LIJURSANCHEZ

No hay duda que por estos días, entre quienes nos dedicamos a ejercer la asesoría jurídica en contratación estatal, se suscita en forma permanente una interesante y compleja discusión frente al rechazo de las ofertas en los procesos de contratación, pues hay una línea delgada en dicho concepto, que sin duda, pone a los servidores públicos, que son operadores contractuales, en grandísimas dificultades interpretativas a la hora de valorar si una oferta es subsanable o no, y más grave aún, si el ofrecimiento está condenado a ser rechazado o no. Un tema de gran envergadura en el que se mezclan la responsabilidad patrimonial del Estado y también la personal de los servidores estatales. Aquí está el punto, y es frente a tal complejidad, que queremos referirnos en el presente libro. Para ello, será necesario revisar el régimen jurídico de la oferta estatal, no sin antes hacer unas breves precisiones de dicha figura en el derecho privado y, por supuesto, de todo el procedimiento de evaluación de las propuestas, sin dejar de lado, la jurisprudencia más reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sobre la materia.

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(En concordancia con la Ley 2080 del 25 de enero de 2021. Contiene a su vez el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020 [Actualizada]; el Decreto 409 del 16 de marzo de 2020; el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019; y, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000 [Actualizada]) La presente edición, se proyectó como consecuencia de los cambios introducidos por los recientes pronunciamientos jurisprudenciales emanados por el máximo organismo de la jurisdicción constitucional, los cuales tuvieron una importancia trascendental en lo atinente al proceso de responsabilidad fiscal, en virtud del fenómeno de la reviviscencia y la jurisdicción coactiva ejercida por los órganos de control fiscal. Ante esta novedad, sumada a la intención de entregarle al lector una obra más profunda y detallada en lo referente a la parte temática del control fiscal, del proceso de responsabilidad fiscal, como también lo relacionado al desarrollo de las auditorías realizadas por las diferentes Contralorías, se vio la necesidad de llevar a cabo una nueva edición que contuviera, con mayor precisión, un desarrollo temático más actualizado, acorde a las necesidades doctrinales que se requieren en el momento, dado el poco desarrollo de estos temas en la actualidad…

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Esta cuarta edición de Fundamentos de bienes va dirigida no solo al educando, sino al profesional del derecho en su ejercicio como litigante, en la judicatura o en la asesoría. El texto comprende los temas esenciales de la parte básica de los bienes, incluyendo la doctrina nacional y extranjera, además de la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, y el Consejo de Estado. Mi intención ha sido salirme del esquema de las cartillas de derecho, para elaborar cada capítulo en donde el lector encontrará la razón de ser y los fundamentos que justifiquen cada una de las instituciones tratadas. Así disfrutará, entre otros, la clasificación de los bienes; el cuerpo humano y el cadáver desde la óptica legal; en toda su dimensión los bienes muebles e inmuebles; los derechos reales y personales; los bienes del Estado; los aeropuertos; los humedales; la propiedad en los cementerios; los baldíos, incluyendo los urbanos; los ejidos; los saldos en ahorros y cuentas corrientes abandonadas en un establecimiento financiero; el hallazgo de bienes por un servidor público; los bienes destinados al Ministerio de Defensa; el derecho de dominio; la validez de la cláusula de enajenación; la vivienda compartida o timesharing; y la propiedad horizontal con veinticinco preguntas y respuestas fundamentadas en decisiones constitucionales. Como toda obra, es susceptible de observaciones, pero estas serán el triunfo al suscitar reflexiones para una futura reforma del estatuto civilista.

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El estímulo de escribir “Fundamentos de Bienes” fue alcanzar varios objetivos: El inicial, de poder destacar una visión de algunas figuras jurídicas como la misma noción de bienes, la clonación de órganos, presentar en toda su dimensión el derecho de retención, un tema novedoso como la propiedad en los cementerios, incluyendo su embargabilidad o inembargabilidad, los ejidos, los humedales, los baldíos, y la cláusula de inalienabilidad. Otro, brindar criterios para la fundamentación en la materia de bienes. Un tercero, satisfacer al educando universitario con un texto completo sobre la parte general de bienes, y simultáneamente servir en algo a mis compañeros en el ejercicio de la abogacía. Y el final, dar a conocer el valor intelectual de nuestra comarca. La fuente fueron los apuntes desarrollados en cada una de mis clases en las diversas universidades que he enseñado, durante más de 20 años, preparadas día a día en cumplimiento de la misión, pensando en la responsabilidad asumida.

