Penal

Entre los meses de febrero y marzo del presente año, El Tribunal Superior de Medellín (Colombia), y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (México), con el auspicio y apoyo de varias instituciones universitarias y estatales nacionales, organizaron en la capital antioqueña las II Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal con la participación de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela, más de cuarenta conferencistas nacionales e internacionales de las más excelsas calidades académicas y personales y con la inscripción virtual y presencial de más de 5000 participantes. En este foro académico internacional las ponencias se aglutinaron alrededor de seis ejes temáticos: justica restaurativa, dogmática y proceso penal, régimen de nulidades en el proceso penal, allanamientos y negociaciones en el proceso penal, régimen probatorio en el sistema penal y, derechos fundamentales y proceso penal. Las Jornadas, de esta manera, lograron convertirse en un foro de discusión y reflexión internacional de temas no solo de latente actualidad, sino de común preocupación a todos los países iberoamericanos, los cuales fueron abordados desde muy diversas perspectivas, lo que permitió seguir con nuestra política de ser un foro absolutamente pluralista y democrático. Fruto de esta gran experiencia intercontinental surge la obra jurídica Derecho procesal penal III. Cuestiones fundamentales en la cual se condensan la mayoría de las ponencias cuyo propósito no es más que dejar documentado el evento académico, para que el libro sirva de material de consulta sobre los diversos temas que ahí se tocaron, nunca bajo la pretensión ingenua de sentar verdades o cerrar discusiones, sino, por el contrario, de abrir puertas a la incertidumbre y plantear nuevas preguntas sobre los temas tocados que en algo contribuyan al avance de la ciencia del derecho. Leonardo Efraín Cerón Eraso  Magistrado Sala Penal Tribunal Superior de Medellín  Coordinador académico

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Históricamente, el control fiscal en Colombia ha tenido varios períodos de transformación parcial, pero que no han sido simétricos con la dinámica del país y mucho menos con la acelerada corrupción que ha permeado las instituciones del Estado colombiano, sin que podamos tener la certeza de que las normas, los procedimientos, los sistemas de información y las técnicas de verificación, entre otros, sean instrumentos contundentes para combatir esta plaga que desangra las finanzas públicas del país. Con esta publicación procuramos articular varias herramientas existentes hoy en Colombia, para el adecuado ejercicio del control fiscal, que, si bien no garantizan que la putrefacción de las entidades del Estado desaparezca, por lo menos, sí puede atenuar este cáncer que nos está destruyendo a pasos agigantados, ante la mirada impotente de los ciudadanos de bien que observan cómo el recaudo de los tributos es utilizado para alimentar a aquellos zánganos de la patria.

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«EL DERECHO PENAL MILITAR Y POLICIAL. Su historia y su normatividad jurídica» recoge la evolución que ha tenido lo concerniente a esta materia, haciendo un recorrido por la historia universal y nacional, posicionándose con propiedad en aspectos que resultan uniformes en las civilizaciones del mundo particularmente en Roma, Francia y España. Así, se viene a concluir que aspectos como el monopolio de las armas en manos del estado, la obligatoriedad de la prestación del servicio militar como acto de honor patrio, la usanza de uniforme y acicalamiento propias del militar, la organización interna y las estrategias de combate organizado e inteligente fueron copias de modelos que triunfaron en otras latitudes.  Igual decir, de la legislación (prestada en un inicial momento) frente al fuero penal militar y policial y al derecho poliforme militar (laboral, disciplinario y penal) que da pauta para la propia confección del nuestro y su institucionalidad, incluyéndose claro está, la figura del iudex militari o juez militar que abrió el espacio de la historia nuestra. Así entonces, esta obra surge como necesaria ante la disparidad que caracteriza al DPMP, creando así una fuente importante de consulta y abordada con la seriedad académica e histórica que contribuirá a su estudio y posicionamiento actualizado, revisándose también la institucionalidad y sus normas (Ley 1407 de 2010) que conforman el acuño de un derecho privilegiar y exclusivo propio de una jurisdicción especial.

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Esta nueva publicación de Lecciones de hermenéutica jurídica adiciona y adecúa lo dicho en las siete anteriores ediciones. Contiene un resumen sobre el oscilante camino del Derecho visto histórica y filosóficamente. Se refiere, además, a los principios, reglas, criterios, métodos interpretativos, dentro de un marco conceptual, ideológico y práctico. Incluye el análisis de los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad. Estudia la hermenéutica de primer nivel (interpretación de la norma jurídica) y la hermenéutica de segundo nivel (observación, comprensión, explicación e interpretación de la jurispruden cia). Analiza dialécticamente la cultura del precedente. Reflexiona sobre la incertidumbre que existe respecto a si la jurisprudencia es vinculante o no. Plantea como hipótesis que existe crisis en la teoría del Estado, pero no en la Teoría del Derecho. Y contiene, al final, una síntesis de todos los temas que se plantean en esta octava edición.

