Hablar de prueba ilícita no es sencillo, aunque todo el mundo se atreva. Han hablado del tema tratadistas, por supuesto la jurisprudencia, y se suele afirmar que una prueba es contraria a los derechos humanos cuando simplemente no gusta su resultado. O se dice que aunque hubiera vulneración de derechos, si con ello se logra, no descubrir, sino simplemente condenar a quien creemos intuitivamente culpable, no importa entonces la infracción, que se puentea mirando con descaro hacia otro lado. Parece entonces que los derechos, lo más preciado que tenemos como ciudadanos, no importa. Se renuncia así a la única protección que en democracia tenemos los ciudadanos contra el inmenso poder del Estado.