Novedades

Esta nueva edición sobre la contratación estatal incorpora las reformas normativas  promulgadas desde 2020, las cuales han transformado de manera significativa el  régimen aplicable a las entidades públicas. Con un enfoque en la transparencia, la  inclusión y la eficiencia, las recientes disposiciones han abierto el acceso a nuevos  actores económicos, especialmente a emprendedores, Mipymes y sectores  históricamente marginados.  Aquí aparece la capacidad para contratar con la regulación que da cabida a  comunidades étnicas, afrodescendientes, raizales, mujeres, personas en situación  de pobreza y desplazamiento, así como a convenios solidarios.  Se incluye el estudio de normas como la Ley 2069 de 2020, el Decreto  Reglamentario 1860 de 2021, la Ley 2160 de 2021, la Ley 2195 de 2022 y la Ley 2294  de 2023, reuniendo en esta obra los aspectos más relevantes de la nueva  contratación.  El texto ofrece especial atención a la ampliación de la capacidad para contratar,  integrando a comunidades étnicas, afrodescendientes, raizales, mujeres, personas  en condición de pobreza o desplazamiento forzado, y a las Mipymes, así como a  convenios solidarios.  Esta edición se constituye en una herramienta de consulta fundamental para  estudiantes, académicos, abogados, servidores públicos y profesionales  interesados en comprender la evolución y el alcance actual del régimen de  contratación de las entidades estatales. 

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La obra “Manual de Derecho Notarial y Registral en Colombia, Tomo I: Aspectos  sustanciales del derecho notarial” es el primero de una serie que se continuara  publicando de los autores, esta primera entrega reviste especial relevancia diversidad y riqueza de los perfiles de sus coautores, lo que se evidencia en la rigurosidad y profundidad del enfoque adoptado. Se desarrolla en ellos los aspectos sustanciales del derecho notarial en Colombia, con un abordaje histórico, analítico, con una fuerte base normativa y jurisprudencial, que permitan la más alta comprensión de cada tema abordado. El derecho notarial constituye una de las ramas más importantes del ordenamiento jurídico colombiano, al ser el eje que garantiza la autenticidad, la seguridad jurídica y la fe pública en los actos y contratos que requieren formalización.  En un país donde la confianza institucional y la legalidad de los actos privados y públicos son pilares fundamentales para la convivencia y el desarrollo económico, en un país donde pese a la derogatoria del sello, se sigue confiando en el documento entintado, el estudio del derecho notarial se vuelve un conocimiento no solo pertinente, sino urgente. 

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Ley 1098 de 2006  Decretos Reglamentarios 4840 de 2007, 860 de 2010, 936 de 2013 Con las modificaciones de las Leyes de 2021: 2089 Prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes 2126 Reforma a Comisarías de Familia 2137 Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Con la modificación de la Ley de 2022: 2229 Crea el régimen especial de visitas entre abuelos y nietos, y se impide al victimario ser titular del derecho de visitas a su víctima y los hermanos de ésta.  Decreto 1310 de 2022 - Reglamentario de la Ley 2097 de 2022 sobre Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM  Se incluye la inexequibilidad del matrimonio de menores de edad. Sentencia C-039/20025  Contiene la Ley 2447 de 2025. Uniones tempranas en las cuales uno o ambos contrayentes o compañeros permanentes sean menores de 18 años 

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En un mundo cada vez más complejo, donde la verdad se oculta tras  capas de intereses, tecnología y silencio, surge la figura del investigador  privado como una pieza clave en la búsqueda de justicia. La esencia del  investigador privado y su rol en el sistema judicial mundial no es solo un  libro: es una mirada profunda al compromiso, la ética, las herramientas  y los desafíos que enfrenta quien se dedica a descubrir lo que otros  quieren ocultar.  Desde los casos civiles hasta los procesos penales, desde el fraude  corporativo hasta la localización de personas, el investigador privado  moderno debe dominar no solo el arte de observar, sino también la  ciencia de interpretar, analizar y documentar. Esta obra revela el  verdadero valor del investigador como puente entre la verdad y el  derecho, resaltando su impacto en los sistemas judiciales a nivel global.  Un viaje que honra la labor silenciosa pero trascendental de quienes  hacen de la verdad su causa, de la discreción su virtud y de la justicia su  destino. 

