Esta ley anunciada como el sanalotodo de nuestros variados, graves y tradicionales males, solo es una muestra más del crónico reformismo judicial propio de todos los gobiernos que se instalan y solo están bien provistos de improvisaciones. Acudiendo al conocidísimo apólogo es, más o menos, un parto de los montes: un ratoncillo jurídico. Y fue un parto asistido porque el proyecto original que contenía 80 artículos,• quedó en 111. Sus características: intensificar la supresión de beneficios a los procesados (aun tocando a los intocables menores de edad, aspecto que omitimos ahora comentar, asi sea perfunctoriamente, y esperar a que otros mas expertos lo hagan), con notoria involución del sistema acusatorio de reciente data, acelerar virtualmente el trámite, innovar delitos, modificar los vigentes y en especial aumentar penas sin ton ni son aunque se diga que todo ello es conclusión de científicos y sesudos estudios de politica criminal, que nadie conoce ni ha podido sopesar.Finalmente, obstinarse en mejorar la extinción de dominio que va de mal en peor hasta el punto que, en Colombia, sea un constante y absoluto peligro adquirir algo sin ser objeto de esa acción extraordinaria de purificación. La legislación en este punto no logra consolidarse ni acertar, sobre todo en la proteccion que merece el adquirente de buena fe.
Los mecanismos de participación ciudadana y las consultas populares en Colombia
Contenido: Primera Parte. La participación ciudadana y los mecanismos de participación ciudadana: Capítulo Primero. La participación ciudadana como derecho fundamental; Capítulo Segundo. La jurisprudencia constitucional y los mecanismos de participación ciudadana; Capítulo Tercero. Marco constitucional y legal de los mecanismos de participación ciudadana; Capítulo Cuarto. Reglas comunes a los mecanismos de participación ciudadana; Capítulo Quinto. De la coordinación, promoción y financiación de la participación ciudadana. Segunda Parte. De las consultas populares: Capítulo Primero. Definición y modalidades de las consultas populares; Capítulo Segundo. Asuntos que pueden someterse a consulta popular y titularidad para su ejercicio; Capítulo Tercero. Marco regulatorio de las consultas populares; Capítulo Cuarto. Reglas jurisprudenciales en materia de la consulta popular. Tercera Parte. Utilización de las consultas populares en Colombia. Cuarta Parte. De las consultas populares sobre asuntos mineros y de hidrocarburos.
Amparos y coberturas de la salud. Seguridad social, medicina prepagada y seguros privados
Contenido: Título I. Aspectos constitucionales del Derecho a la salud: Capítulo Primero. Preliminares; Capítulo Segundo. Desarrollos comunes: 1. Las constituciones decimonónicas. 2. Situación económica y social en el siglo XIX. 3. Avances durante el siglo XX; Capítulo Tercero. Colombia: 1. La Constitución nacional de 1886. 2. El derecho a la salud en la Constitución política de 1991. 3. La jurisprudencia de la Corte Constitucional; Capítulo Cuarto. Chile: 1. Desarrollo constitucional. 2. Esquema actual. 3. Jurisprudencia chilena; Capítulo Quinto. Argentina: 1. Antecedentes y regulación actual. 2. La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la nación; Capítulo Sexto. España: 1. Antecedentes del régimen constitucional. 2. La Constitución de 1978. 3. La protección de la salud en la jurisprudencia. 4. Tratados internacionales. Título II. Sistemas de seguridad social en salud: Capítulo Primero. Conceptos: asistencia pública, seguridad social y coberturas privadas: 1. La asistencia pública. 2. La seguridad social. 3. Seguros privados y otros contratos de cobertura de riesgos de la salud; Capítulo Segundo. Colombia: 1. Aspectos legales del sector de la salud. 2. Sistema general de seguridad social en salud. 3. Estructura actual del sistema de seguridad social en salud. 4. Planes de beneficios del SGSSS. 5. Estadísticas; Capítulo Tercero. Chile: 1. Evolución legal del sector de la salud. 2. Estructura actual del sistema de salud; Capítulo Cuarto. Argentina: 1. Evolución legal del sector de la salud. 2. Estructura actual del sistema de salud; Capítulo Quinto. España: 1. Evolución legal del sector de la salud. 2. Estructura actual del sistema de seguridad social en salud. 3. Coberturas actuales. 4. Cotizaciones. Título III. De las coberturas privadas de la salud: Capítulo Primero. Preliminares: 1. La autonomía privada. 2. El contrato en Derecho privado. 3. La interacción de la autonomía privada con los derechos fundamentales. El trabajo del juez. 4. Coberturas privadas: medicina prepagada y contratos de seguro; Capítulo Segundo. Colombia: 1. Desarrollos legales en medicina prepagada. 2. La medicina prepagada no es un servicio público. 3. Breve recuento sobre el desarrollo legal de los seguros. 4. Actores del sistema. 5. Las coberturas de los planes adicionales de salud. 6. El contrato de medicina prepagada. 7. Estadísticas; Capítulo Tercero. Chile: 1. Las instituciones de salud previsional –ISAPRES–. 2. Desarrollo normativo del sector asegurador de la salud. 3. Actores del sistema. 4. Los contratos de seguros de salud. 5. Estadísticas en seguros de salud; Capítulo Cuarto. Argentina: 1. La cobertura privada de la salud. 2. Contratos de medicina prepagada. 3. Los seguros de salud; Capítulo Quinto. España: 1. Algunos trazos históricos de las entidades de asistencia sanitaria. 2. Evolución normativa del sector de seguros. 3. Actores en materia de seguros. 4. Los contratos de seguro de salud. 5. Estadísticas.
