No se trata de un estudio profundo legal ni jurisprudencial el que ofrecemos en este libro. Tampoco se trata de hacer una transcripción de todas las disposiciones legales ni de explicar cada uno de los artículos que las contienen y sus procedimientos. Buscamos dar algunas luces con fundamento en las disposiciones legales vigentes, a las preguntas que en lo cotidiano las personas se formulan, debiendo por supuesto en aquellos casos de menor ocurrencia o de mayor complejidad acudir a la asesoría de un profesional versado en el tema.
Pretendemos entonces poner en conocimiento algunos conceptos generales sobre los temas de mayor relevancia u ocurrencia al interior de las familias, haciendo claridad sobre cuáles son las vías más propicias para procurar solucionar las diferencias que tanto daño hacen al núcleo familiar y que tal vez con una adecuada asesoría y desde luego a partir de darlas a conocer, se puede sobre ellas dar una solución que permita avanzar en la convivencia pacífica.
Los te mas se presentan en forma de preguntas y respuestas y en un lenguaje comprensible a las personas y a aquellos profesionales del derecho que tengan interés en ellos y que puedan servir como aporte al conocimiento que ya posean al respecto.
En otros libros publicaos por el autor se han decantado ya más a fondo las disposiciones sustantivas y los procedimientos que corresponden al extenso derecho de familia y que por lo reciente de aquellas publicaciones aún hoy pueden consultarse si de profundizar y encontrar mejores respuestas se trata.
Ley 1437 de 2011 Ley 1564 de 2012 Ley 1881 de 2018
Contiene las modificaciones de la Ley 2080 de 2021; 2195; 2207 “Términos Derecho de Petición”; 2213 de 2022 “Por la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020” Sentencia C-91/2022 Ley 2220 de 2022
11.a edición
El presente trabajo investigativo estudia el precedente jurisprudencial, tema novedoso en líneas iniciales. Su aplicabilidad ha ido posicionándose en forma paulatina pero segura, pues la tradición en Colombia no ha sido pacífica en aceptar totalmente los fallos judiciales que emanen en Altas Cortes por la conformidad que se tiene con la consulta, en primera instancia, de la ley formal. Actualmente, apenas se abre un espacio amplio y jurídico consolidado para acatar el precedente por los entendidos en derecho, el panorama es incierto al no acatar unánimemente las decisiones de las Altas Cortes, empero ello no es practicado en la generalidad de estudios. El cambio es novedoso y, como tal, hay resistencia; también se suma la variación constante de la normatividad y con ello genera un efecto deficiente, desigual e incoherente que hace poco aplicable la jurisprudencia. No obstante, se considera que no toda decisión es obligatoria, lo que se debe distinguir, como lo haré en esta obra, es la precisión obligatoria en materia de decisiones judiciales y que no tiene tal carácter vinculante sino argumentos complementarios.
Decreto 960 de 1970 – Notariado
Ley 1579 de 2012 – Registro Contiene las modificaciones, reglamentaciones y normas conexas del Notariado y Registro
Leyes: 2220 de 2022; 588 de 2000; 29 de1973; Decretos: 2106 de 2019; 911 de 2017; 1895 de 2016; 2205,1858,1664, 2015, 1310,1227 de 2015, 2148 de 1983 y 2163 de 170
Contiene el Decreto 1609 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
La presente versa sobre la problematica relativa a la «causalidad» y la «imputación objetiva» como factores de atribución material en el juicio de responsabilidad extracontractual frente al Estado y, concretamente, en la responsabilidad del Estado por parte de actos de terrorismo cometidos por terceros; es decir, se esgrime como problema central las razones jurídicas y filosóficas por las cuales el Estado colombiano debe o no responder patrimonialmente a las víctimas de actos de terrorismo causados por un tercero, ajeno a la administración.
«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.