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En Colombia, como en la mayoría de los Estados, tanto la Constitución Política como las demás normas jurídicas, entre ellas las leyes, acuerdos y ordenanzas, junto con la jurisprudencia y la costumbre, reconocidas todas como fuentes del derecho, han establecido un marco claro para la protección de los derechos relacionados con la propiedad, ya sea pública o privada. En particular, se ha regulado la adquisición de bienes muebles e inmuebles a través de actos, hechos o negocios jurídicos que permiten el traspaso del dominio y la posesión, así como su respectivo registro ante las autoridades competentes. No obstante, en la práctica, no siempre se realiza este registro, ya sea por el incumplimiento de requisitos legales o por la omisión de los interesados, lo cual genera consecuencias de diversa índole.Ante este panorama, cobra relevancia la figura de la usucapión o prescripción adquisitiva, mediante la cual una persona puede adquirir la propiedad de un bien, ya sea por la vía ordinaria o extraordinaria, cuando ha ejercido la posesión de manera prolongada bajo las condiciones previstas en la ley. El Código Civil regula este derecho sustancial, y el Código General del Proceso, junto con la Ley 1561 de 2012, establece los procedimientos verbales mediante los cuales puede solicitarse judicialmente el reconocimiento de dicha propiedad.Espero que esta obra jurídica sea de utilidad tanto para los operadores judiciales como para litigantes, estudiantes de derecho y ciudadanos interesados. Su lectura busca facilitar la comprensión de una temática cada vez más recurrente en los despachos judiciales del país, como lo es la solicitud de titulación de bienes por vía de pertenencia. Esta situación ha cobrado una importancia aún mayor con la promulgación del Acto Legislativo 03 del 24 de julio de 2024, que adicionó el artículo 238A a la Constitución Política de Colombia y estableció la Jurisdicción Agraria y Rural.El autor.

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El Código Sustantivo Laboral con sus reformas, propende por abarcar  todas las normas que regulan la relación laboral trabajador – empleador y  la Editorial Jurídica Sánchez R. S. A. S. con esta obra pretende brindarle al  lector no solo el texto completo de dicho Código sino incluir en él un  cuadro comparativo entre la normatividad anterior y la nueva reforma  laboral.    En este código encontrará el lector la llamada REFORMA LABORAL que  tanto ha dado que hablar, la cual está contenida en la LEY 2466 DE 2025  que entró a regir el 25 de junio de 2025. El cuadro comparativo al que se ha aludido junto con el texto completo de la Ley 2466 de 2025, constituyen una ayuda didáctica de gran valor para el estudioso del asunto laboral, pues puede ir al punto de las reformas del código en el cuadro comparativo y a otras reformas que sin modificar o sustituir las que ya estaban en vigor, si complementan la relación empleador trabajador, para una compresión más fluida de la nueva normativa laboral. 

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Esta cuarta edición de Fundamentos de bienes va dirigida no solo al educando, sino al profesional del derecho en su ejercicio como litigante, en la judicatura o en la asesoría. El texto comprende los temas esenciales de la parte básica de los bienes, incluyendo la doctrina nacional y extranjera, además de la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, y el Consejo de Estado. Mi intención ha sido salirme del esquema de las cartillas de derecho, para elaborar cada capítulo en donde el lector encontrará la razón de ser y los fundamentos que justifiquen cada una de las instituciones tratadas. Así disfrutará, entre otros, la clasificación de los bienes; el cuerpo humano y el cadáver desde la óptica legal; en toda su dimensión los bienes muebles e inmuebles; los derechos reales y personales; los bienes del Estado; los aeropuertos; los humedales; la propiedad en los cementerios; los baldíos, incluyendo los urbanos; los ejidos; los saldos en ahorros y cuentas corrientes abandonadas en un establecimiento financiero; el hallazgo de bienes por un servidor público; los bienes destinados al Ministerio de Defensa; el derecho de dominio; la validez de la cláusula de enajenación; la vivienda compartida o timesharing; y la propiedad horizontal con veinticinco preguntas y respuestas fundamentadas en decisiones constitucionales. Como toda obra, es susceptible de observaciones, pero estas serán el triunfo al suscitar reflexiones para una futura reforma del estatuto civilista.

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La ejecución de la pena dentro de nuestro ordenamiento procesal penal corresponde a una etapa posterior a la ejecutoria de la sentencia penal condenatoria, premisa indicadora de una actuación especializada, aspecto que se advierte desde que el juez ejecutor adquiere competencia. En este sentido, se visualiza la ejecución de las sanciones penales dictadas en el fallo condenatorio rodeada de una denotación específica, tanto que podríamos señalar que se configura un subtema dentro de la estructura del derecho penal colombiano. Así, tenemos que las postulaciones presentadas ante el vigilante de la pena y las resoluciones sobre las mismas tienen un carácter preciso, dado que los institutos procesales que convergen son también de esa índole. Siguiendo esta distinción, los modelos de solicitudes y providencias que se presentan en este texto, dirigido a abogados, defensores públicos, jueces, servidores judiciales y agentes del Ministerio Público, se articulan con esa misma naturaleza, esto es, de la especificidad, toda vez que las minutas redactadas, atendiendo una sintaxis certera, contienen un lenguaje claro, sencillo y conciso, y se convierten al mismo tiempo en una guía de orientación. Especialmente porque la práctica forense en torno a la ejecución de la sentencia penal condenatoria no es suficientemente tenida en cuenta desde las aulas universitarias en programas de pregrado, especializaciones y maestrías en derecho penal.

