La creación en 1993 del Sistema Integral de Seguridad Social constituye un punto fundamental en el desarrollo de la seguridad social en Colombia y la base para su evolución.
La Ley 100 de 1993 creó el Subsistema de Riesgos Profesionales, hoy de Riesgos Laborales, introduciendo modificaciones estructurales de gran importancia en la organización y prestación de los servicios y beneficios derivados de la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Entonces se dio autorización para que el sector privado participara en el aseguramiento de los riesgos derivados del trabajo, dando continuidad a los progresos que presentaba el Instituto de Seguros Sociales (rss) en materia de aseguramiento de dichos riesgos, por lo que a esta institución se sumó un importante número de aseguradores privados.
Por otra parte, los sectores productivos, empleadores y trabajadores les han otorgado mayor importancia a la prevención y al aseguramiento frente a las posibles contingencias que se pueden presentar en el desarrollo del trabajo, que no solo afectan al individuo que las padece, sino la marcha y la productividad de las organizaciones empresariales.
Este libro es una edición póstuma y corresponde al resultado de un trabajo de investigación realizado por el profesor ALFREDO PUYANA SILVA, quien contó con una reconocida trayectoria en el estudio de los temas de derecho laboral y seguridad social en la Universidad Externado de Colombia.
Este documento tiene la virtud de introducir al lector en el contexto del actual Sistema. General de Seguridad Social y explicar en forma sencilla y completa el subsistema de pensiones, desde sus características hasta las modalidades de pensión, con un valor adicional, y es que dedica un aparte al estudio de los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, con lo cual el alcance del régimen de transición creado por dicha ley, aún vigente, es más fácil de comprender y aplicar.
Estamos seguros de que la lectura de este trabajo orientará a todos los operadores jurídicos, particularmente los estudiantes de derecho, en el estudio del tema pensional y despertará el interés por esta materia que se ha vuelto de particular actualidad y relevancia para los colombianos en general y para quienes de antaño se dedican al-estudio de los asuntos relacionados con el derecho y el mercado de trabajo.
Este trabajo plantea que el margen de apreciación nacional no existe en el Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos (SIDH) y que este tampoco constituye un ámbito propicio para su desarrollo. Se trata de una investigación comparada que estudia el origen y consolidación del margen en el Sistema Europeo para evaluar su trasplante al continente americano. Bajo esa perspectiva, se identifican cinco razones que explican la incompatibilidad de la figura con el SIDH: la Corte Interamericana no inhibe ni renuncia a su capacidad de juzgar casos; la ausencia de consenso regional no ha constituido un obstáculo para la protección de los derechos; el sistema carece de las instituciones sólidas que presupone la aplicación del margen; el control de convencionalidad opera como una respuesta estructural del SIDH que le resta espacio a la figura; y su reconocimiento implicaría un riesgo real de retroceso en la protección de los derechos humanos en la región. A partir de ese diagnóstico, se propone el enfoque de deferencia como alternativa: un modelo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos modula la intensidad de su control según la calidad del debate deliberativo que precede a las medidas estatales y la confiabilidad del Estado como actor del sistema, sin renunciar a la supervisión internacional.
La fiducia mercantil inmobiliaria de proyectos de construcción en Colombia se puede analizar mediante la configuración de un sistema negocial que involucra el vínculo funcional de varios negocios jurídicos, unas relaciones interempresariales y el cumplimiento de una finalidad común. Y como consecuencia del surgimiento de dicho sistema se generan unas obligaciones negociales sistémicas a cargo de los fideicomitentes promotores/desarrolladores y la sociedad fiduciaria, a favor del beneficiario de área, relacionadas con unos comportamientos necesarios que se deben observar para el logro de la finalidad común del sistema, que consiste en el desarrollo y la conclusión de unas unidades inmobiliarias por enajenar, a favor de unos terceros interesados en su adquisición.Este trabajo académico es el resultado de la investigación realizada para el primer Congreso Internacional de Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia. Este libro constituye una pieza importante para el país, pues aborda la contratación de manera integral. En los primeros capítulos se estudia la historia y las tradiciones que fueron, y son aún, relevantes en la formación de nuestro derecho de la contratación estatal autóctono. Con una profunda comprensión de la historia de la contratación administrativa francesa y su recepción, la tradición inglesa, y la influencia de las organizaciones internacionales en Colombia, puede entenderse de mejor manera nuestro propio sistema. En los capítulos subsiguientes se tratan los temas más actuales en la materia: el ecosistema de las compras públicas, la compra pública innovadora, los procedimientos de selección como procedimientos administrativos, las alternativas a la licitación, los acuerdos marco de precios, propuestas de cláusulas claves para el éxito de los contratos, las nulidades contractuales como elemento convergente o sustantivo propio del derecho administrativo, los límites a la autonomía de la voluntad en materia de modificaciones, y la reparación sin daño en materia de contratación
El subsistema de seguridad social en salud. regulado en la Ley 100 de 1993, desarrollo del artículo 49 constitucional, modificó la forma como el Estado garantizará el acceso a los servicios de salud para todos los habitantes del territorio nacional. El mecanismo operativo es el aseguramiento del riesgo de la Salud, con lo cual la persona y su grupo familiar aseguran la prestación, médico-asistencia, que comprende la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento necesario, la rehabilitación, cuando se necesite y sea viable, y los servicios paliativos.
