La concepción del derecho romano de estas páginas es, simultáneamente, histórica e institucional, a la manera neopandectista.
En cuanto a lo primero, se concibe la normatividad de la ciudad romúlea como uno de los tres elementos estructurales, constitutivos de la civilización occidental. Con efecto, ella, en lo fundamental, o in nuce, se puede y se debe condensar en religión cristiana, filosofía griega y derecho romano. Por consiguiente, estudiar este es comprender nuestra idiosincrasia […].
La Ley 640 de 2001, cuya vigencia empezó a partir del día 6 de enero de 2002, abrió un nuevo panorama en todos los conflictos en Colombia para desjudicializarlos y permitir la solución oportuna, dándole un nuevo impulso a la institución, exigiendo en el ejercicio de las acciones de reparación directa y controversias contractuales el previo agotamiento del trámite de conciliación, estableciéndolo como requisito de procedibilidad. Por su parte, la Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, extendió la conciliación prejudicial a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, y así el artículo 161, numeral 1.º del CPACA consagró la obligación de acudir a la conciliación antes de demandar en los asuntos que sean conciliables de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.
Recientemente se expidió la Ley 2220 de 2022, con la cual se expidió el nuevo Estatuto de Conciliación en Colombia, la cual entró a regir el 30 de diciembre de 2022, derogando todas las disposiciones anteriores y convirtiéndose en el único régimen vigente para esa figura. En lo referido a lo contencioso administrativo, mantuvo el requisito de procedibilidad en los mismos casos fijados en el CPACA, en los que se ventilan pretensiones de contenido patrimonial, al paso que actualizó sus reglas y procedimientos, buscando, ante todo, la protección del interés general y la salvaguarda del patrimonio público.
Esta nueva reglamentación unificó y estandarizó la dispersión normativa que existía sobre la conciliación, pues dado que esta se regía en algunos aspectos por la Ley 640 de 2001, por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y por el CPACA, se generaban conflictos de interpretación que, en algunos casos, terminaban dificultando el uso de este instrumento y afectando el acceso a la justicia de los ciudadanos.
La Ley 2080 de enero de 2021 hace una reforma extensa al CPACA.La velocidad con la que se está transformando la normatividad se ha acentuado debido a las circunstancias generadas por el COVID-19.Como bien se sabe, la administración de justicia es uno de los derechos y servicios públicos requeridos para el funcionamiento adecuado del Estado social y democrático de derecho, y debe responder a los desafíos que le ha impuesto el contexto social, que en estos tiempos se ven reflejados en las restricciones para todas las actividades. Esas limitaciones pusieron en discusión la continuidad del servicio de administración de justicia, lo que originó la expedición del Decreto 806 de 2020, que habilitó tanto a la Administración como a la ciudadanía para adelantar los procedimientos judiciales por medios virtuales, permitiendo la continuidad al servicio de administración de justicia, y que hoy se complementa con la expedición de la Ley 2080 de 2021, modificatoria de la Ley 1437 de 2011.Esta ley transformará el régimen de competencias del CPACA a partir del 25 de enero de 2022. Se fortalece la función de unificación de jurisprudencia, desconcentrando de manera más racional los procesos que tiene a su cargo el Consejo de Estado, el cual tiene una carga procesal superior a cualquier otro órgano judicial. Bajo este derrotero, se trasladarán competencias que tenía el Consejo de Estado en única instancia a los tribunales administrativos, en temas como extinción de dominio, agrarios, propiedad industrial, actos sin cuantía expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, y la competencia residual en litigios que involucren a autoridades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas equivalentes.Igualmente, se fortalecen las competencias de los tribunales y de los jueces administrativos, incrementando el monto de las cuantías en procesos de reparación directa, tributarios y de nulidad y restablecimiento de derecho, criterio que ya no se deberá tener en cuenta en las controversias de carácter laboral.