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El texto que colocamos a disposición de la comunidad jurídica, intitulado “Fundamentos de Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral”, está dirigido a los juristas con una visión reflexiva de cada uno de los temas fundamentales que comprenden los derechos reales y los demás aspectos que los protegen, actualizado con la ley 1306 de 2009, o nuevo régimen de incapaces; la ley 1448 de 10 de junio de 2011, o ley de víctimas y restitución de tierras; el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la ley 1579 del 1º de octubre de 2012, o Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos; el Código General del Proceso; la ley 1708 de 2014, y el decreto 1664 de 2015.   Considero que el estilo de escritura, el extenso temario y hasta el contenido hacen la diferencia con las formas tradicionales de escribir, pensar, argumentar e interpretar el derecho privado de los Bienes.  Su enfoque no es convencional ni formulista sobre los derechos reales, sino en el contexto de la conducta y comportamiento del acontecer diario de los seres humanos quienes dan lugar a la verdadera interpretación para ofrecerle al operador judicial la mayor amplitud en su aplicación, puesto que toda interpretación que amplíe el ámbito en el campo de los bienes es preferible a la que lo restrinja. Al fin y al cabo, el problema jurídico no es el problema en sí mismo, sino la solución.

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La celeridad, eficiencia y eficacia son elementos fundamentales en el ejercicio de la administración de justicia, una administración de justicia que continúa congestionada. Se requiere en consecuencia que los servidores judiciales actúen con agilidad y dinámica. En este sentido, la Corte Constitucional decantó en la sentencia C 037 de 1996 que examinó la exequibilidad de la Ley 270 de 1996, conocida como la Ley Estatutaria de la Justicia, que “el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia implica necesariamente que el juez resuelva en forma imparcial, efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento. Para lograr lo anterior, es requisito indispensable que el juez propugne la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de los plazos que define el legislador”.

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La ejecución de la pena dentro de nuestro ordenamiento procesal penal corresponde a una etapa posterior a la ejecutoria de la sentencia penal condenatoria, premisa indicadora de una actuación especializada, aspecto que se advierte desde que el juez ejecutor adquiere competencia. En este sentido, se visualiza la ejecución de las sanciones penales dictadas en el fallo condenatorio rodeada de una denotación específica, tanto que podríamos señalar que se configura un subtema dentro de la estructura del derecho penal colombiano. Así, tenemos que las postulaciones presentadas ante el vigilante de la pena y las resoluciones sobre las mismas tienen un carácter preciso, dado que los institutos procesales que convergen son también de esa índole. Siguiendo esta distinción, los modelos de solicitudes y providencias que se presentan en este texto, dirigido a abogados, defensores públicos, jueces, servidores judiciales y agentes del Ministerio Público, se articulan con esa misma naturaleza, esto es, de la especificidad, toda vez que las minutas redactadas, atendiendo una sintaxis certera, contienen un lenguaje claro, sencillo y conciso, y se convierten al mismo tiempo en una guía de orientación. Especialmente porque la práctica forense en torno a la ejecución de la sentencia penal condenatoria no es suficientemente tenida en cuenta desde las aulas universitarias en programas de pregrado, especializaciones y maestrías en derecho penal.

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«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.