Esta 7ª edición, sustancialmente reformada, ampliada y actualizada, estudia la Negociación colectiva laboral en la Administración pública y su relación con el vínculo laboral legal y reglamentario del empleo público; la concurrencia y compatibilidad armónica: de la bilateralidad por negociación colectiva previa en la determinación de las condiciones de empleo, mediante Acuerdo Colectivo y la unilateralidad formal de las autoridades para fijar las condiciones de empleo, por competencia constitucional, mediante el cumplimiento del Acuerdo Colectivo por ley o actos administrativos, para su eficacia jurídica. Es la confluencia: del derecho del trabajo, de la bilateralidad, de la negociación colectiva, con el derecho administrativo, la unilateralidad, la imposición formal y aparente.Se analiza la redefinición de viejos estereotipos, una nueva modalidad laboral, especial y atípica, de encuentro, en la que se mezclan conceptos tradicionalmente opuestos: el viejo criterio de la imposición, de 1886, debe convivir con la nueva norma constitucional de 1991 y los Convenios de OIT 151 y 154 sobre negociación colectiva. Es el tránsito de la imposición a la negociación.En el suplemento, se incluye normatividad y soporte documental relacionados con el tema.
La distribución selectiva y el comercio paralelo de productos de lujo
Contenido: I. Introducción a la distribución selectiva: 1. Distribución comercial y contratos de distribución; 2. La distribución selectiva o autorizada como sistema o modelo de distribución indirecta integrada. II. Los sistemas de distribución selectiva desde la perspectiva del derecho de la libre competencia: 1. Los acuerdos verticales en el régimen de ilícitos contra la libre competencia; 2. Los acuerdos verticales de distribución selectiva ante el derecho de la libre competencia. III. La marca y los sistemas de distribución selectiva: 1. El papel de la marca en los sistemas de distribución selectiva; 2. La incidencia de los sistemas de distribución selectiva en el poder distintivo del signo. IV. El comercio paralelo (mercado gris) de bienes de lujo y prestigio: 1. Las ventas grises ante los modelos de distribución selectiva: entre la libre circulación de mercancías, la libre competencia y el derecho exclusivo de marca; 2. Estrategias contractuales y comerciales para prevenir el comercio paralelo de productos comercializados mediante redes de distribución selectiva; 3. La protección de la marca y del sistema de distribución selectiva mediante la competencia desleal; 4. La defensa de los sistemas de distribución selectiva mediante el derecho de marca: el problema del agotamiento del derecho exclusivo y de sus excepciones aplicado al comercio paralelo en la distribución selectiva; 5. Otra vuelta de tuerca: las ventas grises en internet a través de intermediarios en línea: el caso ”Ebay“.
La tercera edición se centra en el desarrollo del derecho social, establece un marco teórico de introducción a los estudios del derecho, pone al descubierto la insuficiencia de los contenidos del Código Civil y plantea nuevos modelos de interpretación y aplicación del derecho por parte de los operadores jurídicos, por otra parte plantea la polémica de la concepción de los derechos subjetivos y el sujeto del derecho. El texto invita a un nuevo enfoque del derecho civil en Colombia ubicado en el siglo XXI y facilita su comprensión a los estudiantes y académicos.
