En esta oportunidad, el autor deja a consideración de toda la comunidad académica y de la ciudadanía, en especial, este trabajo exclusivamente jurídico, titulado El delito de cohecho. Análisis dogmático y jurisprudencial de la casuística en Colombia, como una obra, además, de carácter histórico que no puede faltar en la biblioteca de todo ciudadano colombiano que se interese en el acontecer político y social de la nación. La yidispolítica, el escándalo político que se originó en 2008 y dio lugar a juicios penales que culminaron en sentencias condenatorias contra altos funcionarios del Gobierno nacional y contra congresistas de la época por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio […].
El presente trabajo investigativo estudia el precedente jurisprudencial, tema novedoso en líneas iniciales. Su aplicabilidad ha ido posicionándose en forma paulatina pero segura, pues la tradición en Colombia no ha sido pacífica en aceptar totalmente los fallos judiciales que emanen en Altas Cortes por la conformidad que se tiene con la consulta, en primera instancia, de la ley formal. Actualmente, apenas se abre un espacio amplio y jurídico consolidado para acatar el precedente por los entendidos en derecho, el panorama es incierto al no acatar unánimemente las decisiones de las Altas Cortes, empero ello no es practicado en la generalidad de estudios. El cambio es novedoso y, como tal, hay resistencia; también se suma la variación constante de la normatividad y con ello genera un efecto deficiente, desigual e incoherente que hace poco aplicable la jurisprudencia. No obstante, se considera que no toda decisión es obligatoria, lo que se debe distinguir, como lo haré en esta obra, es la precisión obligatoria en materia de decisiones judiciales y que no tiene tal carácter vinculante sino argumentos complementarios.
Contenido: Capítulo 1. Introducción. Capítulo 2. Aspectos generales del riesgo legal: I. El concepto de riesgo legal; II. Clases de riesgo legal; III. Medición del riesgo legal. Capítulo 3. Fuentes de riesgo legal: I. El riesgo legal y la regulación; II. El riesgo legal y las instituciones; III. El riesgo legal y la naturaleza de los mercados financieros; IV. El riesgo legal y el soft law. Capítulo IV. Casos particulares de riesgo legal: I. Medios de comunicación y nuevas tecnologías; II. Régimen cambiario; III. Crédito hipotecario; IV. Fiducia en garantía; V. Garantías e intereses en valores adquiridos indirectamente; VI. Ultra vires; VII. Re-caracterización; VIII. Suitability; IX. Insolvencia, set-off y netting; X. Apuesta. Capítulo 5. Mitigación, gestión y administración del riesgo legal: I. Seguros y cobertura; II. Gobierno corporativo; III. El papel de los abogados en la administración del riesgo legal.
La presente versa sobre la problematica relativa a la «causalidad» y la «imputación objetiva» como factores de atribución material en el juicio de responsabilidad extracontractual frente al Estado y, concretamente, en la responsabilidad del Estado por parte de actos de terrorismo cometidos por terceros; es decir, se esgrime como problema central las razones jurídicas y filosóficas por las cuales el Estado colombiano debe o no responder patrimonialmente a las víctimas de actos de terrorismo causados por un tercero, ajeno a la administración.
