La obra “Crímenes de Guerra” corresponde al tercer tomo de la obra de mayor amplitud “Crímenes Internacionales”. En esta publicación se estudian las diversas conductas a partir del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, los estatutos especiales para Ruanda y la ex Yugoslavia, y el Estatuto de Roma se califican como crímenes de guerra. Como estudio preliminar se ofrece al lector un análisis a manera de “Parte General» de los aspectos generales de los crímenes de guerra, su estructura y elementos objetivos y subjetivos, ámbito de ampliación, circunstancias de justificación y exculpación, el análisis de la “responsabilidad de los jefes y superiores” y su relación con la legislación penal nacional.
En el año 2006, luego de una confrontación jurídica de largo aliento, una de las tantas batallas que han existido y que seguramente seguirán existiendo entre grupos abortistas y pro vida llegaría a su fin, el saldo, una victoria parcial de los primeros sobre los segundos, el motivo, la decisión de nuestra Corte Constitucional de despenalizar parcialmente el aborto en Colombia.áLo que se hizo por mano de estos juristas como era natural, generó inconformidad en parte de la población que consideraba que se había facultado a las madres para disponer sobre la vida de sus hijos, siendo que este derecho, la vida, es el primero de todos los derechos y debe gozar de protección absoluta; como también de otros que consideraban que el único competente para decidir sobre la vida es Dios.
Al igual que la democracia, el Estado de derecho se ha vuelto un concepto hegemónico: hoy en día es casi inconcebible que un Estado no pretenda ser un Estado de derecho. Por ejemplo, la constitución canadiense establece que Canadá está fundado en principios que reconocen la primacía del derecho y la colombiana afirma que aquel país constituye "un Estado social de derecho". Por su parte, la Carta democrática interamericana confirma los lazos indisolubles entre la democracia y el Estado de derecho. A menudo, en el contexto internacional actual, los Estados se ven en la obligación de pasar de la palabra a los hechos : las reformas orientadas hacia la mejora del Estado de derecho en los países del sur constituyen por lo general una exigencia de los países occidentales o de los organizaciones financieras internacionales.
LEY 906 DE 2004Desde la configuración constitucional del sistema penal acusatorio, Acto Legislativo(A.L.) 03 de 2002, se vislumbraba con toda claridad que uno de los principales cambios del proceso consistiría en que la «prueba» para dictar sentencia cambiaba de escenario, es decir, no «permanecía» o se recaudaba en la investigación, sino que ésta tenía que incorporarse y practicarse, dentro del juicio oral, de una manera concentrada, pública, oral, contradictoria, con inmediación- tanto en la formación, aducción y práctica- en presencia del Juez y de las partes.Lo anterior quiere decir que las pruebas, de cara a la nueva estructura procesal (Ley 906 de 2004), están regidas y condicionadas por unos principios constitucionales que le dan contenido y determinan su validez, por lo que no se trata de una retórica abstracta, sino que esos postulados diseñan el nuevo paradigma probatorio constitucional del proceso.
La presente obra busca ser una base argumental para proponer la dignificación del notario de provincia quien con gallardía, valor y nobleza, presta su servicio, como profesional calificado, producto de un concurso de méritos, a las comunidades que están viviendo en poblaciones donde el conflicto armado, el orden público, las bandas criminales, la carencia de servicios públicos, la ausencia de infraestructura vial, la pobreza del municipio llevó a que lo hubiesen catalogado como perteneciente al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y a las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac); por ende, el notario de provincia debe ser objeto de un enfoque diferencial, a fin de atender la normativa supraconstitucional que deviene del bloque de constitucionalidad y del Acuerdo de La Habana. Asimismo, pretende acercar a la comunidad en general a comprender cuáles son las competencias y el quehacer notariales, conocimiento que llevará al ciudadano del común a saber de los derechos, sobre las herramientas jurídicas y la jurisprudencia vigente que le brinda una notaría con el fin de mejorar su entorno y tener mejor calidad de vida. Este libro es también herramienta académica para el notario y para el estudiante de Derecho que encuentra en la obra un apoyo para su oficio regular, laboral y académico.
