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Podríamos decir que desde el Código Judicial contenido en la Ley 105 de 1931, que determinaba la manera en que se adelantaban entre nosotros los procedimientos judiciales, pasando por las diferentes normativas especiales, como ocurre con el Código de Procedimiento Penal de 1938 y de 1971, el Código de Procedimiento Civil, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procedimientos y trámites, era realmente muy poco.  Esta revolución tecnológica se presenta, en nuestro sentir, en tres momentos, marcados por los cambios normativos, y por supuesto, el avance de las tic.  En un primer momento aparece una nueva normativa que viabiliza y propende por una sucesiva implementación de las tic en los procesos judiciales. La Constitución Política de 1991 y la consecuente expedición de la Ley 270 de 1996, desarrollan el derecho fundamental a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, y, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia formula la idea de avanzar en la implementación de la tecnología en el servicio público esencial de la Justicia.  Ya para entonces, para los años 90, los Despachos Judiciales de nuestro país comenzaban a dejar atrás las máquinas de escribir que eran parte del paisaje de los Juzgados y pasaban a los computadores y las impresoras. Incluso, en algunos Despachos se permitió el envío de documentos vía fax, aun cuando la radicación y el archivo de documentos siguió siendo la costumbre, básicamente, hasta la pandemia.  La llegada del Siglo XXI trajo a Colombia una sucesiva reforma de los Códigos de Procedimiento Penal, Civil y Contencioso Administrativo, disposiciones todas que hacen una apuesta por la implementación de las tic, y la oralidad como un criterio modulador de la actuación, lo que permitió la realización de algunas diligencias por la vía de lo que se denominaba para entonces la “videoconferencia”. Aún con una normativa generosa que permitía la aplicación de las tic a las actuaciones judiciales, la práctica judicial colombiana marcada por la desconfianza hacia la tecnología seguía rindiendo culto a la actuación por escrito, y las diligencias se realizaban en los despachos judiciales, en los que el único cambio fue que se cambiaron las extensas transcripciones por la grabación en audio o video de las actuaciones.  Con ocasión del advenimiento de la pandemia del covid-19 en marzo del año 2020 Colombia entró en un confinamiento obligatorio que llevó al desafío de resolver la manera de impartir justicia cuando todos los ciudadanos estaban en sus casas. En un primer término, se suspendió la prestación del servicio de justicia en las áreas civil, comercial, laboral, administrativo, y, en general, todas, con excepción de la penal, que se desarrolló de manera presencial con las medidas de bioseguridad del caso.  Sin embargo, rápidamente, en aplicación a lo previsto por el Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004 jueces, fiscales y abogados rápidamente pasaron a las audiencias virtuales y encontraron los múltiples beneficios que dispensan. Mayor seguridad en el almacenamiento de la información, seguridad para testigos y víctimas, reducción de las circunstancias que conducen a la frustración de las diligencias, fueron apenas algunas de las ventajas que aparecieron para todos los colombianos. La llegada de la virtualidad a la administración de justicia no solamente supuso la realización de audiencias telemáticas, sino también la radicación de los documentos a través del correo electrónico o incluso aplicaciones de mensajería instantánea, la digitalización de los expedientes y el archivo de las actuaciones en la nube, en condiciones de seguridad y trazabilidad de las actuaciones.  Ante las ventajas que eran evidentes para todos los ciudadanos se expidió el Decreto 806 de 2020 que dispuso la realización de audiencias virtuales, radicación de documentos vía electrónica y toda una puesta en marcha de una justicia digital, acorde a los tiempos que corren. Se dispuso una vigencia de 2 años a partir de su promulgación, en tanto que se pensaba inicialmente como una medida coyuntural mientras se superaba la pandemia. Superada esta crisis sanitaria, para el año 2022 un amplio movimiento donde intervinieron todos los actores del sector justicia clamaron por el mantenimiento de la justicia digital y es así como el Decreto 806 de 2020 se convierte en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022.  La Justicia Colombiana en apenas dos años tuvo un avance sin precedentes, tanto desde las prácticas como desde lo normativo a través de las experiencias de aprendizaje que dispensó un evento tan lamentable como lo fue la pandemia.  Justo en el momento en que los colombianos valoraban y ponderaban los avances de las tic en la administración de justicia, la Sentencia C-134 de 2023 proferida por la Corte Constitucional nos retornó a la Justicia del año 1999. Al ordenar la realización de juicios presenciales con argumentos basados en sesgos y prejuicios, con una sorprendente falta de rigurosidad se dispuso un retroceso en detrimento de todos los ciudadanos y de la Administración de Justicia. Es, por decir lo menos, lamentable, que una Corte que en otros tiempos generaba admiración en todas las latitudes por su carácter disruptivo y progresista tomara una decisión como esta, quedando como consuelo el que la tecnología nos rebasa, hoy podemos estar atónitos frente a una realidad que es incomprensible, pero que será cosa del pasado en muy poco tiempo, cuando veamos los efectos que esta decisión va a tener para todos los colombianos. 

