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En el año 2017 el Tribunal Superior de Medellín, en asocio de otras entidades públicas y privadas, organizó las Jornadas Interinstitucionales de Derecho Procesal Penal y fruto de las mismas se publicó la obra “Derecho Procesal Penal, Cuestiones Fundamentales”, que es el compendio de las ponencias de los 23 conferencistas que participaron el evento, el cual tuvo lugar en la Universidad de Medellín pero que, además, se transmitió vía virtual a ocho Tribunales del país. De ello han pasado 5 años y después de estos extraños tiempos de pandemia, esta Corporación Judicial retomó la idea y nuevamente con la colaboración de diversos sectores, especialmente de la Universidad de Medellín, que se ha convertido en la casa oficial del evento, se organizó, ahora, las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal, realizadas entre el 3 de agosto y el 24 de noviembre del año 2022 con la participación de 20 países, entre los cuales se cuentan Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

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«Con el propósito de aportarle a la comunidad jurídica una herramienta que permita la consulta fácil y completa de las providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentamos a nuestros lectores el primer Tomo de la Jurisprudencia Temática, dedicado a los Delitos contra la Administración Pública. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. considera importante empezar esta nueva serie de publicaciones justamente con los delitos relacionados con la corrupción como una contribución, desde el conocimiento jurídico, a la lucha que debe concentrar los mayores esfuerzos del poder judicial y de la ciudadanía en el entendido de que ese flagelo no solo afecta el adecuado funcionamiento del Estado, sino que vulnera los derechos de toda la población y constituye una grave violación de los derechos humanos. Desde luego, no basta el conocimiento de la ley y la interpretación que de ella hace nuestro máximo órgano de justicia penal ordinaria, como que es indispensable un poder judicial independiente, probo y fuerte, que pueda enfrentar con solvencia ética la gran criminalidad que ha desviado la protección y promoción de intereses generales que le compete al Estado hacia la satisfacción de ambiciones egoístas de quienes, además tradicionalmente han gozado de amplia impunidad: la impunidad del poder».

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Muchas personas se han limitado a cumplir el rol de estar vivos en un mundo deprimido, triste y sórdido, es más fácil hacer el quite a la realidad que enfrentarla. Temas como, la destrucción, la tristeza, la impotencia, la rabia, entre otros, están presentes en este libro, hay una especie de desahogo intelectual, vivencial y exponencial de los diversos aspectos de la sociedad, la política y el diario vivir que se dejan ver en los coautores, hay una inmensa sensatez de la miseria humana por la que estamos atravesando, esto puede generar en el lector una especie de amargura, pero tampoco quiero hacer una interpretación equivocada sobre el contenido, por mi percepción. El texto los llevará a remembrar un poco la historia, la cotidianidad de una esquina, lo que sucede en el supermercado, lo que se vive en un metro, los diálogos de un mero deporte; también serán testigos de un encuentro de farmacia, donde se entreteje la miseria de los hilos del poder a costillas de la sociedad, hemos sido testigos de políticas que han llevado a la destrucción de comunidades enteras, generando dolor y sufrimiento a los seres humanos que las habitan. Es así como en sus inmensas profundidades de lo cotidiano y simple, el coautor, abogado, profesor, maestro y amigo del alma, José Abad Zuleta Cano, recrea algunas de sus angustias, sus frustraciones y sus iras, entre línea y línea para desahogar lo que en su alma (él no cree en el alma) permanece latente… Otros de los escritos son mis flagelos plasmados entre mis lágrimas y risas, esa mezcla de locura y cordura que humanamente debemos conservar, leernos no es un reto, es más una invitación a salir del ostracismo personal e identificarse con alguno de los escritos. También es válida la crítica, la risa, y expresar que los coautores solo quieren un desahogo profundo, liviano, efímero, tonto o como usted lo quiera expresar, pero es eso mismo lo que buscamos, que usted no se quede ensimismado y pueda expresar lo que sienta al leernos. Hilda Rosa del Valle Puerta

