Examinar el Derecho Disciplinario de los servidores públicos y de los particulares que ejercen funciones públicas desde la perspectiva del deber funcional no pretende derruir la importancia de la ilicitud sustancial corno categoría dogmática del Derecho Disciplinario y, menos aún, la construcción y el análisis dogmático de esa categoría llevada a cabo por Carlos Arturo Gómez Pavajeau. Por el contrario. El deber funcional como concepto nuclear del derecho disciplinario parte de reconocer el carácter fundamental de la ilicitud sustancial como categoría dogmática propia del derecho disciplinario para destacar, a partir de tal reconocimiento, que la sustancia de ilicitud es, en todos los casos, el incumplimiento del deber funcional propio del cargo o función atribuida o transferida al servidor público o al particular que ha sido habilitado para ejercer funciones públicas, realidad que permite entender y demostrar que es dicha clase de deber el fundamento del examen de la ilicitud ya que el deber funcional es el que establece y fundamenta la sujeción especial del servidor público o el particular que ejerce funciones públicas al cumplimiento adecuado de esa concreta clase de deben
De esta manera se demuestra que el deber funcional es el que crea el vinculo entre el derecho disciplinario y el servidor público o particular que ejerce funciones públicas, ya que establece el ligamen o atadura entre dichas personas y esta clase especifica de derecho, habilitando la exigibilidad del adecuado cumplimiento del deber funcional propio del cargo o función en el marco de unas determinadas condiciones temporo-espaciales y modales, aspecto que, además, es el que permite el surgimiento de la falta disciplinaria en si misma considerada, de ahí el carácter nuclear del concepto de deber funcional en el ámbito del derecho disciplinario.
Se entiende como un sistema complejo de reglas primarias y secundarias que organiza la vida social, estableciendo deberes y facultades para lograr fines colectivos como la justicia, la seguridad y la libertad, y que se diferencia de la moral al enfocarse en la conducta externa y ser coercible. Este enfoque analiza el derecho no solo como órdenes, sino como una unión de normas que confieren poderes y que son aceptadas tanto por ciudadanos como por funcionarios, diferenciando el "verse obligado" del "tener una obligación".
En Colombia sí se evidencia la precarización del trabajo en los esquemas de tercerización. Además, la normativa que regula la tercerización laboral en el país es deficiente, lo cual impide el debido control de la precarización y, a su vez, limita el ejercicio de la libertad de empresa. Por lo anterior, el Estado colombiano debe propender hacia una configuración normativa de la tercerización que incorpore los límites requeridos para contener la precarización y, a la vez, garantice el ejercicio de la libertad de empresa. Estos límites se traducen en características y elementos esenciales. Las características son la integralidad y la transversalidad. Los elementos esenciales se formulan clasificándolos en conceptos, derechos y responsabilidades. En cuanto a los conceptos, se hace necesaria la unificación de los conceptos tercerización, intermediación, suministro de personal y servicio público de empleo. En cuanto a los derechos, resulta necesario incorporar un piso mínimo de derechos del trabajo, prohibiciones excepcionales y un régimen de negociación colectiva por rama. Y en cuanto a las responsabilidades, se requiere la reconfiguración de la unidad de empresa y del régimen jurídico de responsabilidad.
El Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, bajo la dirección del profesor Ramiro Bejarano Guzmán, pone a disposición de la comunidad académica y jurídica en general este libro, en el que se han recogido varios trabajos de investigación con los cuales se abordan, desde distintas perspectivas, múltiples asuntos que se relacionan con los temas probatorios. En este sentido, el hilo conductor que une todos los trabajos reunidos fue la preocupación de los autores por analizar y exponer aspectos de interés que resultaran novedosos o problemáticos, teniendo presente, en particular, la puesta en funcionamiento del Código General del Proceso a partir del año 2016. Conviene señalar que la metodología empleada por los autores consiste en la revisión y análisis de textos doctrinales, normativos y jurisprudenciales y en la reflexión crítica de los asuntos problemáticos que surgen de ellos en cuanto a cada uno de los temas abordados. El libro se compone de veintiún capítulos agrupados en tres partes. En la primera se tratan temas relacionados con la teoría general de la prueba, el derecho probatorio general y el razonamiento probatorio. En la segunda se aborda el estudio de algunos medios de prueba en particular, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Código General del Proceso. Por último, en la tercera parte se analizan ciertos asuntos probatorios en contextos más específicos.
