LIJURSANCHEZ

(En concordancia con la Ley 2080 del 25 de enero de 2021. Contiene a su vez el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020 [Actualizada]; el Decreto 409 del 16 de marzo de 2020; el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019; y, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000 [Actualizada]) La presente edición, se proyectó como consecuencia de los cambios introducidos por los recientes pronunciamientos jurisprudenciales emanados por el máximo organismo de la jurisdicción constitucional, los cuales tuvieron una importancia trascendental en lo atinente al proceso de responsabilidad fiscal, en virtud del fenómeno de la reviviscencia y la jurisdicción coactiva ejercida por los órganos de control fiscal. Ante esta novedad, sumada a la intención de entregarle al lector una obra más profunda y detallada en lo referente a la parte temática del control fiscal, del proceso de responsabilidad fiscal, como también lo relacionado al desarrollo de las auditorías realizadas por las diferentes Contralorías, se vio la necesidad de llevar a cabo una nueva edición que contuviera, con mayor precisión, un desarrollo temático más actualizado, acorde a las necesidades doctrinales que se requieren en el momento, dado el poco desarrollo de estos temas en la actualidad…

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Esta cuarta edición de Fundamentos de bienes va dirigida no solo al educando, sino al profesional del derecho en su ejercicio como litigante, en la judicatura o en la asesoría. El texto comprende los temas esenciales de la parte básica de los bienes, incluyendo la doctrina nacional y extranjera, además de la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, y el Consejo de Estado. Mi intención ha sido salirme del esquema de las cartillas de derecho, para elaborar cada capítulo en donde el lector encontrará la razón de ser y los fundamentos que justifiquen cada una de las instituciones tratadas. Así disfrutará, entre otros, la clasificación de los bienes; el cuerpo humano y el cadáver desde la óptica legal; en toda su dimensión los bienes muebles e inmuebles; los derechos reales y personales; los bienes del Estado; los aeropuertos; los humedales; la propiedad en los cementerios; los baldíos, incluyendo los urbanos; los ejidos; los saldos en ahorros y cuentas corrientes abandonadas en un establecimiento financiero; el hallazgo de bienes por un servidor público; los bienes destinados al Ministerio de Defensa; el derecho de dominio; la validez de la cláusula de enajenación; la vivienda compartida o timesharing; y la propiedad horizontal con veinticinco preguntas y respuestas fundamentadas en decisiones constitucionales. Como toda obra, es susceptible de observaciones, pero estas serán el triunfo al suscitar reflexiones para una futura reforma del estatuto civilista.

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El estímulo de escribir “Fundamentos de Bienes” fue alcanzar varios objetivos: El inicial, de poder destacar una visión de algunas figuras jurídicas como la misma noción de bienes, la clonación de órganos, presentar en toda su dimensión el derecho de retención, un tema novedoso como la propiedad en los cementerios, incluyendo su embargabilidad o inembargabilidad, los ejidos, los humedales, los baldíos, y la cláusula de inalienabilidad. Otro, brindar criterios para la fundamentación en la materia de bienes. Un tercero, satisfacer al educando universitario con un texto completo sobre la parte general de bienes, y simultáneamente servir en algo a mis compañeros en el ejercicio de la abogacía. Y el final, dar a conocer el valor intelectual de nuestra comarca. La fuente fueron los apuntes desarrollados en cada una de mis clases en las diversas universidades que he enseñado, durante más de 20 años, preparadas día a día en cumplimiento de la misión, pensando en la responsabilidad asumida.

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El texto que colocamos a disposición de la comunidad jurídica, intitulado “Fundamentos de Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral”, está dirigido a los juristas con una visión reflexiva de cada uno de los temas fundamentales que comprenden los derechos reales y los demás aspectos que los protegen, actualizado con la ley 1306 de 2009, o nuevo régimen de incapaces; la ley 1448 de 10 de junio de 2011, o ley de víctimas y restitución de tierras; el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la ley 1579 del 1º de octubre de 2012, o Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos; el Código General del Proceso; la ley 1708 de 2014, y el decreto 1664 de 2015.   Considero que el estilo de escritura, el extenso temario y hasta el contenido hacen la diferencia con las formas tradicionales de escribir, pensar, argumentar e interpretar el derecho privado de los Bienes.  Su enfoque no es convencional ni formulista sobre los derechos reales, sino en el contexto de la conducta y comportamiento del acontecer diario de los seres humanos quienes dan lugar a la verdadera interpretación para ofrecerle al operador judicial la mayor amplitud en su aplicación, puesto que toda interpretación que amplíe el ámbito en el campo de los bienes es preferible a la que lo restrinja. Al fin y al cabo, el problema jurídico no es el problema en sí mismo, sino la solución.

