Con este libro se pretende adentrar al lector en las nuevas dinámicas de la práctica y aplicación de la prueba judicial, que el denominado Código General del Proceso implanta en el sistema jurídico colombiano; para ello, se parte del concepto general de la prueba, sus principios y su práctica dentro de la oralidad procesal, revisando uno a uno los medios probatorios con fundamento en las teorías tradicionales esbozadas y sostenidas por reconocidos teóricos del derecho probatorio procesal. Busca el autor, ademas dar claridad a la aplicación de la prueba en los diferentes procesos regulados en las novísima codificación procesal, sin pretender eso sí, dar la última palabra al respecto, pues hay que tener en cuenta que ya con el antiquísimo Código de Procedimiento Civil colombiano […].
La Prueba ilícita y la regla de exclusión es un libro extraordinariamente oportuno y necesario, en virtud de que a diario observamos en las distintas legislaciones cómo se violan principios constitucionales y legales en los diversos procesos judiciales, muy a pesar de que tienen previsto en la Constitución nacional la prohibición expresa de utilizar pruebas ilícitas, llevando a juicios ilegales a cualquier persona. El libro está escrito de manera sencilla y cómoda y en un estilo popular para que sea leído e interpretado por cualquier persona, pero dirigido, muy especialmente, a la población de abogados y estudiantes de Derecho que tengan un marcado interés en hacer valer los derechos, tanto propio como de sus patrocinados. Este libro se ocupa de allanar el camino para hacer más visible el tratamiento del tema de que se ocupa, es decir, la prueba ilícita y la regla de exclusión, haciendo énfasis en el derecho comparado, en sus modalidades relativas en la teoría del fruto del árbol envenenado, prevista en diferentes constituciones, tanto de la República Bolivariana de Venezuela, como la de Colombia, también de Estados Unidos y otros países, donde se plasma el respeto a las garantías constitucionales. En ese sentido, el autor de la obra, haciendo uso del derecho comparado, hace un estudio profundo de la prueba ilícita y la regla de exclusión, en el cual hace énfasis en que a las pruebas obtenidas ilícitamente no se les debe otorgar ningún valor probatorio y su consecuencia es su exclusión del proceso; de igual forma aborda el tema de la impugnación de la prueba ilícita y su oportunidad procesal, sin dejar de observar en todo momento que debe primar la supremacía de la Constitución de cada Estado como ente rector de todo proceso judicial. Siendo este el planteamiento del libro, queda en manos del lector hacer una profunda reflexión en el rescate de la Constitución nacional, y así evitar se sigan llevando procesos con franca violación constitucional.
En conclusión, el presente libro busca brindar un aporte al mundo jurídico y permitir, al público en general, pero con especial interés en los operadores de justicia, obsequiar mejor servicio a los justiciables todo en función del fortalecimiento de un Estado de derecho robusto, pero sin apartar la vista de la justicia, la paz y la democracia.
Las pruebas testimonial y pericial adquieren inusitada importancia en el proceso penal acusatorio, fase deticio oral y público, dada la viabilidad, material y normativa, que ofrecen para ser practicadas en la audiencia, con vigencia plena de los principiosde inmediacion, concentracion, continuidady, naturalmente, respecto de su oralidady publicidad. Adiciona mente se trata de medios probatorios, tradicional y especialmente socorridos en materia criminal, que en gran medida se corresponden o adaptan en forma muy aceptable a los requerimientos de un proceso penal garantista, rápido y económico como el que ha pretendido diseñarse para Colombia.No obstante, se trata de medios probatorios que también tradicionalmente han sido fuente de riesgo y duda, pues, como lo hemos advertido a lo largo de nuestra investigación, se trata de formas demostrativas de fuente humana, verdaderos testimonios de conocimiento y percepción respectivamente, que no son inmunes a deficiencias y limitaciones objetivas, las cuales han de ser eficazmente neutralizadas, tanto en fase de elaboración legislativa como por vía doctrinal y, siempre, dentro del manejo y dominio que les proporcionen sus diferentes operadores, jurídicos y extrajurídicos. Esta la razón fundamental que impone la necesidad de un discernimiento, estudio y debate de todos sus elementos, desde las etapas de formación de la prueba, hasta los momentos, también trascendentales, de ofrecimiento, solicitud, admisión, práctica, contradicción, apreciación y valoración.En esta ocasión abordamos el estudio de la prueba pericial, labor que hemos emprendido gracias a la insospechada acogida que la comunidad jurídica ha dispensado -quizá de forma inmerecida- a nuestro anterior trabajo sobre la prueba testimonial, los interrogatorios y contrainterrogatorios en el sistema acusatorio, publicado gracias también al calor y la confianza de esta Casa Editorial.La también llamada prueba técnica, presenta tal vez mayor complefidad y por tanto mayor necesidad de estudio y reflexión; adquiere dentro del sistema de oralidad
