El autor se propone demostrar en este trabajo que la doctrina general del contrato, originada en el derecho privado, proporciona las bases para proveer una respuesta unitaria al tratamiento que debe dárseles a las situaciones de desequillbrio contractual sobreviniente, lo que permitirá superar el enfoque prevaleciente en la dogmática tradicional, que aboga por la división irreconciliable entre el derecho privado y el derecho público en esta materia.
Sostiene también que en el ordenamiento jurídico están disponibles las herramientas requeridas para lograr la prevalencia de la justicia en las relaciones contractuales ante alteraciones significativas del equilibrio concebido por las partes al celebrar el contrato por situaciones sobrevinientes no atribuibles a su conducta, con miras a mantener la armonia y proporcionalidad que debe estar presente ab initio en el intercambio prestacional, sin que por ello se dejen de lado la asunción por cada parte del alea ordinario a su cargo y los riesgos que, adecuadamente asignados, les corresponda soportar, en correspondencia con la retribución o ventaja que debe acompañar tal asignación.
Esta investigación ofrece una explicación detallada acerca de las consecuencias que debe afrontar el Estado y el proponente al incumplir los mandatos legales y constitucionales que sirven de fundamento al derecho a la consulta previa en comunidades indígenas en un contrato de obra pública. Bajo esta óptica, la autora fundamenta dichas consecuencias en casos jurisprudenciales y determinaciones gubernamentales en el estudio de los principios y reglas establecidas en torno a la consulta previa. Los argumentos que componen esta investigación analizan en principio el desarrollo histórico de la consulta previa con una descripción del derecho como tal, luego establece las obligaciones que nacen del mismo y, finalmente, determina sus límites en el ordenamiento jurídico. A partir de la teoría establecida, la investigación profundiza en las consecuencias que se presentan cuando el Estado contrata una obra e incumple el deber de realizar la consulta previa de la manera indicada, e identifica los límites establecidos por la jurisprudencia y las decisiones gubernamentales. De esta manera, se proporciona una orientación para entender los puntos clave en la celebración de un contrato de obra pública, cuya ejecución tiene efectos en territorios indígenas, descifrando los elementos que deben darse para reparar a los pueblos indígenas en el caso de incumplimiento de los requisitos para realizar la consulta previa.
La actividad de regulación ejercida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), desde su génesis, presenta falencias en lo que a autonomía estatutaria e independencia funcional se refiere; si bien desde su creación se ha propendido a mejorarla cada vez más, hoy continúan vigentes sus principales problemas. Lo anterior, en razón a su encuadramiento como unidad administrativa especial, su pertenencia a la Administración Pública, así como a la composición y elección de sus miembros.
Así las cosas, esta obra centra sus esfuerzos en identificar y analizar las problemáticas que enfrenta la estructura organizativa de la CRC dentro de la administración pública, que le impiden ejercer sus funciones de regulador de forma óptima, independiente y autónoma. Luego, de forma propositiva, se exponen posibles soluciones para intentar conjurar las problemáticas identificadas que, grosso modo, se resumen en la reorganización de la CRC dentro de otra de las figuras de derecho administrativo, cual es la agencia, con un contenido normativo nuevo y reformando la composición, mecanismos de elección y periodos de los comisiona-dos. Concluida la proposición, el lector poseerá un estudio minucioso y prolijo que da lugar a propuestas que podrían llegar a ser implementadas en la Administración Pública de Colombia, para lograr que el regulador de comunicaciones desempeñe sus competencias de una mejor manera. Aunque la literatura publica se ha encargado de forma vasta de analizar las problemáticas de la CRC y, en algunos estudios, de proponer soluciones, la novedad que trae este libro es que el análisis parte de la nueva Ley 1978 de 2019 que modificó la estructura y funciones del regulador de las comunicaciones.
Desarrollo sostenible e integración, es el título del número 10 de la Colección IUS COGENS: Derecho Internacional e Integración. Cuenta con 18 contribuciones arbitradas que, según su temática, componen los cuatro apartados de este volumen. El primero, dedicado a tos debates inacabados del derecho y la política internacional; el segundo, referido a las organizaciones regionales y desarrollo sostenible; el tercero se ocupa de los incentivos de protección al medio ambiente y, el último, alude a los derechos en entredicho.