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Entregar a la comunidad jurídica, académica y profesional este Manual Práctico del Sistema Penal Acusatorio en la 4ª edición, ha implicado un gran compromiso y reto que, esperamos haber superado y ello por cuanto: 1) Las evaluaciones sobre el sistema no son las mejores y el optimismo inicial que nos motivó en un comienzo, ha venido menguando por circunstancias complejas y que escapan a nuestro control; 2) Lamentablemente, las diferentes intervenciones de tribunales y cortes han desvirtuado la estructura y esencia del sistema acusatorio, ya que en una labor de “legisladores extraordinarios”, han derogado figuras, creado otras, todo en una acción de descontextualización total, que antes que comprensión, entendimiento y aplicabilidad práctica del sistema, ha generado todo un caos, haciendo de la inseguridad jurídica la constante y como sustento de  lo anterior, solo basta mirar algunas sentencias de la Corte Constitucional en cuanto a la conversión de la víctima en “parte” y otras de la Corte Suprema de Justicia, sala penal, en las que se transforma todo el sentido original del sistema, haciéndolo hoy, prácticamente inoperante; 3) No obstante lo anterior, y ante los nuevos desarrollos técnicos, tecnológicos y científicos; ante la explosión e invasión de las redes sociales, la virtualidad como legislación ordinaria y prácticamente obligatoria, la avalancha temática generada por el ciberespacio, la Inteligencia Artificial y las nuevas aplicaciones en el ámbito de la administración de justicia, hemos logrado mantener la estructura de la obra, con las correcciones y complementaciones necesarias y pertinentes en los temas antes mencionados, haciendo de la misma una obra clara, coherente y técnicamente actualizada de apoyo y complemento necesario en la nueva dinámica de la operación judicial. El desarrollo temático estructural, proyectivo y gráfico hacen que las estructuras y subtextos puedan ser relacionados y entendido lógicamente con apoyo en la jurisprudencia respectiva. Tal como ha sucedido con las ediciones anteriores, confiamos en que esta 4ª edición, también sea de aceptación no solo en nuestro país, sino en toda América.

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Tiene como objeto el texto, delimitar en forma concisa y práctica, el concepto de hechos jurídicamente relevantes y sus implicaciones en el proceso penal colombiano, aportando soluciones y puntos de vista jurídicos, desde la perspectiva del autor en su rol de juez penal, aplicando la jurisprudencia actual a las distintas problemáticas que el tema suscita en el ejercicio judicial cotidiano.   Para tal cometido, en forma deductiva se desarrollan e integran las siguientes temáticas (i) se parte inicialmente del concepto genérico de hecho y su relación con el derecho, (ii) su incorporación en las codificaciones anteriores y sus diferencias con la actual ley 906, (iii) posteriormente, se construye el concepto de hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal; para luego, (iv) en forma didáctica, establecer la importancia del concepto, qué son y qué no son los hechos jurídicamente relevantes, los principales errores en su definición, la naturaleza de los actos de imputación y acusación, la posibilidad de control judicial, sus implicaciones prácticas en el proceso, y su repercusión en los derechos del procesado, el tema de prueba, las nulidades, la congruencia, los derechos de las víctimas y los fines de la administración de justicia, entre otras soluciones.  Representa la obra, un instrumento de fácil acceso para comprender integralmente el concepto, solventando las problemáticas diarias de los operadores judiciales, litigantes y estudiosos del procedimiento penal, en tanto se encuentra anotado y desarrollado a partir de la jurisprudencia, reconstruyendo la línea de la corte suprema desde 2017 hasta la fecha, acompañado del criterio jurídico que la experiencia judicial le otorga a su autor.