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En un mundo cada vez más interconectado y marcado por la rápida evolución de las tecnologías disruptivas, el Derecho Internacional Público se encuentra en un constante proceso de adaptación y redefinición. Este libro, es una obra que aborda de manera profunda y perspicaz este apasionante entrelazamiento entre el derecho y la tecnología, ofreciendo una mirada crítica y esclarecedora sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la era digital y la realidad de los conflictos en la actualidad. La obra, meticulosamente elaborada por expertos juristas internacionales y académicos de renombre de España, México, Ecuador y Colombia, trasciende las fronteras convencionales de la disciplina legal.  Los autores analizan cómo los conflictos y estas tecnologías, están transformando las relaciones entre Estados, organismos internacionales y actores no estatales, y cómo están dando forma a cuestiones cruciales como la privacidad, los DDHH, el DIH, la seguridad nacional y la responsabilidad internacional. A lo largo de estas páginas, el lector encontrará debates apasionantes sobre empresas militares de seguridad privada, implantes robóticos, desaparecidos, conflictos armados, inteligencia artificial, justicia transicional, trabajadores, paraísos fiscales, amenazas hibridas, planes de campaña, minería ilegal, derecho de la guerra y Justicia Restaurativa.  Finalmente, quisiéramos presentar un saludo de agradecimiento a todos los autores y aliados académicos, como la Academia Colombiana de Derecho Internacional ACCOLDI, la Universidad de La Laguna en España y la Universidad UNIANDES de Ecuador. Asimismo, al Instituto Berg, a nuestra Policía Nacional y a la Escuela Superior de Guerra,  por sumarse a este proyecto sin precedentes, no solamente en el Departamento Jurídico integral, sino también, para el Ejército Nacional de Colombia.

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Para la Confederación Colombiana de Consumidores, la Asociación de Consumidores de Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la ACM, es un placer manifestar nuestro sentimiento de aprecio, estimación y dolor, en el marco académico internacional que rinde merecido homenaje a nuestro querido amigo, compañero, líder, padre, consultor, defensor de los derechos humanos y dirigente social, DON ANSELMIRO DE JESÚS BAÑOL SÁNCHEZ, cuyo legado y banderas se asumen  al interior del movimiento de los consumidores de Antioquia y Colombia, por ser un trabajo continuo y exitoso de más de cuarenta años dedicado a elevar el grado de conciencia comunitaria del país.

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No deja de sorprender que un derecho de tanta trascendencia como el de petición, solo haya merecida unas cuantas reflexiones en los manuales de derecho constitucional y de derecho administrativo colombiano, que la mayoría de las veces se limitan a realizar una superficial exégesis de las normas que lo regulan. Por el contrario, en la presente obra, a lo largo de 16 capítulos se examinan la historia y la naturaleza del derecho de petición; las autoridades y las organizaciones privadas como sujetos pasivos del mismo; los sujetos activos de ese derecho; los requisitos formales y sustanciales de la petición; la tipología de las peticiones; el plazo de respuesta y su alteración; los requisitos que esta debe cumplir para que satisfaga las exigencias constitucionales y legales; la reserva de información; la forma de llevar a cabo la notificación, comunicación y publicación de la respuesta; los recursos procedentes en contra de esta; el recurso de la insistencia y la acción de tutela, como mecanismos judiciales encaminados a la protección de ese derecho y, finalmente , el derecho de petición en el sector de los servicios públicos domiciliarios.

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En la actualidad, la fuerza vinculante del precedente se reconoce, no solo en los ordenamientos que hacen parte de la familia del common law donde tradicionalmente se ha admitido, sino además en ciertos sectores de la familia continental, en la cual se ubica el sistema jurídico colombiano. Como expresión de esta circunstancia, la ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso-administrativo (CPACA), establece que las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado y los precedentes administrativos de las autoridades, gozan de fuerza vinculante, permitiendo predicar su carácter de fuentes del derecho administrativo.Pues bien, este libro analiza las incidencias hermenéuticas y democráticas de dicho modelo, indagando si el otorgamiento de fuerza vinculante a las sentencias de unificación jurisprudencial y a los precedentes administrativos «altera» el orden de las fuentes del derecho administrativo. A partir de lo anterior, se cuestionan las posibilidades reales y teóricas de efectividad, en los tiempos que corren, de un sistema de sujeción al precedente, que permita lograr la uniformidad en la interpretación y aplicación del derecho administrativo. Por ello, de manera alternativa, se muestran as ventajas de un sistema flexible y persuasivo de vinculación a los precedentes, que , en principio, solo otorguen a estos la naturaleza de argumentos útiles para los jueces y autoridades, e el escenarios de la justificación racional de las decisiones.

