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Este texto lo he titulado “Manual práctico de derecho penal general”, porque eso es lo que pretende, ser un manual, explicar con lenguaje sencillo la dogmática del derecho penal.  No pretende ser un tratado, tampoco el crear nuevas teorías del derecho penal solo busca invitar al lector a darse la oportunidad de adentrarse en los caminos de esta rama del derecho. La motivación para la construcción de esta compilación sencilla, fue la sugerencia de estudiantes de Derecho que me pidieron que lo desarrollado en clase se estructurara en un trabajo como este. La obra está estructurada en siete capítulos, en donde se hace un análisis del por qué del derecho penal,  la reseña del derecho penal en Colombia. Luego en el capítulo dos se desarrollan los principios rectores y su armonía con la Constitución Política. Posteriormente en el capítulo tres se desarrolla el estudio de la conducta punible. En los capítulos cuatro, cinco y seis se estudia la estructura tripartita de la conducta punible, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, para terminar abordando en el capítulo siete la punibilidad y las consecuencias civiles de la conducta antijurídica.

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Los autores del texto que se prologa han emprendido una tarea trascendental que consiste  en retomar instituciones puras de la teoría, plantearlas en palabras sencillas, acercarlas a  los que a diario las requerimos y refrescar nuestras memorias, exigiendo un alto en el  camino. Es un llamado a la cordura, uno que refresque la necesidad de comprender  primero y de usar después las instituciones de la teoría general en el proceso judicial  diario. Y no han comenzado con instituciones sencillas, sino que han dedicado sus  esfuerzos a la presentación en forma diáfana de recalcitrantes voces de alcurnia procesal  alambicada: los tres tipos de litisconsorcios, los conceptos de partes procesales y partes  sustanciales, la legitimación en la causa y el interés para obrar, concluyendo con el  exquisito, pero complejo capítulo de las formas de intervención de terceros.    Andrés Prieto Quintero 

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Tanto en el derecho público como en el privado se discute sobre la  existencia y los límites del unilateralismo en materia contractual. En  relación con el incumplimiento, algunos contratos típicos del Código Civil y  del Código de Comercio incorporan la facultad de terminación unilateral  como un elemento de la naturaleza. No obstante, la dificultad surge al  pactarla como elemento accidental fuera de los casos donde la  terminación está prevista legalmente.     En el derecho privado, pese a que la acción resolutoria tácita de los  artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código de Comercio requiere    pronunciamiento judicial, un sector de la doctrina y la jurisprudencia  estiman que la facultad de pactar la terminación unilateral por  incumplimiento se ajusta a la autonomía de la voluntad. En el derecho  público, el problema se traslada a los contratos estatales, especialmente  cuando las normas civiles y comerciales hacen parte del régimen jurídico  de las entidades sometidas al EGCAP –arts. 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993–  y de las de régimen exceptuado –art. 13 de la Ley 1150 de 2007–.      Considerando el alcance del principio de legalidad, este libro analiza si las  entidades públicas pueden autoatribuirse la potestad de pronunciarse  motu propio sobre el incumplimiento de las obligaciones. En este  contexto, desde la teoría y la praxis, constituye un esfuerzo académico por  delimitar el alcance de la terminación unilateral por incumplimiento en el  desafiante campo de la contratación estatal. 

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Esta obra tiene un sentido práctico sobre uno de los elementos esenciales a todo grupo social, en especial, cuando se busca delimitar los comportamientos de la comunidad. El derecho procesal general los «procedimientos», es producto de una pregunta que surge ante el derecho natural, hoy llamado positivo. Evidentemente, el derecho sustancial o connatural o tendría eficacia al ejecutarlo si no existiera el modo adecuado para exigirlo dentro de esta comunidad gregaria. De este fenómeno surge los conflictos y para tener soluciones distintas a imposiciones del más fuerte, el liderazgo del hombre, reconocido por toda la comunidad, fue llamado por los romanos juris-dictio.Sin la jurisdicción y sus cinco poderes de novio, vocativo,coertio, iudiium y ejecutio hubiese sido vana la solución de los conflictos. En las circunstancias romanísticas, solo hasta el derecho canónico, se vislumbra los «procedimientos» y el libro de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, hace un aparte a los mismos. Por lo tanto, es España quien enarbola por primera vez el Código en Enjuiciamiento Civil español, aunque a principio del Siglo XIX, hacen prominencia Savigny, Mutter, Chiovenda, Capelletti, Carnelutti y otros.Esta obra tiene un sentido práctico sobre uno de los elementos esenciales a todo grupo social, en especial, cuando se busca delimitar los comportamientos de la comunidad…  