«Este libro trata de la prescripción y de los procesos declarativos de pertenencia. Se habla en él del proceso declarativo verbal pleno. Igualmente, del proceso especial declarativo, regulado en la Ley 1561 del 2012.También, se presenta un análisis de la posesión como de la prescripción y una breve historia, tanto de la prescripción adquisitiva, como de los procesos en referencia».«Este libro trata de la prescripción y de los procesos declarativos de pertenencia. Se habla en él del proceso declarativo verbal pleno. Igualmente, del proceso especial declarativo, regulado en la Ley 1561 del 2012.También, se presenta un análisis de la posesión como de la prescripción y una breve historia, tanto de la prescripción adquisitiva, como de los procesos en referencia».«Este libro trata de la prescripción y de los procesos declarativos de pertenencia. Se habla en él del proceso declarativo verbal pleno. Igualmente, del proceso especial declarativo, regulado en la Ley 1561 del 2012.También, se presenta un análisis de la posesión como de la prescripción y una breve historia, tanto de la prescripción adquisitiva, como de los procesos en referencia».
En consonancia con las finalidades establecidas para el proceso y la sanción disciplinaria, este manual de derecho disciplinario se erige como una herramienta fundamental de ilustración general sobre los principios, normas, procedimiento y sanciones que, a juicio de los autores, son de imperativo conocimiento para los servidores públicos, profesionales del derecho, operadores disciplinarios e inclusive para aquellos particulares que desempeñan funciones públicas, a los que a partir de un lenguaje claro, preciso, conciso y sencillo se pretende facilitar la comprensión de las generalidades del procedimiento disciplinario y de los principios. en que se funda.
Ahora bien, el contenido del texto se divide en tres capítulos, el primero define de forma general los principios básicos en que debe fundarse la actuación disciplinaria; el segundo señala las etapas y procedimiento que debe observar el operador disciplinario en fase de instrucción y juzgamiento, haciendo hincapié en la importancia del mandato establecido para los operadores disciplinarios de observar las garantías fundamentales, constitucionales y legales que arropan al sujeto disciplinable.
Finalmente, el tercer capítulo de esta obra aborda uno de los temas más polémicos del derecho disciplinario en la actualidad, relativo a las competencias disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación respecto de los funcionarios elegidos por voto popular, allí, los autores se aventuran a plantear algunas propuestas sobre cómo superar la discusión que se zanja a partir del caso Petro Orrego vs Colombia; de esta manera lograr, en lo que consideran los autores, que el régimen disciplinario colombiano se acomode al estándar Interamericano.
En el entramado jurídico colombiano, marcado por la constante evolución de sus mecanismos de protección de derechos resaltados en la Constitución, emerge este compendio, fruto de una exhaustiva investigación y profunda reflexión, se erige como un faro de conocimiento, guiando tanto a profesionales del derecho como a la ciudadanía en el entendimiento y aplicación de las acciones constitucionales. Su enfoque, meticulosamente estructurado en dos partes fundamentales, no solo desgrana la esencia y procedimientos de la acción de tutela, sino que también profundiza en el análisis de otras acciones constitucionales, ofreciendo una visión integral del constitucionalismo moderno colombiano.
Además, la particularidad de esta obra radica en su capacidad para amalgamar el rigor académico con la accesibilidad, permitiendo que su riqueza informativa trascienda los límites del ámbito legal para sembrar inquietudes en el lector general. La presentación detallada de casos prácticos, junto con un análisis crítico de la jurisprudencia y la legislación vigente, no solo enriquece el acervo intelectual de los juristas, sino que también abre un diálogo con la sociedad, invitándola a comprender las herramientas legales a su disposición para la defensa de sus derechos más preciados.
Por lo tanto, esta obra se presenta como una invitación a explorar las profundidades del derecho constitucional colombiano a la luz del Ius Constitutionale Commune Americano, ofreciendo claves esenciales para la navegación por su complejo marco legal, al tiempo que promete al lector una aventura intelectual que no solo despejará dudas sino que también fortalecerá el tejido social a través del conocimiento y la comprensión de los derechos que protegen estas acciones. En consecuencia, su lectura se convierte en un viaje imprescindible para aquellos que buscan comprender, profundizar y aplicar las normativas que rigen la salvaguarda de las libertades individuales y colectivas en Colombia.