En el mundo jurídico, la Teoría General del Derecho y la Teoría General del Proceso sólo han hecho referencia, fundamentalmente, al derecho romano-germánico, olvidando que fuera de este tipo de derecho existen también el derecho inglés, el chino, el musulmán, el hindú, el africano, entre otros, y uno más que apenas se está estudiando: el Derecho Consuetudinario Indígena Latinoamericano, incluido el colombiano, el cual a través de los últimos años tenido un gran desarrollo a causa del reconocimiento expreso que la Constitución Nacional de 1.991 hizo sobre la Jurisdicción Especial Indígena.La presente investigación está enfocada hacia el campo de la posibilidad teórico-práctica de hacer compatible el Sistema Jurídico Procesal Nacional con los Sistemas Jurídicos Indígenas. Para tal efecto, durante el desarrollo de la investigación se encontrarán algunos temas jurídicos, sociológicos y antropológicos que nos ayudarán a encontrar la posible conexidad o compatibilidad entre ambos sistemas. Por tal razón, temas como el de la singularidad cultural y jurídica de los pueblos indígenas; facultades jurisdiccionales; elementos centrales de la Jurisdicción Especial Indígena; límites al ejercicio de la referida jurisdicción; Estatuto de Autonomía para las comunidades indígenas; derechos humanos y derechos colectivos; finalidad de la Jurisdicción Especial Indígena; autoridades indígenas; homologación de los fallos proferidos al interior de la comunidades indígenas, entre otros, han sido objeto de análisis en la presente investigación. Adicionalmente, se ha optado por el estudio de los sistemas jurídicos imperantes en las comunidades indígenas Paez, Wayúu, Tule, Kogi y Nukák-Makú, comparándolos con el Sistema Procesal Colombiano, para luego extraer unas conclusiones finales en torno al tema investigado y, con base en ellas, elaborar un Proyecto de Ley Estatutaria sobre Jurisdicción Especial Indígena, el cual ha sido incorporado como anexo al presente trabajo, junto con otros dos proyectos elaborados, uno por el Ministerio de Justicia, y el otro por el Senador Jesús Enrique Piñacué.
Desde hace algún tiempo, se viene cuestionando en cierto sector de la Doctrina europea, en especial la de España e Italia, lo mismo que en la Latinoamericana, lo concerniente a los poderes materiales del juez, con especial énfasis en el deber impuesto a los jueces de decretar pruebas de oficio.La prueba de oficio, como deber- poder material del juez, consistente en que el juzgador, a su iniciativa, en los procesos civiles, laborales, contencioso administrativo y aún penal, pueda decretar pruebas no solicitadas por las partes, sin más limitaciones que los establecidos por el ordenamiento jurídico, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, en aras de buscar la verdad de los enunciados fácticos propuestos por las partes.Las pruebas de oficio, van más allá de las medidas para mejor proveer, que eran definidas como «aquellas que el juzgador puede disponer, en el momento que ha de dictar una providencia, y con las garantías y los requisitos establecidos por la ley, al objeto de lograr que dicha providencia sea más ajustada al derecho y la justicia; esto es, como su nombre lo indica, para mejor proveer»'.
Jurisprudencia penal crítica es "crítica" porque dentro del estado del arte del derecho penal asume una posición de cuestionamiento y de cierta ruptura. En principio, se asume la perspectiva social de los conflictos que se relievan en la cuestión criminal. El delito es un fenómeno social y como tal implica el conocimiento de un contexto social, implica una contextualización. Por eso el juez debe ser consiente de que cada caso es un caso concreto, de carne y hueso, de deseos y sentimientos; no una cifra estadística más o un caso rutinario que se repite icesantemente, como para despacharlo mecánicamente o dejarle al más relegado amanuense su resolución. Los hechos que constituyen los casos judiciales tienen su historia, una microhistoria tejida entre sus protagonistas, y una inserción de un marco histórico, que es aquel en que se producen las normas y se las aplica. El derecho es construcción cultural. Por ende, es histórico y social. Planteamos que el enfoque crítico debe superar la vieja confrontación de escuelas. Superar el positivismo que hace de la ley un fetiche y divorcia la justicia de derecho. Superar también a los neoclásicos, que con su tesis del derecho natural desconocen todos los factores de poder que intervienen en la creación y en la aplicación de la ley. El neoconstitucionalismo y el garantismo constituyen claves importantes para esa superación. El formalismo y el abstraccionismo jurídicos nos han llevado a sofisticadas elaboraciones conceptuales, pero nos han desconectado de la realidad social, de la realidad de las necesidades y delas expectativas sociales. Articular esa realidad a la interpretación del derecho, a la adjudicación de la justicia, es una de los signos de la postmodernidad.
