Análisis profundo de la evolución de las constituciones y la política en Colombia desde sus orígenes hasta el siglo XX, siendo un texto fundamental en la academia colombiana.
La inejecución del contrato constituye aquel evento incierto que acaece luego de la celebración del contrato, evento que deberá ser combatido por las partes con el fin de proteger los intereses inmersos en la relación negocial. De hecho, el sistema jurídico predispone de un conjunto de tutelas, acciones o derechos dirigidos a garantizar la correlación entre el sacrificio de cada parte y el buen éxito de su expectativa y ofrece remedios que buscan la corrección en caso de malfuncionamiento, del contrato, todo con el fin de permitir el restablecimiento del sinalagma y la tutela de los intereses de las partes.
Esta nueva edición, en esta Casa de Estudios, prosigue la línea trazada en las ediciones anteriores, especialmente en lo expuesto en la segunda, aparecida en el año 2017. No obstante, tiene una especial particularidad. Dada la interdependencia con el derecho penal de los mayores de edad, y también su especialidad, hemos construido un A-Z de principios y subprincipios rectores que determinan y guían las decisiones que deben ser tomadas en materia del derecho penal de la adolescencia. La redacción de la Ley 1098 de 2006 tiene una muy interesante particularidad, puesto que se hace desde la perspectiva de las normas principios y no de las normas reglas, aspecto que hace de su correcta interpretación el éxito de la aplicación de una legislación tan sensible como determinante para el futuro de una sociedad moderna. Los principios y subprincipios se incardinan de tal manera que unos parecen repetir o reiterar lo que ya otro u otros ha señalado. Empero, no se trata de detectar allí contradicciones o antinomias normativas, sino una imposición de ejercicios de armonización y sincronización en su aplicación. El norte se orienta, principalmente, hacia los artículos 1, 2, 4, 93 y 94 de la Carta Política y el Orden Público Internacional de los Derechos Humanos. Por demás, se actualiza el texto con las normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia que han tenido discusión en el entretanto de la segunda edición y de esta actualización. Particularmente es importante señalar que este tomo se refiere al principio de oportunidad en sentido estricto, pero no es menos cierto que dentro de tal conceptualización también cabe una definición en sentido amplio, en la cual se recogen múltiples mecanismos alternativos de solución de conflictos que tienen como denominador común la voluntad de las partes involucradas en los mismos, lo que no es más que un desarrollo del derecho procesal consensual, como lo ha establecido la Corte Constitucional en su Sentencia T-142 de 2019, luego de estudiar los antecedentes normativos y jurisprudenciales de los consabidos instrumentos: Con fundamento en lo anterior, es dado concluir del Acto Legislativo 03 de 2002, por el cual se modifican los artículos 116 y 250 de la Constitución Política , las siguientes particularidades: (i) se trata de un principio que se aplica mediante figuras procesales tales como las preclusiones que profiere la Fiscalía cuando hay conciliación, por indemnización integral, desistimiento, transacción o bien aplicándolo en la sentencia anticipada o audiencia especial; (ii) constituye “un mecanismo apto para canalizar la selectividad espontánea de todo sistema penal”; (iii) permite simplificar, acelerar y hacer más eficiente la administración de justicia penal, descongestionándola de la pequeña y mediana criminalidades; y (iv) bajo la estricta regulación legal, se le permitiría a la Fiscalía, en determinadas circunstancias, prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en la conducta punible.
En esta oportunidad, los profesores Carlos Arturo Gómez Pavajeau y Carlos Andrés Guzmán Díaz se ocupan de las estipulaciones probatorias en el proceso penal, es decir, de los acuerdos que hacen las partes para dar por probados o aceptados ciertos enunciados fácticos durante un juicio y, por tanto, tales hechos no serán objeto de debate.