PRESENTACIÓN (Primera edición)Las últimas decisiones de la Honorable Corte Constitucional en materia notarial, pero en especial la dictada el 31 de mayo del año en curso, han convertido en realidad el requisito, elevado a rango constitucional (art.131 de la C.P.), según el cual para poder ocupar el cargo de notario en propiedad, es necesario haber sido seleccionado mediante concurso de méritos.El gobierno, acatando lo resuelto por la Honorable Corte Constitucional, especialmente en esta última providencia que ordena practicar el concurso en un término prerentorio, se apresta a convocar el primero que se realizará bajo el régimen constitucional vigente (ConstituciónPolítica de Colombia de 1991).El hecho de que, por medio de este concurso se seleccionará a la mayoría de los notarios del país, debe provocar un especial interés en el estudio del Derecho Notarial y Registral, que son las dos materias sobre las cuales habrá de versar la prueba de conocimientos al tenor de lo dispuesto por la ley 588 de 2000 en el literal a) de su artículo cuarto.Parece, pues, que este hecho histórico en la institución notarial, modificará el criterio tradicional de nuestras facultades de derecho según el cual el estudio del derecho notarial es de segundo orden y ocupará, entonces, el lugar que le corresponde.El trabajo que hoy presentamos obedece a ese atán pues, en realidad, las universidades en sus pregrados no han preparado, hasta ahora, a los profesionales del derecho para una competencia de esta índole.El fin inmediato que nos proponemos es el de contribuir y facilitar el estudio del Derecho Notarial en forma sistemática, de acuerdo a los dictados de nuestra larga experiencia en esta actividad; de allí la forma y la estructura didácticas de estos ensayos.Partiendo de que el notario no solo es un documentador con potestad fedante sino que debe ser, por excelencia, un buen asesor jurídico de sus usuarios en las materias que le incumben, habíamos agrupado, en un trabajo anterior las materias que a nuestro juicio conformaban lo que se llama el Derecho Notarial Aplicado y que comprende obviamente estudios de Derecho Civil, estudios de Derecho Comercial, Derecho Tributario, Derecho Penal, etc., pero, como la ley 588 de 2000 redujo la prueba de conocimientos solo al Derecho Notarial y Registral, nos ocuparemos de esta materia, así:1. Módulo único:Derecho notarial. Comprende las siguientes unidades temáticas:a) Función Notarialb) El Notario, Agente de la Función Notarialc) Escritura Públicad) Competencia Funcional del Notarioe) Jurisdicción voluntaria y trámites especiales ante notario1) Control de legalidad a cargo del notarioEs un sólo modulo que comprende seis unidades temáticas.Este trabajo que presentamos a nuestros colegas contiene las dos primeras unidades temáticas: La Función Notarial y el Notario comoAgente de la Función Notarial.Aspiramos muy pronto a publicar las restantes.Reiteramos que el único propósito que tenemos con este ensayo es colaborar con los aspirantes al cargo de notario en el estudio de las materias que serán objeto de los exámenes sobre conocimientos que se practicarán en el proceso del concurso.
En toda la historia del constitucionalismo moderno, las sociedades organizadas han protegido y garantizado con especial rigor el derecho a la vida. En efecto, las cartas Constitucionales de todos los países del mundo reconocen a este derecho la categoría de un bien supremo que debe ser celosamente tutelado, pues sin duda la vida humana constituyeexistencia misma de la comunidad por eliminación de los individuosque la integran.La vida es, en este orden de ideas, elevada al rango de derecho inviolable cuya vulneración suele acarrear consecuencias de orden jurídico-penal, por cuanto las conductas que lesionan o ponen en peligro este bien de especial relevancia, son conminadas con sanciones de naturaleza punitiva.Ahora bien, la discusión contemporánea sobre el derecho a la vida, gua en torno a la definición del contenido esencial del mismo, lo que conduce a definir si este derecho fundamental tiene carácter absoluto, o si por el contrario, puede ser razonablemente limitado en circunstancias concretas.Desde esta perspectiva, los temas que mayor inquietud y controversia generan entre los juristas, filósofos, médicos y científicos sociales en general, son el aborto y la eutanasia, por cuanto ambos son supuestos en los que se elige la muerte. En el primer caso se elige la muerte antes de haberse comenzado la vida, y en el segundo antes que esta hayaterminado.La eutanasia plantea como problema de primer orden, la posibilidad de que surja en el titular del derecho a la vida, la facultad de lore disposición sobre la misma. En otros términos, plantea couve interrogante de innegable complejidad, si el derecho a la vida incluye el derecho a la propia muerte.