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La presente obra es fruto de un esfuerzo intelectual que a partir del análisis concienzudo busca ofrecer respuestas y propuestas en torno a una temática que ha dejado de ser local para pasar a ser de intéres mundial. Esa temática no es otra que la Victimología, ciencia y campo de conocimiento de reciente aparición, pero que lleva desde los orígenes de la humanidad una infinidad de hechos no registrados sobre la siempre incomprendida conducta humana del Homo sapiens, que atraviesa por el Homo faber, el Homo ludens, el Homo economicus y otros por venir.

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«Iban “El cura”, “Móvil 5″” y “Monoleche”, entre otros paramilitares, pasando por el sector de Ranchoalhombro, cuando el primero de ellos vio a “Johnsito”, cuñado y el jefe de escoltas de Carlos Castaño, les dijo que allí tenía que estar el comandante y les dio la orden de rodear la zona para asesinarlo junto con sus doce escoltas.“…Castaño utilizó la palabra como último recurso. Con voz recia dio la orden a los combatientes parados en frente de él, apuntándole, que le dijeran quién estaba detrás de todo el operativo. Pronto llegó Monoleche y todo rastro de duda de Carlos Castaño cesó. Como si acaso se hubiera evaporado”.»«Iban “El cura”, “Móvil 5″” y “Monoleche”, entre otros paramilitares, pasando por el sector de Ranchoalhombro, cuando el primero de ellos vio a “Johnsito”, cuñado y el jefe de escoltas de Carlos Castaño, les dijo que allí tenía que estar el comandante y les dio la orden de rodear la zona para asesinarlo junto con sus doce escoltas.“…Castaño utilizó la palabra como último recurso. Con voz recia dio la orden a los combatientes parados en frente de él, apuntándole, que le dijeran quién estaba detrás de todo el operativo. Pronto llegó Monoleche y todo rastro de duda de Carlos Castaño cesó. Como si acaso se hubiera evaporado”.»«Iban “El cura”, “Móvil 5″” y “Monoleche”, entre otros paramilitares, pasando por el sector de Ranchoalhombro, cuando el primero de ellos vio a “Johnsito”, cuñado y el jefe de escoltas de Carlos Castaño, les dijo que allí tenía que estar el comandante y les dio la orden de rodear la zona para asesinarlo junto con sus doce escoltas.

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Innovar, replantear, reaprender, inventar, crear, descubrir, idear, revaluar, son las constantes de nuestro equipo de trabajo y ello por cuanto el sistema procesal penal de corte acusatorio es dinámico, exigente y de constante aprendizaje, es ese contexto; el que nos motiva a nuestra dinámica, esperamos sea de su disfrute.

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Hoy, en el mundo entero y especialmente en Colombia, además de los tipos penales tradicionales, nos encontramos con una novedosa gama de actos delictivos, que, por desarrollarse en el universo virtual, no son de común observancia. Existe, entonces, la necesidad de que sea la criminología la que se ocupe de este fenómeno, espacios de comisión delictiva, modos de realización, componentes sociales, políticas públicas para su prevención, investigación, descubrimiento y penalización y que, como criminólogos, nos concentremos en el estudio, el análisis y la comprensión de estos nuevos ambientes delictivos con el objeto de identificar los mencionados factores y a partir de ellos elaborar experticias con mayor nivel de especialización y comprensión del fenómeno delictivo. La criminología, ocupada históricamente en descripción, desarrollo e identificación de la génesis delictiva (Real Academia Española, 2000, p. 1033), formas delincuenciales y perfiles criminógenos, requiere el conocimiento de los orígenes de estas, para lo que es fundamental la actualización científica y tecnológica a partir de la descripción integral de las nuevas conductas desviadas, teniendo como fuente los aportes prácticos y teóricos actuales en la materia.

