Tatiana Sánchez BarriosCompiladora
Código Sustantivo del TrabajoDecretos 2663 y 3743 de 1950Ley 141 de 1961 y normas modificatorias, complementarias y reglamentarias
Contiene:REFORMA LABORAL LEY 2466 DE 2025
Ley 2528 de 2025 – Aprueba el «Convenio Sobre la Violencia y el Acoso No. 190» adoptado por la 108ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, el 21 de junio de 2019
CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y LA LEY 2466 DE 2025
Nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad SocialLey 2452 de 2025
CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA LEY 2452 DE 2025
12.ª edición
LijursánchezEditorial Jurídica Sánchez R. S.A.S.
No deja de sorprender que un derecho de tanta trascendencia como el de petición, solo haya merecida unas cuantas reflexiones en los manuales de derecho constitucional y de derecho administrativo colombiano, que la mayoría de las veces se limitan a realizar una superficial exégesis de las normas que lo regulan. Por el contrario, en la presente obra, a lo largo de 16 capítulos se examinan la historia y la naturaleza del derecho de petición; las autoridades y las organizaciones privadas como sujetos pasivos del mismo; los sujetos activos de ese derecho; los requisitos formales y sustanciales de la petición; la tipología de las peticiones; el plazo de respuesta y su alteración; los requisitos que esta debe cumplir para que satisfaga las exigencias constitucionales y legales; la reserva de información; la forma de llevar a cabo la notificación, comunicación y publicación de la respuesta; los recursos procedentes en contra de esta; el recurso de la insistencia y la acción de tutela, como mecanismos judiciales encaminados a la protección de ese derecho y, finalmente , el derecho de petición en el sector de los servicios públicos domiciliarios.
En la actualidad, la fuerza vinculante del precedente se reconoce, no solo en los ordenamientos que hacen parte de la familia del common law donde tradicionalmente se ha admitido, sino además en ciertos sectores de la familia continental, en la cual se ubica el sistema jurídico colombiano. Como expresión de esta circunstancia, la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso-administrativo (CPACA), establece que las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado y los precedentes administrativos de las autoridades, gozan de fuerza vinculante, permitiendo predicar su carácter de fuentes del derecho administrativo.Pues bien, este libro analiza las incidencias hermenéuticas y democráticas de dicho modelo, indagando si el otorgamiento de fuerza vinculante a las sentencias de unificación jurisprudencial y a los precedentes administrativos «altera» el orden de las fuentes del derecho administrativo. A partir de lo anterior, se cuestionan las posibilidades reales y teóricas de efectividad, en los tiempos que corren, de un sistema de sujeción al precedente, que permita lograr la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho administrativo. Por ello, de manera alternativa, se muestran as ventajas de un sistema flexible y persuasivo de vinculación a los precedentes, que , en principio, solo otorguen a estos la naturaleza de argumentos útiles para los jueces y autoridades, e el escenarios de la justificación racional de las decisiones.
Mi sensibilidad por la regulación, en términos de teoría del derecho, está sucintamente expresada en dos textos de mi autoría: En Público y Privado: las transformaciones del Derecho, del Estado y de la Empresa1, y en Los Servicios Semipúblicos Domiciliarios2, en los cuales esbocé algunos problemas relacionados con el tema. Claro está que en el segundo libro abordé con detalle mi perspectiva de lo que es la regulación –capítulo XI-, en sentido estrictamente jurídico, pero en el primer texto formulé algunas ideas de tipo teórico-dogmático –en términos de legitimidad del poder- que ponen en cuestión la posibilidad que tiene la regulación, y con mayor razón la autorregulación, de convertirse en una alternativa para la creación de derecho positivo. En este sentido, indicaba que la incidencia del mercado sobre la estructura estatal moderna no solo afecta la forma del Estado y su aspecto externo, sino que interesaba considerar la manera como la producción normativa, antaño alcázar de la soberanía estatal, también sufre una importante transformación, o por lo menos se percibe un proceso desestabilizador en este sentido.
El presente libro se pregunta por la necesidad de un juez especial, encargado del control de legalidad de los órganos públicos y de los particulares que ejercen funciones propias del Estado, en el marco del denominado «sistema de dualidad de jurisdicciones», así como por su contribución al fortalecimiento de la democracia y a la configuración de los elementos que integran la cláusula de Estado de derecho.
El motivo que explica la preocupación por este asunto radica, fundamentalmente, en dos circunstancias: (i) en la intención de desentrañar los principios, al interior de la teoría del Estado de derecho y de la democracia, que inspiran la existencia de una jurisdicción contencioso-administrativa, y (ii) en la necesidad de indagar acerca del fundamento jurídico-político de un juez especial, independiente de la jurisdicción ordinaria, encargado del control de los órganos del poder, en medio de las discusiones actualmente suscitadas, en las que resaltan posiciones afines a la idea del juicio ordinario de los temas públicos, es decir, ejercido por la jurisdicción común, como sucede en el contexto anglosajón.