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El presente libro recorre los aspectos jurídicos y prácticos del proceso  ejecutivo ante el juez contencioso administrativo. Para facilitar esa tarea,  se ha desglosado el tema en tres capítulos. En el primero, se exponen los  fundamentos esenciales de este tipo de proceso: su objeto, las  características del título ejecutivo, la clasificación de las obligaciones y los  aspectos relacionados con la jurisdicción y competencia.   El segundo capítulo se enfoca en la estructura procesal de la acción  ejecutiva, empezando por el contenido y requisitos formales de la  demanda, hasta las decisiones de inadmisión o rechazo, la negación del mandamiento ejecutivo, el recurso de reposición, la liquidación del crédito y el embargo. El tercer capítulo aborda un aspecto complejo y cada vez más frecuente en la práctica judicial: las “irregularidades” que pueden presentarse en el trámite del proceso ejecutivo. En este acápite se hace mención de los diferentes mecanismos a los que se puede acudir para salvar estas situaciones, apelando para ello a la jurisprudencia de las altas cortes.  El propósito del texto es brindar una herramienta práctica para el juez y los litigantes respecto de algunos temas puntuales del proceso ejecutivo, exponiendo de forma sencilla los inconvenientes que pueden surgir y sus posibles soluciones. 

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La  presente  contribución  doctrinal,  surge  de  la  necesidad  de  educar  al  público  académico,  personal  discente  y  a  profesionales  con  conocimientos  profundo  en  derecho.  Esto  se  debe  a  la  vorágine  que  ha  impactado  el  ámbito  jurídico  y  judicial  colombiano,  especialmente  en  lo  relacionado  con  el  derecho  probatorio,  las  tecnologías  de  la  información  y  los  desafíos  en  materia  de  ciberseguridad.   En  este  contexto,  el  lector  puede  encontrar  un  contenido  que  exponen  adecuadamente,  no  solo  aspectos  terminológicos,  sino  prácticos,  que  redundan  en  la  incorporación  probatoria  pertinente.  Del  mismo  modo,  ante  la  presencia  recurrente  de  la  inteligencia  artificial  en  la  justicia,  era  necesario  incorporar  una  crítica  sobre  esta  tecnología  en  el  campo  judicial robusteciendo  la  presente  obra  y  aportando  un  material  indispensable para comprender las mutaciones del derecho en tiempos de transformación digital. En ese sentido, para poder cumplir con un contenido académico relevante, se abordó el presente texto desde un componente técnico y jurídico de la prueba, enfatizando tanto los criterios de autenticidad, integridad y admisibilidad, como los retos ético- normativos asociados a la privacidad, la protección de derechos fundamentales y el debido proceso. Por tanto, esta nueva publicación teórico-práctica que se presenta permite a los abogados, jueces, fiscales, defensores, investigadores, estudiantes y estudiosos del derecho, orientarse doctrinalmente en un entorno donde las pruebas y las evidencias ya no se imprimen, sino que se cifran; donde las declaraciones se encuentran en pantallas y no en estrados; donde la justicia, sin abandonar su vocación humanista, ha de insertarse en el análisis de la lógica de los algoritmos, los metadatos y su sabia.                                                                          incorporación  al  proceso.  Con  ocasión  de  esto,  la  presente  obra  es  un llamado urgente a repensar el rol de la prueba y la evidencia, el alcance del proceso judicial y la vigencia de los principios jurídicos tradicionales frente a las lógicas disruptivas de la era digital. Este texto, en definitiva, no es solo un libro, sino un acto de anticipación académica frente al porvenir del derecho en el siglo XXI.                                                            

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Tipología penal de los juegos de suerte y azar es un llamado a repensar el  rol del Estado y de la justicia en la protección de los bienes públicos y los  derechos fundamentales de los ciudadanos. El compromiso con el  combate a la ilegalidad en los juegos de azar no es solo una cuestión  económica, sino una responsabilidad social que incide directamente en el  derecho a la vida, la salud y la dignidad de los colombianos. Este texto  invita a todos los actores implicados a sumar esfuerzos para garantizar que  los recursos generados por esta actividad se destinen efectivamente al  mejoramiento del sistema de salud y al bienestar de la población más  vulnerable.  En el desarrollo del texto, se analiza la génesis del monopolio, en este  caso, de los juegos de suerte y azar, y ha sido de sorpresa para muchos que  la República de Colombia es de las pocas en el mundo que ostenta una  destinación específica para la distribución de este, acorde con el  artículo 336 de la Constitución Política.  La necesidad de abarcar la simultaneidad de tipos penales, no solo la del  artículo 312 del Código Penal del ejercicio ilícito de actividad monopolística  de arbitrio rentístico, conduce, por el contrario, a poder llevar a la justicia a  todos quienes atenten ya no tan solo en contra del derecho a la salud,  eventualmente más bien atentan contra el derecho a la vida de miles de  colombianos; es necesario llevarlos a la justicia con otras figuras, tales  como el lavado de activos, el concierto para delinquir, la estafa, la  extinción de dominio, entre otras.  Por último, sin que sea menos importante, hacer patria no solo se  constituye en lo que nuestros antiguos próceres diligenciaron en favor de  nuestra historia para la consolidación de nuestro Estado colombiano, sino  que también se hace a partir del cumplimiento de nuestras obligaciones  como funcionarios públicos, ya que solo en esta medida seguiremos  contribuyendo a la fortaleza de esta.   

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