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En el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.En desarrollo de la actividad ministrativa se apela inexorablemente a la contratación pública como un instrumento para el cumplimiento de los fines del Estado, en especial para la satisfacción del interés general, es así como el procedimiento administrativo contractual están inmersas actuaciones, tales como el acto de adjudicación y el contrato mismo, de los cuales deontológicamente se pregona, en el presente texto, ser demandados por cualquier persona sin necesidad de la acreditación de un interés directo lo anterior porque el contrato público, al igual que todos sus componentes previos y posteriores constituye un proceder Sublime que involucra a todos los ciudadanosEn el proceder general del Estado, se avistan dos cometidos en el ejercicio de la actividad administrativa, de un lado se cuenta con los actos de poder, y de otro, con los actos de gestión siendo los primeros los relacionados con la investidura institucional de autoridad; mientras los segundos son ligados a la prestación de los servicios públicos.

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El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa».

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El derecho de daños, cualquiera que sea el tipo de responsabilidad jurídica que se aborde, sufre una profunda crisis en la medida en que su contenido no ha logrado ser especificado y delimitado de manera precisa ni por el legislador ni en la jurisprudencia. Con mayor razón, en materia administrativa, donde el reproche se enfoca desde categorías abiertas y abstractas (los títulos de imputación) que han hecho que el subjetivismo judicial sea el eje del sistema. Por esa razón, ya en el título de la obra puede evidenciarse su filosofía y alcance. Se trata de la reconstrucción conceptual de las instituciones sobre las que se erige la responsabilidad extracontractual del Estado y su procesamiento en la jurisdicción, lo que ya resulta ser una tarea de grandes dimensiones, pero además con la sustentación de cuál ha de ser, en cada caso, la teoría correctora de esa indeterminación la que se traduce en los propios hitos del sistema jurídico como lo son los derechos humanos, las cláusulas fundamentales de la Constitución Política y las normas sustanciales que regulan las relaciones entre los particulares y la administración que es por lo que en un solo término se ha denominado «teoría normativa»

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El presente libro se pregunta por la necesidad de un juez especial, encargado del control de legalidad de los órganos públicos y de los particulares que ejercen funciones propias del Estado, en el marco del denominado «sistema de dualidad de jurisdicciones», así como por su contribución al fortalecimiento de la democracia y a la configuración de los elementos que integran la cláusula de Estado de derecho. El motivo que explica la preocupación por este asunto radica, fundamentalmente, en dos circunstancias: (i) en la intención de desentrañar los principios, al interior de la teoría del Estado de derecho y de la democracia, que inspiran la existencia de una jurisdicción contencioso-administrativa, y (ii) en la necesidad de indagar acerca del fundamento jurídico-político de un juez especial, independiente de la jurisdicción ordinaria, encargado del control de los órganos del poder, en medio de las discusiones actualmente suscitadas, en las que resaltan posiciones afines a la idea del juicio ordinario de los temas públicos, es decir, ejercido por la jurisdicción común, como sucede en el contexto anglosajón.

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Mi sensibilidad por la regulación, en términos de teoría del derecho, está sucintamente expresada en dos textos de mi autoría: En Público y Privado: las transformaciones del Derecho, del Estado y de la Empresa1, y en Los Servicios Semipúblicos Domiciliarios2, en los cuales esbocé algunos problemas relacionados con el tema. Claro está que en el segundo libro abordé con detalle mi perspectiva de lo que es la regulación –capítulo XI-, en sentido estrictamente jurídico, pero en el primer texto formulé algunas ideas de tipo teórico-dogmático –en términos de legitimidad del poder- que ponen en cuestión la posibilidad que tiene la regulación, y con mayor razón la autorregulación, de convertirse en una alternativa para la creación de derecho positivo. En este sentido, indicaba que la incidencia del mercado sobre la estructura estatal moderna no solo afecta la forma del Estado y su aspecto externo, sino que interesaba considerar la manera como la producción normativa, antaño alcázar de la soberanía estatal, también sufre una importante transformación, o por lo menos se percibe un proceso desestabilizador en este sentido.

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