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La ejecución de la pena dentro de nuestro ordenamiento procesal penal corresponde a una etapa posterior a la ejecutoria de la sentencia penal condenatoria, premisa indicadora de una actuación especializada, aspecto que se advierte desde que el juez ejecutor adquiere competencia. En este sentido, se visualiza la ejecución de las sanciones penales dictadas en el fallo condenatorio rodeada de una denotación específica, tanto que podríamos señalar que se configura un subtema dentro de la estructura del derecho penal colombiano. Así, tenemos que las postulaciones presentadas ante el vigilante de la pena y las resoluciones sobre las mismas tienen un carácter preciso, dado que los institutos procesales que convergen son también de esa índole. Siguiendo esta distinción, los modelos de solicitudes y providencias que se presentan en este texto, dirigido a abogados, defensores públicos, jueces, servidores judiciales y agentes del Ministerio Público, se articulan con esa misma naturaleza, esto es, de la especificidad, toda vez que las minutas redactadas, atendiendo una sintaxis certera, contienen un lenguaje claro, sencillo y conciso, y se convierten al mismo tiempo en una guía de orientación. Especialmente porque la práctica forense en torno a la ejecución de la sentencia penal condenatoria no es suficientemente tenida en cuenta desde las aulas universitarias en programas de pregrado, especializaciones y maestrías en derecho penal.

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«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.

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Marín Castro, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Amazonía del Caquetá y activo Defensor Público de la Regional Caquetá, entrega su obra titulada «GUÍA TEMÁTICA BÁSICA, Derecho penal especial: Desarrollo de 10 delitos de manera elemental».  El texto precisa el cuerpo legislativo penal, integrado por algo más de 32 leyes y cita en extenso, jurisprudencia que explica temas propios de la materia; además analiza, la estructura organizacional del actual Código Penal (Ley 599 de 2000), atreviéndose a presentar, en forma peculiarísima, los tipos de normas que lo configuran, los diferentes segmentos expositivos de la técnica legislativa, lo que da lugar a identificar en forma general, espacios distintos en su articulación y  otros aspectos del engranaje propio de las unidades expositivas de discurso. Igualmente, desarrolla diez delitos a partir de casuística y exposición puntual. Será, sin duda, un documento importante que sienta la línea de un Derecho coherente, entre lo que se debe enseñar en el aula y lo que necesita realmente el estudiante. De aquí, que estos contenidos, aunque brevísimos, le ayudaran al estudiante como al leyerato avezado a responder con cierta solvencia ante los problemas o necesidades futuras que se le presenten en su desempeño profesional.

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Conforme, entonces, a la posición interpretativa intermedia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, y no a la posición fuerte de la Sección Segunda, no pueden los jueces ni la administración desconocer las consecuencias jurídicas derivadas del momento en que se adquiere el derecho a la pensión, que tal como lo explicita el artículo 48 de la Carta Política, ocurre cuando se cumplen los requisitos de edad y tiempo de servicios o semanas cotizadas y que es en esa fecha en que se consolida el derecho conforme a los precedentes jurisprudenciales vigentes de los órganos de cierre en ese momento. Así, a manera de ejemplo, si el estatus pensional se adquirió con la Ley 33 de 1985 antes del 6 de julio de 2015 (fecha de publicación de la Sentencia SU-230 de 2015), el monto de la pensión será equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios, bajo el entendido que la noción de monto incluye tanto la base de liquidación —IBL— como el porcentaje o tasa de reemplazo, acorde con la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 04 de agosto de 2010, que era el criterio jurisprudencial vigente antes de la SU-230, aún si el reconocimiento del derecho, o su reliquidación, se solicita en vigencia de esta última providencia, la cual, en esta hipótesis, no es la que debe tenerse en cuenta para resolver el caso.