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Si en la propiedad horizontal residencial hay múltiples escollos de convivencia, en la copropiedad donde convergen comerciantes y actividades liberales, así se predique que es una persona sin ánimo de lucro, la esencia mercantilista y la obtención de ingresos de los propietarios guía sus movimientos. Comparte con la propiedad horizontal residencial la desidia de los copropietarios por el interés normativo, apatía que facilita la desviación de los principios orientadores plasmados en el artículo 2° de la ley base de este lejos de lo que imaginaron los legisladores al concebir la Ley 675 de 2001, los centros comerciales como modalidad de propiedad horizontal, son empresas multimillonarias convertidos en nódulos sociales y urbanos que desplazaron los parques de barrios de su rol de espacios de encuentro, aglomerando personas de múltiple estrato socio económico, integrando el comercio con diversión y alimentos, tendencia que sin duda se extiende hacia el hospedaje y la vivienda, lo que obligar a legislar para abordar la mixtura, según predomine o no la actividad mercantil.        Desde los casos civiles hasta los procesos penales, desde el fraude corporativo hasta la localización de personas, el investigador privado moderno debe dominar no solo el arte de observar, sino también la ciencia de interpretar, analizar y documentar. Esta obra revela el verdadero valor del investigador como puente entre la verdad y el derecho, resaltando su impacto en los sistemas judiciales a nivel global. Un viaje que honra la labor silenciosa pero trascendental de quienes hacen de la verdad su causa, de la discreción su virtud y de la justicia su destino.

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Compilación normativa y jurisprudencialLey 80 de 1993, contiene las leyes y decretos vigentes modificatorias y reglamentarias del estatutoContiene modificaciones de: Ley 2080 de 2021, Ley 2069 de 2020, Ley 2040 de 2020,  Ley 2014 de 2019, Ley 1150 de 2007 Decretos de Emergencia Económica, Social y Ecológica relacionados con la Contratación Pública Jurisprudencia – Conceptos – Doctrina

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LEY 906 DE 2004Desde la configuración constitucional del sistema penal acusatorio, Acto Legislativo(A.L.) 03 de 2002, se vislumbraba con toda claridad que uno de los principales cambios del proceso consistiría en que la «prueba» para dictar sentencia cambiaba de escenario, es decir, no «permanecía» o se recaudaba en la investigación, sino que ésta tenía que incorporarse y practicarse, dentro del juicio oral, de una manera concentrada, pública, oral, contradictoria, con inmediación- tanto en la formación, aducción y práctica- en presencia del Juez y de las partes.Lo anterior quiere decir que las pruebas, de cara a la nueva estructura procesal (Ley 906 de 2004), están regidas y condicionadas por unos principios constitucionales que le dan contenido y determinan su validez, por lo que no se trata de una retórica abstracta, sino que esos postulados diseñan el nuevo paradigma probatorio constitucional del proceso.

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«El sistema de procesamiento criminal establecido en Colombia mediante la ley 906 del 2004, con las consiguientes reformas, ley 1142 de 2006 y la 1453 de 2011, incorpora una nueva forma o sistema de debate y de demostración de las postulaciones de las partes.Al tratarse de un sistema que desarrolla toda su estructura, o casi toda, a través de la oralidad, es imperativo para las partes e intervinientes un conocimiento concreto y profundo de las destrezas necesarias para poder entregar al juez con claridad y en forma ordenada y entendible sus posiciones en torno a los diferentes aspectos que en cada audiencia se confrontan».«El sistema de procesamiento criminal establecido en Colombia mediante la ley 906 del 2004, con las consiguientes reformas, ley 1142 de 2006 y la 1453 de 2011, incorpora una nueva forma o sistema de debate y de demostración de las postulaciones de las partes.Al tratarse de un sistema que desarrolla toda su estructura, o casi toda, a través de la oralidad, es imperativo para las partes e intervinientes un conocimiento concreto y profundo de las destrezas necesarias para poder entregar al juez con claridad y en forma ordenada y entendible sus posiciones en torno a los diferentes aspectos que en cada audiencia se confrontan».

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