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Marín Castro, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Amazonía del Caquetá y activo Defensor Público de la Regional Caquetá, entrega su obra titulada «GUÍA TEMÁTICA BÁSICA, Derecho penal especial: Desarrollo de 10 delitos de manera elemental».  El texto precisa el cuerpo legislativo penal, integrado por algo más de 32 leyes y cita en extenso, jurisprudencia que explica temas propios de la materia; además analiza, la estructura organizacional del actual Código Penal (Ley 599 de 2000), atreviéndose a presentar, en forma peculiarísima, los tipos de normas que lo configuran, los diferentes segmentos expositivos de la técnica legislativa, lo que da lugar a identificar en forma general, espacios distintos en su articulación y  otros aspectos del engranaje propio de las unidades expositivas de discurso. Igualmente, desarrolla diez delitos a partir de casuística y exposición puntual. Será, sin duda, un documento importante que sienta la línea de un Derecho coherente, entre lo que se debe enseñar en el aula y lo que necesita realmente el estudiante. De aquí, que estos contenidos, aunque brevísimos, le ayudaran al estudiante como al leyerato avezado a responder con cierta solvencia ante los problemas o necesidades futuras que se le presenten en su desempeño profesional.

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Conforme, entonces, a la posición interpretativa intermedia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, y no a la posición fuerte de la Sección Segunda, no pueden los jueces ni la administración desconocer las consecuencias jurídicas derivadas del momento en que se adquiere el derecho a la pensión, que tal como lo explicita el artículo 48 de la Carta Política, ocurre cuando se cumplen los requisitos de edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas y que es en esa fecha en que se consolida el derecho conforme a los precedentes jurisprudenciales vigentes de los órganos de cierre en ese momento. Así, a manera de ejemplo, si el estatus pensional se adquirió con la Ley 33 de 1985 antes del 6 de julio de 2015 (fecha de publicación de la Sentencia SU-230 de 2015), el monto de la pensión será equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, bajo el entendido que la noción de monto incluye tanto la base de liquidación —IBL— como el porcentaje o tasa de reemplazo, acorde con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 04 de agosto de 2010, que era el criterio jurisprudencial vigente antes de la SU-230, aún si el reconocimiento del derecho, o su reliquidación, se solicita en vigencia de esta última providencia, la cual, en esta hipótesis, no es la que debe tenerse en cuenta para resolver el caso.

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Tema: “La intervención oficiosa  del Juez en el proceso ordinario de menor cuantía: un modo de afectar las garantías constitucionales al debido proceso, el derecho a la defensa  e igualdad de las partes.  Las hipótesis de partida son: 1. “Cuando el Juez interviene de oficio en cualquier etapa del proceso lo desiguala y afecta directamente su impartialidad al ser parte del litigio […].

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Producto de los constantes debates, suscitados de manera continua dentro de los diferentes Comités de Defensa Judicial y conciliación de las Entidades Estatales, donde se trae a colación diferentes figuras jurídicas del sistema pensional colombiano, me propuse el estudio desde diferentes ópticas, tanto del derecho laboral como del derecho administrativo, inclusive el carácter constitucional del mismo para tratar de explicar de manera entendible las diferentes situaciones reconociendo la indexación de la primer mesada pensional como aplicación a la Ley 445 de 1998.Se plante a en este libro las posibilidades de acceder a la indexación de la primer mesada, bajo los postulados de la sentencia de unificación jurisprudencial emanada de nuestra honorable Corte Constitucional la SU-1073 de 2012, como punto de partida para la aplicación de dicha presentación económica, entre otras.Producto de los constantes debates, suscitados de manera continua dentro de los diferentes Comités de Defensa Judicial y conciliación de las Entidades Estatales, donde se trae a colación diferentes figuras jurídicas del sistema pensional colombiano, me propuse el estudio desde diferentes ópticas, tanto del derecho laboral como del derecho administrativo, inclusive el carácter constitucional del mismo para tratar de explicar de manera entendible las diferentes situaciones reconociendo la indexación de la primer mesada pensional como aplicación a la Ley 445 de 1998.Se plante a en este libro las posibilidades de acceder a la indexación de la primer mesada, bajo los postulados de la sentencia de unificación jurisprudencial emanada de nuestra honorable Corte Constitucional la SU-1073 de 2012, como punto de partida para la aplicación de dicha presentación económica, entre otras.

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