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Decretos 2663 y 3743 de 1950
Ley 141 de 1961 y normas modificatorias, complementarias y reglamentarias Contiene:
Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral (modificada por la ley 1622 de 2013) Ley 1822 de 2017 nueva norma de licencia de maternidad
Ley 1823 de 2017 salas amigas de la familia lactante del entorno laboral Incluye:
Ley 2088 de 2021 – trabajo en casa
Ley 2141 de 2021 – fuero de paternidad
Ley 2114 de 2021 – licencia de paternidad
Ley 2101 de 2021 – reducción jornada laboral
Ley 2121 de 2021 – régimen de trabajo remoto
Ley 2174 de 2021 isaac – establece parámetros para la protección y cuidado de la niñez en estado de vulnerabilidad especial Ley 2209 de 2022 – prescripción de acciones por acoso laboral Contiene reglamentación del Teletrabajo (Decreto 1227 de 2022) Ley 2388 de 2024, Familia de Crianza Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social Decreto Ley 2158, Decreto Ley 4133 de 1948 Ley 712 de 2001, Ley 1149 de 2007 Incluye: Ley 2213 de 2022 - establece vigencia permanente del Decreto 806 de 2020 Contiene cuadros sinópticos  

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Ley 599 de 2000 (julio 24) Actualizado con las leyes 1709, 1719 de 2014; 1752, 1761, 1762
de 2015. 1773, 1774, 1778, 1787, 1819 de 2016; 1850, 1864 de 2017; 1908, 1915, 1918, 1943, 1944 de 2018; 1959, 2010, 2014 de 2019; 2081, 2083, 2110, 2111, 2168, 2098 de 2021; (2197 de 2022. Corregida por el Decreto 207 de 2022); 2277 de 2022; 2292 de 2023. Sentencia C-055 de 2022 sobre el aborto; C-014 de 2023 Actualizado con la Ley 2316 de 2023 que crea el tipo penal
de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas
e inyectables no permitidas -biopolímeros- y dicta
otras disposiciones; Ley 2356, 2375 de 2024 integradas al texto Código de Procedimiento Penal Ley 906 de 2004 (agosto 31) Actualizado con las leyes 1760 de 2015; 1774, 1786 de 2016; 1826, 1851 de 2017; 1908, 1944 de 2018; 1959 de 2019; 2111, 2098 de 2021 de 2021; (2197 de 2022. Corregida por el Decreto 207 de 2022); 2205; 2213 de 2022 – Establece vigencia permanente
del Decreto 806 de 2020; 2292 de 2023; Ley 2356, 2375 de 2024 integradas al texto  Contiene cuadros sinópticos: •Bloque de constitucionalidad •Justicia restaurativa •Partes e intervinientes •Composición general del proceso penal acusatorio •Noticia criminis •Policía judicial •Programa metodológico art. 206 y 207 cpp. •Medios cognoscitivos •Audiencias preliminares •Audiencias de juicio oral •Alegato inicial (teoría del caso) •Debate probatorio •Alegato final •Sentido de fallo •Incidente de reparación integral •Terminación anticipada del proceso •Diferencias entre justicia retributiva y justicia restaurativa.

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Ley 1564 de 2012
Decreto 1736 y 2677 de 2012
Ley 1676 de 2013
Decreto 1365 de 2013; Decreto1664 de 2015 Ley 1996 de 2019 Actualizado con la Ley 2030 de 2020; 2080 y 2113 de 2021;
2213 de 2022. Establece vigencia permanente del Decreto 806 de 2020
Contiene modificaciones Ley 2220 de 2022 Estatuto de Conciliación
Ley 2388 de 2024, Familia de Crianza Ley 2442 de 2024, Divorcio por Voluntad Unilateral Contiene la Ley 2445 de 2025 que modifica el TÍTULO IV
del Código, referente a los procedimientos de insolvencia de la persona natural no comerciante y se dictan otras disposiciones (Arts. 531 y ss.) 

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Leyes 84 de 1873; 57 y 153 de 1887, 67 de 1930; 45 y 50 de 1936; 165 de 1941; 201 de 1959; 1 de 1976; 29 de 1982; 11 de 1984; 25 de 1992; 222 de 1995; 791 de 2002; 820 de 2003; 1060, 1098 y 1116 de 2006; 1306 de 2009; 1564 y 1579 de 2012; 1676 de 2013; 1774 de 2016; 1934 de 2018; 1996 de 2019; 2097, 2129 y 2089 de 2021. Contiene la Ley 2229 de 2022 - Crea el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos, y se impide al victimario ser titular
del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de ésta. Ley 2388 de 2024, Familia de Crianza, Ley 2442 de 2024, Divorcio por Voluntad Unilateral Decretos 1260 de 1970; 2820 de 1974; 772 de 1975; 12 de 1984; 1712 de 1989 Decreto 1310 de 2022 - Reglamentario de la Ley 2097 de 2022 sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM Se incluyen las inexequbilidades de los artículos 34, 117 y 124 sobre matrimonio de menores de edad. Sentencia C-039/2025 Contiene la Ley 2447 de2025. Uniones tempranas en las cuales uno o ambos contrayentes o compañeros permanentes sean menores de 18 años 

