En virtud de la importancia nacional e internacional que ha tomado el precedente judicial, como fenómeno jurídico en los países latinoamericanos, más concretamente en Colombia, se erige la necesidad de realizar una Obra que contenga de manera explícita y concreta, las definiciones, planteamientos y advertencias con relación a esta institución, la cual ha venido a equiparse (y en algunos casos a suplantar), de manera equivocada, a la misma ley.

En consecuencia, es de público conocimiento que se ha estado reproduciendo en los pronunciamientos de los magistrados que están en cabeza de las altas corporaciones de cierre, importantes decisiones que afectan a toda la población colombiana, con lo que he venido a denominar: ficciones legislativas, en el entendido que han comenzado a suplantar para beneficio de estas cortes, el carácter superior de las atribuciones constitucionales dadas por el constituyente al legislador, es decir que el poder legislativo ha pasado a manos de los magistrados de los máximos órganos de la rama judicial.

En ese orden de ideas, sé de antemano que las premisas y teorías que se plantean en la presente Obra van a tender a despertar algunas polémicas, controversia, puntos a favor y puntos en contra. Sin embargo, como quiera que siempre me he caracterizado por profesar  un espíritu republicano, amparado fervientemente en la defensa prevalente de la Constitución y por ende de la democracia, no puedo pasar por alto este ¡asalto a la Carta Fundamental!  El cual se ha venido gestando desde movimientos con corrientes extranjeras y que ha permeado un fenómeno de politización de la justicia, y lo que es peor, las decisiones politizadas han venido a moldear el derrotero jurídico colombiano por medio del precedente judicial, muy especialmente el constitucional.

Por tal motivo, se busca con el análisis y la propuesta desarrollada en esta Obra, un retorno al respeto de la Constitución política, ayudando con ello a comenzar a crear un germen intelectual que permita un mejor control de las decisiones jurisprudenciales que conforman el precedente judicial, dotando de una mayor seguridad al sistema jurídico colombiano, al igual que una mejor configuración de nuestras instituciones, en especial las de la altas cortes, con miras a resguardar nuestro Estado Social de Derecho y a la democracia.