El autor se propone demostrar en este trabajo que la doctrina general del contrato, originada en el derecho privado, proporciona las bases para proveer una respuesta unitaria al tratamiento que debe dárseles a las situaciones de desequillbrio contractual sobreviniente, lo que permitirá superar el enfoque prevaleciente en la dogmática tradicional, que aboga por la división irreconciliable entre el derecho privado y el derecho público en esta materia.

Sostiene también que en el ordenamiento jurídico están disponibles las herramientas requeridas para lograr la prevalencia de la justicia en las relaciones contractuales ante alteraciones significativas del equilibrio concebido por las partes al celebrar el contrato por situaciones sobrevinientes no atribuibles a su conducta, con miras a mantener la armonia y proporcionalidad que debe estar presente ab initio en el intercambio prestacional, sin que por ello se dejen de lado la asunción por cada parte del alea ordinario a su cargo y los riesgos que, adecuadamente asignados, les corresponda soportar, en correspondencia con la retribución o ventaja que debe acompañar tal asignación.