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Hoy en día resulta común ver las reacciones adversas de distintos medios de comunicación cuando los jueces de control de garantías se abstienen de imponer la detención preventiva como medida de aseguramiento. Entre las razones de dicha desazón se encuentran, por ejemplo, que el funcionario dejó al imputado libre porque “no representa un peligro para la comunidad”, mensaje que por supuesto genera un fuerte desagrado y perplejidad en la opinión pública. Al mismo tiempo es posible evidenciar, tal vez de forma paradójica, que este es uno de los argumentos más recurrentes y que en la mayoría de los casos sirve de fundamento para asegurar preventivamente al procesado mientras es llevado a juicio. De acuerdo con lo anterior, ya es clásica en la doctrina procesal penal la división entre las corrientes que atribuyen finalidades extraprocesales a la detención preventiva —conocidas como sustantivistas— y aquellas que únicamente abogan, porque dicha medida esté al servicio de finalidades procesales —tesis procesalistas—. El presente trabajo se adscribe a esta última postura y, por tanto, considera que, aunque la finalidad arriba mencionada es legítima desde una perspectiva constitucional, no se puede perseguir a través del confinamiento preventivo del derecho procesal penal.

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En el año 2017 el Tribunal Superior de Medellín, en asocio de otras entidades públicas y privadas, organizó las Jornadas Interinstitucionales de Derecho Procesal Penal y fruto de las mismas se publicó la obra “Derecho Procesal Penal, Cuestiones Fundamentales”, que es el compendio de las ponencias de los 23 conferencistas que participaron el evento, el cual tuvo lugar en la Universidad de Medellín pero que, además, se transmitió vía virtual a ocho Tribunales del país. De ello han pasado 5 años y después de estos extraños tiempos de pandemia, esta Corporación Judicial retomó la idea y nuevamente con la colaboración de diversos sectores, especialmente de la Universidad de Medellín, que se ha convertido en la casa oficial del evento, se organizó, ahora, las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal, realizadas entre el 3 de agosto y el 24 de noviembre del año 2022 con la participación de 20 países, entre los cuales se cuentan Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

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«Con el propósito de aportarle a la comunidad jurídica una herramienta que permita la consulta fácil y completa de las providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentamos a nuestros lectores el primer Tomo de la Jurisprudencia Temática, dedicado a los Delitos contra la Administración Pública. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. considera importante empezar esta nueva serie de publicaciones justamente con los delitos relacionados con la corrupción como una contribución, desde el conocimiento jurídico, a la lucha que debe concentrar los mayores esfuerzos del poder judicial y de la ciudadanía en el entendido de que ese flagelo no solo afecta el adecuado funcionamiento del Estado, sino que vulnera los derechos de toda la población y constituye una grave violación de los derechos humanos. Desde luego, no basta el conocimiento de la ley y la interpretación que de ella hace nuestro máximo órgano de justicia penal ordinaria, como que es indispensable un poder judicial independiente, probo y fuerte, que pueda enfrentar con solvencia ética la gran criminalidad que ha desviado la protección y promoción de intereses generales que le compete al Estado hacia la satisfacción de ambiciones egoístas de quienes, además tradicionalmente han gozado de amplia impunidad: la impunidad del poder».

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La digitalización en la justicia se presenta como una respuesta necesaria e ineludible para garantizar la demanda de este servicio público fundamental; no es una lluvia de verano o nube pasajera como pensaban de manera equivocada algunos colegas con respecto a la vigencia temporal del Decreto 806 de 2020, prueba de ello fue la promulgación de la Ley 2213 de 2022 y de la Ley 2080 de 2021, las cuales incorporaron de manera definitiva la práctica de la digitalización de la justicia en Colombia como regla general. Asimismo, el acceso a la justicia y a la administración pública por medio de las plataformas y canales digitales y el manejo de la prueba electrónica, sin duda alguna, representan un compromiso para la comunidad académica de futuros abogados, a los hoy litigantes y en general a todo aquel que pretenda hacer uso de la justicia virtual, la cual entró a raudales con la intención de buscar una agilización de los procesos y facilitar la atención a sus usuarios. Por lo tanto, como es de público conocimiento, gracias a la consagración de las leyes anteriormente enunciadas, la digitalización en la justicia y en la administración llegó para quedarse. Por tal motivo, se requiere de forma prioritaria, ineludible e impostergable, continuar con la aprehensión de conocimientos que se desprendan de los procedimientos y de la prueba en el marco de la digitalización y en cada una de sus etapas, por lo que esta obra jurídica viene a constituirse, en virtud de la actualización normativa y jurisprudencial que se incorpora en la presente edición, en una necesidad doctrinal con la cual se puede aclarar y encarrilar las actuaciones administrativas y/o judiciales, al igual que responder con eficiencia al reto de modernizar un sistema judicial que, evidentemente, requiere muchos cambios y la justicia digital o virtual se constituye en uno de esos tantos pasos necesarios para su mejoramiento.

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