Por su respaldo decidido en la convocatoria y realización del seminario de este año, merecen mención especial la Universidad de Alicante (España) y la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador), y por su apoyo permanente y compromiso con nuestras acciones académicas, no podemos olvidar a la Comisión Europea, la Delegación de la Unión Europea en Colombia, la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el Instituto Internacional. de Altos Estudios Sociales, IIDAES, con sede en Lima, y la Red Internacional de Centros Universitarios y de Investigación de Expertos en Procesos de Integración, Integranet.
Quien fallece deja de ser persona y, en consecuencia, ya no tiene capacidad de goce o jurídica y no puede ser titular de un patrimonio. Por tanto, los derechos y las obligaciones transmisibles, es decir, los que no se extinguen con la muerte, quedan sin titular. Así, para evitar la inmovilización, inactividad e im- productividad de los bienes situaciones que atentarían contra la función económica, social y ecológica de la propie- dad, el ordenamiento jurídico prevé la manera como se transmiten a otros sujetos y determina a quiénes habrán de pasar, estableciendo un modo de adquirir que denomina sucesión por causa de muerte y que es precisamente la manera como se pueden adquirir los derechos y las obligaciones que recaían en el difunto.
Esta obra es simplemente un manual o compendio sobre el modo sucesión por causa de muerte que tiene como propósito servir de breve guía de estudio para los alumnos de pregrado y de posgrado que deben ver la materia o el módulo correspondiente a este modo de adquirir y también para quienes no se están formando como profesionales del derecho o no pertenecen a esta profesión, pues la regulación legal sobre la sucesión por causa de muerte nos cobija más allá de la muerte.
Los ocho capítulos que componen este libro ofrecen un amplio panorama sobre el estado del arte del presidencialismo en Latinoamérica. En particular, se presentan útiles aportes en cuanto a los temas de: i) reflexión sobre la acumulación de poder; ii) restricciones al periodo y a las facultades presidenciales; iii) incidencia presidencial sobre el poder público y la práctica democrática; iv) análisis históricos que permiten contextualizar las experiencias presidenciales actuales.
Dos grandes deudas tiene el Estado colombiano frente al derecho funda-mental de acceso igualitario a los cargos públicos: una por acción y otra por omisión. La primera, al existir una desconexión entre el ser y el deber ser de los concursos de méritos, y la segunda, por carecer de una política pública que garantice el aspecto material del derecho a la igualdad. El concepto tradicional de meritocracia produce un déficit constitucional que no refleja la sustancia de un Estado social de derecho cuyos pilares son la justicia distributiva y la igualdad material. Se puede afirmar que el empleo público en Colombia se encuentra en un estado de cosas inconstitucionales. Para supe-rar esta crisis, se considera necesario formular y ensayar nuevas alternativas a fin de mitigar los efectos del modelo tradicional de meritocracia. Se propone el principio del mérito incluyente como un aporte para saldar las deudas del Estado en materia de ingreso al servicio público en clave del nuevo pacto social.
La constitución y el proceso penal son entidades inescindibles y las caras de una misma moneda; el derecho procesal penal, sino en la constitución y en la amplísima y compleja jurisprudencia de la corte constitucional, que ha especificado el contenido de las cláusulas de derechos fundamentales y de regulación del poder punitivo del estado.Este texto que se entrega a los estudiosos del derecho ha sido escrito con dos pretensiones: profundidad y sencillez, Se ha buscado ahondar en la teoría constitucional que subyace al proceso penal de descubrir la forma como esta teoría se materializa y se precisa en la jurisprudencia de las cortes constitucional y suprema de justicia, la legislación y la manera como tales fundamentos teóricos se han concebido en el derecho comparado.