Las decisiones de la Corte Constitucional, junto con los tratados y pactos internacionales, han llevado al reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, como se consagra en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que junto con lo previsto en la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1435 de 2011, forma un estatuto del cual puede afirmarse se tiene un todo reglamentado, pero con protuberantes fallas en su aplicación, por cuanto las quejas sobre el servicio son cada día mayores.
Con esta publicación se busca organizar el material legislativo vigente hacia julio de 2017 para tener una visión de cómo se ha conformado el subsistema de seguridad social en salud, y en donde el lector puede ir estableciendo la brecha entre lo pretendido en la ley y la falla humana en la aplicación.
La legítima defensa constituye una de las instituciones irrenunciables de cualquier orden jurídico de libertades, por lo que ha sido estudiada en profundidad en los sistemas de los que se ha nutrido históricamente el derecho penal colombiano. En nuestro ámbito, sin embargo, son escasos los trabajos que se ocupan de los fundamentos teóricos y de los criterios y límites de aplicación de la legítima defensa, lo que ha repercutido de manera negativa en una praxis judicial poco profunda y no pocas veces confusa.
El denominador común de los textos que componen este volumen consiste precisamente en analizar, a la luz del ordenamiento penal colombiano, una serie de recientes casos prácticos relativamente complejos, en los cuales la discusión gira en torno al cumplimiento total o meramente parcial de los requisitos de la legítima defensa. De esta manera, se pretende avivar la discusión teórica en Colombia sobre este tema trascendental y, al esbozar las principales líneas argumentativas para dotar de contenido a los requisitos de la legítima defensa, prestarle un aporte a nuestra praxis jurídica que desafortunadamente se enfrenta a complejas situaciones de esta naturaleza prácticamente todos los días.
El Derecho penal está inmerso, desde hace décadas, en una tendencia expansiva. Hacia dentro del sistema, se crean nuevos delitos, se agravan las escalas penales, se flexibilizan las reglas de imputación y se relativizan garantías. Actualmente y hacia fuera, crecen las expresiones propias de una supuesta <> paralela: linchamientos, escraches, cultura de la cancelación, etc. Para hacer frente al fenómeno expansivo, es necesario recuperar el diálogo entre la dogmática jurídico-penal y el Poder Judicial, insistiendo en que la función social del académico radica en proporcionar nuevas herramientas que permitan a los jueces hacer mejor su trabajo: separar, de forma justa, los hechos punibles de aquellos que no son ni deben ser punibles.
No obstante, debe reconocerse también que la dogmática -entre otras cosas- no ha logrado sistematizar todo aquello que, una vez cometido el delito, afecta la posibilidad de ejercer (o la intensidad con que se ejerce) la facultad punitiva del Estado. En este campo trazan surcos las líneas de esta monografía: aquí se pretende aminorar esa deficiencia mediante la construcción y puesta a prueba de una teoría general de los equivalentes funcionales de la pena retributiva; esto es, un modelo que permite asignar, de forma sistemática y segura, consecuencias jurídicas a diferentes institutos del Derecho penal, estén o no contemplados en la contingente legislación moderna. Para la construcción del modelo y en el primer bloque de contenidos, se utilizan tres herramientas básicas. La primera, un sistema bipartito del hecho punible que, construido sobre la base de una teoría dualista de las normas, permite mantener lo sistemático de la teoría del delito a nivel de injusto culpable (antinormatividad) y, al mismo tiempo, proporcionar criterios nuevos en el campo del hecho punible (sancionabilidad). La segunda, adoptar una teoría retributivo-comunicativa de la pena en el marco una concepción del Derecho como praxis efectivamente practicada. La tercera, el método comparativo del funcionalismo de las equivalencias. Delineado el modelo, el bloque segundo pone a prueba su capacidad de rendimiento a través del análisis detallado de tres institutos clave: el desistimiento de la tentativa, la regularización tributaria y la atenuante de confesión.
Según la opinión de Jesús-María Silva Sánchez y Omar Palermo, directores de la investigación y prologuistas del libro, se trata de «la primera monografía -en cualquier lengua que tiene por objeto la elaboración de una teoría de los equivalentes funcionales de la pena»; «una gran obra de filosofía del Derecho penal y de dogmática de la teoría del delito» y, en definitiva, «un extraordinario libro de Derecho penal; aquí y allá; antes y ahora».