Para hacer referencia a todo lo que conlleva la palabra Carnaval, se requiere de una mentalidad polifacética; de un pensamiento que sea, al mismo tiempo, el de un historiador, de un antropólogo, de un sociólogo, de un investigador, pero que también posea un poco de teólogo. Cada una de estas disciplinas intelectuales está íntimamente ligada al concepto muy acertado de Carlos Ángel Arboleda Mora, según el cual, el Carnaval, cualesquiera que sean sus características, es una religión universal de celebraciones cósmicas existentes en todas las épocas y en todas las civilizaciones. Si el Carnaval es una religión, necesariamente se tiene que desarrollar en las profundidades del alma, por cuanto no se concibe al ser humano alejado de cualquier principio de espiritualidad: siempre vivirá aferrado a una deidad creada por él, la cual le proporciona grandes cosas, unas buenas y otras malas. Tal espiritualidad se fundamenta en complejas teorías que explican la creación con todos sus efectos y con todas las incidencias sobre las criaturas. El hombre atribuye, entonces, la aparición, desarrollo y continuidad del Universo a fuerzas y poderes que jamás logrará comprender y que para satisfacer esa natural frustración las explica según su propio obrar y su manera de pensar…
En esta oportunidad, el autor deja a consideración de toda la comunidad académica y de la ciudadanía, en especial, este trabajo exclusivamente jurídico, titulado El delito de cohecho. Análisis dogmático y jurisprudencial de la casuística en Colombia, como una obra, además, de carácter histórico que no puede faltar en la biblioteca de todo ciudadano colombiano que se interese en el acontecer político y social de la nación. La yidispolítica, el escándalo político que se originó en 2008 y dio lugar a juicios penales que culminaron en sentencias condenatorias contra altos funcionarios del Gobierno nacional y contra congresistas de la época por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y cohecho propio […].
Una clase de humor diferente, para pensar sonriendo y sonreír pensando. El nuevo estilo de humor en broma que estaba haciendo falta... en serio Absolutamente prohibida para gazmoños, puritanos, camanduleros, hipócritas, mojigatos, beatones, solapados, misticones, taimados, socarrones, fariseos, santurrones y demás especímenes de la prolífica camuflada fauna Camaleónica. Remedio infalible contra depresión, estrés, ansiedad, apetencia, despecho, abirrimiento, apatía, desesperación, afecciones del corazón, impotencia, intolerancia, conflictos emocionales no resueltos y demás pestes y endemias del alma humana.
La dogmática penal colombiana que recibe amplia influencia de la ciencia alemana, también ha hecho consideraciones basadas en la escuela de la “Experiencia Jurídica”. Esa dogmática debe estudiarse incrustada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en las perspectivas del nuevo derecho, como la filosofía analítica y el respeto al precedente para estudiar temas tan novedosos como la responsabilidad por el mando, en los aparatos criminales jerárquicos de poder.
Algunos aspectos relevantes en la obra de Santiago Mir Puig (1947-2020), in memoriam alcance y límites de la interpretación en Derecho penal. La técnica legislativa de los tipos penales en blanco en Colombia. Constitución, Estado social y democrático de derecho y finalidad resocializadora de la pena. Algunas notas sistemáticas sobre las teorías de la causalidad y de la imputación objetiva. El consentimiento del sujeto pasivo. Perspectiva principialista y de la teoría de la imputación objetiva. El bien jurídico en el Derecho penal. ¿Imputación personal sin posibilidad de obrar en contrario?. La prevención del delito como conductor de la prueba en el proceso penal. Ira e intenso dolor ¿un problema subjetivo, de contexto y cultural?. El delito de pornografía con menores.
El presente trabajo investigativo estudia el precedente jurisprudencial, tema novedoso en líneas iniciales. Su aplicabilidad ha ido posicionándose en forma paulatina pero segura, pues la tradición en Colombia no ha sido pacífica en aceptar totalmente los fallos judiciales que emanen en Altas Cortes por la conformidad que se tiene con la consulta, en primera instancia, de la ley formal. Actualmente, apenas se abre un espacio amplio y jurídico consolidado para acatar el precedente por los entendidos en derecho, el panorama es incierto al no acatar unánimemente las decisiones de las Altas Cortes, empero ello no es practicado en la generalidad de estudios. El cambio es novedoso y, como tal, hay resistencia; también se suma la variación constante de la normatividad y con ello genera un efecto deficiente, desigual e incoherente que hace poco aplicable la jurisprudencia. No obstante, se considera que no toda decisión es obligatoria, lo que se debe distinguir, como lo haré en esta obra, es la precisión obligatoria en materia de decisiones judiciales y que no tiene tal carácter vinculante sino argumentos complementarios.
