión de conocimientos que se desprendan de los procedimientos y de la prueba en el marco de la digitalización y en cada una de sus etapas, por lo que esta obra jurídica viene a constituirse, en virtud de la actualización normativa y jurisprudencial que se incorpora en la presente edición, en una necesidad doctrinal con la cual se puede aclarar y encarrilar las actuaciones administrativas y/o judiciales, al igual que responder con eficiencia al reto de modernizar un sistema judicial que, evidentemente, requiere muchos cambios y la justicia digital o virtual se constituye en uno de esos tantos pasos necesarios para su mejoramiento.

Leer Más Menos

El día 28 de mayo de 2024 se publicó la tan esperada Sentencia C-134/23, por medio de la cual la Corte Constitucional realizó el examen del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La mayor expectativa recaía en la manera como la Corte abordaría el estudio de las normas referentes a la virtualidad judicial en materia procesal penal.  Estimó la Corte Constitucional que, a diferencia de otros ámbitos de la jurisdicción, en el proceso penal se debía imponer como regla general la presencialidad en la celebración de los juicios orales y, en consecuencia, la virtualidad como excepción debía quedar sujeta a circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas por los jueces penales de conocimiento. En este orden de ideas, expuso la Corte Constitucional, a título meramente ilustrativo, que las audiencias de juicio oral se podrían practicar virtualmente o por el sistema de videoconferencia 1) si una parte o testigo estuviese en condiciones graves de salud que les impidan desplazarse desde su lugar de residencia, 2) cuando haya serios motivos de seguridad que aconsejen evitar su desplazamiento; 3) por la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria en que se disponga como medida la celebración virtual de todas las actuaciones procesales; 4) por la existencia de regulaciones especiales que exijan la adopción de medidas para no exponer a la víctima frente al presunto agresor, o 5) por compromisos internacionales del Estado colombiano en virtud de tratados de cooperación judicial que privilegien la realización de audiencias virtuales como instrumento para materializar la asistencia entre Estados, entre otras múltiples y muy diversas circunstancias excepcionales que puedan presentarse y que el juez deberá valorar en su momento. Según algunos críticos, la decisión de la Corte implica un retroceso en los logros que se han obtenido con la virtualidad judicial en materia procesal penal, en clave de garantizar el derecho de acceso de las personas a la administración de justicia y, por tal razón, proponen que las normas que restringen el uso de la videoconferencia en los juicios penales sean objetadas,  por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República,  por motivos de inconveniencia política, social o económica. Este y otros temas de la sentencia de constitucionalidad, son abordados en la presente obra jurídica, que, debido a su gran aceptación en los diferentes escenarios judiciales y académicos, hoy llega a su segunda edición.

Leer Más Menos

En esta obra su autora intenta tender un puente entre la insistente pregunta por la utilidad de la filosofía y una situación histórica concreta y conflictiva: el impacto de la globalización económica sobre formas de vida arraigadas a concepciones tradicionalistas del mundo. Para lograr este propósito aplica a un caso colombiano algunos conceptos derivados de la discusión actual en filosofía política sobre conflictos multiculturales con el fin de ilustrar el alcance de la dimensión conflictiva que puede llegar a tener el multiculturalismo en algunas sociedades contemporáneas. Esta obra constituye, así, una ocasión para describir las características del difícil reto que enfrenta tanto el pueblo como quienes, desde el ámbito académico, intentan ofrecer alternativas de decisión para resolver conflictos como los que aquí se ilustran.

Leer Más Menos

La obra aborda la problemática de la minería ilegal y la informalidad desde una perspectiva global hasta la realidad colombiana. Se centra especialmente en:  Experiencias internacionales: Analiza modelos de coexistencia en otros países (como el caso de Perú) para establecer paralelos con Colombia. Caso de estudio: Detalla el proceso de coexistencia de los mineros en California, Santander, sirviendo como modelo para entender la formalización y la relación entre la pequeña minería y la gran industria. Derecho Minero: El texto se integra en la colección de Jurisprudencia de la universidad, analizando el marco legal y los mecanismos de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. 

Leer Más Menos