El objetivo del presente trabajo es analizar el instrumento de evaluación de riesgos PRISMA (Perfil de Riesgo de Reincidencia para Solicitud de Medida de Aseguramiento), implementado por la Fiscalía General de la Nación en el año 2019. Con este propósito, en primer lugar, se estudia la regulación de las medidas cautelares del procedimiento penal en Colombia y se revisan los problemas prácticos de la utilización generalizada de la detención; posteriormente, se hace mención del modelo de servicios de antelación al juicio desarrollado en países de tendencia anglosajona, como principal antecedente; y, por último, se referencian el funcionamiento y los objetivos del instrumento, se valora críticamente su diseño y se proponen algunas modificaciones.
Las transformaciones tecnológicas, sociales, económicas y políticas han hecho que el derecho de la competencia sea hoy una de las herramientas más importantes para garantizar la economía social, la libertad y permanencia de los operadores económicos en el mercado, la eficiencia económica y el bienestar del consumidor. Más reciente, controversial e interesantes resulta la posición según la cual el derecho de la competencia debe propender igualmente por la equidad y la justica en las relaciones de poder y, en esa medida, debe ser claramente un instrumento no solo de intervención en la economía sino de política social.
El derecho de la competencia enfrenta a día de hoy retos a todo nivel, desde la generación de un sistema de prohibiciones y excepciones coherente, pasando por la revisión de ciertas conductas prohibidas, el rol que juegan estas normas como mecanismos de lucha contra la corrupción y su injerencia en el manejo y protección de datos personales, al igual que su utilidad frente a los nuevos desarrollos tecnológicos, hasta llegar a temas como la abogacía de la competencia -en cuanto mecanismo para evitar la indebida intervención del Estado en los mercados- y los fines que deben cumplir las autoridades de regulación y competencia. Todos estos tópicos se abarcan en este libro fruto del esfuerzo de numerosos expertos e investigadores cuyo examen se pone al servicio de una mayor difusión y desarrollo de la materia en nuestro país.
La obra Estudios de responsabilidad civil pretende mostrar al lector diferentes escenarios de la responsabilidad civil, analizando en cada uno de los capítulos las consecuencias que generan los daños causados en la actividad transportadora, especialmente en el campo del transporte aéreo y del transporte multimodal, los daños ambientales y los daños que resultan de la prestación de los servicios de salud, recogiendo las tendencias modernas del derecho de la responsabilidad sobre la aplicación de la teoría del riesgo y la crisis de la teoría de la culpa.
Esta obra colectiva es el resultado de un proyecto investigativo que nació con el propósito de rendir homenaje al profesor emérito Andrés Eloy Ordóñez Ordóñez, quien contribuyó significativamente al estudio riguroso del derecho de seguros en Colombia y en el exterior. El legado del profesor Ordóñez trasciende la academia, en la cual es reconocido como uno de los doctrinantes más influyentes del derecho de seguros, y el sector asegurador, donde el ejercicio activo de la abogacía le permitió participar en los asuntos que marcaron la evolución del derecho de seguros en el país.
En los trece trabajos que se presentan aquí se abordan diferentes temáticas que contribuirán al análisis y estudio de los problemas que en la actualidad enfrenta el derecho de seguros: la reciente jurisprudencia constitucional sobre el régimen de declaración del estado del riesgo; antecedentes del contrato de seguros; responsabilidad en materia ambiental y el seguro de responsabilidad; seguros en el transporte de mercancías y su logística; ley aplicable al fondo de la disputa en el arbitramento internacional; el seguro de cumplimiento en Colombia; el litisconsorcio en la acción directa del seguro de responsabilidad civil; incidencia de los seguros en los procesos de responsabilidad fiscal; introducción a la banca-seguros en el derecho colombiano; aspectos internacionales del contrato de seguro; el principio de indemnización en el contrato de reaseguro; la necesidad de reforma del título V del libro IV del Código de Comercio y el arbitraje de seguros y reaseguros.
Kindháuser articula un sistema de imputación penal que descansa sobre dos ideas fundamentales: en primer lugar, la atribución de responsabilidad penal ha de ser comprendida como la reconstrucción discursiva de una defraudación de la expectativa de fidelidad al Derecho depositada en la persona destinataria de una norma penal y, en segundo lugar, el juicio de reproche penal se formula en contra de la persona autora del delito por haber realizado el comportamiento contrario a Derecho, pese a haber podido comportarse intencionalmente con-forme a Derecho.
Con el fin de brindar una visión integral a las premisas fundamentales de la obra de Kindháuser, este libro compila un conjunto de sus estudios más representativos referidos a la Parte general del Derecho penal. De este modo, se podrán encontrar los lineamientos de su teoría del delito que busca clarificar, desde el punto de vista de una teoría analítica de las normas y de la acción, el sistema de reglas jurídico penales.