Presento a la colectividad jurídica el trabajo sobre la nueva estructura de la administración pública, tal como la concibió la Constitución del 91 y la estructuró y reglamentó la Ley 489/98, y muchas otras normativas, como decretos reglamentarios, correspondiente a la llamada «Modernización del Estado», que no es otra cosa que la privatización, obedeciendo políticas de organismos y monopolios multinacionales y de estados dominantes, que de manera unilateral imponen y globalizan la economía y determinan la apertura de mercados que les permitan el libre acceso de sus bienes y servicios producidos en exceso por una estructura de sobreproducción.Igualmente presentamos en esta edición la nueva estructura jurídica de cada una de estas entidades u organismos, de acuerdo a la sectorización en que se halle, como las del sector central, entre los cuales se encuentran los organismos principales de la administración. Del sector descentralizado, tanto por servicios como territorialmente, los organismos sujetos a régimen especial, etc.Describimos un poco las funciones de los organismos de control, Ministerio Público y Contraloría, organización electoral, función pública, y terminamos con un muy completo, pero resumido estudio sobre la contratación estatal, con su nueva legislación.Se presentó como novedad en la segunda edición, integrada en un solo texto, la parte especial ya tratada en la primera edición, con la general que ahora incluimos, lo que quiere decir, que trataremos como primera parte, los temas concernientes al Derecho Administrativo General, y como segunda, el Derecho Administrativo Especial, con sus respectivas modificaciones y actualizaciones.Primera parte novedosa que comprende: Teoría del Estado, Acto Administrativo, Control Administrativo de Legalidad, Bienes del Estado, Expropiación, Policia Administrativa, Responsabilidad del Estado y Teoría del Servicio Público
La presente obra está dirigida a los estudiantes que se encuentran en los albores de su formación jurídica, sin duda una época trascendental para sus vidas, pero llena de dudas y vicisitudes; razón por la cual, a través de este manual, quiero llegar a ellos compartiendo en estas páginas fundamentos básicos y conceptos esenciales, que se erijan en una propedéutica saludable para sus comienzos en el exci-tante campo del derecho civil. Estas notas no sólo están cargadas de erudición, sino que además, se encuentran acompasadas de un lenguaje sencillo y decodificado que esboza de una manera digerible los principales rudimentos conceptuales de la asignatura que aquí se presenta.
El planeta está siendo atravesado por dos fenómenos contrarios, la globalización y la regionalización, que no pueden ser comprendidos a cabalidad sino a la luz del derecho internacional. Por ello, este cobra más importancia cada día y de ahí que deba ser conocido por toda persona culta. Este libro posibilita la compresión de tales fenómenos en lo que atañe al derecho internacional de la contemporaneidad, se lo analiza desde la óptica de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, del 11 de marzo de 2004, del 7 de julio de 2005 y la aparición de ISIS que han causado el surgimiento de un nuevo orden internacional: el del terrorismo y anti-terrorismo.
La Ley 2080 de enero de 2021 hace una reforma extensa al CPACA.La velocidad con la que se está transformando la normatividad se ha acentuado debido a las circunstancias generadas por el COVID-19.Como bien se sabe, la administración de justicia es uno de los derechos y servicios públicos requeridos para el funcionamiento adecuado del Estado social y democrático de derecho, y debe responder a los desafíos que le ha impuesto el contexto social, que en estos tiempos se ven reflejados en las restricciones para todas las actividades. Esas limitaciones pusieron en discusión la continuidad del servicio de administración de justicia, lo que originó la expedición del Decreto 806 de 2020, que habilitó tanto a la Administración como a la ciudadanía para adelantar los procedimientos judiciales por medios virtuales, permitiendo la continuidad al servicio de administración de justicia, y que hoy se complementa con la expedición de la Ley 2080 de 2021, modificatoria de la Ley 1437 de 2011.Esta ley transformará el régimen de competencias del CPACA a partir del 25 de enero de 2022. Se fortalece la función de unificación de jurisprudencia, desconcentrando de manera más racional los procesos que tiene a su cargo el Consejo de Estado, el cual tiene una carga procesal superior a cualquier otro órgano judicial. Bajo este derrotero, se trasladarán competencias que tenía el Consejo de Estado en única instancia a los tribunales administrativos, en temas como extinción de dominio, agrarios, propiedad industrial, actos sin cuantía expedidos por autoridades del orden nacional o departamental, o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, y la competencia residual en litigios que involucren a autoridades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas equivalentes.Igualmente, se fortalecen las competencias de los tribunales y de los jueces administrativos, incrementando el monto de las cuantías en procesos de reparación directa, tributarios y de nulidad y restablecimiento de derecho, criterio que ya no se deberá tener en cuenta en las controversias de carácter laboral.