Explica la estructura del código, que se divide en un título preliminar con los principios del proceso civil, comercial y de familia, y cinco libros que tratan sobre los sujetos procesales, los actos procesales, los tipos de procesos, las medidas cautelares y disposiciones varias, respectivamente. El comentario busca guiar al lector a través de la normativa para su correcta interpretación, con una estructura que permite una comprensión integral de la ley.
Esta publicación es un compendio normativo y jurisprudencial exhaustivo, completamente actualizado a febrero de 2020, que busca servir como una herramienta práctica y accesible para funcionarios públicos, académicos, estudiantes y cualquier persona interesada en la administración municipal. Su objetivo principal es desglosar la compleja y dispersa legislación que rige los municipios colombianos, proporcionando una guía clara para la gestión eficiente y transparente de los asuntos locales.
El autor aborda la importancia del municipio como la "célula de la democracia cotidiana" y la entidad territorial fundamental para la gestión de los intereses de la comunidad local, gozando de autonomía dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley.
La estabilidad laboral reforzada. Elementos estructurales del conflicto
Este texto conlleva un estudio pormenorizado del tema de referencia y por consiguiente observamos que la actora realiza un juicioso estudio tendiente a hacer un análisis del tema de estabilidad laboral reforzada, que con acierto profundiza con temas de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular.
Estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social. Origen y perspectivas en los albores del siglo XXI. En homenaje a los doctores: Carlos Álvarez Pereira, José Roberto Herrera Vergara y Germán Gonzalo Valdés Sánchez
En esa dirección, sin una pretensión distinta a la de mostrar a los lectores una forma sencilla de abordar los temas de primordial importancia en el proceso laboral, en el marco de la Leyes 712 de 2001 y 1149 de 2007, así como la recién expedida Ley 1395 de 2010, que modificaron el Código procesal del trabajo y de la seguridad social, en concordancia con los preceptos adjetivos civiles, incluidos los de las Leyes 794 de 2003, 1564 de 2012, 2213 de 2022 y 2220 de 2022, así como, información jurisprudencial reciente de cada uno de los temas analizados, presento a los lectores este libro, para que sirva al menos de marco de referencia cuando quiera que se pretenda abordar el estudio de la materia.
Principales aspectos que fundamentan y explican el desarrollo acelerado del derecho de familia contemporáneo, de manera que pueda poner de presente su prospectiva integral. De allí que el título I recoja, entre otros, los principales principios y directrices que orienta el derecho de familia contemporáneo y que permiten adaptarlo a las realidades cambiantes actuales de las diversas sociedades contemporáneas. Por esa razón, enseguida, en el título II se destaca la orientación contemporánea del derecho privado, especialmente, en su protección, que sustenta en gran parte el contenido y la interpretación de este derecho, con sus actuales cambios y reformas, y su futura dinámica. En el título III, intitulado de las "protecciones familiares especiales", que complementa las publicaciones anteriores que hemos hecho sobre la infancia, la adolescencia y la de violencia intrafamiliar. Pues en este volumen se estudian y abordan exhaustivamente las protecciones de las personas con discapacidad, las personas mayores, los enfermos terminales, los cónyuges cabeza de familia, las protecciones contra parejas infantiles. En el título IV se aborda el estudio de la familia de crianza y sus repercusiones familiares y sucesorales contemporáneas. Y en el título V se trata el tema del divorcio por voluntad unilateral, con las demás reformas sustanciales y procesales que también se han hecho sobre el divorcio.; y resalta su trascendencia jurídica económica y social en el ordenamiento jurídico, para la solución oportuna de problemas familiares de pareja.
El presente libro expone una obra multidisciplinar sobre el sistema de riesgos laborales en Colombia. De esta forma, convergen en el presente título diferentes profesionales en la materia, quienes, de forma clara y sencilla para los lectores, exponen los principales y más actuales debates sobre la materia, principalmente sobre la gestión de riesgos laborales, seguridad social y el derecho laboral. Así las cosas, en el presente libro podrán encontrarse capítulos frente al régimen jurídico del sistema colombiano de riesgos laborales, su cobertura y correcta gestión a partir de buenas prácticas de gobierno corporativo. A su vez, se encuentran aproximaciones sobre el régimen legal de los contratistas independientes, la promoción de la salud en los entornos laborales, y la terapia ocupacional, así como la inclusión laboral de las personas con discapacidad, la protección de la mujer gestante, la afrenta actual de los riesgos psicosociales y el impacto por la crisis del COVID-19. De igual forma, el libro aborda aspectos técnicos con gran impacto legal como la calificación de la pérdida de capacidad laboral, los procesos de rehabilitación integral y la vigilancia epidemiológica.