El procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos; Aspectos generales; El procedimiento administrativo; Aspectos procesales de la jurisdicción de familia; Integración; funcionarios comprometidos en los asuntos de familia; Competencia; Los procesos de familia; de Los procesos en particular; El proceso de nulidad de matrimonio civil; Procesos de divorcio, de separación de cuerpos y de separación de bienes; Procesos de separación de cuerpos y de bienes contenciosos; Divorcio, separación de cuerpos y de bienes de común acuerdo; Declaración judicial de existencia de unión marital de hecho y de sociedad patrimonial; Procesos de filiación; Procesos verbales relacionados con simulación de negocios jurídicos de alguno de los cónyuges o compañeros y ocultamiento o distracción de bienes sociales; Procesos verbales relacionados con cuestiones hereditarias; Petición de herencia; Declaración de indignidad; Declaración de desheredamiento; Nulidad de testamento; Reforma del testamento; Nulidad y rescisión de la partición; Los procesos de suspensión y privación de la patria potestad; Adjudicación judicial de apoyos solicitada por persona diferente al titular del acto; Permisos a menores de edad para salir del país; El proceso de alimentos; Los procesos de custodia y de regulación de visitas; El proceso de restitución internacional de menores; Constitución y cancelación del patrimonio familiar inembargable según la ley 70 de 1931; Los procesos relacionados con la afectación a vivienda familiar; El proceso de adopción; El proceso de sucesión; El proceso de liquidación de sociedad conyugal o patrimonial; Jurisdicción voluntaria; Procedimiento en caso de violencia intrafamiliar.
Sin lugar a dudas que con ocasión del proceso formativo en la ciencia jurídica se hace menester la búsqueda permanente del aprestamiento académico en consonancia con los avances y desarrollos fenomenológicos. Tal periplo supone la realización de múltiples ejecuciones de naturaleza investigativa y científica; no obstante, ello debe acompasarse con la realidad contextual y ecuménica.Por otra parte, estas reflexiones doctrinales se hallan orientadas a realizar una exploración –que es al mismo tiempo descriptiva, comprensiva y crítica– en relación con la categoría jurídica contrato, el cual puede entenderse como aquel instrumento del Derecho Privado (en este caso) que hace posible las interacciones socio-jurídicas en el tráfico negocial; a partir de tal figura se realiza una propuesta doctrinal respecto a sus alcances de cara al contraste que tradicionalmente tal cometido ha gestado, por una parte, con el negocio jurídico, por la otra, con las obligaciones y ?nalmente con las reglas hermenéuticas que le asisten dada su insoslayable evolución ético-social. ?Sin lugar a dudas que con ocasión del proceso formativo en la ciencia jurídica se hace menester la búsqueda permanente del aprestamiento académico en consonancia con los avances y desarrollos fenomenológicos. Tal periplo supone la realización de múltiples ejecuciones de naturaleza investigativa y científica; no obstante, ello debe acompasarse con la realidad contextual y ecuménica.
El Derecho, al igual que la música, siempre ha estado ‒y estará‒ presente en la vida del ser humano.
Esta obra es la reivindicación del rock como medio para aprender y aprehender el derecho y como género musical. En esta, además de contar con la participación de un gran músico y de uno de los más grandes melómanos del país, académicos de diferentes universidades analizan jurídicamente doce clásicos del rock en español.
Es una apuesta innovadora e irreverente, única en su especie, imperdible para todos los amantes del Derecho, el arte y el rock en español.
Editor académico: Alejandro Gaviria Cardona
Compilación normativa y jurisprudencialLey 80 de 1993, contiene las leyes y decretos vigentes modificatorias y reglamentarias del estatutoContiene modificaciones de: Ley 2080 de 2021, Ley 2069 de 2020, Ley 2040 de 2020, Ley 2014 de 2019, Ley 1150 de 2007 Decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica relacionados con la Contratación Pública Jurisprudencia – Conceptos – Doctrina
Descripción
El derecho procesal es el instrumento diseñado por el Legislador para lograr la realización del derecho sustancial.
En consecuencia, quien conoce el proceso judicial diseña su victoria.
Por ello, a través del presente manual suministro una serie de herramientas útiles para que los lectores se conviertan en los escultores de la justicia en el ámbito de las actividades litigiosas.
El texto está nutrido con normas, doctrina, jurisprudencia y la experiencia académica y profesional adquirida por el autor durante 20 años dedicados al litigio.
No se agota el texto en el ámbito de la teoría, pues incluye una parte práctica, en la que se plasman situaciones reales para que el lector aprenda a elaborar solicitudes de conciliación y demandas contenciosas administrativas.
El autor.
(En concordancia con la Ley 2080 del 25 de enero de 2021. Contiene a su vez el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020 [Actualizada]; el Decreto 409 del 16 de marzo de 2020; el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019; y, la Ley 610 del 15 de agosto de 2000 [Actualizada])
La presente edición, se proyectó como consecuencia de los cambios introducidos por los recientes pronunciamientos jurisprudenciales emanados por el máximo organismo de la jurisdicción constitucional, los cuales tuvieron una importancia trascendental en lo atinente al proceso de responsabilidad fiscal, en virtud del fenómeno de la reviviscencia y la jurisdicción coactiva ejercida por los órganos de control fiscal.