Eutanasia en Colombia. Estudio jurídico
Contenido: Capítulo Primero. Definición, historia y clases de eutanasia; Capítulo Segundo. La eutanasia en el mundo; Capítulo Tercero. La eutanasia en Colombia: 3.1. El pronunciamiento de la Corte Constitucional en 1977; Capítulo Cuatro. Salvamentos de voto hechos tras la sentencia C-239 de 1997: 4.1. Salvamento de voto Magistrado José Gregorio Hernández Galindo. 4.2. Salvamento de voto Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa. 4.3. Salvamento de voto Magistrado Hernando Herrera Vergara; Capítulo Quinto. Constitución, ley y jurisprudencia frente a la eutanasia: 5.1. El derecho a la vida frente a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad; Capítulo Sexto. Actualidad de la eutanasia en Colombia: 6.1. Sentencia T-970 de 2014. 6.2. Resolución 1216 de 2015. 6.3. La demanda. 6.4. El primer caso de eutanasia legal en Colombia. 6.5. El procurador, la eutanasia y su actualidad en Colombia.
Producto de los constantes debates, suscitados de manera continua dentro de los diferentes Comités de Defensa Judicial y conciliación de las Entidades Estatales, donde se trae a colación diferentes figuras jurídicas del sistema pensional colombiano, me propuse el estudio desde diferentes ópticas, tanto del derecho laboral como del derecho administrativo, inclusive el carácter constitucional del mismo para tratar de explicar de manera entendible las diferentes situaciones reconociendo la indexación de la primer mesada pensional como aplicación a la Ley 445 de 1998.Se plante a en este libro las posibilidades de acceder a la indexación de la primer mesada, bajo los postulados de la sentencia de unificación jurisprudencial emanada de nuestra honorable Corte Constitucional la SU-1073 de 2012, como punto de partida para la aplicación de dicha presentación económica, entre otras.Producto de los constantes debates, suscitados de manera continua dentro de los diferentes Comités de Defensa Judicial y conciliación de las Entidades Estatales, donde se trae a colación diferentes figuras jurídicas del sistema pensional colombiano, me propuse el estudio desde diferentes ópticas, tanto del derecho laboral como del derecho administrativo, inclusive el carácter constitucional del mismo para tratar de explicar de manera entendible las diferentes situaciones reconociendo la indexación de la primer mesada pensional como aplicación a la Ley 445 de 1998.Se plante a en este libro las posibilidades de acceder a la indexación de la primer mesada, bajo los postulados de la sentencia de unificación jurisprudencial emanada de nuestra honorable Corte Constitucional la SU-1073 de 2012, como punto de partida para la aplicación de dicha presentación económica, entre otras.
«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.Esperamos que este trabajo que hoy inicia, solo sea el primero dentro de un fructífero y apasionante desarrollo que de la jurisprudencia de las Altas Cortes, tribunales y juzgados en la práctica diaria, hagan de este proceso monitorio una verdadera novedad que contribuya a la descongestión judicial, la efectividad de los derechos económicos y la convivencia pacífica entre los Colombianos».«Este trabajo académico y práctico, pretende ser una introducción seria y profunda al estudio del nuevo código general del proceso, haciendo énfasis en la constitucionalización y oralidad que dicho código contiene, quiere resaltar la novedad no solo jurídica, sino social y económica que implica la adopción del proceso con carácter monitorio en nuestro país, pues hacía falta este tipo de procedimiento ágil, expedito y sin complicaciones para acercar más al ciudadano a una “buena” justicia que le permita accionar sin intermediarios y de manera directa a los jueces civiles en este caso, por eso, se ha venido en llamar la tutela del crédito.