Esta obra, “Prueba Ilícita y Regla de Exclusión” es, definitivamente, un libro para abogados, pero para abogados practicantes de la justicia penal. Es una obra con una didáctica que va de la teoría a la práctica. Su lectura hace a un especialista en la identificación de la prueba ilícita en el proceso penal y la diferencia entre prueba ilegal y prueba ilícita, y enseña el mecanismo de exclusión. Es una obra completa que analiza la prueba ilícita y la regla de exclusión desde sus orígenes doctrinales, inicialmente, en la Europa Continental y su desarrollo jurisprudencial en Norte América y explica su evolución en la Europa Continental con el constitucionalismo de la segunda posguerra que trae consigo los cambios de paradigmas de la constitucionalización del proceso penal.
La responsabilidad civil cumple distintas funciones en el interior de los ordenamientos. Suelen ilustrarse entre otras, la compensación y la prevención.
Sin embargo, el derecho de daños es muy asociado con el tradicional dogma compensatorio de la clásica tríada, daño, víctima e indemnización (Art. 2341 C.C.). Tal paradigma resulta infortunado para develar los efectos preventivos de la responsabilidad, pues estos resbalan al modelo del daño causado a otro ligado a una reparación (Arts. 2355, inc. 2, y 2359 C.C.).
Por esos motivos es necesario reenfocar el estudio de la responsabilidad hacia el proceso generador del daño (iter damni) en sus perfiles fáctico y jurídico con el objeto de articular la institución de acuerdo con su naturaleza, unas veces preventiva, otras veces compensatoria.
La prevención tiene un marco propio de efectos, atañe al riesgo, la amenaza y la agravación latente, mientras que el resarcimiento responde a efectos relacionados con el daño y la agravación consumada; de allí que la responsabilidad se concibe como un derecho preventivo y resarcitorio de daños.La responsabilidad civil cumple distintas funciones en el interior de los ordenamientos. Suelen ilustrarse entre otras, la compensación y la prevención…
La obra resulta novedosa en la literatura jurídica y de gran aporte a los operadores jurídicos, litigantes, profesionales de la salud y comunidad académica en general, dado que si bien existen escritos de responsabilidad médica, no se había abordado en detalle el tema de la responsabilidad odontológica, en especial, aquella suscitada dentro de la esfera del derecho penal, en la que puede verse incurso el especialista en ortodoncia, por la movilidad de las piezas dentarias dentro del tratamiento ortodontico. El autor evidencia de manera clara y sencilla la estructura de la conducta punible en los eventos de infracción de deber y la importancia de un consentimiento informado, haciendo una interpretación coherente de la norma, la doctrina y la jurisprudencia especializada.
Al abordar el tema de la revocación directa de los actos administrativos me encuentro, prima facie, con la existencia de un principio universal: la facultad de la administración para derogar, en principio, sus propios actos administrativos, sin más límites que aquellos que hubiere impuesto el legislador […].
En el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.En desarrollo de la actividad ministrativa se apela inexorablemente a la contratación pública como un instrumento para el cumplimiento de los fines del Estado, en especial para la satisfacción del interés general, es así como el procedimiento administrativo contractual están inmersas actuaciones, tales como el acto de adjudicación y el contrato mismo, de los cuales deontológicamente se pregona, en el presente texto, ser demandados por cualquier persona sin necesidad de la acreditación de un interés directo lo anterior porque el contrato público, al igual que todos sus componentes previos y posteriores constituye un proceder Sublime que involucra a todos los ciudadanosEn el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.