Ante esta novedad, sumada a la intención de entregarle al lector una obra más profunda y detallada en lo referente a la parte temática del control fiscal, del proceso de responsabilidad fiscal, como también lo relacionado al desarrollo de las auditorías realizadas por las diferentes Contralorías, se vio la necesidad de llevar a cabo una nueva edición que contuviera, con mayor precisión, un desarrollo temático más actualizado, acorde a las necesidades doctrinales que se requieren en el momento, dado el poco desarrollo de estos temas en la actualidad…
En materia de compensación de los perjuicios inmateriales por daño a la
salud y de la vida de relación, en el Consejo de Estado y la Corte
Suprema de Justicia, desde el nacimiento de esta subcategoría, se han
emitido fallos que para los planteamientos de esta investigación generan
violación al derecho de igualdad, y se constituye en un claro
quebrantamiento al principio de reparación integral de las víctimas, por
cuanto el resarcimiento económico a falta de baremos compensatorios y
el arbitrio judicial cómo criterio subjetivo del juzgador no son suficientes
para satisfacer aspectos de igualdad, dado el matiz poco estructurado de
elementos axiológicos, antropológicos, filosóficos y psicológicos, sobre la
magnitud de este como criterio omnicomprensivo del ser humano en la
pérdida de esos aspectos sustanciales de la vida. Desde esa óptica
hacemos críticas profundas al sistema existente y planteamos
recomendaciones de cómo llevarlos al plano de la igualdad, pues el
sistema de competencias judiciales en Colombia no puede ser óbice de
criterios desiguales frente a daños de semejante identidad.
Hoy día, el derecho constitucional es, sin lugar a dudas, la rama de la Ciencia Jurídica de mayor protagonismo e influencia en las demás áreas del derecho. Esta afirmación se fundamenta en varios fenómenos originados después de la Segunda Posguerra, como la protección judicial de derechos fundamentales y sociales, la constitucionalización del derecho y más recientemente el neoconstitucionalismo. Esta incidencia ha generado a su vez cambios profundos en el estudio, enseñanza y aprendizaje del derecho constitucional, lo que ha llevado a modificar los contenidos programáticos de prácticamente todos los cursos de la carrera de derecho, para dar cabida a una visión principialística y constitucionalizadora en cada campo. Todas estas transformaciones y nuevas visiones requieren de libros y manuales de consulta ágiles, analíticos y completos como el que aquí se presenta, que le otorguen al estudiante, a los profesionales del derecho y al mismo ciudadano, elementos conceptuales claros y concretos para orientar acertadamente el proceso de comprensión de las variadas temáticas, todo apoyado en la doctrina más autorizada y, principalmente, fundamentado en la jurisprudencia constitucional.
Publicación diseñada para el uso académico y profesional, contiene la actualización de las cuantías para determinar competencias para efectos de control jurisdiccional en aquellos procesos adelantados en vigencia del anterior decreto 01/84
Las Naciones Unidas declararon en 1980 que, “la violencia contra las mujeres es el
crimen encubierto más numeroso del mundo”. No exageró, tampoco
sobredimensionó, solo se atuvo a la verdad dolorosa de una dinámica negativa en la
historia de la humanidad que, hasta ahora no se ha podido superar, pues desde
tiempos remotos la mujer estuvo borrada de sus páginas y en el hoy, pese a que ha
logrado que se reescriba parcialmente incluso desde la prehistoria, el recuento de las
vivencias de la humanidad, por el contrario va en aumento acelerado las violencias,
pese al supuesto progreso del género humano y ante la mirada permisiva de muchos
Estados y en otros, acompañada de pasmosa tolerancia de lo que no debe ser tolerado
o que enmascaran en el famoso lenguaje inclusivo que no ha reportado los resultados
que pretendían, porque las cifras de violencias hablan por sí solas en los hemisferios del
globo terráqueo, en países de otros idiomas que no permiten el carnaval de lo absurdo
que propicia la destrucción de uno de los idiomas más bellos del mundo, objeto de
atropello con palabras altisonantes, unas veces ridículas y otras tantas en contravía de
la semántica de una tradición filológica reconocida, por lo que se deben estar
revolcando en sus tumbas los defensores de la lengua de Castilla y de León, en tanto
que las muertes de mujeres persisten, aumentan las estadísticas en clave de las
violencias más reconocidas, sin importar la formación o clase social, tampoco los
orígenes raciales e igualmente emergen otras violencias que no habían sido
identificadas y se incrementan en los ámbitos privado y público.
La Ley 2080 de enero de 2021 hace una reforma extensa al CPACA.La velocidad con la que se está transformando la normatividad se ha acentuado debido a las circunstancias generadas por el COVID-19.Como bien se sabe, la administración de justicia es uno de los derechos y servicios públicos requeridos para el funcionamiento adecuado del Estado social y democrático de derecho, y debe responder a los desafíos que le ha impuesto el contexto social, que en estos tiempos se ven reflejados en las restricciones para todas las actividades. Esas limitaciones pusieron en discusión la continuidad del servicio de administración de justicia, lo que originó la expedición del Decreto 806 de 2020, que habilitó tanto a la Administración como a la ciudadanía para adelantar los procedimientos judiciales por medios virtuales, permitiendo la continuidad al servicio de administración de justicia, y que hoy se complementa con la expedición de la Ley 2080 de 2021, modificatoria de la Ley 1437 de 2011.Esta ley transformará el régimen de competencias del CPACA a partir del 25 de enero de 2022. Se fortalece la función de unificación de jurisprudencia, desconcentrando de manera más racional los procesos que tiene a su cargo el Consejo de Estado, el cual tiene una carga procesal superior a cualquier otro órgano judicial. Bajo este derrotero, se trasladarán competencias que tenía el Consejo de Estado en única instancia a los tribunales administrativos, en temas como extinción de dominio, agrarios, propiedad industrial, actos sin cuantía expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, y la competencia residual en litigios que involucren a autoridades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas equivalentes.Igualmente, se fortalecen las competencias de los tribunales y de los jueces administrativos, incrementando el monto de las cuantías en procesos de reparación directa, tributarios y de nulidad y restablecimiento de derecho, criterio que ya no se deberá tener en cuenta en las controversias de carácter laboral.