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Producto de los constantes debates, suscitados de manera continua dentro de los diferentes Comités de Defensa Judicial y conciliación de las Entidades Estatales, donde se trae a colación diferentes figuras jurídicas del sistema pensional colombiano, me propuse el estudio desde diferentes ópticas, tanto del derecho laboral como del derecho administrativo, inclusive el carácter constitucional del mismo para tratar de explicar de manera entendible las diferentes situaciones reconociendo la indexación de la primer mesada pensional como aplicación a la Ley 445 de 1998.Se plante a en este libro las posibilidades de acceder a la indexación de la primer mesada, bajo los postulados de la sentencia de unificación jurisprudencial emanada de nuestra honorable Corte Constitucional la SU-1073 de 2012, como punto de partida para la aplicación de dicha presentación económica, entre otras.Producto de los constantes debates, suscitados de manera continua dentro de los diferentes Comités de Defensa Judicial y conciliación de las Entidades Estatales, donde se trae a colación diferentes figuras jurídicas del sistema pensional colombiano, me propuse el estudio desde diferentes ópticas, tanto del derecho laboral como del derecho administrativo, inclusive el carácter constitucional del mismo para tratar de explicar de manera entendible las diferentes situaciones reconociendo la indexación de la primer mesada pensional como aplicación a la Ley 445 de 1998.Se plante a en este libro las posibilidades de acceder a la indexación de la primer mesada, bajo los postulados de la sentencia de unificación jurisprudencial emanada de nuestra honorable Corte Constitucional la SU-1073 de 2012, como punto de partida para la aplicación de dicha presentación económica, entre otras.

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La obra que sostiene en sus manos desarrolla las instituciones jurídicas que se encuentran en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre ellas, el derecho a presentar peticiones, impedimentos y recusaciones, falta y conflictos de competencia, reserva de la información, recurso de insistencia, petición de extensión de jurisprudencia, pruebas, recursos, fuerza ejecutoria y revocatoria del acto administrativo. Este libro tiene como objeto lograr que el público general, estudiantes de Derecho y abogados entiendan cómo ejercer el derecho a presentar peticiones y la forma en que se lleva a cabo el procedimiento administrativo. A su turno, este estudio es pensado también en la administración, por lo que le brinda herramientas para el desarrollo de su rol como autoridad y entrega instrumentos prácticos para resolver situaciones procedimentales que generan tensión. Como novedad, el resultado de esta investigación no realiza una interpretación vaga de la norma, sino que la estudia a profundidad acudiendo a sus antecedentes y motivaciones, así como a la interpretación jurisprudencial, y aborda situaciones atípicas que pueden surgir durante el procedimiento administrativo frente a las cuales la ley, la jurisprudencia nacional y la literatura no se han pronunciado, por lo que se adopta un punto de vista propio; en el mismo sentido, le aporta a la academia ejemplos prácticos e ilustraciones que facilitan la comprensión de la teoría…

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La entrada en escena de la inteligencia artificial (ia), en múltiples y diversos campos, impacta de manera directa también nuestras vidas junto a nuestros oficios y profesiones. En sus apariciones la ia ya es un hecho comprobado que obliga a replantear escenarios de intervención en los que hemos de desenvolvernos con su ayuda y que, en ese contexto, las ciencias jurídicas para nada son ajenas. Las tareas automáticas y repetitivas serán del resorte de la ia asegurando, si se quiere, mayor efectividad y precisión que si las desempeñáramos los humanos. Ello nos obligará a desarrollar nuevos conocimientos y destrezas que, por lo pronto, nos diferencien y aventajen frente a los algoritmos y a las máquinas. Los centros de formación académica han de estar ya liderando una especie de alfabetización digital que garantice, como mínimo, la mejora de competencias y coopetencias para un desempeño futuro digno y, por ahora, algo incierto en donde haya espacio para todos. La dignidad de los datos, los derechos humanos, la protección a la propiedad intelectual, la garantía a los derechos del consumidor y una libre competencia desprovista de trucos maliciosos para engañar a las personas y a las sociedades, así como la prevención, la detección y la eliminación del ciberterrorismo son tareas que, entre muchas otras, los juristas y los ciberabogados han de enfrentar en un futuro próximo para el que deben prepararse con decisión y compromiso. Es el llamado que, mediante el presente texto, hacemos.

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«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.

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