En este libro se habla de las excepciones y las nulidades en el Código General del Proceso. Se trata de la historia de esas dos instituciones, de sus fundamentos constitucionales, de su naturaleza jurídica de ambas figuras procesales, de la clasificación de las mismas, de la procedencia o improcedencia de las excepciones, tanto de las de fondo como de las previas. Igualmente, de los mecanismos para solicitar la declaración de las nulidades. También, se incluyen modelos relativos a demandas y memoriales alusivos a excepciones previas y a excepciones de fondo
Cualquier ciencia se caracteriza por estar dotada de una o varias teorías generales y de varias o muchas teorías especiales.Las teorias generales por ser tales, deben comprender los conocimientos fundamentales, básicos o esenciales, con los que se pueden abordar exitosamente las teorías especiales.Las tres grandes teorías generales de la ciencia jurídica son: 1ª. la de las personas o sujetos del derecho; 2ª la de las cosas o objetos del derecho; y 3ª la de los Derechos tanto en sentido objetivo como en sentido subjetivo. En síntesis, se quieren dar a conocer las bases del ser, del conocer y del valorar, propias del derecho, y en las cuales este consiste.Cualquier ciencia se caracteriza por estar dotada de una o varias teorías generales y de varias o muchas teorías especiales.Las teorias generales por ser tales, deben comprender los conocimientos fundamentales, básicos o esenciales, con los que se pueden abordar exitosamente las teorías especiales.Las tres grandes teorías generales de la ciencia jurídica son: 1ª. la de las personas o sujetos del derecho; 2ª la de las cosas o objetos del derecho; y 3ª la de los Derechos tanto en sentido objetivo como en sentido subjetivo. En síntesis, se quieren dar a conocer las bases del ser, del conocer y del valorar, propias del derecho, y en las cuales este consiste.
Las Naciones Unidas declararon en 1980 que, “la violencia contra las mujeres es el
crimen encubierto más numeroso del mundo”. No exageró, tampoco
sobredimensionó, solo se atuvo a la verdad dolorosa de una dinámica negativa en la
historia de la humanidad que, hasta ahora no se ha podido superar, pues desde
tiempos remotos la mujer estuvo borrada de sus páginas y en el hoy, pese a que ha
logrado que se reescriba parcialmente incluso desde la prehistoria, el recuento de las
vivencias de la humanidad, por el contrario va en aumento acelerado las violencias,
pese al supuesto progreso del género humano y ante la mirada permisiva de muchos
Estados y en otros, acompañada de pasmosa tolerancia de lo que no debe ser tolerado
o que enmascaran en el famoso lenguaje inclusivo que no ha reportado los resultados
que pretendían, porque las cifras de violencias hablan por sí solas en los hemisferios del
globo terráqueo, en países de otros idiomas que no permiten el carnaval de lo absurdo
que propicia la destrucción de uno de los idiomas más bellos del mundo, objeto de
atropello con palabras altisonantes, unas veces ridículas y otras tantas en contravía de
la semántica de una tradición filológica reconocida, por lo que se deben estar
revolcando en sus tumbas los defensores de la lengua de Castilla y de León, en tanto
que las muertes de mujeres persisten, aumentan las estadísticas en clave de las
violencias más reconocidas, sin importar la formación o clase social, tampoco los
orígenes raciales e igualmente emergen otras violencias que no habían sido
identificadas y se incrementan en los ámbitos privado y público.
En nuestro país y pese al reciente y gran esfuerzo por entregarles los predios a las familias tradicionalmente poseedoras de estos, incluso desde hace más de cuarenta años, las normas referentes a la titulación y la legalización de predios, se ha quedado cortas y no consultan la realidad social ni el interés de los entes territoriales por hacerlo, ni muchas veces el derecho de propiedad, entre otros; algunas veces se contradicen y van en contravía de la Constitución Política, especialmente en lo que tiene que ver con el derecho de vivienda digna.
Se parte del presupuesto de que, en su mayoría, los poseedores de estos predios llegaron y se apropiaron de ellos, no por un afán lucrativo o de negocio sino desplazados por las circunstancias, la fuerza mayor y los problemas de violencia o amenazas de los grupos al margen de la ley, dígase guerrilla o paramilitares en su tiempo, por la violencia política de la década de1950 que los llevó a establecerse y a construir sus viviendas en zonas no reguladoras por el Estado, al borde de quebradas, en altas pendientes, en zonas de alto riesgo mediante recuperables o no recuperables, en todo caso en terrenos abandonados por las administraciones municipales, incluso con su aquiescencia o muchas veces por su negligencia.