Para tal fin, los autores deciden plantear los problemas epistemológicos que se derivan de una verdad por consenso, pues, como bien se explica en el libro, el tema es realmente complejo, por lo que esta óptica es inédita en nuestro medio. Además, proponen una serie de criterios que permiten identificar qué aspectos pueden ser materia de convención, dado que se han constatado las dificultades para establecer aquello que puede tenerse por cierto. Para tal fin, se acude a los avances en el razonamiento probatorio, el derecho comparado y en las subreglas que en tiempos recientes ha fijado la jurisprudencia. Finalmente, en el texto se abordan con suficiencia algunos de los problemas prácticos derivados, al punto que se proponen soluciones a ellos.
El principio de oportunidad, inherente a la naturaleza del sistema acusatorio, ya estaba presente en la historia del proceso penal colombiano a partir de institutos consagrados en la Carta Política de 1886, lo que comporta entender que no podemos aceptar que sea un mecanismo importado, sin más ni más, de otras latitudes ajenas a nuestra cultura.
A la par, se hace necesario derrumbar mitos que se han construido artificial y falsamente en su entorno, como que es una excepción o que comporta intolerables grados de impunidad, si se quieren mejorar las cifras de su aplicación, hoy prácticamente irrisorias, por no decir inexistentes desde el punto de vista estadístico.
Este trabajo se ocupa de dicho caso y atiende además sus aspectos sustanciales y procesales, de tal manera que nuestra generación actual y las futuras capten la importancia y significación de tan buen instrumento, que no solo aporta a la eficacia, eficiencia y celeridad procesal, sino también a la justicia material en los casos concretos en los que se haga imperioso y necesario cumplir con el mandato constitucional de la justicia social.
El presente artículo es un intento de proporcionar una teoría coherente que los tribunales internacionales puedan utilizar para funda- mentar la atribución de responsabilidad penal indirecta por crímenes colectivos. Actualmente, la jurisprudencia y la academia están enfocadas en un debate entre la doctrina de la empresa criminal conjunta aplicada por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y la doctrina de la coautoría de la Corte Penal Internacional, que define como coautores a aquellos que tienen control conjunto sobre el crimen colectivo. El artículo somete la teoría del control a un nuevo escrutinio y cuestiona si el "control" es el criterio más importante para los crímenes colectivos. Este trabajo defiende la afirmación de que el aspecto esencial para atribuir responsabilidad indirecta a los miembros de un grupo criminal es la intencionalidad (mens rea) de sus miembros individuales.
El libro Investigación y judicialización de violaciones graves al derecho internacional humanitario. Tomo VI, hace parte de la serie Conflicto Armado y Derecho Internacional Humanitario: Reflexiones sobre el Caso Colombiano. Este esfuerzo colectivo tiene como principal propósito fortalecer la dogmática del derecho internacional humanitario en Colombia y Latinoamérica.
Quien emprenda la lectura de esta obra encontrará trece contribuciones sobre la investigación y judicialización de infracciones graves a la normativa humanitaria, a partir de los siguientes ejes temáticos: técnicas y tecnologías de investigación, juzgamiento y sanción; el derecho internacional humanitario a través de la dogmática penal; medios y métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario; y violencias sexuales y reproductivas
El libro Kelsen en el mundo: la influencia de la Teoría Pura del Derecho en distintos lugares reúne textos de varios autores en donde se analiza la recepción y difusión de la obra de Kelsen en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y Uruguay. Hans Kelsen, nacido en Praga en 1881 y fallecido en Berkeley, California, en 1973, fue uno de los juristas más importantes del siglo XX. Sus más de seiscientas obras marcaron un derrotero para la filosofía del derecho al exponer la idea de derecho explicada a partir de sus propias categorías y separando la idea de derecho de la moral, la política, la sociología, la economía y la psicología, entre otras disciplinas. A pesar de las críticas de que ha sido objeto, analizar la obra de Kelsen en la actualidad resulta necesario para entender el funcionamiento del sistema jurídico y la estructura de la norma jurídica, pero también para comprender muchos campos relacionados con la teoría general del derecho, como la jerarquía normativa, la interpretación del derecho, el rol de los jueces constitucionales, la relevancia del derecho internacional y la esencia y el valor de la democracia.
