Novedades

La obra que reposa en sus manos contiene la parte sustantiva de la Responsabilidad Fiscal en Colombia, en la cual se plasma su evolución histórica, desde la época de la Colonia hasta la fecha. Luego se exponen con sencillez, pero con rigor intelectual los fundamentos constitucionales y legales que regulan la materia. Igualmente, se precisa el objeto, las características y los principios que orientan la vigilancia, gestión, control y acción fiscal. Así mismo, se trae a colación el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro Urrego Vs Colombia.  Finalmente, se hace énfasis sobre los elementos de este tipo de responsabilidad, temáticas que se abordan con base en la normativa que regula la materia, en concordancia con diversos conceptos emitidos por parte de la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República y múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, los cuales orientan el ejercicio de la gestión y la responsabilidad fiscal. Este libro está dirigido a los funcionarios de la Contraloría General de la República y de las Contralorías Territoriales; servidores públicos o particulares que administren recursos del Estado; sujetos de control fiscal; estudiantes de los programas académicos de las facultades de Derecho y Administración Pública, en los cuales se incluya la materia o electiva de control y responsabilidad fiscal; a los países miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEF), y a todo aquel que se encuentre interesados en ampliar sus conocimientos en el área de la responsabilidad fiscal.

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El procedimiento administrativo es el principal instrumento empleado por las autoridades para satisfacer el catálogo de garantías constitucionales y legales de los habitantes de Colombia. En efecto, el horrible de las decisiones proferidas por la administración está supeditada al inicio y culminación de un trámite formal, el cual comprende una serie de etapas diseñadas por el legislador para garantizar los intereses generales y particulares, la prevalencia del principio de legalidad y la vigencia del Estado de derecho. A través de la presente obra se brinda al lector la posibilidad de acceder al contenido normativo, jurisprudencial y doctrinario del procedimiento administrativo consagrado en la Ley 1437 de 2011, e igualmente se ofrecen las herramientas necesarias para que el estudiante o el profesional del derecho intervenga eficazmente en las actuaciones promovidas ante las autoridades para reclamar o defender los derechos propios o de terceros. Usted sostiene en sus manos un texto actualizado, elaborado por la abogada Rosember Rivadeneira Bermúdez, quien cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años en el área del litigio ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y un recorrido en la docencia universitaria desde el año. 2006.

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El día 28 de mayo de 2024 se publicó la tan esperada Sentencia C-134/23, por medio de la cual la Corte Constitucional realizó el examen del Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La mayor expectativa recaía en la manera como la Corte abordaría el estudio de las normas referentes a la virtualidad judicial en materia procesal penal.  Estimó la Corte Constitucional que, a diferencia de otros ámbitos de la jurisdicción, en el proceso penal se debía imponer como regla general la presencialidad en la celebración de los juicios orales y, en consecuencia, la virtualidad como excepción debía quedar sujeta a circunstancias de fuerza mayor debidamente acreditadas por los jueces penales de conocimiento. En este orden de ideas, expuso la Corte Constitucional, a título meramente ilustrativo, que las audiencias de juicio oral se podrían practicar virtualmente o por el sistema de videoconferencia 1) si una parte o testigo estuviese en condiciones graves de salud que les impidan desplazarse desde su lugar de residencia, 2) cuando haya serios motivos de seguridad que aconsejen evitar su desplazamiento; 3) por la declaratoria de un estado de emergencia sanitaria en que se disponga como medida la celebración virtual de todas las actuaciones procesales; 4) por la existencia de regulaciones especiales que exijan la adopción de medidas para no exponer a la víctima frente al presunto agresor, o 5) por compromisos internacionales del Estado colombiano en virtud de tratados de cooperación judicial que privilegien la realización de audiencias virtuales como instrumento para materializar la asistencia entre Estados, entre otras múltiples y muy diversas circunstancias excepcionales que puedan presentarse y que el juez deberá valorar en su momento. Según algunos críticos, la decisión de la Corte implica un retroceso en los logros que se han obtenido con la virtualidad judicial en materia procesal penal, en clave de garantizar el derecho de acceso de las personas a la administración de justicia y, por tal razón, proponen que las normas que restringen el uso de la videoconferencia en los juicios penales sean objetadas,  por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República,  por motivos de inconveniencia política, social o económica. Este y otros temas de la sentencia de constitucionalidad, son abordados en la presente obra jurídica, que, debido a su gran aceptación en los diferentes escenarios judiciales y académicos, hoy llega a su segunda edición.

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