La presente versa sobre la problematica relativa a la «causalidad» y la «imputación objetiva» como factores de atribución material en el juicio de responsabilidad extracontractual frente al Estado y, concretamente, en la responsabilidad del Estado por parte de actos de terrorismo cometidos por terceros; es decir, se esgrime como problema central las razones jurídicas y filosóficas por las cuales el Estado colombiano debe o no responder patrimonialmente a las víctimas de actos de terrorismo causados por un tercero, ajeno a la administración.
PRESENTACIÓN (Primera edición)Las últimas decisiones de la Honorable Corte Constitucional en materia notarial, pero en especial la dictada el 31 de mayo del año en curso, han convertido en realidad el requisito, elevado a rango constitucional (art.131 de la C.P.), según el cual para poder ocupar el cargo de notario en propiedad, es necesario haber sido seleccionado mediante concurso de méritos.El gobierno, acatando lo resuelto por la Honorable Corte Constitucional, especialmente en esta última providencia que ordena practicar el concurso en un término prerentorio, se apresta a convocar el primero que se realizará bajo el régimen constitucional vigente (ConstituciónPolítica de Colombia de 1991).El hecho de que, por medio de este concurso se seleccionará a la mayoría de los notarios del país, debe provocar un especial interés en el estudio del Derecho Notarial y Registral, que son las dos materias sobre las cuales habrá de versar la prueba de conocimientos al tenor de lo dispuesto por la ley 588 de 2000 en el literal a) de su artículo cuarto.Parece, pues, que este hecho histórico en la institución notarial, modificará el criterio tradicional de nuestras facultades de derecho según el cual el estudio del derecho notarial es de segundo orden y ocupará, entonces, el lugar que le corresponde.El trabajo que hoy presentamos obedece a ese atán pues, en realidad, las universidades en sus pregrados no han preparado, hasta ahora, a los profesionales del derecho para una competencia de esta índole.El fin inmediato que nos proponemos es el de contribuir y facilitar el estudio del Derecho Notarial en forma sistemática, de acuerdo a los dictados de nuestra larga experiencia en esta actividad; de allí la forma y la estructura didácticas de estos ensayos.Partiendo de que el notario no solo es un documentador con potestad fedante sino que debe ser, por excelencia, un buen asesor jurídico de sus usuarios en las materias que le incumben, habíamos agrupado, en un trabajo anterior las materias que a nuestro juicio conformaban lo que se llama el Derecho Notarial Aplicado y que comprende obviamente estudios de Derecho Civil, estudios de Derecho Comercial, Derecho Tributario, Derecho Penal, etc., pero, como la ley 588 de 2000 redujo la prueba de conocimientos solo al Derecho Notarial y Registral, nos ocuparemos de esta materia, así:1. Módulo único:Derecho notarial. Comprende las siguientes unidades temáticas:a) Función Notarialb) El Notario, Agente de la Función Notarialc) Escritura Públicad) Competencia Funcional del Notarioe) Jurisdicción voluntaria y trámites especiales ante notario1) Control de legalidad a cargo del notarioEs un sólo modulo que comprende seis unidades temáticas.Este trabajo que presentamos a nuestros colegas contiene las dos primeras unidades temáticas: La Función Notarial y el Notario comoAgente de la Función Notarial.Aspiramos muy pronto a publicar las restantes.Reiteramos que el único propósito que tenemos con este ensayo es colaborar con los aspirantes al cargo de notario en el estudio de las materias que serán objeto de los exámenes sobre conocimientos que se practicarán en el proceso del concurso.