Como se señaló en la presentación del primer tomo, este texto es el resultado de la investigación sobre los fundamentos constitucionales del derecho procesal penal. Esta obra ha dado especial importancia al derecho comparado, al análisis jurisprudencial, tanto de decisiones foráneas y de tribunales internacionales como de sentencias internas, especialmente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, y a la doctrina especializada nacional y extranjera.Igualmente se examinan los aspectos centrales y estructurales del juicio oral, para lo cual se hace especial énfasis en la acusación y el juzgamiento. Así mismo estudiaremos lo relacionado con la terminación anticipada del proceso penal, el allanamiento a la imputación, las negociaciones y los preacuerdos. Finalmente, ahondaremos en los mecanismos de control y protección de los derechos fundamentales dentro del proceso penal. Por esta razón, necesariamente se estudiará el contenido conceptual del derecho y la garantía fundamental al debido proceso, lo atinente a las nulidades y al sistema de control constitucional en el proceso penal. Rendimos un sincero homenaje al Prof Dr. h. c. multo Fernando Hinestrosa, quien durante su rectoría nos dio su apoyo incondicional en el proceso de elaboración de esta obra. A él expresamos nuestro sentimiento de gratitud. Jaime Bernal Cuéllar, Eduardo Montealegre Lynett
La libertad de expresión suscita un debate siempre abierto. Su importancia y constantes transformaciones empujan a que el interés sobre ella no decaiga pese al paso del tiempo. Este libro se ubica en el corazón de este debate, pues desarrolla el régimen jurídico que le corresponde a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los precedentes de la Corte Interamericana (ambos aplicables a básicamente toda América Latina), apoyándose también en los estándares derivados de otros órganos convencionales de los sistemas universal y europeo de derechos humanos y en la jurisprudencia de cortes locales de Latinoamérica.
El libro analiza su estatus iusfundamental (estructura, propiedades y dimensiones), contenido (incluidas algunas de sus posiciones jurídicas), aspectos básicos de sus restricciones, los fines por los que puede ser limitada (orden público, salud pública, seguridad nacional, etc.), la cuestión del discurso de odio y su régimen en América Latina, las garantías y su relación con la libre expresión (donde destaca el estatuto de responsabilidad de los intermediarios de Internet) y sus garantías primarias (ej., prohibición de censura o prohibición de discriminación basada en el contenido).
La creación en 1993 del Sistema Integral de Seguridad Social constituye un punto fundamental en el desarrollo de la seguridad social en Colombia y la base para su evolución.
La Ley 100 de 1993 creó el Subsistema de Riesgos Profesionales, hoy de Riesgos Laborales, introduciendo modificaciones estructurales de gran importancia en la organización y prestación de los servicios y beneficios derivados de la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Entonces se dio autorización para que el sector privado participara en el aseguramiento de los riesgos derivados del trabajo, dando continuidad a los progresos que presentaba el Instituto de Seguros Sociales (rss) en materia de aseguramiento de dichos riesgos, por lo que a esta institución se sumó un importante número de aseguradores privados.
Por otra parte, los sectores productivos, empleadores y trabajadores les han otorgado mayor importancia a la prevención y al aseguramiento frente a las posibles contingencias que se pueden presentar en el desarrollo del trabajo, que no solo afectan al individuo que las padece, sino la marcha y la productividad de las organizaciones empresariales.
Este libro es una edición póstuma y corresponde al resultado de un trabajo de investigación realizado por el profesor ALFREDO PUYANA SILVA, quien contó con una reconocida trayectoria en el estudio de los temas de derecho laboral y seguridad social en la Universidad Externado de Colombia.
Este documento tiene la virtud de introducir al lector en el contexto del actual Sistema. General de Seguridad Social y explicar en forma sencilla y completa el subsistema de pensiones, desde sus características hasta las modalidades de pensión, con un valor adicional, y es que dedica un aparte al estudio de los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, con lo cual el alcance del régimen de transición creado por dicha ley, aún vigente, es más fácil de comprender y aplicar.
Estamos seguros de que la lectura de este trabajo orientará a todos los operadores jurídicos, particularmente los estudiantes de derecho, en el estudio del tema pensional y despertará el interés por esta materia que se ha vuelto de particular actualidad y relevancia para los colombianos en general y para quienes de antaño se dedican al-estudio de los asuntos relacionados con el derecho y el mercado de trabajo.