Se ha editado la obra titulada Derecho Procesal Constitucional. Pruebas judiciales, con el fin de brindarle a la comunidad académica un análisis detallado del derecho constitucional a probar, de la utilización de la prueba en los procesos constitucionales y supranacionales, pero además se profundiza en la garantía que da el derecho procesal constitucional a la protección del derecho fundamental al debido proceso en la decisión judicial.
Se trata de un libro resultado de investigación, escrito por juristas de varias nacionalidades, en el cual presentan sus resultados parciales o finales de investigación, cuya dirección científica estuvo a cargo del profesor Eduardo Andrés Velandia Canosa…
Poco, o nada, hay que manifestar en relación con una obra del distinguido profesor Luis Diez-Picazo, resultando de antemano estéril cualquier presentación, puesto que, al unísono, todo se ha dicho en diversos círculos y escenarios (académicos, judiciales, institucionales, etc.), con mayor razón tratándose de la investigación que hoy ve la luz en Colombia y en América batina (El Enriquecimiento sin Causa), por su robustez y peso específico, gracias a la deferencia del autor con la Universidad Javeriana, figura entre las figuras de la ciencia jurídica mundial y titular, en vida, de un resonante prestigio, amén que ubicado en un encumbrado sitial, reservado sólo para granados juristas. El dominio del tema seleccionado por Don Luis para la publicación su monografía, de indiscutida actualidad, realmente es notable; no hay resquicio por donde no haya ingresado, ni aguas por las que no haya navegado con pericia. En honor a la realidad, es un excursus integralis, un escrito ciertamente enjundioso, que noshonramos en publicar.
En el presente trabajo, se define en forma práctica y concisa el concepto de hechos jurídicamente relevantes y sus implicaciones en el proceso penal colombiano. La obra, surge a partir de la necesidad de otorgar solución a las vicisitudes diarias observadas en la práctica judicial por el autor en su rol de Juez Penal, pretendiendo en el escrito, identificar y ofrecer respuesta a los principales problemas jurídico-penales que orbitan el tema.
Cometido que se logra desarrollando las siguientes temáticas: (i) primero como introducción se define qué son los hechos para el derecho y cómo surge el concepto, (ii) luego, se verifican las diferencias del concepto con las regulaciones procesales anteriores a la ley 906; para posteriormente, (iii) definir qué son los hechos jurídicamente relevantes en el proceso penal; por último (iv) en forma didáctica se explica la importancia del concepto, qué son y qué no son los hechos jurídicamente relevantes, los principales errores prácticos, la naturaleza de los actos de imputación y acusación, el control que puede o no hacer el juez dentro del marco de su competencia, sus implicaciones prácticas en el proceso, en relación con los derechos del procesado, el tema de prueba, las nulidades, la congruencia, los derechos de las víctimas y los fines de la administración de justicia, entre otras soluciones.
Se trata entonces de una obra bastante útil y accesible para el devenir diario de los operadores judiciales, litigantes y estudiosos del procedimiento penal, pues el libro se encuentra anotado y desarrollado a partir de la jurisprudencia, reconstruyendo la línea de la corte suprema desde 2017 hasta la fecha; pero teniendo sumo cuidado el escritor, en no realizar citas extensas, pues no se trata de una compilación jurisprudencial, sino de una herramienta práctica para comprender globalmente el concepto, acompañado del criterio jurídico que la experiencia le otorga a su autor.