Contenido: La decisión judicial: I. La decisión judicial: (reformulación del pensamiento de Hart); II. La proposición; III. Interpretación gramatical de la Constitución. Hermenéutica: I. La hermenéutica; II. Escuelas; III. Decisión judicial como acto de voluntad; IV. Interpretación de la ley; V. Comprender e interpretar; VI. Cómo se inicia la hermenéutica; VII. Lenguaje y hermenéutica; VIII. Discurso; IX. La sentencia judicial; X. Hermenéutica y filosofía analítica; XI. El precedente jurisprudencial; XII. Doctrina probable; XIII. Doctrina probable administrativa: (Superintendencia de industria y comercio); XIV. Precedentes y cambio jurisprudencial; XV. Imperio de la Ley; XVI. Obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional; XVII. Doctrina constitucional; XVIII. Fuentes del derecho. Interpretación: I. Definición; II. La lógica tradicional y la interpretación del derecho. Fundamentación de las decisiones jurídicas: I. Discurso práctico racional; II. Valores y jurisprudencia; III. Valores y dogmática jurídica; IV. Importancia de la jurisprudencia. Los precedentes: I. Jurisprudencia vinculante del Consejo de Estado; II. El carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional para las autoridades; III. Límite de la fuerza del precedente: apartamiento judicial; IV. Desconocimiento de la cosa juzgada y doctrina constitucional por parte de la Corte Suprema; V. Vinculatoriedad de las decisiones de las altas cortes; VI. La jurisprudencia como fuente formal del derecho; VII. Las altas cortes están sometidas al imperio de la Ley; VIII. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; IX. Nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional; X. Obligatoriedad de la doctrina judicial dictada por la Corte Suprema de Justicia; XI. ¿Cómo resultan vinculantes las decisiones judiciales?; XII. Fuerza vinculante de la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre; XIII. Unificación jurisprudencial; XIV. Cambio de jurisprudencia constitucional; XV. Control constitucional de un precepto legal según el derecho viviente; XVI. Diferencia entre jurisprudencia y precedente; XVII. Ratio decidendi, alcance del respeto al precedente y cosa juzgada constitucional implícita; XVIII. Doctrina constitucional y ratio decidendi; XIX. Identificación de la ratio decidendi de la sentencia c-543 de 1992; XX. Interpretación de conformidad con tratados de Derechos Humanos; XXI. Consideración sobre la ratio decidendi: (casuismo excesivo). Conflictos constitucionales: I. Reglas y principios; II. Conflictos normativos; III. La ponderación.
Jurisprudencia penal crítica es "crítica" porque dentro del estado del arte del derecho penal asume una posición de cuestionamiento y de cierta ruptura. En principio, se asume la perspectiva social de los conflictos que se relievan en la cuestión criminal. El delito es un fenómeno social y como tal implica el conocimiento de un contexto social, implica una contextualización. Por eso el juez debe ser consiente de que cada caso es un caso concreto, de carne y hueso, de deseos y sentimientos; no una cifra estadística más o un caso rutinario que se repite icesantemente, como para despacharlo mecánicamente o dejarle al más relegado amanuense su resolución. Los hechos que constituyen los casos judiciales tienen su historia, una microhistoria tejida entre sus protagonistas, y una inserción de un marco histórico, que es aquel en que se producen las normas y se las aplica. El derecho es construcción cultural. Por ende, es histórico y social. Planteamos que el enfoque crítico debe superar la vieja confrontación de escuelas. Superar el positivismo que hace de la ley un fetiche y divorcia la justicia de derecho. Superar también a los neoclásicos, que con su tesis del derecho natural desconocen todos los factores de poder que intervienen en la creación y en la aplicación de la ley. El neoconstitucionalismo y el garantismo constituyen claves importantes para esa superación. El formalismo y el abstraccionismo jurídicos nos han llevado a sofisticadas elaboraciones conceptuales, pero nos han desconectado de la realidad social, de la realidad de las necesidades y delas expectativas sociales. Articular esa realidad a la interpretación del derecho, a la adjudicación de la justicia, es una de los signos de la postmodernidad.