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Decreto 410 de 1971Ley 2069 de 2020 - Ley 1778 de 2016 - Ley 1676 de 2013 - Ley 1727 de 2012 - Ley 1258 de 2008 – Ley 811 de 2003 (SAT) - Ley 256 de 1996 - Ley 222 de 1995 Decreto 398 de 2020 - Decreto 19 de 2012 - Decreto 1 de 1990Normas pertinentes de los Decretos Únicos Reglamentarios 1625 de 2016 - 780 de 2016 - 2420 de 2015 - 1085 de 2015 - 1082 de 2015 - 1080 de 2015 - 1079 de 2015 - 1078 de 2015 - 1077 de 2015 - 1076 de 2015 - 1074 de 2015 1072 de 2015 - 1071 de 2015 - 1070 de 2015 - 1068 de 2015Incluye normas pertinentes del Decreto 806 de 2020Ley 2195 de 2022 en lo pertinente Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupciónContiene cuadros sinópticos:•Proceso verbal sumario•Pasos para la constitución de sociedades comerciales •Términos importantes en el código de comercio •Derecho de preferencia en cesión de cuotas sociales

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Ley 1098 de 2006 Decretos Reglamentarios 4840 de 2007,
860 de 2010, 936 de 2013
Con las modificaciones de las Leyes de 2021:
2089 Prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes 2126 Reforma a Comisarías de Familia
2137 Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Con la modificación de la Ley de 2022:
2229 Crea el régimen especial de visitas
entre abuelos y nietos, y se impide al victimario ser titular
del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de ésta. Decreto 1310 de 2022 - Reglamentario de la Ley 2097 de 2022 sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM Se incluye la inexequibilidad del matrimonio de menores de edad. Sentencia C-039/20025 Contiene la Ley 2447 de2025. Uniones tempranas en las cuales uno o ambos contrayentes o compañeros permanentes sean menores de 18 años 

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Contiene:
-Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares (Ley 836 de 2003) -Cuadros de consulta rápida sobre:
•Competencias,
•Clases de Notificación
•Clases de Providencias
•Recursos
•Términos Importantes
•Procedimiento para Faltas Gravísimas, Graves y Junta Disciplinaria Militar •Procedimiento para Faltas Leves
•Grados Militares de Oficiales para las Fuerzas Militares 3.a edición

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Actualizada con los Actos Legislativos
N.o 01 de 2024; 01, 02, 03 de 2023; 01, 02
de 2021; 02 de 2020; 01, 02, 03, 04, 05 de 2019; 01, 02 de 2018; 01, 02, 03, 04, 05 de 2017;
01 de 2016; 01, 02 de 2015.
Leyes 1881, 1922, 1923 de 2018; 1787 de 2016; Decretos 587, 588, 589, 700, 706
de 2017 y Sentencia C-332 de 2017 14.a edición Contiene cuadros sinópticos

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Entre los meses de febrero y marzo del presente año, El Tribunal Superior de Medellín (Colombia), y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (México), con el auspicio y apoyo de varias instituciones universitarias y estatales nacionales, organizaron en la capital antioqueña las II Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal Penal con la participación de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela, más de cuarenta conferencistas nacionales e internacionales de las más excelsas calidades académicas y personales y con la inscripción virtual y presencial de más de 5000 participantes. En este foro académico internacional las ponencias se aglutinaron alrededor de seis ejes temáticos: justica restaurativa, dogmática y proceso penal, régimen de nulidades en el proceso penal, allanamientos y negociaciones en el proceso penal, régimen probatorio en el sistema penal y, derechos fundamentales y proceso penal. Las Jornadas, de esta manera, lograron convertirse en un foro de discusión y reflexión internacional de temas no solo de latente actualidad, sino de común preocupación a todos los países iberoamericanos, los cuales fueron abordados desde muy diversas perspectivas, lo que permitió seguir con nuestra política de ser un foro absolutamente pluralista y democrático. Fruto de esta gran experiencia intercontinental surge la obra jurídica Derecho procesal penal III. Cuestiones fundamentales en la cual se condensan la mayoría de las ponencias cuyo propósito no es más que dejar documentado el evento académico, para que el libro sirva de material de consulta sobre los diversos temas que ahí se tocaron, nunca bajo la pretensión ingenua de sentar verdades o cerrar discusiones, sino, por el contrario, de abrir puertas a la incertidumbre y plantear nuevas preguntas sobre los temas tocados que en algo contribuyan al avance de la ciencia del derecho. Leonardo Efraín Cerón Eraso  Magistrado Sala Penal Tribunal Superior de Medellín  Coordinador académico

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