Contenido: La decisión judicial: I. La decisión judicial: (reformulación del pensamiento de Hart); II. La proposición; III. Interpretación gramatical de la Constitución. Hermenéutica: I. La hermenéutica; II. Escuelas; III. Decisión judicial como acto de voluntad; IV. Interpretación de la ley; V. Comprender e interpretar; VI. Cómo se inicia la hermenéutica; VII. Lenguaje y hermenéutica; VIII. Discurso; IX. La sentencia judicial; X. Hermenéutica y filosofía analítica; XI. El precedente jurisprudencial; XII. Doctrina probable; XIII. Doctrina probable administrativa: (Superintendencia de industria y comercio); XIV. Precedentes y cambio jurisprudencial; XV. Imperio de la Ley; XVI. Obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional; XVII. Doctrina constitucional; XVIII. Fuentes del derecho. Interpretación: I. Definición; II. La lógica tradicional y la interpretación del derecho. Fundamentación de las decisiones jurídicas: I. Discurso práctico racional; II. Valores y jurisprudencia; III. Valores y dogmática jurídica; IV. Importancia de la jurisprudencia. Los precedentes: I. Jurisprudencia vinculante del Consejo de Estado; II. El carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional para las autoridades; III. Límite de la fuerza del precedente: apartamiento judicial; IV. Desconocimiento de la cosa juzgada y doctrina constitucional por parte de la Corte Suprema; V. Vinculatoriedad de las decisiones de las altas cortes; VI. La jurisprudencia como fuente formal del derecho; VII. Las altas cortes están sometidas al imperio de la Ley; VIII. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; IX. Nulidad de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional; X. Obligatoriedad de la doctrina judicial dictada por la Corte Suprema de Justicia; XI. ¿Cómo resultan vinculantes las decisiones judiciales?; XII. Fuerza vinculante de la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre; XIII. Unificación jurisprudencial; XIV. Cambio de jurisprudencia constitucional; XV. Control constitucional de un precepto legal según el derecho viviente; XVI. Diferencia entre jurisprudencia y precedente; XVII. Ratio decidendi, alcance del respeto al precedente y cosa juzgada constitucional implícita; XVIII. Doctrina constitucional y ratio decidendi; XIX. Identificación de la ratio decidendi de la sentencia c-543 de 1992; XX. Interpretación de conformidad con tratados de Derechos Humanos; XXI. Consideración sobre la ratio decidendi: (casuismo excesivo). Conflictos constitucionales: I. Reglas y principios; II. Conflictos normativos; III. La ponderación.
La obra “Crímenes de Guerra” corresponde al tercer tomo de la obra de mayor amplitud “Crímenes Internacionales”. En esta publicación se estudian las diversas conductas a partir del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, los estatutos especiales para Ruanda y la ex Yugoslavia, y el Estatuto de Roma se califican como crímenes de guerra. Como estudio preliminar se ofrece al lector un análisis a manera de “Parte General» de los aspectos generales de los crímenes de guerra, su estructura y elementos objetivos y subjetivos, ámbito de ampliación, circunstancias de justificación y exculpación, el análisis de la “responsabilidad de los jefes y superiores” y su relación con la legislación penal nacional.
La NEGOCIACIÓN COLECTIVA LABORAL EN LA FUNCIÓN PÚBLICA es relativamente novedosa en Colombia; el primer Decreto-1092 fue de 2.012 y el Decreto vigente-160- es de 2.014; apenas han transcurrido 6 o 4 años; es un tema apenas en desarrollo, rico en ciertos, aportes, dudas y errores; estamos en un proceso de aprendizaje colectivo.
Las ocho-8- ediciones de este libro se explican por la necesidad de ir respondiendo al curso de los acontecimientos; por ellos su reelaboración progresiva, derivada de la suma de factores tales como la experiencia del Autor construida desde su calidad de integrante de la Comisión Redactora de los Decretos # 1092 y 160, de asesor, de investigador y de profesor de la materia en el post grado de la Universidad Externado…