Colección: Derecho Administrativo Nº 5Con el propósito de examinar el principio de legalidad en las realidades de hoy y su perspectiva hacia el futuro, el autor desarrolla su estudio a partir de una aproximación conceptual al Estado de derecho y de qué manera el principio de legalidad ha evolucionado a la par que se han ampliado las fuentes formales del derecho, para desembocar en un profundo análisis de las nuevas fuentes de legalidad, particularmente el derecho positivo supranacional, la regulación, la desregulación y la autorregulación, desde las que expone en el último capítulo sus consideraciones sobre los horizontes del principio de legalidad que, a manera de conclusión, sintetiza en la contradicción entre la razón jurídico-político-moral y la razón científico-técnico- económica, que es justamente a la que apunta la nueva legalidad, más interesada en la riqueza que en los valores y principios propios del humanismo.
Construida esa nueva legalidad sobre el desprestigio de la política, que «representa la reflexión sobre el bien común», la imagen del consumidor, del usuario de bienes y servicios se fortalece frente a un ciudadano disminuido; los valores sociales son aplastados por el capitalismo; los principios ceden ante la eficacia del sistema. De esta manera, se logra «situar la riqueza y la eficiencia en la escala de valores más alta de la sociedad, en lugar de la defensa de los derechos y la vida digna».
"Colombia 4.0: retos y perspectivas sobre el desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial", más allá de brindar conclusiones definitivas, es un esfuerzo investigativo que parte de una cuidadosa revisión documental e invita a los lectores a aproximarse, desde las ciencias sociales y humanas, a las problemáticas que aquí se exponen, las cuales requieren ser abordadas con una visión anticipativa, prospectiva, holística y multidisciplinar. Este libro se presenta como un insumo que busca inquietar a la academia, a los sectores público y privado, a la comunidad internacional y a la sociedad civil en general. Así, esta obra se construye para alimentar el acervo literario y la construcción de políticas públicas y normatividad moderna, flexible y ágil, permitiendo reducir los riesgos asociados a las Industrias 4.0 y maximizando sus beneficios para toda la población colombiana.
Han pasado 12 años dedicados al estudio del derecho internacional privado, para cumplir con la cátedra que dicto en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta. Me gustó el tema y me gustará con el mayor ahínco investigativo, por cuanto en nuestra profesión este derecho tiene aplicación diversa con muchas prerrogativas para los litigantes y jueces, con una mayor proporción a los que lleguen a ocupar un cargo en la Cancillería o cualquier embajada, para defender los intereses patrios con loable interés jurídico y profundos estudios históricos del derecho internacional público. Con la mayor impuesta a estos comentarios, me incentivo también a escribir las conferencias de contratos innominados y atípicos, por cuanto no son las migraciones el factor preponderante a su aplicación en el derecho internacional privado, sino que intercede la globalización del derecho, los sistemas de la web y toda gama de contrato que han dado crecimiento inusitado para que las facultades o escuelas de derecho introduzcan esta materia, que como jueces o litigantes, tendrá una aplicación constitucional en el artículo 229 de nuestra Carta.
El presente libro está dirigido a quienes deseen ejercer algún día en la prestigiada pero exigente especialidad del litigio. El autor indica que en esta carrera no hay atajos: una buena formación profesional del abogado litigante supone conocimientos y experiencia adquiridos en el aula, en el despacho de un abogado en ejercicio y en los tribunales, pero más que nada mucho esfuerzo y tesón para aprender por sí solo lo que ninguna escuela o persona puede enseñarle.
Drama; proceso penal; proceso civil; proceso (juez); proceso (parte); proceso (prueba); proceso (razón); proceso contradictorio; proceso (introducción); proceso (instrucción); proceso (discusión); proceso (decisión); proceso (ejecución); proceso (impugnación); balance
Han transcurrido seis años desde la primera edición de esta obra y veinte de haber presentado la última edición de los tomos i a iv del Tratado de Derecho Administrativo, acrecentado en el 2017 con el tomo v sobre derecho de víctimas y responsabilidad del Estado, sea esta, en consecuencia, la oportunidad de dar un paso adicional en la labor de consolidación de la doctrina del derecho administrativo de mi patria de la mano de las grandes y cambiantes concepciones del derecho público que lo impactan inexorablemente. En esta ocasión he procurado actualizar sus contenidos de cara, no solo, a las novedosas y profundas teorías jurídicas y políticas que se han surgido en los últimos años, sino también, a los incesantes cambios legislativos, y a la creciente labor de los jueces y tribunales nacionales e internacionales que enriquecen permanentemente con sus precedentes el derecho aplicable a quienes ejercen la función pública administrativa bajo el amparo del Estado constitucional.
Se detienen a estudiar los derechos de las personas y los medios jurídicos para protegerlos, entre ellos el derecho a la vida y a la integridad personal, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, las distintas modalidades del derecho a la libertad, la libertad de enseñanza, de expresión e información, de conciencia y culto, de reunión y de asociación; los derechos sociales como el del trabajo y el de huelga; los derechos colectivos y del ambiente. En este libro se plasman las distintas acciones constitucionales para proteger estos derechos y, especialmente la famosa acción de tutela, las acciones populares, de grupo, las de cumplimiento y la responsabilidad patrimonial del Estado.