«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.Así reitero, que este somero estudio tiene por objeto ubicar de manera elemental el nuevo proceso contencioso administrativo entendido desde el ámbito constitucional “como el trámite judicial que tiene por objeto impugnar las conductas estatales (actos -acciones – omisiones -contratos operaciones-ocupación y demás medios de acción de las autoridades y los particulares en función administrativa) ante el juez natural, con el propósito de que se revise su legitimidad y en su caso, declare la nulidad o le obligue al Estado a que repare el daño”1, noción que resulta de suma importancia a la actual Ley 1437 de 2011 que reivindica el sometimiento de los poderes públicos y las autoridades en general, a la ConstituciónPolítica de 1991, lo que se evidencia entre otros, con la redacción del artículo 10 del referido cuerpo normativo».«Este texto es fruto de las reflexiones de la implementación de la Ley 1437 de2011, aprendizaje con todos los actores; apoderados, Ministerio Público,empleados, el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Consejo de Estado como órgano de cierre de esta jurisdicción.
Mi primera aproximación a la ya reputada obra jurídica del jurista y profesor MAURICIO RODRIGUEZ TAMAYO ocurrió por cuenta del azar, ya hace varios años. En efecto, cuando me encontraba preparando algún trabajo sobre el proceso ejecutivo cayó a mis manos un libro suyo titulado “ LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” que obviamente despertó mi curiosidad, tanto más cuanto que para ese momento no se conocían en la doctrina nacional trabajos sobre la materia. Recuerdo haber recorrido el trabajo de ese novel autor que irrumpía con fuerza y contundencia en el panorama nacional, por lo que cité en el documento que entonces preparaba un aparte sustancioso y pertinente sobre la definición de los procesos ejecutivos de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa.
Esta nueva edición de la “LA ACCIÓN EJECUTIVA ANTE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA”, la única que en el país ha abordado en forma extensa y suficiente esta disciplina, sin duda es una obra que está llamada a perdurar por los temas abordados y su profundidad. Puede decirse, sin temor a exagerar, que quien lea este libro quedará en posesión de ilustración suficiente sobre la materia de las ejecuciones en esta área contencioso administrativa, y estará en capacidad de enfrentar un litigio de esta naturaleza, bien como juez o magistrado, asesor o estudiante.
El tratado que hoy se pone de nuevo a disposición de la comunidad jurídica sienta los presupuestos dialécticos necesarios de la discusión, porque no ahorra esfuerzos para tratar el concepto del contrato estatal frete a sus complejos requisitos de perfeccionamiento, ejecución, presupuestal, la aprobación de las garantías y el acatamiento de otros requisitos legales.
Sobre ese presupuesto el profesor RODRÍGUEZ TAMAYO aborda con extensión justificable el estudio del título ejecutivo derivado de los contratos estatales y sus aspectos procesales, como lo relacionado con el complejo aspecto sobre si el silencio administrativo positivo puede o no considerarse título ejecutivo, aspecto que resuelve que convicción y maestría. También incluye esta visión panorámica las diferentes aristas de documentos constitutivos de ejecución, como la de la factura electrónica, tan debatida por estos días. No hay un solo escenario de ejecución de los que se presentan y discuten hoy, que no aparezcan en este texto, de manera que el lector puede tener la seguridad de encontrar aquí información sobre muchas situaciones que en la vida práctica de esta forma de ejecuciones suelen presentarse, asociadas todas a los contratos estatales y su exigibilidad.
Aquí también el profesor RODRÍGUEZ TAMAYO abunda en el examen de las diferentes posibilidades de ejecución, sin omitir ninguno de los distintos escenarios de la misma, como las obligaciones judiciales aprovisionadas en el Fondo de Contingencias, los Acuerdos de Pago celebrados por entidades estatales, el novedoso incidente de aprobación de la oferta de revocatoria propuesta por un ente público demandado y aceptada por el demandante en un proceso contencioso administrativo, los laudos arbitrales proferidos en controversias contractuales con entidades públicas, las conciliaciones prejudiciales y las que se logran en el trámite mismo de las ejecuciones.
En la segunda parte del libro, adicionalmente, también se encontrará el lector con la presentación minuciosa de las diferentes etapas del proceso ejecutivo administrativo, tales como la jurisdicción y competencia, los requisitos de la demanda con sus recientes reformas introducidas por el CPACA y la ley 2213 de 2022, el mandamiento ejecutivo, los medios de defensa, , la sentencia que se pronuncie sobre las excepciones, los recursos contra la misma incluyendo el extraordinario de unificación de jurisprudencia, la liquidación del crédito y, por supuesto, no podía faltar un acápite extenso y bien sustentado sobre el siempre complejo universo de las medidas cautelares en estos procesos de ejecución contencioso administrativa.