El 5 de agosto de 2018 se cumplieron veinte años de la promulgación la Ley 472 de 1998, encargada de regular la acción popular y de grupo en Colombia. En lo que atañe a la acción popular, debe recordarse que es originaria del derecho romano y que fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico desde el siglo XIX por el Código Civil. Sin embargo, luego de expedirse la Constitución de 1991, sufrió una importante transformación al ser elevada a rango constitucional. Este hecho ha permitido que en las últimas dos décadas se hayan generado relevantes desarrollos, discusiones y experiencias jurídicas de índole dogmático y jurisprudencial, entre otras, que ameritan una adecuada revisión por parte de la academia. Atendiendo a este llamado, la presente obra se centra en analizar diversos tópicos que han sido de alto interés para el entendimiento y análisis de esta acción, así como para la formulación de críticas acerca de su implementación y funcionamiento.
Los ensayos que componen este libro contienen las piezas más importantes de la obra de Aharon Barak. En ellos, el autor aborda los temas más difíciles atinentes a la aplicación de los derechos fundamentales por parte del juez constitucional, la función de los jueces en una democracia, la naturaleza de la discreción judicial, la posibilidad de enmiendas constitucionales inconstitucionales, y expone su propia doctrina de la proporcionalidad y su original concepción dogmática de la dignidad humana.
La cesión de crédito, regulada en el Código Civil colombiano, se encuentra influenciada por el derecho francés, lo que justifica un estudio de derecho comparado entre los dos ordenamientos jurídicos. Según el análisis predominante tanto en derecho francés como en derecho colombiano, la cesión permitiría la transferencia de la obligación analizada desde un punto de vista del acreedor y, en virtud de su naturaleza traslativa, no implicaría ninguna modificación para el deudor del crédito cedido; en últimas, la particularidad de la cesión de crédito sería la de permitir la transferencia la obligación por su parte activa. Sin embargo, esta visión merece ser revisada. La obligación, antes que nada, es una relación jurídica en la cual los sujetos no son indiferentes. El derecho de crédito, en cambio, es no solamente un efecto de la obligación, sino también un bien incorporal. Esta distinción fundamental entre la obligación y el derecho de crédito, así como la relación que existe entre ambos, explica la necesidad de que la cesión sea analizada como la modificación unilateral de un vínculo jurídico y, al mismo tiempo, como una transferencia convencional de un bien incorporal.
A partir de esta doble naturaleza jurídica de la cesión de crédito se comprende mejor la calidad y la situación del deudor del crédito cedido. Igualmente, el análisis propues- to permite un entendimiento más claro de la relación entre las partes-cedente y cesionario-, al igual que de la situación de los terceros.
La presente colección de ensayos de Adrienne Stone es una introducción al mundo del constitucionalismo dentro del common law (específicamente al del constitucionalismo australiano) y una visión completa y compleja del Estado y de la naturaleza del constitucionalismo en el ámbito mundial. El trabajo de Stone ofrece una verdadera metodología indagatoria y un cuestionamiento de las bases del constitucionalismo bajo una perspectiva transnacional, útil sobre todo para entender las constituciones, las diversas formas de interpretación de estas (incluyendo derechos humanos fundamentales) y su reforma o enmienda. Stone aborda, junto con otros constitucionalistas reconocidos como Elisa Arcioni, Rosalind Dixon, Katharine Gelber, Rishad Chowdhury, Martin Clark y George Williams, temas relacionados con la identidad constitucional australiana, la revisión judicial, la interpretación constitucional y la libertad de expresión, entre otros.
Adrienne Stone es catedrática laureada de la Universidad de Melbourne y directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Facultad de Derecho de Melbourne. Es investigadora en las áreas de derecho y teoría constitucionales en Australia y en el mundo, libertad de expresión y libertad académica. Ha publicado numerosos artículos sobre estos temas. Enseña Derecho Constitucional, Derecho Constitucional Comparado y Libertad de Expresión en los programas de doctorado (JD) y máster (MLM) en la misma universidad.
